El número de los representantes

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de mayo de 2025

José Félix Valdivieso, el derrotado cuando enfrentó a Flores en 1835 y el derrotado cuando defendió a Flores en 1845, fue el alcalde de Quito a partir del 25 de mayo de 1822 por haberlo designado el militar venezolano Antonio José de Sucre tras su victoria en la batalla del Pichincha. En esta calidad, Valdivieso convocó a una asamblea de representantes de Quito, que se celebró el 29 de mayo.

Ese día, la asamblea aprobó un acta que empezaba así: “En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de las provincias del antiguo reino de este nombre…”, pero, en rigor, cada provincia española que conformó el reino de Quito, para su administración tenía cada una su propia Gobernación y su propia capital. La provincia española de Guayaquil (Gobernación desde 1763) tenía su capital en Guayaquil; la provincia española de Cuenca (Gobernación desde 1777) tenía su capital en Cuenca. A mayor inri, la vez que Quito quiso imponerse, en agosto de 1809, como la capital frente a sus provincias vecinas (Guayaquil y Cuenca, y además Popayán), éstas no lo consintieron. La guerrearon y se impusieron.

Pero esa premisa falsa era necesaria para el primer punto del Acta, que fue declarar a las provincias “que componían el antiguo reino de Quito como parte integrante de Colombia bajo el pacto expreso y formal de tener en ella la representación correspondiente a su importancia política”. Los representantes quiteños se arrogaron la írrita potestad de integrar a Colombia de una forma inconsulta a la provincia de Guayaquil (porque para el caso de Cuenca resultaba superflua la declaración, pues la provincia de Cuenca se había incorporado a la República de Colombia el 11 de abril de 1822). Y procuraron que Colombia le reconozca a Quito una “representación” que corresponda a “su importancia política”. 

Lo dicho por Quito fue irrelevante para Guayaquil, por lo que Simón Bolívar debió venir a esta ciudad por primera vez, acompañado de 1300 soldados colombianos, para cesar a la Junta de Gobierno de Guayaquil e imponer la anexión de la provincia a la República de Colombia el 31 de julio de 1822. Las tres provincias, convertidas ahora en departamentos de Colombia, conformaron su Distrito del Sur.

Cuando se separó de Colombia el Distrito del Sur en 1830 para conformar el Estado del Ecuador, Quito buscó lo mismo: una “representación correspondiente a su importancia política”. De las tres antiguas provincias españolas, Quito era, por mucho, la más poblada. El número de los representantes en el Congreso, alegaban en Quito, debía hacerse en función de la población. Como en 1809, Guayaquil y Cuenca no quisieron y se impusieron.

Por seis Constituciones y treinta años, la representación se hizo como si el Ecuador estuviera compuesto por tres Estados federados, es decir, con una estricta igualdad en el número de los representantes (a este efecto, seguían siendo unos departamentos colombianos).

Esto lo cambió el guayaquileño más querido en Quito, Gabriel García Moreno. Desde la Constitución de 1861 se determinó que el cálculo de los representantes se iba a hacer con base en el número de habitantes en cada una de las trece provincias que integraban el Estado en aquel tiempo. Y así es desde entonces. 

Todos los desastres de las revoluciones

Mi artículo del viernes 23 de los corrientes en el Expreso, “Libertador vulgar”, provocó un comentario del expresidente Rafael Correa en su cuenta de X. 

Correa leyó mal mi artículo: decidió que la crítica a Bolívar por haber sido un “Libertador vulgar” se debía a su condición de guerrero por la independencia (de allí que él empiece diciendo que Bolívar fue “el ser humano que más naciones ha liberado en la historia de la humanidad”) pero, en realidad, la crítica del artículo se refiere a los efectos de la liberación en los países que Bolívar libertó. De allí la cita de Olmedo, constante en una carta de 1847, en la que se refiere a Bolívar como alguien que a pesar de habernos librado del “yugo español (…) nos dejó todos los desastres de las revoluciones”. Es decir, mi crítica (de corte olmediano) no es a los años de lucha de Bolívar. Es a los efectos que tuvieron estos años de lucha en los pueblos que liberó del yugo español*. 

Otro punto en que Correa yerra es cuando dice que mi análisis es un juicio a Bolívar basado en “los estándares democráticos actuales”. Esto es un problema de comprensión lectora, porque está clarito en mi texto que mi juicio lo hago basado en cartas de la época, del propio Bolívar y de Olmedo, que lo trató a Bolívar.

Es el propio Bolívar quien, al borde de la muerte, escribe una carta en la que mira en retrospectiva lo hecho en sus años de lucha por la independencia y saca de ello unos “pocos resultados ciertos”, entre los que están que la América es ingobernable, que él aró en el mar, que el mejor camino es la emigración y que en el futuro el poder lo ejercerán “tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Y en lo que respecta al futuro de América, Bolívar llevó razón (es decir, “dejó todos los desastres de las revoluciones, como decía Olmedo). Y por haber estado acertado en su predicción de 1830**, Bolívar lo contradice a Correa (de rebote, dándonos la razón a Olmedo y a mí).  

Tal vez sea más interesante el análisis opuesto al que intentó el expresidente Correa, es decir, un análisis de los hechos actuales a la luz de la experiencia de gobierno de Simón Bolívar. Es probable que ello arroje como resultado que Bruselas es la Santa Marta de este guerrero. Sólo el tiempo lo dirá. 

* Como guayaquileño, el núcleo de mi crítica a Simón Bolívar se debe a su anexión forzosa de Guayaquil a su proyecto político. Esto, porque a diferencia de otros territorios, Guayaquil no le debió su independencia a Colombia (ni a Perú, ni a nadie: se independizó por su cuenta el 9 de octubre de 1820). Y se independizó antes de la vigencia de la Constitución de Cúcuta, donde se dispuso (en 1821) que los pueblos todavía “bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República” (Art. 7). Pero esta cláusula constitucional no podía aplicar a Guayaquil, primero, porque ya era libre desde 1820, y segundo, porque en la Constitución de Cúcuta no votó ningún guayaquileño (nadie de la Audiencia de Quito, en general) y, en consecuencia, no podía existir un justo título para la agregación de la provincia de Guayaquil a Colombia.

** Estuvo acertado, justamente porque Bolívar no reniega de sus años de lucha (no dice “no debí haber hecho eso”) sino de los efectos que tuvieron esas luchas en los pueblos que liberó.

El libertador vulgar

            Publicado en diario Expreso el 23 de mayo de 2025.

El caraqueño Simón Bolívar capitaneó la liberación de una porción de Sudamérica y después se hastió. Receló de lo hecho y diseñó en 1826 una Constitución llena de desconfianza contra los pueblos que él había libertado tras una costosa y sangrienta lucha de quince años. Esa liberación se cumplió con la caída del puerto del Callao en enero de 1826, último reducto español en América. 

Bolívar diseñó una Constitución (casi idéntica) para Bolivia y para el Perú, las que fueron una diatriba en jerga jurídica contra la participación de los pueblos en la libertad que él les había otorgado con sus luchas legendarias, las que le habían ganado a Bolívar desde 1813 el membrete de “El Libertador”. En su Constitución, Bolívar instituyó una presidencia vitalicia, con la facultad del presidente de designar él mismo a su sucesor, a la manera de una monarquía. Para Bolívar, entonces, la decisión de quien debía ejercer la máxima autoridad ejecutiva no podía estar en manos de la gente. Según decía él, “un presidente vitalicio con derecho a elegir al sucesor es la inspiración más sublime en el orden democrático”.

En la Constitución que Bolívar diseñó se postulaba que el presidente de la República debía ser una autoridad perpetua porque era “como el sol que, firme en su centro, da vida al universo”. Lo vitalicio y su sol, en todo caso, demoró un rato. En Bolivia, la Constitución se promulgó en noviembre de 1826, cayó en desuso después del motín de Chuquisaca contra el presidente Antonio José de Sucre en abril de 1828 y se la derogó formalmente en agosto de 1831. En Perú, la Constitución duró todavía menos, estando vigente apenas por 49 días entre diciembre de 1826 y enero de 1827. Se la derogó formalmente en junio de 1827.

Después de esta Constitución de corte antidemocrático, a pocos días de su muerte, Bolívar explicó el fracaso que significó haber libertado a los pueblos. El 9 de noviembre de 1830, le dirigió una carta a su coterráneo Juan José Flores, fundador y primer presidente del Estado del Ecuador que se separó en 1830 de la República de Colombia fundada por Simón Bolívar. Tras autorizarlo a la secesión, Bolívar le explicó a Flores lo que él había obtenido después de mandar por 20 años: “no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1°. La América es ingobernable para nosotros. 2°. El que sirve una revolución ara en el mar. 3°. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4°. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Todo esto se puede condensar en esa frase tan inexacta como categórica que, por este fragmento, se le atribuyó a Bolívar: “he arado en el mar”. Tras arar, Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830.

En enero de 1847, también al final de sus días, José Joaquín Olmedo escribió al ilustre Andrés Bello una carta en la que definió a Bolívar como “cualquier libertador vulgar” porque “nos libró del yugo español, y nos dejó todos los desastres de las revoluciones”.

Bolívar se impuso a otros, libertó y (como él mismo lo reconoció) no supo contener las fuerzas que él había libertado. Como “cualquier libertador vulgar”, decía Olmedo acertado. 

20 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de mayo de 2025.

Un lunes, hace exactos 20 años, publiqué mi primera columna de opinión en un diario de circulación nacional. Ocurrió un mes después de la rebelión de los forajidos, que tumbó al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Como una reflexión sobre ese episodio, aquel lejano día del 2005 mi columna postuló un reto: “la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política”. Fue una plegaria por una ciudadanía comprometida con la gestión de lo público.

Aquel lunes de mayo del 2005 se publicó una columna bisoña, cargada de ingenuidad. En los veinte años que han transcurrido desde entonces sí que se ha registrado un cambio en las formas de participación política del Ecuador, pero ha sido para peor.

Para empezar, a la ciudadanía ecuatoriana ni siquiera se la podría reputar como democrática. Cuando se fundó esta malhadada República del Ecuador en 1835 (unitaria y centralista, capital Quito), su primer presidente, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió las siguientes palabras a los ecuatorianos que se reunieron en Ambato para dictar la Constitución que parió una república: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.

Casi 190 años después de esta alocución de Rocafuerte, es justo precisar que ese edificio democrático jamás se erigió en el Ecuador. Y que lo que empezó mal en 1835, hoy está en una situación mucho peor. 

A día de hoy, la “masa del pueblo” ecuatoriano cree (estos datos son del Latinobarómetro publicado en diciembre de 2024) que la democracia puede ser un cascarón vacío, porque puede funcionar sin partidos políticos, sin parlamento y sin oposición (más de la mitad de los ecuatorianos lo cree y, en comparación, es el porcentaje de la población más alto de toda América latina). En el Ecuador, el “edificio democrático” está en ruinas, porque la mayoría de los ecuatorianos ignora el significado de la democracia.

En una tipología de las políticas públicas, el Estado del Ecuador tiene un régimen al que se lo puede caracterizar como de “obediencia endeble”, es decir, un Estado cuya actuación depende, en buena medida, de la incidencia de intereses privados. En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años, estos intereses privados incluyen a los intereses perversos de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que controlan vastas extensiones de territorio, que inciden (por amenaza o soborno) en las decisiones judiciales y en las políticas públicas, y que determinan (por amenaza directa o por miedo generalizado) la vida cotidiana de la población.

Es decir, el cambio registrado en los últimos 20 años en materia de participación política no ocurrió para fortalecer a la ciudadanía frente al poder público, sino para incluir los intereses privados de organizaciones criminales en la actuación del Estado. 

En conclusión, el Ecuador, así como está constituido, ¿tiene posibilidades de desarrollo? La respuesta corta es: No.

Veinte años atrás

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de mayo de 2025. 

El documento “Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004)” sirve para retratar de cuerpo entero la pobreza institucional del Estado del Ecuador y su invariable incapacidad para estar a la altura de su retórica constitucional: donde la norma declara un derecho, la realidad ecuatoriana confirma que se trata de un fracaso. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas es el organismo encargado de supervisar, a nivel mundial, el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados que lo hayan suscrito y ratificado. El Estado ecuatoriano suscribió el Pacto el 29 de septiembre de 1967 y lo ratificó el 6 de marzo de 1969 (durante el último gobierno de Velasco Ibarra), pero el efecto de su entrada en vigor en la práctica fue nulo. 

La compilación del Comité publica dos informes de observaciones generales sobre el Ecuador, uno de 1990 y otro de 2004. Las observaciones que destaco son de junio de 2004 y ofrecen un retrato del Ecuador de veinte años atrás.

La sección ‘D’ de estas observaciones se titula “Principales motivos de preocupación”. Es una letanía de fracasos institucionales, que empieza con “la falta de independencia del poder judicial” y continúa hasta dibujar con trazos definitivos el retrato de un monstruo: la situación de discriminación que sufre la población indígena y la población afroecuatoriana, la falta de atención a las personas con discapacidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, el alto desempleo, el insuficiente salario mínimo de los trabajadores y la falta de condiciones de higiene y seguridad para el desempeño de sus labores, las restricciones al derecho a la asociación y la promoción del trabajo precario, el déficit económico del IESS y su fallida universalidad, la “alta tasa de abusos sexuales, prostitución de menores de 18 años en las zonas urbanas, explotación de niños y la falta de una amplia estrategia para hacer frente a estos problemas”, la trata de menores, la violencia en el hogar generalizada y no tipificada como delito, el nivel creciente y persistente de pobreza, las malas condiciones y la escasez de vivienda, el desalojo forzoso de la población indígena de sus tierras ancestrales, la “escasa cobertura, la baja calidad y los insuficientes recursos” del sistema de salud pública, la alta tasa de analfabetismo y de deserción escolar, la desaparición de los idiomas indígenas… Finalmente, el Comité deplora (esta es la única vez que usa este verbo) el trabajo infantil. 

Son en total 23 párrafos y cuatro páginas para demostrar que el Estado del Ecuador es un verdadero monstruo institucional.

La siguiente sección de las observaciones se titula “Sugerencias y recomendaciones” y es donde el Comité pierde el tiempo explicándole al Estado ecuatoriano las medidas que tiene que adoptar para corregir el rumbo y empezar a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Unas explicaciones que, el ecuatoriano tiene plena certeza de que a las autoridades del Estado, le entraron por una oreja y le salieron por la otra.

1809 y 1835

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de mayo de 2025.

En tiempos monárquicos, en 1809, quiso Quito no ser mandada desde Santafé, pero le impusieron quedarse bajo su mando. En tiempos republicanos, en 1835, quiso Quito ser mandada desde Bogotá (nombre republicano de la antigua Santafé), pero no la aceptaron. Opciones contradictorias, pero un único resultado: en ningún caso fue como quería Quito. Aunque al final, en 1835, Quito triunfó.

En 1809, Quito no buscó la independencia del Reino de España. Buscó una autonomía dentro del Reino (es decir, no estar Quito sometida al gobierno de Santafé) y la primacía de su gobierno sobre las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. La rebelión de 1809 acabó pronto, porque ninguna de las provincias vecinas aceptó la primacía de Quito. La guerrearon y la obligaron en octubre de 1809 a devolver el poder al Conde Ruiz de Castilla, autoridad de quien lo habían usurpado el 10 de agosto.

En 1835, las antiguas provincias de Cuenca, Guayaquil y Quito fundaron una república independiente (no fue un ente de menor rango adscrito a la República de Colombia, como era en la Constitución del Estado del Ecuador de 1830). La Constitución de 1835, aprobada por la convención nacional que reunió a los representantes de las tres provincias en Ambato entre junio y agosto de 1835, en su artículo 1 estableció: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”. Esta unión fue el fruto de la paz.

Pero antes de la paz, hubo guerra (si vis pacem, para bellum). Se enfrentaron en 1834-1835 el ejército de la Costa (Guayaquil), cuyo jefe supremo era Vicente Rocafuerte, contra el ejército de la Sierra (Cuenca y Quito, con la capitanía de esta última) y venció el ejército de la Costa, comandado por quien había sido presidente del “Estado del Ecuador en la República de Colombia” (1830-1834), el general Juan José Flores. 

Tras el triunfo de Guayaquil en la guerra civil, los perdedores declararon la muerte del Estado del Ecuador y decidieron unirse a un territorio (en 1835 denominado Nueva Granada) del que habían tratado de desunirse en 1809. Que el triste desenlace lo cuente un historiador quiteño, Salvador Lara, que informa que los quiteños cayeron “en el absurdo de proclamar la muerte del estado ecuatoriano […]. En Tulcán, presididos por el general Matheu, decretaron la anexión a Nueva Granada; el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito”. Mandaron un delegado a Bogotá, pero pasó la vergüenza de ser rechazado.   

Guayaquil venció en la guerra civil, pero al final triunfó Quito. Cuando se reunió la convención de Ambato en 1835, Quito fue designada la capital de la naciente República del Ecuador (fundada el 13 de agosto). Así, Quito obtuvo esa primacía que buscó en 1809 (al querer desprenderse del virreinato de la Nueva Granada) y a la que había renunciado en 1835 por su deseo de someterse a la primacía de otro (al querer integrarse a la República de la Nueva Granada). 

Y así, tras la convención de Ambato, Quito triunfó. Obtuvo finalmente la primacía que tanto anheló obtener en 1809 sobre sus antiguas provincias vecinas (menos Popayán, que pasó a Colombia) con las que formó parte de un reino europeo.