La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 21 de agosto sus Observaciones Preliminares de la visita a Honduras. Para elaborar estas observaciones preliminares, la Comisión Interamericana realizó una visita al territorio hondureño del el 17 al 21 agosto cuyo objetivo fue “observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009”.
En estas observaciones preliminares la Comisión Interamericana informa que desde el 28 de junio de 2009 “ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado” y que ha concedido una medida cautelar, la que en varias ocasiones ha ampliado, “a fin de salvaguardar la vida e integridad de un total de 106 personas respecto de las cuales recibió información sobre la existencia de una situación de riesgo inminente de daño irreparable”.
Asimismo, la Comisión Interamericana sostiene “que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del Presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras” y que ha constatado “que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas”, así como ha confirmado “un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía”, que ha provocado como consecuencia “la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas”. La Comisión Interamericana describe varios casos de esas graves violaciones a los derechos humanos y concluye que la “situación de ilegitimidad democrática […] tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.
Estas observaciones preliminares de la Comisión Interamericana son concluyentes en probarnos que la situación de responsabilidad del gobierno de facto en Honduras es de suma gravedad, por represiva y antidemocrática. Y sin embargo, estas observaciones no han merecido casi análisis en los medios de comunicación. En realidad, no pocos analistas políticos locales han ensayado una escueta pero conveniente defensa del golpe de Estado en Honduras, la que ha solido acompañarse por una despreocupación bastante parecida a la estupidez en el análisis de sus consecuencias (cuatro muertos, decenas de heridos, miles de detenidos, violaciones graves a la libertad de expresión). Tal parece, entonces, que la defensa de los principios democráticos (un asunto que mucho parece excitarlos a estos analistas cuando se refieren al gobierno de Hugo Chávez o al gobierno local) la hacen solamente por razones de conveniencia, a beneficio del capital autoritario y muy a despecho de su “compromiso” democrático.
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