El Ecuador es... el Vengador Tóxico

Creo que si el Ecuador fuera un superhéroe, debería ser El Vengador Tóxico:

Todos los cuatro avances de la peli. Delirantes, como la política de mi país.

Es como un Melvin lleno de buenas intenciones: basta con leer su Constitución.

Los toros en Quito (hacia 1860)

A García Moreno no le gustaban los toros. A él se debió un cambio en la que se conoce hoy como La Plaza de la Independencia*, que se lo conserva hasta ahora: le puso césped y plantó árboles. El propósito de este cambio era evitar que se juegue a los toros en la plaza.

Porque la Plaza de toros, como espacio, fue un invento moderno (a Quito llegó en 1917, con la Plaza de toros Belmonte). Lo habitual era jugar a los toros en la plaza del pueblo. En Quito, esa plaza era entonces la Plaza Mayor, pero después de las reformas de García Moreno, los toros se pasaron a jugar en la plaza San Francisco.

Todo esto lo cuenta el primer embajador que envió el Gobierno de los Estados Unidos de América al Ecuador, Friedrich Hassaurek. Después de su misión diplomática desempeñada entre los años 1861 y 1865, Hassaurek publicó en 1867 un libro que es una joya para comprender el Ecuador en el primer período garciano: ‘Four years among the Ecuadorians’ (‘Cuatro años entre los ecuatorianos’). Allí Hassaurek cuenta sobre las corridas de toros, las peleas de gallos y otras barbaridades. O las que él vio como barbaridades.

Porque el embajador Hassaurek fue un severo crítico con la sociedad que le tocó conocer. Fue particularmente duro con Quito, con sus mujeres, su higiene y sus costumbres comerciales. Y dice que, en su época, los toros eran “[l]a primera y más popular de todas las diversiones”. Y que era entre los días de Navidad y de Año Nuevo, es decir, por estos días pero en el siglo XIX, que empezaba una fiesta colectiva.

En ella, todos los espacios están…

“… llenos de gente: blancos, indios, cholos, zambos, mulatos, negros, hombres, mujeres y niños. Es la vista más pintoresca. Hombres en chaquetas, ponchos y sombreros de todo estilo y color; mujeres que llevan sus chales y rebozos de toda posible variedad; las diferentes contexturas del pueblo, el lujo y el esplendor de las ventanas y los balcones; los jóvenes caballeros que pasean elegantemente de un lado a otro de la plaza; los soldados en sus uniformes de domingo mezclándose con gente inferior; los niños que silban y los perros que ladran al toro que se aproxima; las banderas flamean en los techos y las ventanas; una banda de instrumentos de viento que lanzan sonidos terribles; cohetes y torpedos que explotan aquí y allá; y el toro que corre y corre mientras la multitud escapa en estampida y lanza gritos de miedo; todo esto presenta una visión grotesca y fascinante al ojo del extranjero” (p. 174).

Era una fiesta distinta a la del “héroe” único que enfrenta al toro. Acá todos participan, y si bien se maltrata al animal, el objetivo del juego no es matarlo. De hecho, era bastante más usual que mueran personas embestidas por él, lo que mereció esta asombrosa observación de Hassaurek: “Un día de toros sería poco divertido sin que haya habido personas heridas e incluso muertes. Mientras más accidentes hayan ocurrido en el día anterior, más serán los espectadores al día siguiente.” (p. 175)

La fiesta en La Plaza Mayor, frente al Palacio de Carondelet, se llevaba así:

“Los bordes de la plaza están cercados con barricadas para prevenir el escape de las bestias furiosas a alguna de las calles vecinas. En una de estas calles se levanta un cerramiento temporal dentro del cual se mantiene a los toros durante los tres días que suele durar el festival. Tan pronto como comienza la corrida, se suelta un toro y así empieza la fiesta. Hombres y jóvenes, la mayoría de los cuales está en un estado muy avanzado de embriaguez, tientan al toro desplegando sus ponchos, sus abrigos, sus sombreros y sus ropas en general; también arrojan al animal lanzas de madera, piedras e incluso le halan la cola. Los espectadores de abajo acompañan con silbidos y chillidos, con el propósito de enfadar aún más al animal. Si el toro arremete, todos huyen; los toreros más experimentados se lanzan a un lado y arrojan su poncho al animal. Yo he podido presenciar algunos escapes afortunados de los toreros. Si el animal continúa quieto, los toreos se aproximarán nuevamente. A veces le suelen presentar al animal espantapájaros y cuando este los derrumba la gente se regocija mucho. El objeto de los que alardean de ser buenos toreadores es incitar al toro a que arremeta contra ellos, ganándose el aplauso de los espectadores cuando logran desviar la embestida. En cierta ocasión vi a un negro realizar maravillosas maniobras de agilidad, consiguiendo al final que más bien el toro quede extenuado. Sin embargo, suelen ser pocos los buenos toreros. La multitud enoja al toro pero corre tan pronto como le ve lanzar una mirada amenazante. A pesar de todo ocurren accidentes de gravedad. Un toro bravo tumbará a unos pocos que sean demasiado lentos o que estén demasiado borrachos como para escapar a tiempo. Pero esto es parte imprescindible de estas festividades y hace que sea más interesante y excitante a los ojos de la multitud” (pp. 175-176).    

Bárbaro, sí, pero parece entretenido.

* Un nombre que, como se lo demuestra en este enlace, es una vulgar farsa.

Ricky Napolitano

Hubo un momento en que Héctor Napolitano se pareció a Ricky Gervais. And Merry Christmas.

Siglo y medio de miseria y derrotas

Entender la singularidad de San Francisco de Quito en el contexto suramericano supone el esfuerzo intelectual de comprender un siglo y medio de su historia. Este relato empieza, entonces, a finales del siglo XVII, cuando hubo el cambio de dinastía en la Península.

Hasta 1700 gobernó el Reino de España un imbécil, Carlos II El Hechizado. Fue el último de los Habsburgo. Al cambio entraron los Borbones de Francia, e implementaron una serie de medidas económicas en sus posesiones americanas. Y para ponerlo en simple: en el gran proyecto borbónico para el desarrollo económico de su porción de América, el área de influencia de la ciudad de Quito, y la capital misma, iban a ser sacrificadas.

Así, el siglo XVIII le sacó la entreputaffff a Quito. Todas sus glorias del siglo anterior, de los tiempos de los Habsburgo, se convirtieron en recuerdos. Vale citarlo en extenso a Tyrer, en su estudio sobre la situación económica de la Audiencia de Quito:

“Cualquier lector o investigador de la historia ecuatoriana del siglo dieciocho no puede sino impresionarse con los continuos reportes sobre la lamentable situación económica de la Audiencia de Quito. […] Con su pasada gloria venida a menos, las ciudades de la Audiencia, y su población estaban ahora cayendo en ruinas. La élite estaba reducida a la pobreza […]. Incluso las clases altas se habían visto en la necesidad de conseguir bienes y servicios mediante el trueque, lo cual, en palabras del presidente Mon y Velarde ‘es la señal indefectible de la miseria y la pobreza de los países donde se exerce’” (‘Historia demográfica y económica de la Audiencia de Quito’, p. 237).

De esta miseria económica, se siguieron toda suerte de calamidades: por ejemplo, la merma de los territorios bajo su administración. La lógica era muy simple para la Monarquía Católica a la que Quito estaba orgullosa de pertenecer: si no tienes recursos (si eres pobre, miserable), mal puedes administrar territorios y le corresponde a otro hacerlo en tu lugar. Puede decirse que Quito quería mucho a la Península, pero a la Península le valía muy poquito Quito, al punto que la destripó a gusto. El recuento de las pérdidas territoriales quiteñas, a cargo de la gran Federica Morelli:

“[Quito] sufrió numerosos recortes jurisdiccionales: en 1779 la creación de un nuevo obispado en Cuenca privó a la jurisdicción eclesiástica de Quito de su dominio sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; el paso en 1793 de Esmeraldas, Tumaco y La Tola (en la costa septentrional) bajo la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de Nueva Granada; la creación en 1802, mediante Cédula Real, de una nueva diócesis y de un gobierno militar en Mainas, directamente dependientes de España; y finalmente, la anexión al virreinato del Perú en 1803 del gobierno de Guayaquil, que escapaba así a las jurisdicciones de Quito y de Santa Fe, impuesta por una nueva Cédula Real” (‘Las declaraciones de independencia en Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados’, pp. 76-77).

Repasemos: Quito, y la Sierra Centro-Norte, que era su área de influencia, fue una región boyante por sus obrajes, que administraba un gran territorio que incluía vastos territorios al Norte del Río Carchi. Un mapa de 1779, el año de su primera merma importante (el traspaso de la jurisdicción eclesiástica a Cuenca -que no era una cuestión menor, pues quien ejercía la jurisdicción, cobraba el diezmo), todavía mostraba a un Quito con sus posesiones al Norte, que pronto perdería:

 

Opuesta fue la situación creada por el régimen de los Borbones para Guayaquil y su área de influencia. Para el último tercio del siglo XVIII, “el cacao de Guayaquil comenzó a competir con el de Venezuela en el mercado mexicano; era más barato y estaba menos expuesto a los ataques de los ingleses, ya que tomaba la ruta del Pacífico. La región de Guayaquil conoció entonces un gran desarrollo”, afirma Joseph Pérez en su premiada “Historia de España” (Pág. 350). Para esa misma época, Pérez describe la situación de miseria en Quito: “En Quito, en torno a 1770, nueve obrajes de los once que existían cerraron; lo mismo sucedió con las fábricas de sombreros –sólo quedaban cuatro sobre treinta y ocho-, con las fábricas de tejas –de nueve, quedaban tres- con la alfarería…” (Pág. 349).

Son esta miseria económica y pérdidas territoriales las que deben entenderse para una cabal comprensión de los hechos del 10 de agosto de 1809. La situación en la Península Ibérica les abrió a los empobrecidos quiteños de clase alta una “ventana de oportunidad” para iniciar una reacción conservadora en Quito a fin de tratar de recuperar el dominio sobre sus antiguos territorios. En ese sentido, la propuesta de Quito era un retorno al pasado: una apuesta a favor de la religión y el Rey Borbón, así como una forma de resistencia contra los franceses gobernados por el “Tirano de Europa” (Napoleón) e hijos de la revolución de 1789 que había guillotinado a la familia Borbón del trono francés. Ese es el sentido de su Proclama del 10 de agosto de 1809.

De hecho, a este propósito de expandir las Buenas Nuevas de su revolución defensora de la fe se organizó la naciente Junta de Gobierno quiteña para enviar, como lo he relatado en otro artículo, delegados a todas las provincias vecinas. De ninguna cosechó un apoyo, ni tan siquiera un gesto de buena voluntad.

Porque Quito, hay que decirlo, tampoco fue fino en sus propósitos. Como lo ha destacado Morelli, en su brillante libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”:

“la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas. El conflicto fue particularmente visible en el caso de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que no sólo constituyeron un bloque económico opuesto a la capital, sino que de ahí llegaron a un verdadero estado de guerra entre ciudades. Así, el rechazo de la ciudades provinciales a reconocer a la junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como signo revelador de la lucha existente entre las élites provinciales y las de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales a los que la situación de crisis había vuelto accesibles” (pp. 64-65).

El ideal autonomista se retomó después de la masacre de los presos el 2 de agosto de 1810 y tras la llegada de Carlos Montúfar, enviado por la Corona Española con el cargo de Comisionado Regio, hasta convertirse el 9 de octubre de 1810 en una auto-proclamada Capitanía General. Pero se la volvió a subordinar a balazos y sucumbió de forma definitiva tras la derrota sufrida por las fuerzas de Quito en la Batalla de Ibarra (1 de diciembre de 1812), a manos de las fuerzas realistas de Toribio Montes, a quien lo habían enviado desde la Península para pacificar a estos montañeses exaltados. Unos cuantos fusilados el 4 de diciembre a orillas del Yahuarcocha (entre ellos, el padre de Abdón Calderón, el cubano Francisco Calderón), y de allí, a dormir en Quito hasta que llegaron las fuerzas libertadoras del Norte (Bolívar) y del Sur (San Martín), ya en 1822.

Como lo ha destacado uno de sus mejores analistas, Carlos de la Torre Reyes, el fracaso de este proceso de lucha autonómica debió mucho a sus encontronazos internos: “El virus ponzoñoso del ‘fulanismo’, como llama D. Miguel de Unamuno a la posición política que olvidando a las ideas sigue a los caudillos, minó como en todas partes, el organismo naciente del Estado de Quito que al fin se desintegró, más que por las fuerzas realistas, por la descomposición interna que desatan los miasmas enrarecidos de los intereses personales” (‘La revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809’, p. 555).

Cerrado este episodio en 1812, Quito volvió a someterse al régimen administrativo español y abandonó sus sueños de autonomía (en palabras de otro quiteño ilustre, Luciano Andrade Marín, los quiteños “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara”) hasta que en 1822 se la independizó de España para agregarla a Colombia y otorgarle un nuevo nombre oficial desde el 25 junio de 1824, con la entrada en vigencia de la Ley colombiana de Organización Territorial: “Departamento del Ecuador”. En conjunto con los otros flamantes Departamentos de Guayaquil y del Azuay, conformaron el Distrito del Sur de la República de Colombia entre 1824 y 1830.

Cuando este Distrito del Sur se desmembró de la República de Colombia en mayo de 1830, surgió una disputa sobre cuáles deberían ser los límites del naciente territorio. (Otra disputa surgió por su nombre: los de Quito querían que se llame Quito, pero los otros dos le pusieron Ecuador, que era el “apodo” que Colombia le había puesto a Quito mientras formó parte del Distrito del Sur de Colombia). La primera Constitución del Estado ecuatoriano decía en su artículo 6 que los límites del Estado eran los del “antiguo Reino de Quito”, pero… ¿en qué mojones aterrizaría esta fantasía?

Respuesta corta: en los que reguló la Ley de Colombia en 1824 y porque Colombia así lo quiso. El caso es que el primer presidente del Estado ecuatoriano, el venezolano Juan José Flores, emprendió por dos ocasiones la recuperación de los territorios históricos de Quito. En 1831, el Ejército ecuatoriano llegó hasta ocupar (brevemente) Popayán. En 1839, hubo nuevas escaramuzas cuando en Colombia ocurría la “Guerra de los Supremos”. En ambos casos, Ecuador conoció únicamente el fracaso.

El período floreano concluyó con el presidente Flores embarcándose en un barco rumbo al exilio tras la firma del Convenio de la Elvira, suscrito tras las batallas de la Revolución Marcista, iniciada con el enfrentamiento entre el irlandés Wright y el vasquito Elizalde el 6 de marzo de 1845. Estos hechos de 1845 sellaron dos cosas: la primera, que la oligarquía de Guayaquil inició un período de dominio de la política nacional, congruente con su boyante situación económica.

La segunda y más importante a este drama que se ha contado en este post y que concluye aquí: después de las derrotas de Flores al Norte, se cerraron todas las opciones de Quito para recuperar su grandeza territorial de tiempos de los Habsburgo, ese inmenso territorio que abarcaba unos buenos dos millones de kilómetros cuadrados (who the fuck knows?), como se observa en el mapa de 1779. Pero entre la dinastía Borbón, las guerras de la independencia y la República de Colombia, los dejaron a Quito y a su área de influencia sin ninguna posesión al Norte del Río Carchi (desde el “Tratado de Pasto” de diciembre de 1832 hasta la fecha) e inserto en un nuevo Estado conformado por los otros dos territorios con los que antes había guerreado (entre 1809-1812 para imponerles un nuevo orden, sin éxito; entre 1820-1822 para resistir a un nuevo orden, nuevamente sin éxito) y a los cuales no les pudo imponer, a pesar de ser su capital histórica (la más antigua de Sudamérica, ¡ejem!) ni su propio nombre, a pesar de venir supuestamente de un ilusorio “Reino de Quito”, severa paja mental del Padre Juan de Velasco durante su estancia en Italia.

En la década de 1860, un embajador norteamericano, Friedrich Hassaurek, retrataba así a la capital de los ecuatorianos: “En Quito existen otras carencias además de la de los hoteles: la escasez de baños y de letrinas, que no son consideradas como muebles necesarios en las residencias privadas. Este inconveniente ha hecho de Quito lo que ahora es –una de las capitales más sucias de toda la cristiandad. Hombres, mujeres y niños de todas las edades y colores puede ser vistos en medio de la calle y a la luz del día haciendo sus necesidades al tiempo que ven descaradamente a los ojos a los transeúntes que pasan a su lado”. Es una descripción brutal, la hecha por este diplomático. 

A mediados del siglo XIX Quito es la capital de la miseria en el Ande, un despojo de los Borbones que funcionó a manera de capital de un naciente país, más por inercia que por mérito propio.

*

Moraleja: La miseria económica te hace débil y propenso al fracaso. El período de aproximadamente siglo y medio que se ha abarcado en este relato sobre Quito, lo cuenta con elocuencia.

Cosa de asombro: A pesar de haber sido una apuesta al pasado, a los habitantes del resto del Ecuador nos enseñan a creer que el 10 de agosto de 1809 fue un movimiento de vanguardistas que lucharon por la independencia de todo un país que aún no existía. Es decir que Quito al final triunfó, porque le logró imponer a quienes lo derrotaron en 1809 (Guayaquil y Cuenca) su relato mentiroso de las cosas, al punto de convertirlo en “mito fundacional” de esta malhadada república.

Corolario: Hay que destruir ese “mito” a combazos y darle su correspondiente lugar en la historia de los fracasos.

Pura paja

Si unos legisladores yerran, y violan derechos con una resolución que ellos han adoptado, deberían rectificar. Pero el caso de la exAsambleísta Sofía Espín, destituida por una resolución de la Asamblea Nacional adoptada el 13 de noviembre de 2018, no ha supuesto ninguna rectificación de su parte.

Todo lo contrario. Para el Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lo decidido por la Asamblea Nacional es de un carácter “político” y, por ende, no corresponde que la Asamblea haga ninguna rectificación. Hago notar que la forma en la que este sujeto utiliza el término “político” es como sinónimo de “irresponsable”.

Por supuesto, esta tristona idea que ampara la irresponsabilidad sólo puede ocurrir en la torpe cabecita del señor Litardo (¿o debo decir, Retardo?), quien es una persona de una mediocridad espantosa y sin tregua. En principio, él debería saber que las resoluciones de la Asamblea Nacional que él preside pueden generar responsabilidad internacional del Estado, más aún si la Asamblea decidió la destitución de uno de sus miembros.

Ese día 13 de noviembre, por la destitución de Espín, votaron 94 asambleístas. Entre ellos, el asambleísta Retardo.

Es importante que se sepa que la Corte IDH ya ha examinado estas acciones “políticas” de la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea se llamaba todavía Congreso Nacional, antes de la vigencia de la Constitución de Montecristi, ese órgano (eran los tiempos del agreste Presidente Gutiérrez) ejecutó unas acciones “políticas” e irresponsables que se convirtieron en dos casos ante la Corte IDH, resueltos el año 2013: el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) y el Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros).

Es también importante saber que la destitución de una autoridad elegida por la voluntad popular, por el Congreso u otra autoridad, no puede ejecutarse de cualquier manera. De acuerdo con la jurisprudencia de la Comisión IDH en el Caso Petro c. Colombia, todas las restricciones del derecho de una autoridad elegida por la voluntad popular a completar su mandato…

“… deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático.” (Caso Petro, Párr. 117)

De acuerdo con esta resolución de la Comisión IDH, anterior a la destitución de Espín y de obligatoria aplicación por toda autoridad pública (incluida la Asamblea del tal Retardo) por esta sentencia (Párr. 274), la destitución de Sofía Espín debió ser analizada de manera cuidadosa y bajo un escrutinio riguroso, pero la Asamblea Nacional nunca hizo eso.

Entonces, el núcleo de este artículo es responder a la siguiente pregunta, ¿por qué debería rectificar la Asamblea Nacional en el caso de Sofía Espín?

Una primera respuesta es simple: para evitar que se condene al Estado ecuatoriano, una vez más, en el Sistema Interamericano. El Estado se está yendo como chancho pa’ los choclos hacia allá.

Una segunda respuesta es necesaria: porque es lo justo y lo que corresponde, pues sin la acusación penal, la sanción legislativa en contra de Espín no se sostiene.

Me explico: la Asamblea basó su decisión en la existencia de una supuesta infracción penal. El informe de la Comisión Ocasional Multipartidista de Investigación (COMI) del 20 de octubre de 2018 atribuyó a la visita a la cárcel de la Asambleísta Sofía Espín del 24 de septiembre de 2018 la capacidad de hacer “una interferencia en los procedimientos de otra Función del Estado como la Judicial…”. En la redacción básica de este informe idiota y primario, que es el anverso de un análisis cuidadoso y riguroso exigido por el Sistema Interamericano, puede leerse que la acción de la Asambleísta Espín “más bien evidencia que hay un afán de interferir en un proceso que tiene una connotación nacional”.

Con la base de este verso de tío obesa de la COMI, es que se procedió a destituir a Sofía Espín. Para entender el porqué este discurso idiota pudo validarse por 94 irresponsables, es necesario adoptar un poco de perspectiva. El hecho que se juzgó, la visita a la cárcel de la Asambleísta Sofía Espín en compañía de una abogada, Yadira Cadena, a fin de conversar con una detenida, de nombre Jéssica Falcón, en un proceso que involucra al expresidente Correa, ocurrió en la mañana del lunes 24 de septiembre de 2018. Por espacio de unos diez minutos, aproximadamente. Esto desencadenó lo siguiente:

Al lunes siguiente, 1 de octubre de 2018, el abogado Diego Chimbo usó a la Asamblea como a su bitch. Presentó un escrito un lunes y obtuvo una resolución de sus perras el jueves. ¿Quién puede, en la historia republicana del Ecuador, decir que consiguió esto? Chimbo not Chimbo: este man es un auténtico pimp de nuestra Asamblea Nacional. Un chuchas.

Fue un asambleísta de ostentosa mediocridad, el azuayo Esteban Bernal, quien presentó el 3 de octubre una denuncia en contra de Sofía Espín. Ese mismo día, el CAL calificó la denuncia de Bernal (tenía cinco días para hacerlo, pero la idiotez requiere rapidez). En breve se organizó una Comisión que se compuso de tres asambleístas: Bairon Valle, Fernando Callejas y Jimmy Candell, quien la presidió. El informe de mayoría (Callejas y Candell) emitido el 20 de octubre es de una limitación conceptual y verbal que conmueve.

Pero 94 personas que recibieron el voto de sus conciudadanos decidieron aprobar, a fin de destituirla a Sofía Espín, una resolución el 13 de noviembre. Todo fue muy rápido, como es conveniente a la idiotez: un 24 de septiembre una Asambleísta visitó una cárcel, el 13 de noviembre la Asamblea Nacional decidió, por 94 votos, que ya no era más Asambleísta. Es el sentido homenaje que la idiotez le ha hecho a la celeridad.    

El caso es que el horror de tía obesa que motivó la actuación de la Asamblea Nacional era una mentira, pura paja. ¿Saben quién lo dice? La morocha que determina a quién se persigue en este país, la Fiscal Diana Salazar. La institución a su cargo publicó este boletín de prensa, citándola:

“a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico, por lo cual persistir en la acción no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal.”

Y es que está diamantino: lo que fundamentó la destitución de Sofía Espín fue pura paja.

Y es por esto, que nuestra Asamblea Nacional debería rectificar. Pero Retardo es Retardo, y vamos ineludiblemente, como chancho pa’ los choclos, a una nueva condena internacional.

Qué pobres que somos.

La primera Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentenció su primer caso (Velásquez Rodríguez c. Honduras, Excepciones Preliminares) en junio de 1987 estaba compuesta por siete jueces, todos varones. Hoy no es que haya variado tanto, pues está compuesta por seis jueces varones, más la jueza Odio. No joke.

El Club de Toby admitió una chica.

De estos siete varones del ‘87, la muerte del caraqueño Pedro Nikken, acaecida este mes de diciembre en su ciudad natal, ha oficializado el hecho de que la mayoría de estos jueces ya están muertos. Todos ellos llegaron vivos al nuevo siglo, pero fue el juez tico Rodolfo Piza Escalante, el primer Presidente en la historia de la Corte IDH en 1979, el primero que la quedó. Ocurrió en San José, su ciudad natal, el 13 de enero de 2002.

El juez uruguayo Héctor Gros Espiell falleció el 30 de noviembre de 2009 en Montevideo, su ciudad natal. Y el primer juez ad hoc de la Corte Interamericana en sentenciar un caso, el hondureño Rigoberto Espinal Irías, murió el 27 de diciembre de 2013 en su Tegucigalpa natal. Con la muerte del juez venezolano Nikken del 9 de diciembre, el saldo a favor de los muertitos es de 4 contra 3.  

Quedan vivos de esos siete jueces, el mexicano Héctor Fix-Zamudio (1924), con sus 95 años de grandes éxitos ya cumplidos; el colombiano Rafael Nieto Navia (1938); y el checoeslovaco (un país ya inexistente) Thomas Buergenthal (1934), quien nació en Lubochna, pueblito hoy localizado en Eslovaquia, pero que nacionalizado por los Estados Unidos de América impartió justicia entre 1979 y 1991 como juez de la Corte IDH (además de ser el Presidente de la Corte a la fecha de su primera sentencia) y después como Juez de la Yunái en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre 2000 y 2010.

Estos son los tres hombres que quedan de ese lejano verano del ‘87 en San José.

Sholoman y la seguridad social

En los estertores del Gobierno del viejo nefasto y represivo de Durán-Ballén, se convocó al pueblo ecuatoriano para que participe en un referéndum a fin de incorporar, en la Constitución de 1979, una norma que, palabras más, palabras menos, aplique en el Ecuador el régimen vendehumo de las AFP chilenas. 

Es decir, se quiso mercantilizar la seguridad social, pero el pueblo convocado a referéndum el 26 de noviembre de 1995 supo decirle al Gobierno de Durán-Ballén que NO, en todas y cada una de las 11 preguntas que se le formuló.

En esa época también circulaba por la TV nacional, un superhéroe criollo (creo que era una producción de Ecuarrisa), de nombre Sholoman, interpretado por Oswaldo Segura. Era un superhéroe bien de a gaver, porque no dudó un instante en apoyar esta movida batracia de nuestra derecha:

Diario Extra, 'Informa primero y mejor', 13 de noviembre de 1995.

Visto en perspectiva, por cómo se evidenció el fracaso de las AFP en Chile, el pueblo del Ecuador fue sabio en su votación en contra de la pregunta 2 que propuso el cambio en la seguridad social (60% en contra) y no se jamó este severendo entuque que le proponía nuestra derecha pilla, apoyada por Sholoman.

Y en cuanto a este superhéroe desclasado, hoy tiene un bien merecido sitial en el olvido.

El Ecuador, futuro culpable

El Estado del Ecuador, durante el Gobierno de Lenín El Arlequín, ha sido una máquina de triturar la estabilidad de las autoridades públicas. En sus inicios, el Gobierno obtuvo de la voluntad popular la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que estaba en funciones, a fin de poder montar un Consejo Transitorio a la medida de su anti-correísmo y ponerlo al Notario Cabrera de la Política a la cabeza de este engendro dictatorial. El saldo de este Vengador Tóxico fue la destitución de 28 autoridades nombradas en el Gobierno anterior. Esta Tabla 1 resulta ilustrativa:

Tabla 1. Órganos cuyas autoridades fueron evaluadas por el CPCCS(t), dispuestos en orden cronológico, con indicación de las autoridades evaluadas y las fechas del inicio de su evaluación, su cesación y la ratificación de su destitución

Órgano intervenido	Autoridades evaluadas	Inicio de evaluación	Cesación	Ratificación
1. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	Patricio Rivera	21 de marzo de 2018 (006-21-03-2018)	4 de abril de 2018 (014-04-04-2018)	NO
2. Consejo de la Judicatura	5 Vocales: Gustavo Jakhl, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez, Alejandro Subía	4 de abril de 2018 (010-04-04-2018)	4 de junio de 2018 (037-04-06-2018)	14 de junio (048-14-06-2018)
3. Fiscalía General del Estado	Carlos Baca	4 de abril de 2018 (011-04-04-2018)	NO	NO
4. Consejo Nacional Electoral	5 consejeros: Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes, Luz Haro, Mauricio Tayupanta	4 de abril de 2018 (012-04-04-2018)	17 de julio (064-17-07-2018)	1 de agosto (072-01-08-2018)
5. Superintendencia de Bancos	Christian Cruz	4 de abril de 2018 (013-04-04-2018)	18 de julio (066-18-07-2018)	1 de agosto (071-01-08-2018)
6. Defensoría del Pueblo	Ramiro Rivadeneira	12 de abril (018-12-04-2018)	2 de mayo de 2018 (022-02-05-2018)	NO
7. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros	Suad Manssur	12 de abril (019-12-04-2018)	30 de julio (070-30-07-2018)	14 de agosto (084-14-08-2018)
8. Corte Constitucional	9 jueces: Alfredo Ruiz, Emma Roxana Silva, Pamela Martínez, Víctor Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Manuel Viteri	9 de mayo (026-09-05-2018)	23 de agosto de 2018 (089-23-08-2018)	31 de agosto (091-31-08-2018)
9. Tribunal Contencioso Electoral	4 jueces: Mónica Rodríguez, Vicente Cárdenas, Miguel Pérez, Arturo Cabrera	15 de mayo (030-15-05-2018)	29 de agosto (090-29-08-2018) Absuelto: Cabrera	6 de septiembre (098-06-09-2018)
10. Directorio del BIESS	2 representantes: Valeria Robalino, Luis Cazar	13 de junio (042-13-06-2018)	NO	NO
11. Superintentencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Fernando Cordero	13 de junio (043-13-06-2018)	22 de agosto (086-22-08-2018)	31 de agosto (092-31-08-2018)

En los tiempos de este engendro dictatorial, las nuevas autoridades que reemplazaron a las destituidas fueron nombradas a dedo por el Notario Cabrera y su gente. Y las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral destituyeron a sus subordinados en las delegaciones provinciales, para poner a gente nueva en sus puestos.

La idea que vendió el Gobierno de Lenín El Arlequín es que una vez que este engendro dictatorial haya terminado su período, iba a emerger un remozado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por la voluntad popular. Pero ocurrió que a los del Gobierno no les gustó el resultado de la voluntad popular porque introducía, por la decisión del pueblo, al correísmo al que tanto se habían esforzado ellos en erradicar. Por ello, optaron por una solución anti-democrática y arbitraria.

Así, a los cuatro consejeros acusados de correístas los destituyó la Asamblea Nacional por un supuesto incumplimiento de sus funciones. Cuando una consejera destituida, Rosa Chalá, ganó una acción de protección para ser restituida a su cargo, el juez que la concedió fue de inmediato destituido. Luego, enseguida demostró la justicia ecuatoriana cuán rápida y ágil es, cuando tiene una presión política encima: el Tribunal resolvió en tres días la apelación a lo que resolvió el juez destituido, cuando una apelación al resto de los mortales nos demora varios meses. Obviamente, la resolvió en contra de Chalá.

La presión política sobre los jueces se nota también en otros casos. Por ejemplo, en el caso Sobornos 2012-2016 (exArroz Verde), en el que un tribunal le concedió a Alexis Mera un arresto domiciliario en Guayaquil en vez de mantenerlo preso en la Cárcel 4 en Quito. En la audiencia del 3 de julio de 2019, los jueces Édgar Flores y Luis Enríquez votaron a favor del arresto domiciliario de Mera. Esto les valió su destitución por el Consejo de la Judicatura.

La historia es como sigue: al día siguiente de la audiencia que otorgó el arresto domiciliario, el 4 de julio, tres de los principales órganos del Estado, la Fiscalía General, la Contraloría General y la Procuraduría General, representados por Diana Salazar, Pablo Celi y un fulano delegado por Iñigo Salvador, presentaron ante el Consejo de la Judicatura una queja y una solicitud de sanción en contra de los Jueces Édgar Flores y Luis Enríquez. El 1 de octubre el Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces Flores y Enríquez dizque por “haber incurrido en infracciones disciplinarias como la vulneración del derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y negligencia manifiesta”. Al menos formalmente, todo eso ocurrió por no haberle dado la palabra a la Fiscal Salazar al término de la audiencia del 3 de julio (?).

Mera explica muy bien esta sarta de abusos en una comunicación que dirigió a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

El caso de la exasambleista Sofía Espín es todavía peor. De él hablé en extenso en ‘Ella dice que ella dijo’, un artículo publicado el 6 de diciembre en esta bitácora.

Así, en la trituradora institucional del Gobierno de Lenín El Arlequín hay de todo un poco: se ha destituido a una asambleísta, a jueces que dictan cautelares más benignas, a jueces que resuelven favorablemente garantías jurisdiccionales, a consejeros elegidos por la voluntad popular, a otros consejeros que fueron destituidos por la voluntad popular, a varios superintendentes y autoridades electorales, al defensor del pueblo, a los vocales del Consejo de la Judicatura, a los jueces de la Corte Constitucional… Neta, el Gobierno de Lenín El Arlequín le ha entrado con un hacha a todo lo percibido como “correísmo”: Jason en silla de ruedas.

Y es aquí cuando realmente empieza mi artículo.

Porque el mensaje de este artículo es que todo esto que ha hecho el Gobierno de Lenín El Arlequín, lo ha hecho mal. Jodidamente mal. Y no lo digo yo, lo dicen los estándares interamericanos, ante cuyos órganos (si se animan todas las personas que han sido víctimas de destitución durante el Gobierno de Lenín El Arlequín -si se suma al personal subalterno, se los cuenta por centenas) deberían de terminar todos estos casos.

Primera cosa: que el pobre y menso Ecuador no se sienta tan solo, pues las destituciones arbitrarias son un mal común a los países de América latina. En un repaso de los últimos tres años de su jurisprudencia en materia de admisibilidad de peticiones, la Comisión IDH ha declarado como “admisibles”, esto es, actualmente en Fase de Fondo, a treinta y dos (32) casos que tratan de destituciones de autoridades públicas en diez países de América latina*.

Las autoridades destituidas en el trienio 2017-2019 cuyo caso ha llegado a conocimiento de la Comisión IDH son variopintas: van desde unos diputados del Congreso (Informe No. 123/17), pasando por los vocales del Tribunal Constitucional (Informe No. 73/19) y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Informe No. 83/18), a los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (Informe No. 113/19), una Procuradora General del Estado (Informe No. 124/18), todo tipo de jueces (Informes No. 28/19, No. 40/19, No. 34/18, No. 95/18, No. 54/18, No. 16/18, No. 104/17, No. 59/17, No. 149/17, No. 57/17, No. 77/18, No. 73/18, No. 105/18), de fiscales (No. Informes 19/19 y No. 56/18) y de secretarios (Informes No. 6/19, No. 69/17, No. 163/17), así como funcionarios administrativos, incluidos los provisionales (Informes No. 86/18, No. 82/18, No. 50/18, No. 115/17, No. 54/17) y también casos más singulares, como los de una funcionaria de un instituto agrario (Informe No. 22/19), una oficial de la Policía Nacional (Informe No. 72/19), una contratista de la Policía Nacional (Informe No. 63/17), un capitán de la Guardia Civil (Informe No. 55/18) y un médico de un instituto deportivo estatal (Informe No. 51/17). Así que la Comisión está afilada.

De estos treinta y dos (32) casos, cuatro (4) corresponden al Estado del Ecuador. El detalle es que nuestro Estado se lleva los peces gordos: sus casos se refieren a la destitución de 53 diputados (Informe No. 123/17), de 2 vocales del Tribunal Constitucional (Informe No. 73/19) y de 2 integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (Informe No. 113/19).** Ecuador también tiene en contra suya la destitución arbitraria de la funcionaria del instituto agrario: una Abogada Jefa de Patrocinio del extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) (Informe No. 22/19).

Sobre las destituciones arbitrarias, lo realmente relevante es lo dicho por la Corte IDH en sus sentencias. El Estado ecuatoriano tiene en su contra dos que resultan muy ilustrativas: el Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) y el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, ambas del año 2013. Sumados a otras en los casos Reverón Trujillo (2009), Apitz Barbera (2012) y Colindres Schonenberg (2019), esta jurisprudencia marca claros límites a la actuación de los Estados en la destitución de las autoridades públicas (protección maximizada para los casos de las autoridades judiciales y de las elegidas por voluntad popular).

De las destituciones ocurridas en el Gobierno de Lenín El Arlequín arriba mencionadas, pues COMO NI UNA se encuentra dentro de esos límites marcados por la jurisprudencia del Tribunal de San José. Para decirlo en palabras sencillas: el rigor que exige la Corte IDH no se corresponde con la ligereza que ha demostrado el Estado en estos tiempos aciagos de Lenín El Arlequín y los lastimita de Ruptura.

A juzgar por su Constitución, el Estado ecuatoriano tiene las mejores intenciones, pero le pasa que invariablemente la caga. El Estado es como un puercoespín mimoso.

Y ocurre que después, ante el Sistema Interamericano, se tendrán que pagar estas cagadas, las cuatro que están en Fase de Fondo y las muchas que llegarán al Sistema Interamericano en el curso de estos años por las destituciones durante el Gobierno de Lenín El Arlequín. Ya pasó antes que la Corte IDH sancionó al Estado por practicar destituciones arbitrarias, en los casos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, pero es que el pobre y menso Ecuador parece no tener componte: no se detiene, y ya lo está volviendo a hacer. Lo está haciendo. Y mal.

En el mundo mundial, debe ser difícil encontrar un país más menso y auto-destructivo, con una tan clara y rotunda vocación de futuro culpable.

* Los diez países y el número de casos en su contra son, en orden alfabético: Argentina (dos), Colombia (cinco), Ecuador (cuatro), El Salvador (dos), Guatemala (tres), Honduras (uno), México (tres), Panamá (uno), Perú (nueve), República Dominicana (dos).

* Hago notar: todos estos son casos (salvo el de los 53 diputados de los manteles, que data del 2017) que fueron aprobados en este 2019, pero de los que nada se ha discutido en la esfera pública. Tal es nuestro periodismo turro.