Las elecciones del 24 de marzo de 2019: como ni una

Este es un resumen del Informe Preliminar de la Misión de la OEA para las elecciones del 24 de marzo de 2019, del que se extraen algunas conclusiones.

La Misión de la OEA para estas elecciones, presidida por el tico Kevin Casas Zamora, presentó su Informe Preliminar sobre dicho proceso el martes 26 de marzo. El documento que se presentó a la opinión pública puso en un debido contexto las graves negligencias que afectaron el normal desarrollo de las elecciones del domingo 24.

Vamos a los bifes: Primero, enumeraré los fracasos que constató la Misión de la OEA en estas elecciones.

A. LOS FRACASOS DEL PROCESO ELECTORAL

1) En la organización electoral

* El CPCCS transitorio y los órganos de la Función Electoral: El CPCCS transitorio, creado por la voluntad popular manifestada en las urnas el 4 de febrero de 2018 y presidido por el Notario Cabrera de la Política, Julio César Trujillo, evaluó a los órganos de la Función Electoral, los destituyó y nombró a dedo a sus reemplazos transitorios, sin tener una facultad normativa para hacerlo como no sea otra que las “facultades extraordinarias” que ellos se atribuyeron a sí mismos, por las que se han atribuido incluso una capacidad de control por sobre las autoridades por ellos nombradas a dedo. Ello justifica este criterio de la Misión de la OEA en su informe: “De cara al futuro, es importante que las autoridades electorales gocen de la estabilidad necesaria para desempeñar sus tareas, con independencia y sin presiones externas” (p 2).

La consecuencia de la intervención del CPCCS transitorio en los órganos electorales es que, como lo observó la Misión de la OEA, en poco menos de dos años, “el CNE tuvo cuatro cambios de presidencia y tres cambios en su integración” (p. 2) mientras que sobre el TCE, la Misión declaró estar preocupada “por la tardía e incompleta constitución del TCE, con fecha posterior a la convocatoria a elecciones y estando pendiente la designación de los jueces y juezas definitivos, y el nombramiento de tres de los cinco suplentes” (p. 4). Para mayor inri, los propios jueces del TCE le dijeron a la Misión que carecen “de recursos financieros suficientes para el ejercicio de sus funciones” (p. 4).

* Retrasos en los procedimientos: La Misión constató que “el calendario electoral aprobado por el CNE no contempló suficiente tiempo para la atención y resolución de los distintos recursos, apelaciones e impugnaciones previstas en la legislación ecuatoriana” (p. 2). Por este hecho, se produjeron “retrasos en la calificación de candidaturas, así como en la atención de los recursos contenciosos presentados” (p. 2).

2) En el día de las elecciones

* Desconocimiento de los miembros de las juntas receptoras del voto: La Misión reportó el desconocimiento existente en los funcionarios electorales. En los centros de votación, los observadores de la Misión de la OEA “reportaron desconocimiento por parte de los MJRVs [Miembros de la Junta Receptora del Voto] en el manejo del material electoral y en los procedimientos que debían seguir” (p. 3), así como también lo observaron durante la fase de escrutinio: “la Misión volvió a constatar la confusión de los MJRVs sobre el procedimiento a seguir y su desorganización al clasificar las papeletas por dignidades” (p. 3).

* Difusión en la web: La Misión observó que “la página web de divulgación de resultados falló alrededor de las 8:00 pm y hasta la madrugada” (p. 6).  

3) Sobre el derecho a elegir

* Voto de los extranjeros: La Misión consideró que la decisión administrativa de depurar el padrón electoral de los extranjeros debió “ser ampliamente comunicada, de forma que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla (en este caso, inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas” (p. 5). La depuración debió reflejar el número real de personas habilitadas para votar en la elección, pero la eliminación del registro de alrededor de 43.000 extranjeros inscritos desde el 2009 se la hizo sin mantener una debida comunicación con las comunidades de extranjeros residentes en el Ecuador. En su visita, la Misión recibió “numerosas comunicaciones” relacionadas con esta privación del derecho a elegir (p. 5).

* Voto de los pueblos y nacionalidades indígenas: La Misión recibió información sobre las “distancias considerables en algunas localidades, donde los votantes deben recorrer varios kilómetros a pie o por vías fluviales para ejercer su derecho al voto, lo cual afecta desproporcionadamente a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres” (p. 7).

* Voto secreto: Por la concentración de ciudadanos en espera de votar se improvisaron medidas “como habilitar pupitres sin biombos para agilizar la votación. Si bien esto facilitó que se pudiera votar con más rapidez, en algunos casos pudo comprometer el derecho al voto secreto” (p. 3)

4) Sobre el derecho a ser elegido

* Financiamiento político-electoral: La Misión de la OEA refirió que en el caso de un entorno político “altamente fragmentado” como el ecuatoriano, “la ausencia de barreras para acceder al financiamiento público genera una enorme atomización de la contribución estatal” (p. 8). También indicó que, si bien la Ley contempla “la posibilidad de asignar recursos para formación y capacitación, no establece un monto o porcentaje para ello” (p. 8).

La Misión advierte, sin embargo, que: “Más problemática es la situación del financiamiento privado, que no es fiscalizado durante la campaña y está sujeto a un débil escrutinio posterior, con un retraso de hasta dos años en la presentación de reportes”, lo que “reduce seriamente la eficacia del control existente” (p. 8).

* Propaganda electoral: La Misión de la OEA constató “varios casos donde las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas fueron rechazadas con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en algunos casos, se exigió el uso de palabras específicas” (p. 9). La Misión destacó la ineficacia de los órganos electorales: “aunque las autoridades electorales disponen de 48 horas para aprobar la publicidad propuesta por los candidatos y candidatas, el proceso de revisión y aprobación de propuestas revisadas puede demorarse varios días, afectando en la campaña de los actores” (p. 9).

Asimismo, la Misión de la OEA señaló que “los medios nativos digitales tuvieron dificultades para inscribirse como proveedores de publicidad electoral” (p. 9). La OEA no cuenta el detalle, pero hubo hasta un proceso que llevó el medio digital Ecuadorinmediato que llegó al TCE, pero cuya sentencia favorable a Ecuadorinmediato fue burlada por el CNE en su aplicación.

* Violencia en contra de algunas candidatas: La Misión de la OEA destacó que se informó “de algunos incidentes de violencia política contra las mujeres durante la campaña electoral, incluyendo una denuncia pública de dos candidatas al CPCCS por haber sido objeto de un ataque personal inaceptable por parte de un expresidente de la República” (p. 7).

N.B.: Es ese reiterativo momento de la vida política del Ecuador en la que el expresidente Bucaram te causa vergüenza.

* La problemática elección popular de los consejeros del CPCCS: La Misión de la OEA observó, desde su introducción, que la elección popular de las autoridades del CPCCS “ha presentado un conjunto particular de desafíos, que requieren de atención prioritaria” (p. 1). Primero, por los requisitos y las prohibiciones que se introdujeron para la participación como candidato al CPCCS, pues hasta las propias autoridades electorales le reconocieron a la Misión que “restringían la participación plural” (p. 10). La Misión de la OEA notó, en particular, “el requisito de haber renunciado a funciones públicas dos años y medio antes de la fecha de inscripción de candidaturas, dado que esta ley fue reformada apenas un año antes de la celebración de los comicios” (p. 10). La Misión se guardó de decirlo, pero es justo enfatizar que esta disposición es una abierta discriminación contra las personas que ejercieron autoridad en el anterior Gobierno y que el efecto que tuvo fue la restricción de su participación política.

La Misión de la OEA se refirió a la promoción electoral para los candidatos al CPCCS. Destacó el malestar de los candidatos con el hecho de que la información sobre ellos era “tardía y limitada” (p. 11). La Misión reconoció que: “El esquema de comunicación utilizado para la difusión de estas candidaturas no permitió que la ciudadanía conociera a los aspirantes y que pudiera votar de manera informada” (p. 11). Y constató una grave inconsistencia que afectó el derecho a elegir: “la Misión observó que el material que se utilizó para difundir a las y los candidatos utilizaba números de casilleros que, al momento de votar, no estaban en la papeleta. Contar con esos números hubiera dado a los electores un elemento más para reconocer a los candidatos/as” (p. 11).

Es destacable, asimismo, que la Misión reconoce que, por tratarse de una elección de tipo nacional, los candidatos incurren “en gastos asociados a la búsqueda de votos” y que “ante la ausencia de financiamiento público para este propósito y la prohibición de acceder a financiamiento privado, los candidatos a éste [sic] órgano se ven forzados a conseguir recursos propios o de terceros, convirtiéndose en fondos que no son visibilizados” (p. 11). En pocas palabras, el diseño es tan estúpido, tan digno de “La Isla del Tirano Castro”, que su único efecto puede ser la trampa vía “fondos que no son visibilizados”. Pero no la trampa de unos: de TODOS.

Además de este grosero problema de diseño, la Misión constató un problema de control, pues “existió una campaña que claramente movilizó recursos para el voto nulo, sin que esto estuviera regulado. Por ejemplo, autoridades y actores políticos llamaron al voto nulo, incluso en período de silencio electoral, lo cual distorsionó la equidad en la elección” (p. 11). Esta distorsión fue el resultado, sin mencionarlo expresamente, de las varias peroratas del Notario Trujillo, Presidente del CPCCS transitorio, además de otro consejero, Pablo Dávila, y otras autoridades de Gobierno. El Presidente Moreno no dijo nada, porque ya está en fase de arresto: “todo lo que diga podrá ser usado en su contra”. Y mejor sobrevive lo poco que le queda calladito.

Sobre el voto nulo, la Misión indicó que la etapa pre-electoral “estuvo marcada por la incertidumbre sobre la calificación de los votos nulos en la elección de consejeros y consejeras del CPCCS” (p. 2) por lo que incluso el Jefe de Misión de la OEA intervino para exhortar “al CNE a explicar con claridad las reglas relativas al conteo” (p. 3) pero la incertidumbre se mantuvo “hasta la misma jornada electoral” (p. 3). La Misión criticó esta incertidumbre, sobre la que constató el día de la elección “la confusión de la ciudadanía (votantes y miembros de juntas receptoras del voto) respecto a la modalidad que se usaría para contar los votos nulos de la elección del CPCCS” (p. 12).

En materia del procedimiento de descalificación que el CNE inició en contra de cinco candidatos a integrar el CPPCS (Walter Gómez, Juan Dávalos, Carlos Espinoza, Graciela Mora, Victoria Desintonio), la Misión destacó que “considera problemático que se le dé curso a un procedimiento de este tipo, cuando ya incluso estaba en marcha la votación. Las autoridades deben velar por garantizar la certeza jurídica a las y los candidatos previamente habilitados, así como a la ciudadanía para que su voto pueda ser reflejado de manera fiel en los resultados electorales” (p. 13). De hecho, en una recomendación sobre este punto, la Misión de la OEA recalcó el deber de: “Aplicar criterios universales en cualquier proceso que derive en potenciales inhabilitaciones. La Misión considera que, ante iguales circunstancias, deben seguirse iguales procedimientos” (p. 13). Es decir, advirtió de manera sutil sobre una posible vulneración del derecho a la igualdad en perjuicio de estos cinco candidatos singularizados en una investigación irregular (que todavía no concluye).

Todo se hizo tan mal, que la recomendación de la OEA fue “que la legislación y los procedimientos aplicables a la elección del CPCCS, sean integral y profundamente revisados, para evitar que se repitan en el futuro los numerosos problemas que afectaron este primer ejercicio electoral” (p. 13). Fue un proceso hecho a la medida de la Ley de Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Y si detrás está Trujillo, invariablemente mal.

Por supuesto, todos estos fracasos trajeron consecuencias, afectaciones a los derechos.

B) AFECTACIONES A LOS DERECHOS

Por todos estos fracasos en la organización de un proceso electoral, en palabras de la propia Misión de la OEA, los siguientes derechos fueron afectados:

1) Derecho a la equidad en la participación electoral: La Misión de la OEA constató el hecho de que el CNE fue incapaz de concluir los procesos de calificación de candidaturas y los recursos presentados al respecto antes de que las candidaturas tuvieran acceso al financiamiento público, por lo que esta negligencia del CNE comportó “que algunos candidatos y candidatas accedieron de forma tardía a la posibilidad de promocionarse”, con lo que, advirtió la Misión, “se vio afectada la equidad en la contienda” (p. 2).  

2) Derecho a la transparencia del proceso: La situación del conteo del voto nulo (explicada en detalle en este escrito cuando se habló de la elección de los candidatos al CPCCS en el Punto A.4) provocó una situación de marcada incertidumbre, la que a pesar de los exhortos de la Misión de la OEA, se mantuvo hasta el día de la elección. La Misión de la OEA destacó que era fundamental lo que precisamente faltó en este proceso: “que en todo momento, los ciudadanos y los candidatos tengan certeza y claridad sobre una parte tan transcendental como es el conteo de votos” (p. 3), pues “una correcta divulgación es fundamental para la transparencia del proceso, la generación de confianza y la información que se le brinda a la ciudadanía” (p. 4).

3) Derecho al voto secreto: La solución improvisada de resolver la concentración de ciudadanos en espera de votar a través de medidas “como habilitar pupitres sin biombos para agilizar la votación” facilitó que la gente vote más rápido, pero “en algunos casos pudo comprometer el derecho al voto secreto” (p. 3). Lo que muestra una solución de este tipo es la mala planificación, la ausencia de protocolos y el desparpajo de adoptar una alternativa irrespetuosa de un derecho constitucional, pues el artículo 62 de nuestra Constitución, además del artículo 23.1.b de la Convención Americana, establecen que el voto debe ser “secreto”.

4) Derecho al voto de los extranjeros: La eliminación de extranjeros del padrón electoral, mostrada en el Punto A.3 de este escrito, es una vulneración del derecho de las personas extranjeras de ejercer su derecho al voto, protegido en el artículo 63 de nuestra Constitución, pues la falta de comunicación a las comunidades de extranjeros impidió “que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla (en este caso inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas” (p. 5).

5) Derecho a la libertad de expresión: La Misión de la OEA constató “varios casos donde las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas fueron rechazadas con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en algunos casos, se exigió el uso de palabras específicas” (p. 9) por lo que sostuvo que “la intervención del CNE en ese sentido trasciende el control mínimo de legalidad y podría constituir censura previa, incidiendo sobre la libertad de expresión y la protección del discurso político de los actores del proceso electoral” (p. 9).

6) Derecho a la participación política de las mujeres: La Misión de la OEA destacó que se informó “de algunos incidentes de violencia política contra las mujeres durante la campaña electoral, incluyendo una denuncia pública de dos candidatas al CPCCS por haber sido objeto de un ataque personal inaceptable por parte de un expresidente de la República”, sin embargo, este comportamiento no mereció ninguna atención por parte de las autoridades del CNE.

7) Derecho a la participación política de los candidatos a integrar el CPCCS: En el Punto A.4 de este escrito, en la parte relativa a la “problemática elección popular de los consejeros del CPCCS”, la Misión de la OEA observó una abierta discriminación en contra de las autoridades del anterior Gobierno para participar en este proceso, destacó las graves deficiencias en la promoción electoral de los candidatos, señaló la implicación lógica de un pésimo diseño que deriva a “fondos que no son visibilizados” (es decir, a un fraude a la Ley), criticó la falta de control a la campaña por promover el voto nulo que distorsionó la equidad de la elección, lamentó que se haya llevado a cabo el proceso con incertidumbre sobre cómo contar los votos para elegir a los candidatos hasta el mismísimo día de las elecciones y estimó como “problemático” que, con las elecciones en curso (por el voto en cárceles) se haya iniciado un proceso de descalificación contra cinco candidatos, que aún no concluye. La Misión advirtió, en concreto, que este comportamiento que singulariza la sanción en contra de algunos candidatos podría estimarse discriminatorio.

Estas afectaciones fueron materia de varias recomendaciones de la Misión de la OEA.

C. RECOMENDACIONES DE LA OEA

Entre otras, pero dichas de corrido: capacitar a los miembros de mesa, adoptar medidas para agilizar la votación (reducir número de votantes por Junta/aumentar el número de biombos), regresar al sistema de “una urna para cada dignidad”, comunicar de manera efectiva las decisiones de depuración del registro electoral, considerar la creación de un Registro Civil autónomo del Poder Ejecutivo que confeccione el padrón electoral, fortalecer la comunicación con los partidos y movimientos políticos y capacitarlos, institucionalizar la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informativo, adoptar medidas para que la web no se caiga hasta completar la transmisión del total de las actas, aumentar el número de digitadores, adoptar medidas de paridad horizontal en la participación política de hombres y mujeres, adoptar una legislación para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres que participan en política (y ofreció a la “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres” como un marco referencial) así como un protocolo de actuación frente a hechos de violencia política contra las mujeres, incluir la variable de “etnia” en la confección del padrón electoral, acercar los centros de votación a los lugares de residencia de pueblos y nacionalidades indígenas, elaborar manuales de capacitación en lenguas kichwa y shuar, robustecer las facultades para la detección y la sanción de infracciones en el financiamiento público y privado, considerar la introducción de una barrera de acceso al financiamiento público electoral y la posibilidad de un reembolso si el beneficiario no alcanza un resultado electoral mínimo, indicar una cantidad exacta de recursos a destinar a la capacitación por parte de los partidos y organizaciones políticas, reformar el Reglamento de Promoción Electoral para garantizar el artículo 13 de la Convención Americana relativo al derecho a la libertad de expresión, actualizar la normativa para incluir a los medios nativos digitales como proveedores de publicidad política, revisar la normativa sobre restricciones a la participación política de los candidatos del CPCCS, regular el financiamiento privado para garantizar las condiciones de igualdad en la competencia electoral, establecer reglas y aplicar las normas y sanciones del Reglamento para la Promoción Electoral a quienes hagan campaña por el voto nulo, así como aplicar criterios universales en el caso de unas posibles inhabilitaciones a candidatos. Es mucho lo que hay que mejorar.

Aunque no sea exhaustiva la lista, sí que deja exhausto a quien la lee de corrido: son tantas las cosas a corregir, que es casi como si los integrantes del CNE se hubieran coludido para hacerlo tan mal. Son tantas, que se las podría resumir en la frase: “Es mejor empezarlo de nuevo”*. El fracaso rotundo en la organización de estas elecciones ha sido muy notorio.

D. RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Sobre el comportamiento de los partidos y las organizaciones políticas la Misión dice que ellas deben canalizar “sus reclamos a través de los medios institucionales, en lugar de mediatizar los conflictos” (p. 4) y que debe sujetarse el uso que hacen de los recursos que les otorga el CNE a mayores controles, porque hoy se tiene “un débil escrutinio posterior” (p. 8).

El nivel de irresponsabilidad del CNE frente a los partidos y movimientos políticos es tal, que únicamente resta por conocer si finalmente harán su último acto de magia y le insuflan capacidad jurídica a un muerto, que pasaría a ser “Lázaro Gonzabay”. Sería de Ripley, pero Ecuador no es ajeno a este tipo de estupideces.  

E. EL ÚNICO RECONOCIMIENTO

Por cierto, el único reconocimiento rotundo que hizo la Misión de la OEA fue que “tuvo la oportunidad de presenciar la coordinación institucional que se lleva a cabo en el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 con el fin de garantizar la seguridad en la jornada electoral, una práctica que la Misión celebra y que sería deseable ver replicada en otros países” (p. 3). Es una lástima que el único mérito que encuentra la Misión de la OEA en todo este desmadre es el ECU911, un laurel que le corresponde al Gobierno de Correa.

F. CONCLUSIONES

Hicieron bien como ni una. Somos una vergüenza continental.

Porque por todas partes hacemos agua cuando de votar se trata: el TCE está mal, pero el CNE está incluso peor. Los partidos y las organizaciones políticas son ignorantes de cómo proceder ante los órganos electorales y tienden a “mediatizar” la política, los integrantes de las juntas electorales no conocen los procedimientos que tienen que cumplir y los votantes no saben cómo votar, o son excluidos irregularmente del padrón. TODOS los actores del proceso electoral en Ecuador están viciados, lo que garantiza que el proceso sea anómalo: se necesita, como dice la Misión de la OEA, hacerle una “revisión integral” (p. 1).

Y, como lo he advertido en otras ocasiones (incluso en presencia de un par de consejeros), las irresponsabilidades de las autoridades de este Gobierno (electorales y de otro tipo, pues no hay que olvidarse del vergonzoso papel que ha desempeñado el Notario Cabrera de la Política, por ejemplo) traerá cola en la arena internacional. Esto resulta particularmente cierto en el caso de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues fue contra ellos (en particular contra los cuatro que se iniciaron procesos durante el silencio electoral) que se ha evidenciado que se echó a andar una (fracasada) maquinaria del Estado para afectar su oportunidad real de ser elegidos.

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* El CNE podría ponerse cortazariano y mientras se recompone y se hace unos afeites, un extreme makeover, un verdadero overhaul, un rescate de sí mismo y de lo bajo que ha caído, podría adoptar esta frase de Julio Cortázar como lema: “No todo está perdido, si tenemos el valor de admitir que todo está perdido, y empezarlo de nuevo”. Pero no, eso no va a pasar: esta gente está muy cerca del PSC, muy lejos de la poesía.