¿Más ciudad?

22 de julio de 2006


Publicado en diario El universo el 22 de julio de 2006.

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El miércoles 5 de julio se publicó en las Cartas al Director de este Diario una comunicación de Nelson Acosta Dávila, profesor de la Universidad Católica de esta ciudad, en la que refiere que días atrás estacionó su vehículo en el área asignada para tal propósito dentro del Parque Lineal, frente a la mencionada universidad, y que después del dictado de sus clases y de vuelta en el parqueadero, encontró que a los seis vehículos que allí se estacionaron les habían ponchado la llanta delantera izquierda.

La insolente respuesta de la autoridad a cargo ante este hecho fue decir que él solo “cumplía órdenes”.

Cabe destacar, por cierto, que no existe ninguna prohibición expresa acerca del estacionamiento de vehículos dentro del Parque Lineal. No se conoce tampoco de ninguna ordenanza que establezca una prohibición a este respecto ni de alguna otra que prescriba siquiera una sanción análoga a la “ponchada” de una llanta. La orden que se cumplió en este caso fue meramente verbal, esto es, pura y simplemente arbitraria.

Este hecho que describo no constituye, sin embargo, un suceso aislado, Su puesta en práctica forma parte de la continua imposición de una disciplina sobre los usos públicos que se aplica en Guayaquil bajo el amparo del llamado proceso de “Regeneración Urbana” que se manifiesta en una serie de prohibiciones (entre varias otras, de ingreso a áreas públicas –el lugar X “se reserva el derecho de admisión”-, de besarse, sentarse, circular o comportarse de una manera distinta a la ordenada, de vestimenta para el caso de los taxistas –fallida esta última-, de acceso a los desposeídos –vagos y mendigos- y de los vendedores informales a las áreas regeneradas que se traduce en una “limpieza sociológica” del sector y en abusos varios de las autoridades que en general se impone, la eliminación de las bancas en la zona regenerad, la implantación de disfuncionales áreas verdes, etc.) que conducen, en esencia, a una arquitectura urbana que propicia la conversión del ciudadano en turista de su propia ciudad y a un uso del espacio público sujeto a un vigilancia extrema que favorece la comisión de violaciones a las libertades civiles de las personas en nombre de una idea sesgada (o como en ejemplo que abre esta columna, arbitraria) del orden y la seguridad. (Una aproximación muy lúcida a este fenómeno puede encontrarse en los artículos del antropólogo Xavier Andrade en la sección Tubo de ensayos de la ciberpágina “Experimentos Culturales”*.

La instauración de esta política pública de continuas prohibiciones y de apropiación privada de los espacios públicos no es materia de discusión en una ciudad en la que el discurso de las autoridades se acepta casi sin crítica alguna por parte de sus habitantes. Ese aparente consenso, lejos de proveer de una legitimación para estas acciones, sirve para probarnos la autosatisfacción o apatía de las élites y la clase media (beneficiarias directas de las mismas) y el silenciamiento de los excluidos del proceso de “Regeneración Urbana” que, a despecho de aquello que lógicamente implica su lema Más Ciudad, tiene como triste consecuencia la generación de una mínima ciudadanía. Dos preguntas que bien merecen una discusión surgen, precisamente, a partir de este lema: Más Ciudad, sí, pero, ¿para quiénes?, y sobre todo, ciudadanos, ¿a qué precio?

* Hoy, “La Selecta”.

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