9 de octubre de 2020

Monte Sinaí


A Guayaquil, en el bicentenario de su independencia
 
“Guayaquil, una ciudad de 100.000 personas
y un millón y medio de extras”

1. La ciudad distinta

En el desarrollo urbano del Ecuador, Guayaquil ha sido la ciudad distinta. Desde un lejano 1992 ha sido administrada por la misma organización política, el Partido Social Cristiano (PSC), con un dominio férreo de su territorio sin paralelo en otra ciudad grande del país. Este largo dominio de casi 30 años, en la ciudad más poblada del Ecuador, también tiene la particularidad de que las autoridades del PSC han postulado su crecimiento urbano como un modelo “exitoso” de desarrollo. Y en el Ecuador, mucha gente se ha comido el cuento del “éxito” de Guayaquil.

Pero Guayaquil tiene un asentamiento humano llamado Monte Sinaí y por su existencia se desbarata el supuesto “éxito” que el PSC ha querido vincular al desarrollo urbano que ha impuesto en la ciudad. Monte Sinaí es uno de los tantos sectores paupérrimos y olvidados que están ubicados en la periferia de Guayaquil (sus “cinturones de miseria” o “suburbios”, en la jerga local), sobre los que un alcalde del PSC declaró en una sesión del Concejo Cantonal en Octubre del 2010, lo siguiente:

Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado de agua potable más allá de lo que he expresado en el límite oeste, el límite de Flor de Bastión y el límite de la Sergio Toral”. 

Más allá de estos límites están Monte Sinaí y muchas otras poblaciones, todas carenciadas, que suman alrededor de 200.000 habitantes. Los límites marcados por la Alcaldía son Flor de Bastión y Sergio Toral porque son “los últimos asentamientos consolidados”, según dijo el Alcalde. Su modelo de “éxito” no incluye a los sectores “no consolidados” de Guayaquil.

La razón de su exclusión es económica y la explicó el Alcalde del PSC: “no cabe que la ciudad, es decir los ciudadanos, tengan que seguir extendiendo la obra pública a un costo extremadamente caro, no solamente porque las obras cuestan sino porque no se recuperan”. Y entonces, precisó:

… si la densidad debe ser de cien para optimizar el costo de la obra, si ahí hay una densidad de 33%, de 20%, de 25% de la real, entonces la obra por beneficiar a menos gente acaba costando tres veces, cuatro veces, cinco veces más de lo que tiene que costar para que se beneficien 4 ó 5 sinvergüenzas que trafican con la gente pobre…

Así, en la visión de “éxito” de la Alcaldía de Guayaquil, como estos sectores periféricos son fruto de una ocupación ilegal del territorio (“invasiones”, en la jerga local) y tienen una baja densidad poblacional, ellos no merecen la provisión de los servicios básicos que la Alcaldía otorga al resto de la ciudad (a sus “ciudadanos”). Todos estos pobres del oeste (que suman alrededor del 10% de la población de Guayaquil) son primero estafados por los traficantes de tierra (“porque les cobran y caro por pedazos de tierra”, según dijo el Alcalde), para luego ser abandonados a su triste suerte por la administración de su ciudad. En Monte Sinaí y otras zonas pobres y periféricas de Guayaquil, es tras cuernos, palos.

La alternativa para estos pobres del oeste a quienes se excluyó de la provisión de servicios básicos era, según dijo el Alcalde, que el pobre “vaya compre una vivienda, vaya compre un terreno urbanizado del Gobierno, vaya compre un terreno en un lote o en una casa urbanizada por el Municipio”. Así, si un pobre de Monte Sinaí no podía comprar en el mercado formal de vivienda, si no podía librarse de la maldición de los traficantes de tierra, estaba atrapado y era por su culpa. Culpable por ser pobre.

En el modelo del PSC, el “éxito” de su Alcaldía ha consistido en desentenderse de la pobreza de los habitantes de la ciudad que administra. Su actuación es una clara omisión, declarada con énfasis por el Alcalde: la negación de los servicios básicos.


En rigor, el desarrollo urbano experimentado en Guayaquil no es muy diferente al ocurrido en otras ciudades de América latina. Lo que la distingue a Guayaquil del resto de ciudades latinoamericanas es que su administración desde los años noventa ha logrado, de cara al resto del Ecuador, que su muy excluyente modelo de desarrollo urbano sea visto como una referencia y sea considerado un “éxito”.

2. Una ciudad igual a otras

Ese mismo 2010 de las declaraciones del Alcalde del PSC recogidas en acta, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) publicó el informe ‘Estado de las ciudades de América latina y el Caribe’, uno de cuyos capítulos se tituló ‘Desarrollo social. La pobreza urbana y las condiciones de vivienda’.   


En dicho capítulo, al inicio se lee lo siguiente: “En América latina el acceso a la vivienda de calidad, concebida según los atributos de la vivienda adecuada, está restringido para una proporción importante de la población, la cual se encuentra marginada del mercado habitacional comercial debido principalmente a las limitaciones de la demanda”, es decir, por su pobreza.

Frente a esta situación de pobreza el Estado debería jugar un rol compensatorio, pero el informe de ONU-Habitat es elocuente en señalar las deficiencias del Estado en la región: “la función compensatoria del Estado vía el efecto redistributivo del gasto social en vivienda, en la forma de subsidios directos e indirectos a la demanda, históricamente ha adolecido de limitaciones de suficiencia de recursos y problemas en la focalización”. En el caso de Guayaquil, como se ha visto, para su Alcaldía existe el “vaya compre” que le indica el Alcalde a sus pobres. En el acta de Octubre de 2010 que se citó, constan los claros límites de su función: “voy a hacer una campaña de comunicación para decirle al hombre pobre, vaya compre una vivienda…”.

Por supuesto, una campaña de comunicación para los pobres (si la hizo) no resolvió nada. En su informe del 2010, ONU-Hábitat recomendó la adopción de unas políticas integrales: “viabilizar el acceso de los hogares a viviendas adecuadas, mediante la integración de programas de mercado para los grupos sociales con capacidad de pago autónoma, y programas institucionales de vivienda dirigidos hacia la población con ingresos insuficientes, con aplicación de subsidios que complementen su capacidad económica”. ONU-Hábitat sugirió lo contrario de lo hecho en Guayaquil, que fue abandonar a los pobres a su suerte. Pero como evidencia su informe, esto que ocurre en Guayaquil es parte de un patrón de conducta en las ciudades latinoamericanas, salvo escasas excepciones.

El informe de ONU-Habitat explica que la no existencia “de un programa habitacional institucional público dirigido hacia la población que no cuenta con la capacidad económica suficiente para participar en el mercado de vivienda”, es decir, uno dirigido a esos pobres a quienes la Alcaldía de Guayaquil ninguneó, “constituye una ruptura definitiva con la posibilidad de atender las necesidades habitacionales de los hogares de bajos ingresos”. Esta “ruptura” somete a la política de vivienda a la pura lógica del mercado y produce el total abandono de una política apoyada en una concepción de derechos.

Esto, a pesar de que en varios países de la región, el acceso a la vivienda es considerado un derecho (en el Ecuador, el artículo 30 de su Constitución declara que toda persona tiene derecho a “una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”). Pero este es un derecho, como tantos en el Ecuador y en otros muchos países de la región, que rara vez se cumple para sus ciudadanos pobres.

En Guayaquil, la realidad contradice a la Constitución del Ecuador porque la provisión de vivienda está atada a la situación económica de las personas y no resulta, de ninguna manera, independiente de ella, como se lo fabula en el discurso del derecho. El mercado requiere de unos consumidores con capacidad de pago y los que no pueden pagar lo que el mercado pide, quedan por fuera de él.

Como la Alcaldía de Guayaquil también abandona a los que no pueden pagar (únicamente les ofrece una “campaña de información” y parece una broma cruel), en la ciudad ocurre lo que el informe de ONU-Hábitat considera “condiciones que contribuyen a la creación de la pobreza y a su realimentación, algunas de las cuales hacen parte del concepto que las define como trampas de pobreza”.

Estas “trampas de pobreza” en Guayaquil son una consecuencia de su crecimiento urbano, porque el interés de su Alcaldía, desde los años noventa, ha estado en procurar un modelo de desarrollo que favorece los intereses ($$$) del sector de la construcción, no en satisfacer las “necesidades habitacionales” de su población pobre, esos cientos de miles de personas que viven en los suburbios “no consolidados” de la ciudad. Sus “invasores”.

Ellos son los extras de su desarrollo.

3. La ciudad “exitosa”

En Guayaquil, los extras de su desarrollo urbano reciben un trato diferente al que recibe el resto de los habitantes de la misma ciudad. Está visto, dado que su principal atributo es la pobreza, que a ellos se les niega hasta los servicios básicos mientras habiten en “sectores no consolidados”, como Monte Sinaí y sus sectores aledaños más allá de Flor de Bastión y Sergio Toral, límites que indicó el Alcalde en la sesión del Concejo Cantonal el 2010.

Este trato diferente se evidencia en un informe acerca de las inundaciones en Guayaquil, solicitado por la Alcaldía y elaborado el 2013 por unos expertos internacionales de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En dicho documento se identificaron los dos tipos de desarrollo que ocurren en Guayaquil: un “crecimiento ordenado” para sus sectores consolidados, pero también…

“… un fuerte proceso de ocupación irregular en áreas de expansión donde no necesariamente se siguen las normas de ocupación del suelo establecidas en ordenanzas municipales. Paradójicamente, como en otras ciudades de la región, la expansión de la ciudad irregular ocurre en forma cuasi organizada, generalmente por emprendedores que invaden propiedades privadas —con o sin acuerdo del propietario de la tierra— y con ello activan un mercado sumergido de la tierra urbana que se inicia con la ocupación ilegal de lotes sin servicios básicos de aguas, alcantarillado y drenaje”.

Informe ‘La inundación de Guayaquil en Marzo 2013’, v. pp. 12-13 (‘Desarrollo urbano’), pp. 24-25 (‘Desarrollo urbano y su impacto en el drenaje’) y p. 31 (‘Recomendaciones para mejorar la gestión de las inundaciones en Guayaquil’)

De esta carencia de servicios básicos, conforme pasan los años y los asentamientos humanos se van consolidando, la Alcaldía va proveyéndolos de servicios básicos, aunque siempre de manera escalonada, demorada y costosa: “Se observa que el abastecimiento de agua es el primer servicio que se atiende, seguido de alcantarillado sanitario y, finalmente, siguiendo un enfoque tradicional ligado a la instalación exclusivamente de obras de conducción, se atiende el drenaje pluvial”.

Este informe de la CAF advirtió que la ocupación urbana de Guayaquil “ha privilegiado la densidad en términos de áreas impermeables, con lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general un clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano”. Una de las consecuencias de este tipo de ocupación es “aumenta[r] notablemente la temperatura en la ciudad” y ello explica el calor insoportable que se vive en Guayaquil. Otra consecuencia, es que esta impermeabilización del suelo resulta muy costosa, frente a una estrategia de “áreas verdes, pavimentos permeables, reservorios y otras medidas que ayudan a integrar la gestión del drenaje pluvial, el alcantarillado sanitario y la recolección y disposición de residuos sólidos”. Una estrategia para la que se resalta que “Guayaquil ofrece condiciones inmejorables”, por lo que ella podría “convertirse en un líder regional que promueve los principios que califican a una ciudad verde, además de inclusiva y sustentable”.

Según el informe de los expertos de la CAF, la estrategia de impermeabilización del suelo que ha escogido la Alcaldía “puede llegar a aumentar en seis (6) veces los costos” y sus efectos “no son sustentables” en el largo plazo. Guayaquil tiene unas “condiciones inmejorables” para ser una ciudad mejor y a un menor costo, pero decidió crecer con limitadas áreas verdes, de forma excluyente y con un desarrollo no sustentable, además de exageradamente costoso.

Este crecimiento urbano decidido por la Alcaldía se comprende por su sumisión a las fuerzas del mercado. Los dos tipos de crecimiento urbano (uno para “ciudadanos”, otro para “invasores”) y su estrategia de impermeabilización y los altos costos a ella asociados, cobran sentido cuando se entiende la oportunidad de negocio en que las administraciones del PSC convirtieron a la obra pública de la ciudad, desde los años noventa, para favorecer a las empresas vinculadas al sector de la construcción. Guayaquil podría ser una ciudad muy diferente, pero para las autoridades del PSC y para cierto sector económico asociado a ese partido, nunca fue conveniente que lo sea. Mejor era hacer una mancha gris.

Con un crecimiento urbano así, ganan algunos cercanos al poder, pero perdemos la gran mayoría de los guayaquileños. Una ciudad más calurosa, mucho más traficada por ser una alargada mancha gris. Una ciudad en la que unos sectores son tratados mejor que otros, en función de su situación económica. Una ciudad así hecha, tan desigual, cuando la golpeó la pandemia del COVID-19 en marzo y abril de este 2020 aciago, quedó expuesta a muertos en las calles, a cadáveres que se perdieron en los hospitales, a una podrida corrupción para buscarlos y nunca hallarlos. Por días, la pandemia hizo y deshizo en Guayaquil, se ensañó con ella. Su actual Alcaldesa, Cynthia Viteri, utilizó una metáfora bélica para explicar lo ocurrido “Este pueblo pacífico recibió una bomba desde el aire, como Hiroshima”.    

La metáfora es equivocada, porque la caída de una bomba sugiere un episodio singular y lo ocurrido en Guayaquil se explica por el modelo impuesto por el PSC durante casi 30 años (más sobre esto en “Guayaquil y el modelo que tocó fin”). Pero también porque en Guayaquil la pandemia afectó a unos mucho más que a otros. Si se vive hacinado y con necesidades básicas insatisfechas, como le ocurre a cientos de miles de personas que viven en los sectores no consolidados de Guayaquil (a sus extras), la pandemia golpea con mucha más fuerza. Así, es lógico y también cruel, que en una ciudad que fue devastada por la pandemia, Monte Sinaí haya sido “la zona con más contagios de COVID-19 en Guayaquil”.   

Tomando en cuenta el desarrollo urbano de Guayaquil y los años de negación de los servicios básicos a los que se ha condenado a la población de Monte Sinaí, se comprende que a la parte más golpeada de una ciudad devastada se la haya atendido durante la crisis, con la provisión gratuita de agua por tanqueros y con la promesa de construir… un cementerio.

Pero, bien pensado, un cementerio es el lógico corolario del modelo de desarrollo impuesto por el PSC para los habitantes de Monte Sinaí, porque para su administración la vida de los extras del desarrollo urbano de Guayaquil jamás les ha importado demasiado. Siempre les importó otra cosa, el favorecer a unos pocos, con la ciudad como oportunidad de negocio. Y el maquillaje de este hecho es lo que se conoce como su “éxito”, y es lo que muchas otras ciudades del Ecuador le envidian.  
 
Pero este supuesto “éxito” de Guayaquil no existe, y es Monte Sinaí un símbolo diáfano de que realmente jamás existió.

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