El juicio político

Me cupo el honor de ser miembro del jurado del “Concurso de investigación y ensayo de ‘gestión legislativa’ y ‘fiscalización y control político’ desde el retorno a la democracia” y me cupo el privilegio de ser el primero de los miembros del jurado que leyó la obra “El juicio político como mecanismo de fiscalización y control político en la función legislativa ecuatoriana 1978-2007” de autoría de Julio Teodoro Verdugo Silva, de recomendársela a los otros miembros del jurado (Lorena Araujo y Juan Paz y Miño) y de declararla, por unanimidad, como la vencedora del concurso de investigación y ensayo en el apartado ‘fiscalización y control político’. (El apartado ‘gestión legislativa’ lo declaramos desierto).

La iniciativa de la Comisión Legislativa y de Fiscalización para organizar este concurso de investigación y ensayo es “la revisión de nuestra memoria histórica”. El texto que Verdugo presentó fue el que mejor contribuyó a ese útil propósito. En su texto, Verdugo estudió el uso del mecanismo denominado “juicio político”, cuya práctica en el período que se analiza (1978-2007) sirvió para expresar la constante confrontación entre la Función Ejecutiva y la Función Legislativa. Para desarrollar su estudio, Verdugo analizó el comportamiento de los políticos “con el fin de descifrar el rol que han jugado en el Congreso y de establecer los resultados (positivos o negativos) logrados en el control y la fiscalización, y en el fortalecimiento de la institucionalidad en el Ecuador”. Al efecto, Verdugo dividió su análisis en dos períodos, el de 1979-1998 y el de 1998-2007, pues tomó a la Constitución de 1998 como punto de inflexión para hacerlo y su hipótesis central fue que el mecanismo de los juicios políticos “no ha sido un mecanismo que permita a los actores políticos materializar la fiscalización y el control político desde el Legislativo hacia el Ejecutivo [sino que sirvió para desplegar] estrategias individuales de acción política, para potenciar su poder de veto y lograr una posición privilegiada en el escenario de negociación tanto intraparlamentario como frente a otras funciones del Estado, específicamente frente al Ejecutivo”.

Tras un análisis exhaustivo de la práctica del juicio político, el estudio de Verdugo concluye que “el juicio político ha sido instrumentalizado no únicamente para ejecutar lo ordenado en la constitución y en la Ley, sino que bajo este discurso, se trató de lograr otros cometidos e intereses que no necesariamente mostraban su directa relación con el control y la fiscalización política. Diversas pueden ser las metas y fines que se han pretendido alcanzar. Los resultados realmente obtenidos mediante el ejercicio instrumental del juicio político son varios. No obstante, en todos los casos, se ha obligado a que el Ejecutivo entre en procesos de negociación con enormes probabilidades de ceder a los requerimientos de su contraparte: los legisladores. Si un diputado aspiraba a algo en concreto bastaba con que active un juicio político para que se den las condiciones propicias de un escenario de negociación política”. Conviene no olvidarlo, a lo que este estudio de Julio Teodoro Verdugo Silva contribuye de manera notable.