La Asamblea Nacional aprobó una reforma al COOTAD en segundo debate el viernes 6 de noviembre de 2026, que establece como una causal de destitución para un alcalde (autoridad elegida por la voluntad popular) su ausencia temporal del cargo por noventa días, sin que en esta destitución intervenga el órgano de control del alcalde (el Concejo Municipal). Este es el texto que la Asamblea Nacional de los recaderos de la oligarquía aprobó:
Art. 62.1.- Límite de la ausencia temporal del alcalde.- La ausencia temporal del alcalde no podrá exceder de noventa días continuos. Transcurrido dicho plazo, la ausencia temporal se convierte en ausencia definitiva por ministerio de la ley, sin necesidad de declaratoria o resolución previa del concejo municipal. Configurada la ausencia definitiva, operarán, de forma inmediata, las reglas de subrogración, reemplazo o sucesión previstas en este Código.
Esta reforma es una demostración más del desprecio de la clase política ecuatoriana por las decisiones del pueblo, en este caso aprobada por la manada de recaderos que constituye la bancada de ADN y amiguetes. La reforma aprobada por la Asamblea Nacional tiene algunas consecuencias: 1) Es una forma de terminar un período de funciones de una autoridad que fue elegida por el pueblo que no consta entre las previstas en la Constitución y no está autorizada por la obligatoria interpretación de la Convención Americana aplicable a la materia; 2) Es una forma de terminar un período de funciones de una autoridad que fue elegida por el pueblo sin tomar en consideración la naturaleza de la ausencia de la autoridad; 3) Es una forma de terminar un período de funciones de una autoridad que elegida por el pueblo que prescinde del debate democrático que debe existir, de acuerdo con el proceso reglado en el COOTAD, para tomar una decisión de esta naturaleza.
Una última consecuencia es de orden práctico y perverso: el gobierno puede ordenar que desde la Fiscalía General del Estado se fabrique una prisión preventiva (nadie es tan pendejo para creer en la independencia de este órgano) y mantenerla por el tiempo indicado en el artículo 62.1. Es una forma de eliminar a autoridades políticas “incómodas” por una vía legal.
Por supuesto, esta forma de eliminar a autoridades políticas “incómodas” por una vía legal es abiertamente inconstitucional, por la interpretación del artículo 64 de la Constitución a la luz del artículo 23 de la Convención Americana.
Para zanjar la inconstitucionalidad del tema, debería bastar la cita de este párrafo de la Sentencia No. 2818-22-EP/26 emitida por la Corte Constitucional el 16 de abril de este 2026:
“40. En este contexto, el bloque de constitucionalidad incorpora, entre otros instrumentos, la Convención, cuyo artículo 23.2 establece de manera taxativa las condiciones bajo las cuales pueden restringirse los derechos políticos, entre ellas, la existencia de una condena impuesta por juez competente en el marco de un proceso penal, criterio que debe ser entendido en un análisis integral sobre la validez de las restricciones a derechos políticos. Este estándar, conforme ha sido desarrollado por la jurisprudencia interamericana, no constituye un referente externo, sino que forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y, en consecuencia, integra el parámetro de control constitucional aplicable.”
Es decir, para la Corte Constitucional resulta evidente que la única restricción que se puede admitir de los derechos políticos (como en el caso de la destitución de un alcalde) es “la existencia de una condena impuesta por juez competente en el marco de un proceso penal” y no el ministerio de la ley por el transcurso de noventa días.
Acá, en cambio, la manada de recaderos está contenta de haber aprobado una normativa que convierte en materia de trámite lo que debería ser, o una sentencia impuesta por un juez en un proceso penal, o una decisión democrática tomada por un órgano de control de autoridades elegidas por el pueblo en elecciones (el Concejo Municipal, en un proceso reglado por el COOTAD). Están contentos, pues su tarea no se la puede calificar como democrática. Lo suyo es el servicio a un autócrata, de quien son sus burdos recaderos (nadie que no sea un pendejo puede creer que ADN es otra cosa que el trasunto de una poderosa voluntad).
Nota bene: La redacción de esta reforma es tan estúpida, que parece destinada para el caso de una prisión preventiva porque en el supuesto de una ausencia temporal del cargo que sea enteramente voluntaria le bastaría a la autoridad volver el día ochenta nueve y volver a salir la semana siguiente por otros ochenta y nueve días, porque la causal se aplica únicamente para los “noventa días continuos”. Es decir, mientras no cumpla la condición de los noventa días, el resultado de una redacción mal hecha es que la autoridad podría burlar la norma y faltar ochenta nueve días tantas veces como lo quisiera. La condición implícita, dada esta redacción estúpida, revela que su ideal es el caso de una ausencia temporal de una autoridad, obligada por su detención.
Conclusión: Se puede abrigar la certeza de que esta manada de recaderos es, además, una pandilla de mediocres/perversos, porque se atreven a festejar la aprobación de semejante adefesio, tan inconstitucional como antidemocrático.
