Contra el Estado moralista

Publicado en GkillCity el 25 de junio de 2012.

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En una clase de derecho de familia que recibí cuando universitario, un profesor defendió el artículo del Código Civil que establecía un límite temporal para reclamar la paternidad. Un artículo redactado en el siglo XIX, que no se compadecía con los avances científicos que permitían la acreditación de la filiación en cualquier momento a través de la prueba de ADN y que el profesor, sin embargo, defendía con enjundia. Porque, según nos dijo él teatralizando, si un hombre podía dudar de quién era su padre, “¿cómo podría ese hombre mirarse al espejo?”. La lección del profesor, en resumidas cuentas, era que el derecho debía optar por amparar la ignorancia porque eso era lo moralmente conveniente.

Pero en democracia es al revés: el derecho debería optar no por “la ignorancia” sino por la información y no porque sea “lo moralmente conveniente” sino para permitir que cada persona se forme juicio por sí misma y decida sobre sus propios asuntos: cada persona es el mejor juez de sí misma y su opción moral debe ser respetada, salvo que dañe a terceros. El debate a hacerse es cómo se definen y se regulan en las leyes esos asuntos que atañen a cada uno decidir por su propia cuenta y riesgo. Y eso nos conduce, inevitablemente, a debatir sobre ese gran expropiado de las decisiones autónomas: el cuerpo.

Todos somos nuestro cuerpo, pero no podemos decidir plenamente sobre eso que somos. La mayoría de los Estados han expropiado a sus ciudadanos algunas importantes decisiones sobre lo que cada persona podría querer que suceda en su propio cuerpo. Si una persona quisiera experimentar el placer de alterar su conciencia, le ilegalizan las sustancias; si quisiera por su orientación sexual tener parejas de su mismo sexo, le discriminan el acceso a ciertos derechos; si quisiera alterar su gestación, la amenazan con la cárcel; si quisiera bajo ciertas circunstancias terminar su vida, se lo impiden.

Son cuatro asuntos (el uso de drogas, el reconocimiento legal no discriminatorio de parejas homosexuales, el aborto y la eutanasia) que habría que debatirlos de manera plural y profunda. Hago notar que, en la práctica, su prohibición usualmente no evita que se cometan sino que empeora las ocasiones de cometerlo con los consecuentes riesgos y posibles daños. Y que, en la teoría, si fuera de prohibirlos por supuestos principios de “orden natural”, en realidad, el principio que debería prevalecer es el de autonomía personal, porque ese es el derecho amparado por la Constitución (artículo 66 numeral 5) en un Estado que se ha comprometido a “garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico” (artículo 3 numeral 4). En una célebre sentencia de la Corte Constitucional colombiana con la cual se despenalizó el consumo personal de droga en el vecino país, el magistrado Carlos Gaviria Díaz lo expuso con la claridad y precisión que él acostumbra: “Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia”. (Sentencia C-221/94, Párr. 6.2.4 –el resaltado es del original)

En las circunstancias anteriores el Estado debería abstenerse y cada vez lo hace más. En otras, en cambio, debería intervenir con el propósito de satisfacer el derecho de los ciudadanos a buscar y a recibir información, a través de facilitar su acceso a la información pública y de proveerlo con la información suficiente para la toma de sus decisiones. El propósito de esta intervención estatal lo ha sintetizado con claridad el teórico liberal Bruce Ackerman: “No es tarea del Estado responder a las preguntas fundamentales de la vida, sino equipar a todos los individuos con las herramientas que necesitan para ser responsables de sus propias respuestas” (El futuro de la revolución liberal, Pág. 29).

Un Estado con menos moralismo y más información, que devuelva y respete los derechos de cada persona sobre su propio cuerpo y que garantice el acceso y la provisión de información suficiente para que cada quien tome sus propias y razonadas decisiones morales, en uso de su libertad.