Las miserias de nuestra clase política

Es asombroso cómo la clase política gobernante del Ecuador muestra sus miserias de una forma tan grosera. El “régimen de transición” que se aprobó el 4 de febrero de 2018 por la votación popular expresada a favor de la Pregunta 3 y su Anexo en el Referéndum de ese día, aprobó las reformas constitucionales al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese 4 de febrero fue el mejor día para el Gobierno de Lenin Moreno: fue el día que el pueblo ecuatoriano aprobó su proyecto de Consulta Popular y Referéndum de manera íntegra (un triunfo 10/10) y que venció a la propuesta contraria de Rafael Correa, con lo cual (aunque el Gobierno le jugó sucio y con cancha inclinada a Correa -como un informe de la OEA reconoce claramente) tuvo la legitimidad para empezar la persecución en contra de Correa y de todo lo que tenga tufo a “correísmo”, lo que enseguida puso en práctica.

Por el Referéndum del 4 de febrero de 2018 se aprobaron las reformas a la Constitución relativas a este órgano del Estado. El pueblo aprobó que termine el mandato de los consejeros en funciones a febrero de 2018, pero NO para eliminar después el órgano, sino para instalar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social “en transición” que lo reemplace (que es el que está actualmente en funciones, presidido por el Notario Cabrera de la Política, ese casi nonagenario crack que ha hecho en el gobierno lo contrario de lo que ha predicado en la academia, pero que se la pasa de alivio por tener un estatus de anciano inimputable para los medios de comunicación) y fijó el pueblo un plazo y una orden claras: dispuso que el Consejo del Notario deberá ejercer sus funciones “de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo”.

Es decir, tan sencillo como esto: la voluntad popular expresada el 4 de febrero de 2018 dispuso que haya un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Punto. ¿Entonces, por qué eliminarlo?

De hecho, la voluntad popular decidió que se elija este “nuevo Consejo” y que se lo haga en ciertas condiciones específicas por él decididas. Ese 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano reformó la Constitución, específicamente el artículo 207, para que en adelante se elija a este nuevo Consejo por votación popular. El 207 quedó así: “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados”.

Es en cumplimiento de este cambio dispuesto por la voluntad del pueblo en las urnas que el Consejo Nacional Electoral convocó a las primeras elecciones de este “nuevo Consejo”, que se celebrarán este 24 de marzo, es decir, en diez días. Será la primera vez que el pueblo podrá ejercer el derecho al voto para conformar este órgano, un derecho que se atribuyó a sí mismo por reforma de la Constitución.

Por eso es que la clase política gobernante muestra sus miserias de una forma tan grosera. El pueblo manifestó su voluntad de reforma y de continuidad de una institución, y ahora, sus mismos promotores, después de obtener la aprobación popular el 4 de febrero sólo para darse cuenta después de que su desgobierno de estos meses no resolvió nada sino que agravó las cosas (razón por lo cual ya no cuenta con la aprobación del pueblo: el 70 % está arrepentido de haberlo votado) buscan desconocer lo que el pueblo aprobó el 4 de febrero, porque ya no les conviene. En vez de someter el juego de la política al derecho, como se hace en países institucionalizados, quieren someter todo a los juegos de la política, aunque ello implique torcer de manera manifiesta y grosera la propia voluntad popular que a ellas los legitima. Es una vulgar canallada.

Porque es tan descomunalmente grande su doble rasero, que el discurso del Gobierno para apelar al voto popular del 4 de febrero de 2018 era muy distinto al que hoy postula. Antes postuló que las reformas para que la designación de sus integrantes eran para que pase a ser un órgano democrático y popular, supuestamente para enfrentar al futuro de una manera distinta, superadora de los vicios del pasado. Es así que de acuerdo con la “Justificación” del Gobierno para que el pueblo apruebe el Referéndum, este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se iba a aprobar el 4 de febrero era una forma de conservar este “hito transformador” de la Constitución, del que se buscaba retomar “el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. Para el Gobierno de esa época, si se aprobaba esta reforma constitucional por votación popular, ello implicaba “la aplicación del principio constitucional de progresividad de derechos” y una mejora de “los elementos de control ciudadano” sobre la gestión del nuevo Consejo. En esta “Justificación”, el Gobierno declaraba que la decisión que el pueblo ecuatoriano adoptara en el Referéndum del 4 de febrero de 2018 sería la decisión “adecuada”.

Toda esta palabrería, para a las primeras de cambio, abandonar su propuesta sin pena ni gloria. Si hubieran querido eliminar al Consejo de Participación debieron consultarle al pueblo del Ecuador ese 4 de febrero si, en efecto, tenía la voluntad de eliminar a este Consejo. Pero no lo hicieron, e hicieron algo muy distinto: le preguntaron al pueblo ecuatoriano si querían que haya en adelante, con voluntad de permanecer en el tiempo (porque no se hace una reforma constitucional por las huevas, gente), un nuevo Consejo reformado, a lo que el pueblo dijo que sí. Hoy quieren cagarse en esa voluntad popular (a pesar de que es ella misma la que sirve de base para todo el llamado “régimen de transición”, este fracaso coral que vivimos) pues ya no les sirve a sus fines políticos. Temen no poder controlar a este nuevo Consejo, así que mejor (para sus fines políticos) lo quieren eliminar. Aunque eso implica ir en contra de la voluntad popular. Aunque eso implique hacer a última hora, improvisadamente, lo que debieron hacer en otro momento. Aunque sobre esto último, pues no es nada nuevo: forma ya parte de las tradiciones institucionales incipientes de este fracasado “régimen de transición”.

Estas son las miserias de nuestra clase política gobernante, expuestas de la forma más grosera: hay cómo leer esta arremetida contra el nuevo Consejo de estos últimos días (el foro del CNE, las opiniones del Notario, la acción de inconstitucionalidad por omisión de Rafael Oyarte, el extemporáneo proyecto que presentó la desorientada Presidenta de la Asamblea Nacional, etc.) como lo que es: una medida desesperada por su incapacidad para gobernar. Es lo que hay, y tiene hondo tufo a hipocresía y subdesarrollo.

Ese 4 de febrero, en el Gobierno, fueron felices y tuvieron el favor popular, y en menos de catorce meses de renta, lo han dilapidado. Hoy se sostienen por una mezcla mediocre de retaceo y de prepotencia. En base a esta última, es que quieren cargarse lo mismo que ellos pidieron al pueblo que exista, ese día en que fueron felices. Ese 4 de febrero que ya parece tan lejano en el tiempo (pues el “régimen de transición” ha sido voraginoso y traquetero).

Y en base a lo primero, el retaceo, es que podrán comprar un poco más de tiempo. Pero no mucho más. Un Presidente que no gobierna, simplemente, no podrá sostenerse.