El diario Extra contra la legalización de las drogas

9 de diciembre de 2019


El año 1996 en el Ecuador se organizó el festival ‘Todas las voces, todas’, en el que participó el rosarino Rodolfo ‘Fito’ Páez, quien por esos días defendió (de puro sentido común) la legalización de las drogas: “Sí, yo creo que hay que legalizarla (droga) definitivamente. No hay dudas al respecto. Cuando se abre el juego ya no estás deseando algo porque no está prohibido”. Y enseguida añadió, muy sesentaiochista él: “prohibido prohibir”.

Diario Extra, Junio 13 de 1996. Amo que toda esta discusión sobre legalizar las drogas se haga sobre el pelo de Piero... porque Piero es droga. Y la 'tropifarra' (v. parte superior derecha) también.

Lo asombroso en esta nota de 1996 sobre esta muestra de sentido común del rosarino Páez es el comentario que se mandó el redactor del diario Extra en la nota, hecho con un moralismo conmovedoramente imbécil: “Sin embargo, nos pareció disparatada, absurda y desatinada su declaración de que la droga debería ser legalizada.” (¡?)

En este tema de legalizar las drogas, seguimos comportándonos como idiotas, pero es que antes lo éramos todavía más.

El conspi-casete

8 de diciembre de 2019


A finales de los noventa, todavía era posible hablar de los cassettes, cuyo auge había sido en los años ochenta (más posible era en el Ecuador, un país fundamentalmente retrasado). Por ello, tras la caída de Abdalá Bucaram de la Presidencia de la República en febrero de 1997, él denunció en Buenos Aires que su hermana (es de suponer que fue Jelsita) había conseguido una “prueba plena de conspiración”, que era prueba “contundente sobre el reparto de poder, la tramoya, la búsqueda de utilización el poder judicial, el reparto legislativo que tienen para liquidar a Bucaram como candidato”. A esta prueba, el diario Extra lo conoció como “el conspi-casete”. Era esto:    


En Bogotá, Bucaram advirtió que lo que se buscaba era “joder a Bucaram” y “reformar la Constitución para que nunca más pueda ser Presidente, para que nunca más pueda ser candidato”.

Diario Extra, 19 de febrero de 1997

Veintipoco años después, se puede decir que aquellos que planearon sacarlo del juego a Bucaram, vaya que lo lograron. Hoy ya Bucaram no es candidato a nada: oscila entre ser un cadáver político y una broma de mal gusto.

En ese entonces, Bucaram bramaba que a este cassette: “El mundo lo conocerá.”

Y el mundo, fundamentalmente pillo, sonrió como Nebot en la foto.

La conquista, en caricaturas


En el simpático formato cuadrado de ediciones de la Flor se publicó ‘¿Valió la pena? (Los humoristas gráficos ante Colón y su viaje)’, un libro que recopiló caricaturas publicadas alrededor del mundo sobre Colón y su viaje a América. El libro fue editado en 1992, en Buenos Aires, con ocasión del Quinto Centenario de la llegada a América del pelirrojo que le dio nombre a mi colegio.

Si se seleccionan cinco caricaturas del libro, se puede contar una muy didáctica historia.

Primero, los pobladores originarios hacían su vida de rutina, hasta que en 1492 llegó el hombre blanco y barbado.


Esos hombres blancos (europeos) tenían otros planes sobre lo que denominaron América.


Estas diferentes visiones produjeron malentendidos…


Y todo se pudre cuando llega la iglesia, en particular, la católica (la puta, la gran puta). En el mundo latino, la estupidización obrada por esta institución es un lastre que arrastramos hasta la fecha.


Por la violencia a los pueblos originarios, en el mundo anglosajón los exterminaron, mientras en los territorios latinos se los explotó de manera inmisericorde, como una raza inferior sujeta a tutela.

La llegada del hombre blanco al territorio que llamaron América acabó, en general, con las culturas nativas (como en el territorio del Ecuador, donde se perpetró un epistemicidio) y lo hizo en nombre del progreso y la prosperidad... A sus autores, se le erigen hoy monumentos.


Ha sido una masacre, pero llovida de aplausos. Esa es la historia que nos cuentan estas cinco caricaturas.

Una dignidad por alcanzar

7 de diciembre de 2019


Curiosamente, las medidas cautelares que la Comisión Interamericana ha otorgado ayer en su Resolución 58/2019 a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, son una oportunidad para el Gobierno de Lenín Moreno. 

Porque existe un antecedente: en los tiempos del “correísmo”, se criticó la obligación por parte de los Estados de acatar las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana. Ahora el Gobierno de Lenín Moreno tiene la gran posibilidad de acatar las medidas cautelares de la CIDH y de tomar distancia de esta práctica del “correísmo”, tan criticada desde el Sistema Interamericano y la oposición interna.

Por supuesto, este triunfo del derecho internacional sobre el derecho interno (el acatar las medidas cautelares) sería una derrota para su política interna, porque uno de los objetivos de estos procesos penales era que Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, pierda su cargo, obtenido por votación popular en las elecciones generales del 24 de marzo de 2019. El mecanismo para esto era sencillo: mantenerla presa el tiempo suficiente para que venza la licencia sin sueldo que ella solicitó a la Prefectura cuando fue detenida en octubre.

Pero para impedir este abuso en contra de Paola Pabón intervino la Comisión Interamericana, la que después de su visita del 28 al 30 de octubre al Ecuador ha despertado a la realidad de la persecución política que se vive en el país. La Comisión IDH visitó la cárcel en Cotopaxi en la que se encuentra privada de su libertad Paola Pabón, donde “pudo constatar el clima de hostigamiento que prevalece en la cárcel, el cual empeoró el momento en que la delegación oficial se encontró con la señora Pabón.” (Párr. 27)

En su Resolución 58/2019 sobre la Medida Cautelar No. 938-19 “Paola Pabón y otros respecto de Ecuador”, la Comisión IDH decidió otorgar las medidas cautelares para proteger los derechos a la vida (Art. 4 CADH) y a la integridad personal (Art. 5 CADH) de Pabón, Hernández y González, y en el caso particular de Paola Pabón, “hace un llamado al Estado a fin de que, de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular.” (Párr. 34)

Ocurre que, en rigor, la única manera de proteger los derechos políticos de Paola Pabón es evitando que se venza el plazo de sesenta de días de la licencia con ella en prisión, plazo que se cumple mañana, 8 de diciembre. Es decir que la única manera de cumplir con la medida dispuesta por la Comisión IDH de proteger los derechos políticos de Paola Pabón, es liberándola de la prisión que ella sufre desde el 14 de octubre.

Que Pabón alcance la libertad porque el Gobierno de Moreno ha aceptado una medida cautelar de la Comisión Interamericana sería una derrota política para este Gobierno, pero también sería una actuación digna del Estado. Así, me gustaría pensar en su acción como un homenaje a esta frase de Jorge Luis Borges: “hay una dignidad que el vencedor no puede alcanzar”… Pero prefiero suprimir ese pensamiento: sospecho que el Gobierno de Lenín Moreno, tantas veces indigno, no estará a su altura.

Ella dice que ella dijo

6 de diciembre de 2019


Sofía Espín pudo estar presa y pasar así todo el año 2019. (Por suerte, escapó a tiempo de la estupidez y malicia estatal.) Presa por nada, por los posibles dichos interesados de una tercera persona.

Sofía Espín fue una asambleísta elegida el 19 de febrero de 2017 por votación popular, por la provincia del Guayas y por Alianza País. Debió ejercer su cargo entre el 14 de mayo de 2017 y el 14 de mayo de 2021, pero su ejercicio fue interrumpido el 13 de noviembre de 2018 por una resolución de la Asamblea Nacional, que la destituyó.

Destituir a un asambleísta (de cualquier partido o movimiento) es un acto muy grave, según los estándares internacionales de derechos humanos. El estándar de protección es mucho menor con las autoridades que son designadas por otras autoridades, pero cuando se trata de las decisiones del pueblo soberano, como el caso de un asambleísta, sea para bien o para mal, estas decisiones merecen mucho respeto. Se supone que el sistema democrático se erige sobre estas decisiones del mandante.

Por ello, el estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuesto en el caso de la destitución de una autoridad de elección popular por un órgano administrativo ocurrida en Colombia, el Caso Petro c. Colombia (2017), es que existe un derecho a completar el mandato de un cargo de elección popular, por lo que “las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Párr. 117). Es decir, si se aplican las restricciones, estas deben cumplir un objeto (la protección de un bien valioso) y un procedimiento (un análisis muy exhaustivo).

Entonces, ¿qué había hecho Sofía Espín para que la Asamblea Nacional la destituya? Pues acompañar a una abogada, Yadira Cadena, en su visita a una testigo protegida en una cárcel de Quito. Algo que no traería ninguna cola, salvo por un detalle: el juicio era contra Correa y la testigo protegida lo tenía que acusar a Correa. A raíz de esta visita, que ocurrió el 24 de septiembre de 2018, el 28 de ese mes ya tenían ambas iniciadas una indagación fiscal en su contra, en tiempos de la Fiscalía de doña Ruth Palacios… ¡Con qué celeridad responde la política cuando quieres arruinarle su plan! Te mandan entonces a la Ley, en su versión de aplicación punitiva y desproporcionada del derecho.

La testigo protegida era la policía Jéssica Falcón, que se supone que escuchó las ofertas de la abogada Cadena, acompañada por Espín, de hacer tales y tales cosas. Luego, ella le dijo a su abogado, Diego Chimbo, que ellas le habían ofrecido tales y tales cosas. En un mundo normal, ella habría escuchado lo que fuere y decía “no, no me interesa.” Pero en este país de pacotilla, Falcón terminó la entrevista y le cuenta a su abogado, Diego Chimbo, que Cadena y Espín le dijeron X y Y, y entonces el abogado Chimbo hace una rueda de prensa y dice que se ha cometido un delito porque a su clienta, Cadena y Espín le dijeron X y Y en la cárcel, siendo la única evidencia de que a Falcón le dijeron X y Y, la versión de Falcón de que esto fue así (?). 

Esto es muy imbécil, y permítanme darle una relación lógica. Es mucho más probable que, más allá de lo que se haya dicho en la entrevista (irrelevante), los abogados de Falcón hayan visto una oportunidad en contubernio con autoridades del Estado, tanto para proteger a su testigo (Falcón) como para atacar a quienes pudieran intentar desestabilizarla (en este caso, Espín y Cadena). Y urdieron un plan de dórica simpleza. Le dijeron a Falcón “tú dices que esto fue lo que ellas te dijeron, nosotros nos encargamos del resto”. Falcón cumplió sus deberes, dijo lo que tenía que decir contra Espín y contra Correa, y salió libre unas semanas después. Y con lo que ella dijo que ellas le habían dicho en la mañana del 24 de septiembre, se montó este sainete que ha involucrado a dos de los más importantes órganos del Estado (¡qué pobres que somos!).

Por un ella dice que ella dijo se dictó una orden de prisión preventiva en contra de Espín y se la destituyó de su cargo como asambleísta. Pero con el transcurso del tiempo, el sainete, en su parte judicial, no ha podido sostenerse. Ayer nomás, 5 de diciembre, la Fiscalía General del Estado envió al Juez de la causa un dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín y de Yadira Cadena. Esto quiere decir que se confirmó el estado de inocencia de Espín y de Cadena, y se confirmó que el Estado nunca tuvo real evidencia en su contra.

El de Sofía Espín y Yadira Cadena es uno de los procesos penales que se cae, como se caerán muchos otros de espurio origen político y de similar debilidad, aunque no creo que ninguno pueda ser más endeble que éste: después de todo, ¿qué puede ser más débil que ordenar prisión por un ella dice que ella dijo?

Y es de tomar en cuenta que la actual Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le entró a su antecesora Ruth Palacios como Terry Butcher le quiso entrar a Maradona cuando el gol del Mundial del ’86 pero falló: con saña conmovedora. Dice ella, en el boletín de la institución, que en el caso que su antecesora inició contra Sofía Espín y Yadira Cadena “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal.” En castellano básico: “Quien estuvo antes la cagó, seguir con esto sería un grave abuso.”

Del sainete montado, en el campo penal, hicieron un mea culpa. Pero en el campo legislativo la gente sí que es necia. Cuando se inició el proceso en el órgano legislativo en contra de Sofía Espín, la justificación que ofreció la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, para el inicio de la persecución en su contra fue que “[n]o se permitirá que ningún asambleísta interfiera en la administración de justicia”, y que “[s]i alguien incurre en hechos de esta naturaleza, tenga la total seguridad de que se aplicarán las sanciones al amparo de los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.”

Y así ocurrió. Estas declaraciones de la Presidenta Cabezas fueron del 29 de septiembre. El 3 de octubre, el asambleísta Esteban Bernal presentó una acusación en contra de su colega Sofía Espín ante el Consejo de Administración Legislativa (que lo presidía Cabezas) por la supuesta violación del artículo 163.1 de la Ley. Se calificó la denuncia de Bernal el mismo día que la presentó. El 10 de octubre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de un órgano (la Comisión Ocasional Multipartidista de Investigación) para realizar un informe sobre lo que había hecho Sofía Espín en su visita a la cárcel del 24 de septiembre.

Sobre estas comisiones adefesiosas se ha expedido la Corte Interamericana en un caso que sentenció contra El Salvador, Colindres Schonenberg (2019), en el que la Corte IDH ya analizó la creación de una comisión especial en la Asamblea Nacional para la destitución de una autoridad pública. En esa ocasión, la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por la violación del artículo 8 de la Convención Americana, debido a que “[l]a inexistencia de un procedimiento previamente establecido impidió que el señor Colindres Schonenberg conociera cuál era el procedimiento al que iba a ser sometido y en qué momentos podría defenderse” (Párr. 90).

El caso de Sofía Espín es similar a este de Colindres en El Salvador, pues el procedimiento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa aplicado a Espín, establecido en el artículo 164, es escueto y establece únicamente, en su tercer inciso, las siguientes características para este órgano: 1) debe componerse de un “máximo” de tres asambleístas; 2) debe emitir un informe en diez días; 3) debe emitir ese informe garantizando que “el o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que el o la asambleísta no se presente en el plazo de tres días”.

Así, el derecho al debido proceso para los asambleístas está visto como tan poca cosa, que es renunciable por el acusado y es potestativo para el acusador. No se regula lo que debe entenderse por “debido proceso” en este procedimiento tan arbitrario, pues eso queda a gusto de la Comisión. La Corte IDH, en Colindres Schonenberg (2019), condenó al Estado salvadoreño por no garantizar en la Ley el derecho al debido proceso, lo que la Corte consideró que era “una violación del artículo 2 de la Convención y afectó la seguridad jurídica y los derechos de la presunta víctima al momento de determinarse su destitución” (Párr. 98).

La Comisión nombrada por el Pleno se compuso de tres asambleístas y presentó su informe el 20 de octubre de 2018. Como era previsible, la Comisión actuó sin apego al debido proceso: no le garantizó a Espín un juicio imparcial, ni su derecho a una decisión motivada (pues únicamente tomó para resolver las partes convenientes para la condena a Espín), ni su derecho a ser informada de la acusación, ni su derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para defensa, ni su derecho a contar con testigos propios.

La Asamblea Nacional se disponía a votar este informe de la Comisión el 8 de noviembre, pero como ese día no se reunieron los votos suficientes para la destitución de Espín, se decidió aplazar la votación con el argumento más Judas de la historia legislativa reciente: para condenarla bien, le iban a dar a Espín más tiempo para que ella se defienda (?). Para hacer esto, hay que tener la cara de un moái. (Y María José Carrión la tiene.)

Entonces la Asamblea Nacional se reunió el 13 de noviembre de 2018, ya ajustadas las tuercas de la loca maquinaria estatal, y ese día, 94 de sus 137 integrantes votaron por la destitución de una asambleísta. Cabezas se había comprometido a aplicar el artículo 163 contra Espín, e iba a triunfar Cabezas en su empresa, aunque para ello tenga que desbaratar el derecho. (Esto es lo que es la política, cuando está en manos de irresponsables.)

Porque fue eso lo que hizo la Asamblea Nacional, a fin de sancionar a Sofía Espín con su destitución: trató a la visita de Sofía Espín a la cárcel como el desempeño de una “función privada […] incompatible con su cargo”, a fin de poder aplicarle el artículo 163.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y destituirla.

Así, ya por no respetar, en la Asamblea Nacional no se respetó ni el significado literal de las palabras (aquí uno debe preguntarse, ¿se puede caer más bajo?). Cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa utiliza el verbo “desempeñar” en el artículo 163.1, lo utiliza en la voz primera del diccionario de la Real Academia Española, esto es, “ejercer las obligaciones inherentes a profesión, cargo u oficio”, acciones que suponen un ejercicio sostenido en el tiempo, no una única acción que se ejecutó en una mañana, por espacio de diez minutos. Es claro que lo que busca la norma es evitar que un asambleísta desempeñe una actividad paralela a su cargo que le pueda restar tiempo para su ejercicio. Con esta interpretación cobra pleno sentido la excepción que se establece al final del artículo 163.1: “excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita”. 

Casi no se puede imaginar uno algo más idiota que confundir un acto singular con un acto continuado en el tiempo debido a la simple malinterpretación de un verbo. Ni tampoco nada más alejado de la guía de conducta que debió tener la Asamblea Nacional en el caso de la destitución de un asambleísta, que era “proteger bienes jurídicos fundamentales” y analizar las pruebas “cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso”. A esto la obligaba el estándar interamericano que estableció la Comisión IDH en el Caso Petro (2017)… pero la Asamblea Nacional ignoró los estándares internacionales y actuó con el firme propósito de destituirla a Sofía Espín, aún torciendo el significado literal de las palabras, sin asomo de rigor o de vergüenza, adecuando un resultado a su total conveniencia.

Y así las cosas, uno pensaría que la Asamblea Nacional, en vista de que el proceso penal se probó un adefesio montado por la Fiscal Ruth Palacios sin base ética y en claro abuso del derecho (no soy yo quien lo dice, es Diana Salazar), tendría un momento de autocrítica. Pero esto sería desconocer la soberbia del legislador ecuatoriano. El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no mostró ni un asomo de auto-crítica: actuó con la soberbia de quien piensa que sus decisiones son todas “políticas”, como si ese adjetivo constituyera una licencia para la total irresponsabilidad de sus actos. (Este es, tal parece, nuestro estándar.) 
   
Y la destitución de Espín de su cargo de asambleísta fue un acto de suma irresponsabilidad de estos políticos sin ideales, ni criterio, ni capacidad de autocrítica, que tendrá que pagarlo finalmente el Estado (es decir, todos nosotros, con nuestros impuestos: ¡qué comodidad la de estos irresponsables, socializando los gastos que ocasiona su ceguera y su estupidez!). Espín tiene ya presentada una petición (hago un disclaimer: soy su abogado en ella) que está en conocimiento de la Comisión IDH como P-359-19. Es un caso que a la Comisión IDH le debería interesar y mucho, porque revela la forma tan poco seria con que en el Ecuador se trata al sistema democrático. Para la Comisión IDH, en el citado Caso Petro c. Colombia (2017), una decisión como la destitución que efectuó la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2018…

“… puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático.”

Es difícil fallar en un reclamo ante el Sistema Interamericano, si únicamente se debe seguir sus claros precedentes (y se tiene un Estado tan papayero). Es cuestión de tiempo.

El SIDA y el Congreso

3 de diciembre de 2019


Imagínense de qué país venimos (quiero decir: Congreso y periodismo) para que esto haya sido un titular en el año 1996:

Carlos Vallejo (Naipe Centralista)

2 de diciembre de 2019



Me encanta el plan, o mejor dicho, cómo los del Naipe Centralista lo presentan: “los antiguos hacendado [sic] emigrados del Chimborazo, que se radicaron en la Capital para recuperar mediante la participación política el poder de los antiguos huasipungos”. Su ejecución, honrando una tradición, fue chapucera: “Se ha afiliado a un partido populista de la Costa una vez que su partido anti populista cayo [sic] en desgracia electoral.”

Dos cosas: 1) Causa gracia que vengan “del Chimborazo”, porque supone que no es de la provincia (en cuyo caso habría bastado “de Chimborazo”), sino de los alrededores de la fucking montaña; 2) La definición, “peligroso por su doblez regional”, es de antología.

La diuturnidad, y una pregunta a la RAE

1 de diciembre de 2019


Diuturnidad es un término que jamás he usado como hablante y que tampoco he escuchado nunca, pero que en las ediciones de 2001 y 1992 del diccionario de la Real Academia Española apareció como una palabra que significa “espacio dilatado de tiempo”, la que a pesar de estar desusada, oh sorpresa, se la usa en el Ecuador (¡?).

La RAE con el Ecuador, en ocasiones, nos omite sin justificación (el caso de “chucha”), en otras define cosas que no son lo que dice (el caso de “guayaco”), pero en este caso ya simplemente parece sacarse una definición de su magnífico ojete. Porque no creo que a “diuturnidad” la use casi nadie, como tampoco creo que los pocos que usen el término sean principalmente ecuatorianos…

Es momento de preguntar, ¿qué chuchas le pasa con el Ecuador a la RAE?

Las relaciones exteriores de Quito en 1809

30 de noviembre de 2019


Como ya se sabe pero aún nos falta aceptarlo, la destitución de las autoridades españolas de Quito el 10 de agosto de 1809 no buscó la independencia del Reino de España. Quito siempre (incluso en la llamada “Constitución de 1812”) se sintió parte del Reino del bobo y necio de Fernando VII.

Pero lo que sí buscó Quito en los albores del siglo XIX es la autonomía del territorio a su cargo, esto es, de la Audiencia de Quito. Y Quito quiso situarse en la cúspide de este nuevo orden autónomo que creaba. Esa fue su aspiración en agosto de 1809.

Para concretar esta aspiración, la Junta de Gobierno de Quito, que fue el órgano creado en reemplazo de las autoridades españolas, decidió la creación de un ministerio encargado de las relaciones exteriores y colocó al antioqueño Juan de Dios Morales a cargo del ministerio llamado de “Estado, Guerra y Relaciones Exteriores” (se crearon dos ministerios: el otro fue el llamado de “Hacienda, Gracia y Justicia”, a cargo del altoperuano Manuel Rodríguez de Quiroga).

Para persuadir a las provincias vecinas, primero la Junta de Quito entabló correspondencia con personas influyentes, a fin de que ellas intervengan para que en Popayán, Guayaquil y Cuenca se le reconozca a Quito su anhelada primacía. Cuando se evidenció que esto era insuficiente, se decidió el envío de legaciones a Popayán, Guayaquil y Cuenca para buscar ese reconocimiento, con resultados desastrosos.

A Popayán, Quito envió a los payaneses Manuel Zambrano y Antonio Tejada. Tejada, de plano, declinó participar por considerar al proyecto como “sedicioso”. Zambrano, por su parte, fue repelido. (Esta historia se cuenta en detalle en el artículo ‘Impacto del 10 de agosto en la Gobernación de Popayán’).

De Quito a Guayaquil se despachó a los quiteños Jacinto Sánchez de Orellana, alias “II Marqués de Villa Orellana”, y José Fernández-Salvador, quienes le enviaron una comunicación al Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, a fin de informarle de su propósito de visita; en respuesta, Cucalón les advirtió que a lo único que se comprometía era a tratarlos “sin impropiedad”. Sánchez de Orellana, entonces, detuvo su viaje; Fernández-Salvador, en cambio, renunció a su comisión y acudió a Guayaquil, pero a dar “declaraciones circunstanciadas acerca del estado de los rebeldes, sus hechos y armamento”. Es decir, en calidad de delator.

Con los delegados de Quito a Cuenca no les fue mejor. Al sur se envió al payanés Salvador Murgueitio y al quiteño Pedro Calisto. Murgueitio y Calisto nunca fueron aceptados en Cuenca, a la que no pudieron entrar. Calisto, “pocos días después, se unió a las autoridades regentistas y trabajó activamente para disolver el gobierno revolucionario”. Es decir, fue un traidor. (Los detalles de estas tres legaciones, en: ‘Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito’).

Así, se puede decir que Quito tuvo tres niveles de relaciones políticas entre agosto y octubre de 1809. La de los pueblos de su provincia, la de las capitales de las provincias vecinas y la que buscó tener con un capitán inglés.

De los pueblos de su provincia (la Sierra centro y norte de lo que hoy es el Ecuador), Quito obtuvo la unanimidad de su apoyo. Pobre gente, tampoco les quedaba de otra.

A las capitales de provincia se las intentó persuadir con correspondencia y delegados, con el rotundo fracaso ya conocido.

Queda, finalmente, el singular caso de cuando la Junta de Gobierno de Quito quiso entablar relaciones con gente de Gran Bretaña, porque ella era opositora de los franceses y tenía buques que podían surcar los mares. Pero esto entrañaba una dificultad para Quito pues su provincia era un territorio, en la práctica, mediterráneo.

Pero esto no lo arredró al Marqués de Merry Jungle, Presidente de la Junta, quien escribió una carta dirigida a un destinatario genérico y puso: a “cualquier capitán de buque inglés”. La idea en Quito era que el capitán de la Pérfida Albión receptor de esta comunicación de Merry Jungle se debía conmover de los hechos ocurridos en unas lejanas montañas y entonces comprometerse a traficar armas, y a traer cada vez más, para dejarlas en una playa u otra. A cambio, los quiteños se encargarían de subir las armas a sus montañas (el páramo, que diría el exalcalde Nebot) y de pagar a los ingleses que asumieran todos estos riesgos “a precio corriente”. No parecía haber mucho incentivo para que los ingleses asumieran los riesgos que requería ayudar a estos montañeses en lucha.

De todas maneras, el plan no se lo pudo poner en práctica, porque los enviados de Quito al puerto de La Tola ni siquiera pudieron llegar a la playa a buscar a ese hipotético y agencioso capitán inglés. Desde Popayán se ordenó cerrar el acceso a los pueblos de Carondelet y La Tola, ante lo cual Quito mejor se quedó quedito. (Esto se cuenta en ‘Impacto del 10 de agosto…’).

Al final, la revolucionada Quito se quedó mediterránea y sola y en riesgo; su único consuelo era el soporte de los pintorescos pueblos de su provincia. Sin aliados, y sin la posibilidad de producirlos (pues el repudio de las provincias vecinas fue total), la supervivencia de la Junta de Quito se tornó imposible, y terminó por claudicar en octubre de 1809. La Junta fracasó, así, en su propósito esencial: el ser aceptada, en ese 1809, como la ciudad primus inter pares del extenso territorio de la Audiencia de Quito. Nadie quiso permitírselo.

Y en cuanto a la persona que asumió el cargo de Ministro de Estado, Guerra y Relaciones Exteriores, el antioqueño Juan de Dios Morales, fue detenido cuando llegaron las tropas de Lima pedidas por el Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón y fue iniciado entonces un proceso en contra de los involucrados en los hechos del 10 de agosto de 1809. Morales permaneció en la cárcel, hasta que el bravo pueblo quiteño lo intentó liberar el 2 de agosto de 1810 pero, como es por todos conocido (incluso Dios “miró, y aceptó el holocausto”, según cuenta nuestro himno), dicho intento de liberación fracasó.

El final, entonces, fue atroz. Las tropas del Perú que cuidaban la cárcel, en respuesta a la incursión, pasaron por las armas a todos los presos que pudieron, entre ellos, al exministro Morales, único funcionario de ese efímero y nada efectivo Ministerio del año 1809. Y sanseacabó.

¡Tony es libre! Tony is free! (p. III) [continuará...]


Esta es la parte feliz de esta saga: cuando el hombre, Tony Balseca, injustamente detenido, por quien La Komuna presentó un hábeas corpus y no hubo en la gris Guayaquil dos de tres jueces capaces de hacer valer una garantía constitucional, salió en libertad. Ocurrió el 26 de octubre de 2019, cuando el juez sentenció en el proceso principal, en el que Tony estaba acusado de una supuesta “paralización de los servicios públicos”, que era inocente. Tony estaba detenido desde la madrugada del 10 de octubre, por haberse dictado una prisión preventiva en su contra.

Este es un caso en que la madrugada del 10 de octubre de 2019 el afán punitivo del Estado metió presa a una persona por la portación de un cartel: ese día se le atribuyó a él haber cometido un delito por el que podía pasar en la cárcel de 1 a 3 años, se le dictó una prisión preventiva sin mayor motivación y en clara contravención de los principios que deben guiar el dictado de esta medida de privación de la libertad (excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, v. esta Guía de la CIDH) y se lo mandó a guardar en uno de esos sórdidos lugares de detención de nuestro degradado sistema penitenciario.

Pero, caso curioso, el 26 de octubre el Estado se desdijo de esos graves cargos.

Así fue: el 26 de octubre de 2019, la Fiscalía (que días antes había defendido la prisión preventiva en la audiencia de hábeas corpus) no pudo sino emitir un dictamen abstentivo y el Juez de la causa, en concordancia, declararlo a Tony inocente del cargo que se le había imputado unos días atrás. Pero la incapacidad de sostener lo dicho apenas dieciséis días antes revela, cuando menos, estas dos cosas: a) Que la acusación inicial hecha en contra de Tony fue precipitada e injustificada, y con mayor razón, lo fue la prisión preventiva que se dictó en su contra; b) Que la actuación de los jueces que fallaron en contra de conceder el hábeas corpus fue forzosamente negligente, si apenas unos pocos días después el Estado hizo evidente en el proceso principal que no había razón para que Tony Balseca esté preso.

Es decir, se configuró el caso de un Estado que fue arbitrario en usar su poder represivo en contra de una persona y que también negligente en aplicar una garantía constitucional a su favor. Un Estado, entonces, arbitrario y negligente en relación con Tony Balseca, quien no tiene obligación de soportar el daño que se le causó. Tony fue una víctima del abuso del Estado, una víctima de una injusta detención.

Un Estado que ha hecho esto, que se ha comportado como un real barbaján, no puede (ni merece) quedar en la impunidad. Sobre todo, cuando ese Estado tiene normas por las que está obligado a reparar este tipo de abuso. El artículo 11.9, inciso cuarto, de la Constitución del Ecuador establece que nuestro Estado será responsable “por detención arbitraria”. Y eso habrá que hacerlo valer.

En conclusión, esta es la parte feliz de la Saga Balseca: el hombre recuperó su libertad, y vive y bebe en forma. Pero la lucha continúa, porque el abuso del Estado en su contra, tarde o temprano, el Estado lo tendrá que indemnizar.

Pues como dijo el filósofo mexicano Alfonso Sayas (¿o fue el Caballo Rojas?), empuñando un mezcalito: “La lucha se hace”.

[continuará…]

Entrevista en radio Pichincha Universal

28 de noviembre de 2019


Un análisis de la coyuntura política en el Ecuador, en este enlace.

Un loco lindo

26 de noviembre de 2019


Las ciudades son repositorios de locos lindos: personajes inofensivos, que colorean el ambiente con su particularidad.

Uno de los locos lindos de Guayaquil, a quien alcancé a conocer, fue Nicolás Vivar Aguirre, el conocido vigilante casi siempre parado en la intersección de Lizardo García y 9 de Octubre, esquina NE del ‘Tennis Club’.

Como lo recuerda la crónica de diario Extra publicada el 11 de abril de 1997, que no indica la fecha precisa de su deceso, Vivar, “así lloviera, tronara o relampaguea, cada mañana con sus brazos extendidos, cumplía con el anhelo de cuidar a los transeúntes y de dirigir los vehículos, evitando que se produzcan accidentes de tránsito.”


Un loco lindo que, con su gesto de locura, hacía del mundo un lugar mejor.

Felipe Burbano de Lara (Naipe Centralista)

25 de noviembre de 2019


 
Este es un naipe simbólico. Los autores del Naipe Centralista lo pusieron a Felipe Burbano de Lara, en tanto represente de la “familia Burbano de Lara, omnipresente en los cargos e influencias” de lo que ellos denominan el “sector culto y oculto” de Quito.

"La mano de Dios", según el Capi Paulson

24 de noviembre de 2019


Carlos Alejandro ‘Beto’ Alfaro Moreno, jugador del año en Argentina el año 1989, campeón del torneo argentino con la casaca roja de Independiente de Avellaneda en 1988/89, llegó a Barcelona Sporting Club en 1994 y enseguida se ganó a la hinchada amarilla. El año 1995, Alfaro Moreno formó parte del equipo que obtuvo la duodécima corona para el BSC.

Campeones '95. Fuente

Corría el año 1997: a Barcelona le iba bien en el campeonato nacional (no jugaba ninguno internacional), pero le iba mal en las finanzas. Tenía un contrato a tres años con el ‘Beto’ Alfaro, con pagos crecientes y en dólares: US$361.300 en 1997, US$393.700 en 1998, US$432.100 en 1999... Éramos un Ecuador todavía en sucres (1884-2000) y empezábamos a sentir, como club, los rigores de lo que significa “estar en el horno”.


Esta historia se alimenta de la edición del 6 de agosto de 1997 del diario Extra. En ella, muy folclóricamente, intervino el Barbas, o mejor dicho, la mano del Barbas (?), para salvar a un club que estaba en la mala. Según dijo el máximo directivo de Barcelona en aquella época, Xavier ‘Capitán’ Paulson, el Barbas se le presentó en forma de contrato con el club América de México, un contrato que era beneficioso para el BSC en dos sentidos: 1) Ya no había que pagarle más al ‘Beto’, lo que representaba un ahorro de cientos de miles de $$$ (¡Yupi!); 2) Al club le entraban 600 lucas en dólar. Como lo dijo el mismo Alfarito: “Barcelona sale ganando con la venta de mi pase. El club me compró en 250.000 dólares y ahora me vende en el triple. Es un buen negocio para el club y más aun en la difícil situación que se encuentra. Son cerca de 600 mil dólares que le queda”.

Hubo un tiempo en que se le agradecía a Dios que se vaya Alfaro, porque económicamente daba un respiro al club. Fue una plata, como lo dijo el Capi, que “nos cae del cielo. Ha intervenido en este negocio la mano de Dios.” Con el empujón del Barbas y una inyección de billete para poder traer al ‘Tin’ Delgado (como se advierte al final de la noticia del diario Extra –sumó 12 goles, y a él se sumaron el colombiano ‘Pipa’ de Ávila y el boliviano ‘Diablo’ Etcheverry) ese 97 ganamos el campeonato. Después de este campeonato, pasarían quince años hasta obtener el siguiente, el 2012. Los años en que estuvimos en el horno.

En el campeonato de 1997, a diferencia de 1995, Alfaro Moreno no pudo alzar la copa: estaba en México, pues cambió “el sabroso arroz con menestra, carne asada y patacones por el taco mexicano”. Pero había contribuido ya lo suficiente: con unos cuantos goles y su venta “divina” al América de México.

Alfaro Moreno volvió al BSC al año siguiente, 1998, tras unos breves pasos por el América y el Atlante. Su venta, entonces, vaya si fue “divina”.