6 de octubre de 2010
Prometeo deportado
Cerró el dealer
Tiririca & Tiko Tiko, al poder
5 de octubre de 2010
Cantinflas & Morden (goodfellas)
2 de octubre de 2010
I love Pinochet
29 de septiembre de 2010
Racismo y taxismo
28 de septiembre de 2010
Romper una canción (Vinagre y rosas)
27 de septiembre de 2010
26 de septiembre de 2010
25 de septiembre de 2010
Opus Dei, una cruzada silenciosa
24 de septiembre de 2010
El Dios de Pinochet
22 de septiembre de 2010
El Gobierno del domingo (#?a)
21 de septiembre de 2010
El Feo (Lupera se revolea unos mangos)
20 de septiembre de 2010
19 de septiembre de 2010
Jazz en el Maac
18 de septiembre de 2010
Puerto Santa Ana vs. Vía Perimetral (primero, la gente)
Una nota que el jueves 16 publicó El Universo consignó el dato, referido por el Gobernador del Guayas, Roberto Cuero, de que en Puerto Santa Ana el Municipio de Guayaquil ha invertido 50 millones de dólares. Puerto Santa Ana es un fiasco que no se vende (al que ni siquiera sus administradores le respetan su grafía, para elevar el puntaje en el guatdefacómetro): Puerto Santa Ana es un capricho de yuppies para yuppies, financiado con dineros públicos. Allí viven, al día de hoy y dicho sea con generosidad, unas pocas decenas de personas; en los alrededores de la vía Perimetral, (mal)viven más de medio millón. Y sin embargo, en la vía Perimetral, a pesar de ser la vía más peligrosa de la ciudad y a pesar de que la CTG había advertido la necesidad de implementar pasos peatonales (y que su funcionario encargado de Obras Públicas, Jorge Berrezueta, había declarado que se analizaba incluirlos en los planes del 2010), el Municipio de Guayaquil no ha invertido en ese rubro ni un centavo. Recién ahora, espoleado por la tragedia ocurrida este 5 de setiembre, el Municipio incluirá en su próximo presupuesto la construcción de un paso peatonal y de otras medidas correlativas (semáforos con botoneras, por ejemplo) que si habría existido genuino interés en ese sector deberían haberse implementado hace ya mucho tiempo. Pero las personas que viven en los alrededores de la vía Perimetral (en cuya construcción estuvo involucrado, de manera polémica, el mismo Nebot) que son muchísimos (en una proporción aproximada de 1000 a 1 en relación con quienes viven en Puerto Santa Ana) no son yuppies (o pelucones, o de la argolla, etc.: en fin, que no son la “gente”, porque primero la gente, ¿se acuerdan?) y entonces no merecen, pobres, por pobres. Todo un modelo de desarrollo. Pfffff.
17 de septiembre de 2010
16 de septiembre de 2010
15 de septiembre de 2010
Maruri es un champ
13 de septiembre de 2010
A la Vera
12 de septiembre de 2010
Random y literatura de fútbol
7 de septiembre de 2010
Pega la vuelta
31 de marzo de 2010
Ciudadano regenerado, bis
Palacio vs. de Bonald
30 de marzo de 2010
El vizconde de Bonald
En la voz autoritario del diccionario de Bobbio, Matteucci y Pasquino, me encontré esta perlita:
“El orden del pensamiento contrarrevolucionario es rigurosamente jerárquico. Como escribe el vizconde de Bonald (1754-1840), el poder del rey, absoluto e independiente de los hombres, es la causa; sus miembros (la nobleza), que ejecutan su voluntad, son el medio; la sociedad de los súbditos, que obedecen, el efecto”.
Mutatis mutandis (no hay que forzar demasiado la imaginación) todo un ideario para el diario aquel que tiene la cita del vizconde como lema.
P.S.- Un vizconde de Bonald con look que anticipa el punk (es como un Violencio Rivas decimonónico) se muestra satisfecho de las zanguangadas que se ejecutan en su nombre.
¿Qué es ser autoritario?
28 de marzo de 2010
Lo social en la comunicación
La Constitución, en particular en sus artículos 16, 17, 18, 19 y 384 consagra los derechos a la comunicación, los que involucran el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y la democratización de los medios de comunicación social. En el necesario desarrollo de esos derechos constitucionales se contienen las dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión, las que deben desarrollárselas en la Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea Nacional.
Me interesa referirme, en este artículo, a la dimensión social de la libertad de expresión, que es un concepto de radical importancia para otorgar contenido al desarrollo de esos derechos a los que hice referencia en el párrafo anterior. La dimensión social de la libertad de expresión implica el derecho de toda persona de recibir informaciones e ideas de toda índole. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC/5 declaró que esta dimensión social de la libertad de expresión implica “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno [y que] es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es finalmente libre”.
Así, el objeto de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática es garantizarle a toda persona el derecho de informarse y de otorgarle las herramientas para participar en el debate de asuntos de interés público. Detrás de esta idea subyace el reconocimiento de que la libertad de expresión no debe circunscribirse al “libre mercado de ideas” (con lo cual se suelen privilegiar algunas voces y silenciar otras por razones propias del mercado –o sea, por razones de dinero e influencia- y ajenas, en consecuencia, al ejercicio de un derecho que, por sus propias características, es universal) sino que debe promover el “debate público robusto”, lo que implica la promoción de una amplia pluralidad de voces y de un debate crítico entre ellas. Para cumplir con este propósito de debate crítico, se requiere el desarrollo normativo de lo establecido en la Constitución, esto es, de los artículos 16, 17, 18, 19 y 384, lo que implica, entre otras cosas, la regulación administrativa del acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, la creación y facilitación de los medios de comunicación, el acceso y el uso del espacio radioeléctrico, el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, el funcionamiento de las instituciones de regulación y de aplicación de las políticas de comunicación y la participación ciudadana en la comunicación.
En definitiva, el Estado debe intervenir con regulaciones específicas que promuevan el pluralismo y la diversidad, que son, como ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberes del Estado “de particular importancia para el ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión”. Tarea pendiente.