El Consejo de
Participación Ciudadana y Control Constitucional es el experimento institucional de Montecristi, su sonada contribución a
la ingeniería constitucional. Fue también, durante años, objeto de duras
críticas por la oposición al gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Hoy, el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Constitucional es el órgano más importante en
el gobierno del sucesor de Correa, Lenin Moreno. Manda más que el mismo Moreno
(o que su señora). Su Presidente, quien se siente que encarna la voluntad
popular y que eso le concede una virtual omnipotencia frente a los otros
órganos del Estado ecuatoriano, diga lo que diga la Constitución que frente a
la votación del 4 de febrero es apenas papel mojado, se llama Julio César
Trujillo y tiene 87 años. Una hermosa edad para declararse el Notario Cabrera de la Política.
En definitiva, el caso de
este consejo es doblemente paradójico: primero, resulta paradójico que sea el experimento institucional de Montecristi
el encargado de eliminar los vestigios del experimento
político de Rafael Correa. Segundo, resulta paradójico que la oposición a
Rafael Correa, que tanto criticó a este órgano del Estado durante el gobierno
de Correa, sea ahora una entusiasta defensora de su actuación durante el
gobierno de Moreno.
Nunca hubo principios. Es la mera conveniencia lo que se discute, en uno más de los re-acomodos de fuerzas que registra nuestra historia política.
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