Aclaración a Campaña (2)

12 de agosto de 2008

No remití estas breves reflexiones a la sección de Cartas al Director de diario El Universo porque en vista de la nula atención que se le prestó a mi anterior Aclaración a Campaña, lo consideré un acto innecesario. Son las siguientes:

El Ab. Joffre Campaña Mora publicó el jueves 7 de agosto en diario El Universo la columna, ¿No que eran soberanos? en la cual, en esencia, apela al concepto de soberanía para suponer que la contratación de profesores españoles de derecho constitucional para participar en el proceso constituyente es un acto "incoherente" con la política de un Gobierno "que se dice revolucionario y soberano". Para Campaña, la asesoría de extranjeros atenta a la soberanía nacional. Ummm, esta idea de Campaña no parece desmerecer el calificativo de absurda. (Sin embargo y lamentablemente, este absurdo no es extraño a otros hacedores de opinión pública y comunicadores sociales, y no sé yo si atribuirlo a un difundido y ramplón provincianismo, a una patética y criticable mala fe, o a una infeliz mezcla de ambas cosas). En el caso concreto del argumento que Campaña desarrolla en su columna, este argumento es falaz y constituye la llamada "falacia de falsa analogía". Campaña compara otros usos del concepto de soberanía (por ejemplo, la "alimentaria" o la que se relaciona con la prohibición de bases militares como la Base de Manta) con la que él supone "carencia de soberanía" en el caso de la contratación de españoles, y de allí deduce la supuesta "incoherencia" del Gobierno. En realidad, en los otros casos se puede argumentar que se utiliza el término "soberanía" para destacar la injerencia indebida en cierto ámbito (una cuestión que amerita, por supuesto, un análisis caso por caso) y para que Campaña pruebe que la contratación de profesores españoles está el mismo saco, debería molestarse en probar que estos realizaron una injerencia indebida en el texto constitucional. En ningún momento de este apartado de su columna Campaña intenta siquiera probarlo; solo establece la analogía, sin explicar su pertinencia. Campaña comete, en consecuencia, una "falacia de falsa analogía".

Campaña no se detiene en una redacción falaz, sino que también emite información falsa. Menciona, en una parte de su columna "la participación directa del profesor de la Universitat de Girona, Mario (sic) Aparicio, corrigiendo textos junto con los miembros de la Comisión de Redacción". En este enunciado, no solo cabe corregirle el nombre del supuesto agente que atentó contra nuestra soberanía, que no se llama Mario sino Marco, sino el decir que Marco Aparicio "corrigió" los textos de la Constitución. La tarea de corrección de los textos de la Constitución correspondió a los cinco miembros de la Comisión Especial de Revisión y Redacción, y Marco Aparicio, como otros profesores españoles, asesoraron en esta tarea de corrección y no corrigieron textos por sí mismos. Campaña no puede presentar ni presenta ninguna prueba de que Aparicio haya corregido el texto constitucional: su afirmación es falsa.

No solo es falsa, sino contradictoria con la fuente que utiliza Campaña para realizar esa afirmación. Campaña cita a un miembro de la Comisión Especial de Revisión y Redacción (quien esto escribe) el que (para más señas, en la rueda de prensa que se realizó en Quito el lunes 4 de agosto) "reconoció que el trabajo de corrección de textos (...) fue realizado con asesoría también de profesores españoles". Es evidente que una cosa es reconocer la asesoría de un grupo de profesores extranjeros de derecho constitucional y otra, muy distinta, es reconocer que ellos hayan corregido el texto constitucional. En este caso, y no en el que Campaña imagina y argumenta de manera falaz, sí existe una verdadera, no sé si negligente o aleve, contradicción.

Finalmente Campaña, después de estos penosos antecedentes, se permite desarrollar la siguiente conclusión (¡?): "está demostrado que el discurso de los soberanísimos estuvo subordinado a las instrucciones de los asesores extranjeros, ¡qué lamentable incoherencia! Está visto que la demagogia ha triunfado". Coherente con la incoherencia de su texto, Campaña establece una conclusión que solo existe en su imaginación. No hay ningún asomo de relación entre la única premisa verdadera (mi afirmación de que la Comisión Especial de Revisión y Redacción recibió asesoría de profesores españoles) y la conclusión a la que Campaña arriba, de manera ligera y lamentable, de que existió "subordinación a las instrucciones de los asesores extranjeros". Por intentar probar mucho Campaña no prueba nada, como no sea, en este caso particular, su propia incapacidad para argumentar adecuadamente y su incoherencia al hacerlo.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

Lo que no entiendo es para qué y por qué se tuvo que "invitar" y pagar con dineros del erario, a unos foráneos, de cuestionable reputación y de clara tendencia marxista, para que asesoren a una comisión de alto nivel, como la Comisión de Redacción. Se supone que los miembros de esta comisión son personas que se desenvuelven en los mas altos ámbitos académicos, y que de sus credenciales se desprende un tecnicismo muy sofisticado, y que son altamente especializados para realizar la susodicha tarea encomendada. ¿Que sentido tiene contratar especialistas para que asesoren a otros especialistas? Un verdadero absurdo, y una ofensa al quehacer intelectual de los redactores.

No obstante, mas allá de lo que diga Campaña, otros editorialistas han demostrado claramente que las modificaciones hechas a la sábana esa que pretenden llamar constitución, no solo son de forma, sino de fondo.

¿Quién hizo esos cambios? Nadie contesta. Se lanzan cortinas de humo, y se busca hacer de los miembros de dicha comisión, los chivos expiatorios. Y ellos no se dan cuenta, o pretenden hacerse los desentendidos. ¿Acaso, complicidad, contubernio, temor, miedo, espíritu pusilánime, intimidación? No lo se.

El juicio de la historia es menos benevolente que el que se pueda lograr temporalmente, ante la opinión pública y el pueblo enceguecido, con un par de argumentos leguleyos que permitan salir al paso, o calmar los ánimos.

Sabemos bien, como paga el diablo a sus devotos.

De última hora

Por Carlos Larreátegui

Ha llegado a mis manos un estudio realizado por el destacado jurista y asambleísta alterno, Dr. Juan Pablo Aguilar, sobre los cambios de última hora introducidos en el proyecto constitucional. El análisis prueba de manera fehaciente que la Comisión de Redacción modificó sustancialmente el texto constitucional aprobado por la Asamblea e introdujo cerca de 80 alteraciones de fondo que tomaron por sorpresa a los asambleístas y al país.

Los hechos son contundentes. En la versión del 19 de julio aprobada por la Asamblea se establece la libertad de cátedra para todo el sistema educativo. En la versión del 24 de julio aprobada por la Comisión se consagra esa libertad exclusivamente para la educación superior. Gracias a “correcciones de forma” el Estado adquiere la capacidad de imponer los contenidos y límites a la enseñanza primaria y secundaria y se consagra el modelo de pensamiento único fabricado en las esferas públicas.

Espeluznan otros cambios. En la versión del 19 de julio se determina una regla que prohíbe de manera general la publicidad oficial, mientras que en el texto del 24 de julio la prohibición se relaciona con los períodos de campaña; la norma constitucional aprobada el 19 de julio obliga a los Notarios a trasladar sus documentos al servicio público notarial mientras que la versión del 24 obliga también a trasladar las instalaciones notariales (propiedad privada).
Encontramos otras piedras de molino en varios capítulos como los vinculados con las elecciones distritales, las causales de destitución del Presidente de la República, la censura y destitución de los Ministros de Estado, la inmunidad parlamentaria, y la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente.

Las alteraciones más graves, sin embargo, se relacionan con la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión introduce cambios que otorgan a este organismo la facultad de designar autoridades de control incluyendo Procurador, Contralor, Superintendentes y Fiscal General. Considerando que el todopoderoso Consejo será designado por el denominado Congresillo, la Comisión de Redacción y sus jefes han diseñado el órgano más poderoso del sistema político ecuatoriano y lo han puesto bajo el control del Gobierno.

Los atropellos al procedimiento y a las formas democráticas provocan vicios de fondo que despojan de legalidad y legitimidad al proyecto constitucional. Al mirar en retrospectiva el proceso constituyente cuesta trabajo encontrar sentido a las elecciones, a los debates, a las propuestas y a tantos anuncios sobre acuerdos nacionales. Hemos celebrado un nuevo rito lleno de incontables formalidades que encubren la voluntad de unos pocos iluminados. Una constitución aprobada así no podrá sostenerse en el tiempo.


http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=214963&id_seccion=1