30 de noviembre de 2019

Las relaciones exteriores de Quito en 1809


Como ya se sabe pero aún nos falta aceptarlo, la destitución de las autoridades españolas de Quito el 10 de agosto de 1809 no buscó la independencia del Reino de España. Quito siempre (incluso en la llamada “Constitución de 1812”) se sintió parte del Reino del bobo y necio de Fernando VII.

Pero lo que sí buscó Quito en los albores del siglo XIX es la autonomía del territorio a su cargo, esto es, de la Audiencia de Quito. Y Quito quiso situarse en la cúspide de este nuevo orden autónomo que creaba. Esa fue su aspiración en agosto de 1809.

Para concretar esta aspiración, la Junta de Gobierno de Quito, que fue el órgano creado en reemplazo de las autoridades españolas, decidió la creación de un ministerio encargado de las relaciones exteriores y colocó al antioqueño Juan de Dios Morales a cargo del ministerio llamado de “Estado, Guerra y Relaciones Exteriores” (se crearon dos ministerios: el otro fue el llamado de “Hacienda, Gracia y Justicia”, a cargo del altoperuano Manuel Rodríguez de Quiroga).

Para persuadir a las provincias vecinas, primero la Junta de Quito entabló correspondencia con personas influyentes, a fin de que ellas intervengan para que en Popayán, Guayaquil y Cuenca se le reconozca a Quito su anhelada primacía. Cuando se evidenció que esto era insuficiente, se decidió el envío de legaciones a Popayán, Guayaquil y Cuenca para buscar ese reconocimiento, con resultados desastrosos.

A Popayán, Quito envió a los payaneses Manuel Zambrano y Antonio Tejada. Tejada, de plano, declinó participar por considerar al proyecto como “sedicioso”. Zambrano, por su parte, fue repelido. (Esta historia se cuenta en detalle en el artículo ‘Impacto del 10 de agosto en la Gobernación de Popayán’).

De Quito a Guayaquil se despachó a los quiteños Jacinto Sánchez de Orellana, alias “II Marqués de Villa Orellana”, y José Fernández-Salvador, quienes le enviaron una comunicación al Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, a fin de informarle de su propósito de visita; en respuesta, Cucalón les advirtió que a lo único que se comprometía era a tratarlos “sin impropiedad”. Sánchez de Orellana, entonces, detuvo su viaje; Fernández-Salvador, en cambio, renunció a su comisión y acudió a Guayaquil, pero a dar “declaraciones circunstanciadas acerca del estado de los rebeldes, sus hechos y armamento”. Es decir, en calidad de delator.

Con los delegados de Quito a Cuenca no les fue mejor. Al sur se envió al payanés Salvador Murgueitio y al quiteño Pedro Calisto. Murgueitio y Calisto nunca fueron aceptados en Cuenca, a la que no pudieron entrar. Calisto, “pocos días después, se unió a las autoridades regentistas y trabajó activamente para disolver el gobierno revolucionario”. Es decir, fue un traidor. (Los detalles de estas tres legaciones, en: ‘Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito’).

Así, se puede decir que Quito tuvo tres niveles de relaciones políticas entre agosto y octubre de 1809. La de los pueblos de su provincia, la de las capitales de las provincias vecinas y la que buscó tener con un capitán inglés.

De los pueblos de su provincia (la Sierra centro y norte de lo que hoy es el Ecuador), Quito obtuvo la unanimidad de su apoyo. Pobre gente, tampoco les quedaba de otra.

A las capitales de provincia se las intentó persuadir con correspondencia y delegados, con el rotundo fracaso ya conocido.

Queda, finalmente, el singular caso de cuando la Junta de Gobierno de Quito quiso entablar relaciones con gente de Gran Bretaña, porque ella era opositora de los franceses y tenía buques que podían surcar los mares. Pero esto entrañaba una dificultad para Quito pues su provincia era un territorio, en la práctica, mediterráneo.

Pero esto no lo arredró al Marqués de Merry Jungle, Presidente de la Junta, quien escribió una carta dirigida a un destinatario genérico y puso: a “cualquier capitán de buque inglés”. La idea en Quito era que el capitán de la Pérfida Albión receptor de esta comunicación de Merry Jungle se debía conmover de los hechos ocurridos en unas lejanas montañas y entonces comprometerse a traficar armas, y a traer cada vez más, para dejarlas en una playa u otra. A cambio, los quiteños se encargarían de subir las armas a sus montañas (el páramo, que diría el exalcalde Nebot) y de pagar a los ingleses que asumieran todos estos riesgos “a precio corriente”. No parecía haber mucho incentivo para que los ingleses asumieran los riesgos que requería ayudar a estos montañeses en lucha.

De todas maneras, el plan no se lo pudo poner en práctica, porque los enviados de Quito al puerto de La Tola ni siquiera pudieron llegar a la playa a buscar a ese hipotético y agencioso capitán inglés. Desde Popayán se ordenó cerrar el acceso a los pueblos de Carondelet y La Tola, ante lo cual Quito mejor se quedó quedito. (Esto se cuenta en ‘Impacto del 10 de agosto…’).

Al final, la revolucionada Quito se quedó mediterránea y sola y en riesgo; su único consuelo era el soporte de los pintorescos pueblos de su provincia. Sin aliados, y sin la posibilidad de producirlos (pues el repudio de las provincias vecinas fue total), la supervivencia de la Junta de Quito se tornó imposible, y terminó por claudicar en octubre de 1809. La Junta fracasó, así, en su propósito esencial: el ser aceptada, en ese 1809, como la ciudad primus inter pares del extenso territorio de la Audiencia de Quito. Nadie quiso permitírselo.

Y en cuanto a la persona que asumió el cargo de Ministro de Estado, Guerra y Relaciones Exteriores, el antioqueño Juan de Dios Morales, fue detenido cuando llegaron las tropas de Lima pedidas por el Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón y fue iniciado entonces un proceso en contra de los involucrados en los hechos del 10 de agosto de 1809. Morales permaneció en la cárcel, hasta que el bravo pueblo quiteño lo intentó liberar el 2 de agosto de 1810 pero, como es por todos conocido (incluso Dios “miró, y aceptó el holocausto”, según cuenta nuestro himno), dicho intento de liberación fracasó.

El final, entonces, fue atroz. Las tropas del Perú que cuidaban la cárcel, en respuesta a la incursión, pasaron por las armas a todos los presos que pudieron, entre ellos, al exministro Morales, único funcionario de ese efímero y nada efectivo Ministerio del año 1809. Y sanseacabó.

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