Contra la discriminación

Dos actos contra la discriminación se realizaron en días recientes. El primero, la denuncia por discriminación racial que el futbolista de raza negra Felipe Caicedo presentó el 25 de junio en la Fiscalía del Guayas porque el lunes 22 de ese mes en el restorán El Portón él y un acompañante empezaron a sentirse observados “en forma insistente, con desconfianza y hasta desprecio por un hombre blanco que parecía ser el dueño o administrador y que hacía llamadas desde un celular” para al poco rato aparecérseles quince agentes de policía “irrumpiendo en el lugar y dirigiéndose directamente a mí [nos relata Caicedo] me pidieron que presente mis documentos [y] en forma agresiva y con tratos denigrantes nos exigieron a mi primo y a mí que les explicara por qué estábamos en este sitio ya que no era lugar para nosotros”. (Valga decirlo: de la ley que invoca Caicedo para sancionar a los responsables de este hecho se pueden predicar muchas cosas, pero digámoslo con énfasis, la ley existe y tiene plena vigencia: que se aplique). La denuncia que presentó Caicedo involucra al dueño del restorán (quien alega que fue un cliente el que llamó a la Policía) y a los quince policías que intervinieron. Solo resta esperar que sobre la persona que llamó y sobre los policías, seguido el debido proceso que corresponde, recaiga todo el peso de la ley.

El segundo acto contra la discriminación fue la marcha del Orgullo Gay que en las calles céntricas y en la zona regenerada de Guayaquil se realizó el 27 de junio. Hasta el año 2007 el Municipio de Guayaquil no la autorizaba, sin ofrecer motivación alguna para negarla (podían intuirse, por supuesto, el enorme tamaño de sus prejuicios, inversamente proporcionales al de su concepto de democracia). El 2008 la autorizó, pero el Municipio de Guayaquil la confinó a calles secundarias y le impidió el acceso al centro de la ciudad y a su zona regenerada, espacios donde se concentra su poder político y donde se podía visibilizar de mucho mejor manera la marcha del Orgullo Gay (porque el objetivo de salir a marchar, obviamente, es visibilizarse). Este año 2009 el Municipio de Guayaquil no autorizó la marcha, pero no era indispensable que la autorice: los organizadores consiguieron la autorización de la Intendencia del Guayas y el apoyo de la Defensoría del Pueblo para realizarla y para marchar por la calle Malecón y el bulevar Nueve de Octubre. En esos términos, la marcha del Orgullo Gay representó una grave derrota para el poder político represivo al ejercicio de las libertades individuales que encabeza la M. I. Municipalidad de Guayaquil y un triunfo para el colectivo GLBTT que se afianza, cada vez más (la Constitución y las leyes lo amparan) en el ejercicio de sus derechos.

Los actos referidos son ejemplos que ilustran el que para combatir la discriminación se requiere (en ocasiones) la demanda judicial para que se reconozca el derecho a no ser discriminado y la visibilización de los grupos a quienes se discrimina, para que así, poco a poco, quienes los discriminan caigan en cuenta que los “anormales”, o sea, los que no comprenden lo que significa vivir en una sociedad democrática, son ellos, pobre gente.