La sensatez de Pepe Mujica

Se sabe que en la opinión pública latinoamericana, a Pepe Mujica suele tenérselo en altísima estima. En el caso del Ecuador, por su sencillo estilo de vida, por su campechanía para abordar temas difíciles y por las políticas de su gobierno en materia de la marihuana, el matrimonio homosexual y el aborto, Pepe Mujica se ha granjeado la simpatía de un amplio número de personas, tanto de oficialistas como de opositores, así como de todo lo que existe en medio y alrededores (pues aunque a veces no lo parezca, la opinión no se reduce a dos únicos bandos, como cierto maniqueísmo imperante quiere hacer pensar). Valga como ejemplo de su sensatez, esta opinión de Mujica sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, ofrecida a un programa de la TV española:

Mucho debe aprender Rafael Correa de esta actitud para entender las regulaciones y las  políticas públicas, no desde su respetable ideario católico sino desde sus responsabilidades como político. Pues como Correa, Mujica no está a favor del aborto (“¿quién puede estar a favor del aborto?”, se pregunta) pero a diferencia de él, está a favor de regular lo que existe para “salvar más vidas” en vez de “dejarlas [a las mujeres] aisladas en su drama” y en la clandestinidad. Al día de hoy, Uruguay es el único país en América latina que ha cumplido con la meta establecida en los Objetivos del Milenio de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. Ecuador, por contraste, de entre todas las metas de los Objetivos del Milenio, la que más lejos se encuentra de cumplir es precisamente la reducción de la mortalidad materna. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (LeyNo 18.987), puesta en vigencia en octubre del 2012, tiene mucho que ver en el alcance de este logro uruguayo. A partir de su vigencia, el número de mujeres fallecidas por causa de un aborto mal practicado se redujo a cero. Antes de su vigencia, en cambio, moría una mujer por semana.  “Es sentido común”, dice Mujica en el video. Los resultados están a la vista.

Pero el ángulo que me interesa explorar de Pepe Mujica es otro, mucho menos estudiado por quienes suelen exaltar su figura e ideario. Pepe Mujica es un defensor de la explotación de los recursos naturales. Como ha señalado en esta entrevista, “la naturaleza la tenemos que usar, pero cuidándola”:

Para Mujica, lo clave es el gobierno de la política en la explotación de los recursos, para que su redistribución contribuya al bienestar de la población. “No se trata de decirle no a la explotación y al progreso”, dice Mujica. “Hay que decirle sí, pero hacer las cosas bien”. Se trata, entonces, de dañar la naturaleza lo menos posible y de beneficiar a la gente en la mayor medida posible:

“si hacemos las cosas bien, tendremos menos margen de ganancia, pero en definitiva vamos a preservar la naturaleza y los recursos como corresponde al porvenir. Pero es idiota, teniendo una riqueza, tratar de no multiplicar los efectos de esa riqueza”.

En mi opinión, esto es tan solo la extrapolación de la sensatez característica de Mujica (manifestada con su habitual campechanía) al campo de la política económica. Es sentido común, diría Mujica.

Una razón más para admirarlo.

Retrato de un país roto

El año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó en su informe anual un análisis de la situación del Ecuador durante los años 2004-2005. En dicho período sucedieron hechos que desembocaron en la tercera destitución de un presidente en el breve lapso de ocho años (Bucaram 1997, Mahuad 2000, Gutiérrez 2005: ningún presidente elegido popularmente terminó su período). Estos hechos merecieron la atención de este organismo internacional por configurar “una grave crisis institucional, que justifican la preocupación de la Comisión”.

El retrato de la Comisión Interamericana es el de un país desmoralizado. ·Este organismo destacó la situación general del Ecuador en aquel entonces (en lo venidero, lo resaltado no es del original):

“El año 2005 ha sido testigo de un débil estado de derecho y consecuente frágil protección de los derechos humanos en el Ecuador.  La seguridad del sistema democrático se ha visto afectada por una inestabilidad política, que si bien no es un producto reciente en la historia del país ni responsabilidad del gobierno actual [N. del A., el gobierno de Alfredo Palacio], ha puesto en evidencia las falencias de una estructura de poderes que ha sido endeble al momento de dar respuestas en sus políticas públicas, a los intereses de la mayoría de la población; ó que, en ocasiones, se ha visto imposibilitada de desarrollar programas de trabajo eficaces debido a la temporalidad de sus funciones.   Esta erosión se ha visto reflejada, también, en la incapacidad del sistema político de dar respuesta a problemas sociales, lo cual contribuye a perpetuar falencias estructurales de derechos humanos".

La Comisión señaló la responsabilidad de la élite política en estas falencias estructurales en la protección de los derechos humanos:

"[L]a Comisión reitera que la crisis coyuntural que se vivió durante el último año en Ecuador [N. del A., el año 2005], refleja problemas estructurales de mucho mayor alcance que no logran ser resueltos por la grave inestabilidad política que afecta al país y la incapacidad de sus clases dirigentes de formar consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio igualitario del derecho a la participación política (artículo 23 de la Convención), acceso a la justicia independiente, imparcial y gozar de un recurso efectivo (artículo 25 de la Convención), libertad de expresión, asociación y reunión (artículos 13 y 15 de la Convención), igual protección ante la ley (artículo 24 de la Convención), y de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador que Ecuador ratificó en 1993". 

La Comisión subrayó el estado de desmoralización de los habitantes del país, con datos provenientes del Latinobarómetro de las Américas:

"La Comisión no puede dejar de señalar, que la población ecuatoriana tiene un alto nivel de escepticismo con respecto a las instituciones democráticas, a la dirigencia política y a la capacidad de los órganos estatales para tutelar los derechos humanos. Ello contribuye y profundiza la inestabilidad política que ha caracterizado al país en la última década. Algunos ejemplos demuestran esta situación. Apenas el 24% de la población aprueba la forma en que el Presidente dirige al país y solamente el 22% piensa que las personas que ejercen la dirección del país hacen lo correcto. También hay una escasa cultura cívica en Ecuador. Así, a pesar de que en el año 2000 hubo un proceso constituyente y que en estos momentos hay discusiones sobre la necesidad de una reforma constitucional, tan sólo el 24% de la población tiene conocimiento de la Constitución.  Estas encuestas al mismo tiempo demuestran la precaria situación ecuatoriana dada que los habitantes ecuatorianos son de los que presentan más bajos niveles de exigencia de sus derechos, acatamiento de las leyes así como legitimidad de los partidos políticos y del Congreso.

Las crisis políticas se generan y se profundizan a la vez por el alto grado de escepticismo de la sociedad ecuatoriana en cuanto al funcionamiento de las instituciones estatales.  Así, la ecuatoriana es la población latinoamericana que menos cree que el Estado logra hacer cumplir la ley de manera igualitaria. Apenas un 30% piensa que la justicia ecuatoriana, aún cuando tarda, es capaz de impartir justicia, de nuevo el índice de confianza más bajo en América Latina. El 67% de la población estima que puede haber democracia sin que funcionen los partidos políticos y el Congreso nacional.  Solo el 14% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país".

La lectura integral de este informe no tiene pérdida. Es un recordatorio del país en el que vivíamos. Un país en el que daban ganas de decir “el que se vaya último, apague la luz”.

Hoy, esa misma población en aquel entonces desmoralizada, mira las cosas de una manera diferente. El informe más reciente del Latinobarómetro ofrece una imagen distinta del país. Por contraste con algunos de los datos que presentó la Comisión Interamericana en su informe del año 2005 y que resultan relevantes para la medición de la confianza ciudadana en el sistema democrático, en el año 2013 (el último año con datos disponibles del Latinobarómetro) un 65% de la población ecuatoriana consideró que sin Congreso Nacional no puede haber democracia frente a un 33% que el año 2005 pensaba así y un 64% consideró en el año 2013 que sin partidos políticos no puede haber democracia frente a un 32% que el año 2005 pensaba de esa forma. Según el Latinobarómetro, en Ecuador la satisfacción con la democracia creció del 14% reseñado por la Comisión Interamericana en su informe a un 55% de la población. En una materia tan relevante y decidora como la economía, en estos días se ha destacado un informe que publicó el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, en el que el Ecuador resultó el país de las Américas que obtuvo la mejor evaluación sobre su situación económica: el 59.5% de los ecuatorianos la evaluó de manera positiva. Algo impensable diez años atrás.

Mucha agua ha corrido desde ese no tan lejano 2005, hace escasos diez años.