El papelón

Soy un convencido de la necesidad de respetar las palabras que se utilizan para referirse a las ideas y a los hechos políticos. Como se ha sostenido en El saqueo de la imaginación, de Irene Lozano, el abuso de las palabras en el lenguaje político y periodístico “ha supuesto un auténtico saqueo de la imaginación” porque “ya sólo significan lo que sus usuarios quieren que signifiquen” lo que produce un debate público “cada vez más ininteligible”. Cuando una persona utiliza un término en el debate público debe ofrecer razones para aceptar dicho término (como, por ejemplo, si llamo fascistas a las prácticas del municipio de Guayaquil, es porque puedo presentar evidencia suficiente para hacerlo acreedor de ese término). Este artículo utiliza el término papelón para definir el escenario del gobierno nacional frente al sistema interamericano de protección de los derechos por el juicio de injurias del Presidente Correa contra Palacio, los tres hermanos Pérez y la compañía El Universo. Lo utiliza, porque define con precisión dicho escenario, en el cual el gobierno se expone al ridículo ante la comunidad internacional.

Cuando sucedió la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas contra diario El Universo publiqué un tuit que dicho diario recogió en su edición del 21 de septiembre del año pasado. Mi tuit fue el siguiente: “Lo de #ElUniverso es absurdo, inconstitucional y contrario a instrumentos internacionales. Un futuro papelón ante el sistema interamericano”. Al día siguiente publiqué en esta página, este artículo en el que expliqué el por qué dicha sentencia era absurda, inconstitucional y contraria a los tratados internacionales y concluí que si no se adecuaba la actuación de las instituciones del Estado a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión se vendría ese “futuro papelón en el sistema interamericano”, pero que todavía se estaba a tiempo de evitarlo. Escribí que sería un papelón, porque en su versión coloquial (la cuarta) que recoge el diccionario de la RAE se la define como una “actuación deslucida o ridícula de alguien”. Ese tiempo para evitar el papelón ha pasado, desde que el 15 de febrero la Corte Nacional de Justicia resolvió el recurso de casación: así, la actuación deslucida y ridícula de Rafael Correa ante el sistema interamericano ya ha empezado.

El origen

El origen de este papelón es el artículo de Emilio Palacio “No a las mentiras”, en el que se afirma que el Presidente Correa es responsable de “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esta no es una opinión sobre un asunto de interés público, sino una afirmación de un hecho contrastable que le imputa a otra persona la comisión de uno de los más graves crímenes en el orden internacional y sobre la cual su autor, Emilio Palacio, nunca presentó prueba alguna para sustentarla. Una afirmación en esos términos no está protegida por el derecho a la libertad de expresión y merece reproche jurídico. Si Correa habría presentado su acción de injurias contra Emilio Palacio solamente, el escenario sería distinto y habría existido la posibilidad de desarrollarse en un escenario razonable.

Pero el Presidente Correa presentó su demanda de injurias por el artículo “No a las mentiras” no solamente contra Emilio Palacio, sino también contra tres directivos de El Universo y contra la propia compañía; exigió contra Palacio y los tres directivos la máxima sanción penal (tres años) establecida en el artículo 493 del Código Penal y una indemnización de 80 millones de dólares. Mi hipótesis es que los abogados de Correa lo chamuyaron: lo persuadieron de que semejantes solicitudes eran razonables cuando eran, en términos jurídicos, solicitudes absurdas. Solicitar una sanción penal de tres años, si bien autorizado por la ley penal, no era congruente con la Constitución garantista que impulsó el propio gobierno de Correa; solicitar la autoría coadyuvante de los directivos era inapropiado porque la responsabilidad por el acto injurioso debió considerarse personal de quien lo escribió; solicitar un monto indemnizatorio de 80 millones era una cifra totalmente desproporcionada y sin precedentes (nacionales e internacionales) por una demanda de esta naturaleza. Mi hipótesis es que Correa solicitó toda esto por chamuyo de sus abogados: total, el costo político de esta demencial absurdo jurídico no lo pagarían ellos. 

El escenario

El trámite en la jurisdicción interna (dos instancias y casación) concluyó 332 días después de presentada la demanda por injurias en una sentencia que condenó a Palacio y a los tres hermanos Pérez a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares. Pero el escenario local, favorable a las absurdas pretensiones jurídicas de Correa, es muy distinto al escenario internacional, donde esas absurdas pretensiones no tienen ninguna posibilidad de ser aceptadas por los órganos internacionales de derechos humanos, cuya legislación y jurisprudencia no pueden sino considerarlas absurdas y ridículas. No existe ni la más mínima posibilidad de que Correa tenga éxito ante los órganos del sistema interamericano porque las sanciones por responsabilidad ulterior que en el sistema interamericano se consideran legítimas en materia de libertad de expresión (de acuerdo con el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) son aquellas que resulten estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Y de acuerdo con la legislación aplicable (la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Casos Kimel c. Argentina, Tristán Donoso c. Panamá, Fontevecchia y D’Amico c. Argentina) las sanciones necesarias para una sociedad democrática son aquellas que minimizan en extremo la sanción penal y reducen la sanción civil al pago de un monto que no comprometa ni la vida personal ni familiar de los condenados por injurias. Y es evidente que la condena a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares no satisface esos presupuestos. Es una condena absurda y ridícula, totalmente inaceptable, de conformidad con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión.

Fuente: Pablo Cozzaglio.

 

El trámite del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía no ha empezado porque en la jurisdicción interna aún no se notificado la sentencia. Sin embargo, la Comisión Interamericana ya ha dictado medidas cautelares, las que por el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Estado ecuatoriano debería cumplir de inmediato (aunque es cierto que muchos Estados de la región –Colombia, Venezuela, Estados Unidos- suelen ser renuentes a su cumplimiento). En todo caso, esto es solo el principio: el trámite ante la Comisión Interamericana sólo expondrá al Estado al papelón de tener que defender lo indefendible en foros internacionales, de pretender sustentar la necesidad y la proporcionalidad de unas sanciones que resultan clara y radicalmente contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión. De continuarse el trámite, éste culminará con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tiene la obligación (por expresa disposición del artículo 68 de la Convención Americana) de cumplir. Pero es razonable pensar que Correa piense que exponerse a semejante papelón de defender lo indefendible y de recibir una sentencia condenatoria que obligue al Estado a la reparación del desproporcionado monto que solicitó a manera de indemnización, es un escenario que es preferible evitar. 

La salida

Mi hipótesis (que era la hipótesis generalizada) era que Correa remitiría la condena a Palacio, a los hermanos Pérez y a la compañía El Universo y que lo haría por razones de costo/beneficio: las posibilidades de victoria jurídica en el sistema interamericano son nulas y el desgaste político de soportar un proceso que lo exponga al ridículo ante la comunidad internacional era creciente. Otorgar la remisión de la condena era la única salida razonable y fue la que se adoptó para cerrar este episodio en el que, a estas alturas del partido, el Presidente Correa, expuesto a un inminente papelón ante la comunidad internacional, tenía jurídicamente todas las de perder y ninguna que ganar.