'Por la patria'

 

            Publicado el 29 de abril de 2022.

 

El guayaquileño José Joaquín de Olmedo fue uno de los fundadores del Estado del Ecuador porque fue uno de los representantes en la Convención Constituyente de agosto-septiembre de 1830, reunida en Riobamba, que elaboró la primera Constitución del Estado. Olmedo fue Vicepresidente de la Constituyente y fue parte de su comisión de redacción, en conjunto con el quiteño Manuel Matheu y el guayaquileño Vicente Ramón Roca. El 12 de septiembre de 1830, Olmedo fue elegido el primer Vicepresidente del Estado del Ecuador. Renunció al año siguiente.

 

Esta Constitución de 1830 no resistió la inestabilidad política del primer Gobierno del Ecuador. Cuando en septiembre de 1834 concluyó el período presidencial del general venezolano Juan José Flores, el Ecuador era un país a punto de enfrentarse en la primera guerra civil de su historia. Por una parte, la Jefatura Suprema de Vicente Rocafuerte, proclamada en Guayaquil; por otra, la Jefatura Suprema de la Sierra, liderada por el lojano José Félix Valdivieso. El exPresidente Flores se alió con Rocafuerte.

 

Las tropas de estos Jefes Supremos se enfrentaron el 19 de enero de 1835 en Miñarica, cerca de Ambato. Triunfaron las tropas de Rocafuerte, comandadas por Flores. En seguida se convocó a una Convención para que se reúna en Ambato y redacte una nueva Constitución.    

 

El guayaquileño José Joaquín de Olmedo fue uno de los fundadores de la República del Ecuador porque fue uno de los representantes en la Convención del año 1835 que elaboró la primera Constitución que declaró que el Estado del Ecuador era una República. Olmedo presidió esta Convención, que designó como el primer Presidente de la República a su coterráneo Rocafuerte. Esta Constitución estuvo vigente por dos períodos de gobierno consecutivos, hasta que en 1843 el Presidente Flores convocó a una Convención en Quito, a la que pobló de adictos suyos que elaboraron una nueva Constitución, que pasó a la historia como la ‘Carta de la Esclavitud’. Fue la forma del Presidente Flores para perpetuarse en el poder.

 

En 1845, la revolución marcista sacó a Flores del país. Un Gobierno Provisorio compuesto por Olmedo y otros dos guayaquileños, Diego Noboa y Vicente Ramón Roca, convocó a una Convención para que se reúna en Cuenca y redacte una nueva Constitución. Olmedo formó parte de ella. Ya para esta época, tenía 65 años y había sido constituyente de España, de Perú, del Ecuador. Ya está curtido y desengañado.

 

La Convención de Cuenca debía elegir al Presidente de la República para el período 1845-1849. A Olmedo se lo postuló para Presidente, pero él no quería ser candidato. Quienes lo postulaban, sin embargo, decían que era necesario postularlo a él ‘por la patria’. Y Olmedo se preguntaba con desdén, en carta dirigida a un pariente: ‘¿Qué significarán estos nombres, patria, libertad, derechos del pueblo, convención, etc.?’. Olmedo se candidatizó y perdió. Lo venció Vicente Ramón Roca.     

  

Olmedo murió en febrero de 1847. Esta última Constitución en la que él contribuyó, acabó tras un golpe de Estado de Diego Noboa que, para afianzarse, promulgó una nueva Constitución (quinta del Estado, cuarta de la República) en febrero de 1851. De seguro, también hecha ‘por la patria’.

Quito, 1812

 

Detengamos la historia en Quito, el año de N. S. de 1812. Supongamos que Quito hace su famosa Constitución de 1812 y TRIUNFA. Impone esa Constitución en el territorio de su provincia y perdura por siglos. Las provincias vecinas se confederan y progresan sin la provincia de Quito. Quito, por su cuenta, vive a plenitud bajo el imperio de su Constitución. Es un pueblo montañés y católico. Muy católico.

 

Porque el artículo 4 de su Constitución de 1812 dispone lo siguiente “La Religión Católica como la han profesado nuestros padres, y como la profesa, y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, será la única Religión del Estado de Quito, y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni permitirse la vecindad del que no profese la Católica Romana”.

 

Entonces, tenemos a un pueblo andino habitado ÚNICAMENTE por católicos. Así, la reproducción exclusivamente entre católicos por siglos, encajonados todos en un hermoso paisaje montañés, iba a producir un escenario terrible: una desigualdad pavorosa, pobreza generalizada, censura a las críticas a las autoridades (en especial a las eclesiásticas), represión violenta a los homosexuales, prohibición total del aborto, el Syllabus del buen quiteño y el Índex Quitorum Prohibitorum, los impuestos para los de abajo y la policía para los que desafíen el orden impuesto. Las tasas de alcoholismo y de suicidio estarían por las nubes (ir al Puente del Chiche sería más popular que ir al Panecillo –cuya calle de acceso se llamaría Melchor de Aymerich, triunfador en Pichincha). Todos los errores del sistema se atribuirían a la falta de virtud de los dominados, la caridad sería la única política pública. La religión de la conquista seguiría mandando. Y todavía habría toros porque así lo quiere Dios.

 

Conclusión: un pueblo aislado, poblado únicamente por católicos, sería el infierno en la Tierra. Al menos para los que no mandan, que son la mayoría (para los que mandan, bocatto di cardinale)

 

Alabado sea el Jebús, vea.

El final de la ilusión

 

Publicado en diario Expreso el 22 de abril de 2022.

 

El 20 de diciembre del año que se fundó el Estado del Ecuador (1830), su Presidente, el caribeño Juan José Flores, decretó la anexión del Departamento del Cauca al naciente Estado. Esta anexión de una amplia región al Norte del río Carchi tenía un fundamento histórico.

 

En el tiempo de los españoles, una parte del Departamento del Cauca había estado sometida a la jurisdicción de la Audiencia de Quito, que era un tribunal de justicia compuesto de cinco jueces (un Presidente y cuatro oidores), cuyas sentencias se las podía apelar a una Audiencia superior (la de Quito fue siempre una Audiencia subordinada). Con algunas partes del Cauca (en especial con Pasto y Popayán), la Quito española había labrado unos profundos vínculos en el curso de los siglos entre la conquista y la independencia.

 

En la jurisdicción de la Audiencia de Quito convivieron varias Gobernaciones: la de Quito y las de Cuenca, Guayaquil y Popayán. La Gobernación de Quito limitaba al Norte con la Gobernación de Popayán. El revolucionario 10 de agosto de 1809 fue un intento quiteño de extenderse al Norte: en el Acta que ese día se redactó se habló de una eventual unión de Quito con ‘Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá’.

 

Pero el 10 de agosto de 1809 no fue bien recibido por ninguno de los territorios vecinos a Quito, ni al Norte ni al Sur. En particular, la Gobernación de Popayán repelió a las tropas quiteñas en la batalla de Funes. Cuenca y Guayaquil enviaron tropas contra Quito. A esta ciudad le demoró 76 días claudicar su experimento de autonomía y expansión.

 

Cuando llegó la independencia en 1822 tras la batalla del Pichincha, se la quitó a Quito de España para transferirla a Colombia y convertirla en uno de los doce Departamentos colombianos (la provincia española de Quito se pasó a llamar ‘Departamento del Ecuador’). Este cambio no le sentó bien a Quito: en 1824, mientras era colombiana, se aprobó la Ley de División Territorial de la República de Colombia, que fijó los límites por el Norte del Departamento del Ecuador en el río Carchi.

 

Por ello, el decreto del 20 de diciembre de 1830 fue una reivindicación del viejo anhelo de Quito de que se la reconozca como la ciudad rectora de una parte del Departamento del Cauca, aquella sometida a su jurisdicción como Audiencia (o al menos los Pastos). Después de 1809, éste era el segundo intento de Quito, ahora como Estado ecuatoriano. El Congreso de 1831 lo apoyó al Presidente Flores y aprobó una ley de anexión del Departamento del Cauca. El ejército ecuatoriano había ocupado Popayán. Estábamos en guerra.

 

Pero ni Colombia (en ese entonces llamada Nueva Granada) era tan débil, ni el Ecuador era tan poderoso. La guerra se saldó a favor de la Nueva Granada, que impuso al Ecuador el Tratado de Pasto, firmado el 8 de diciembre de 1832, que fijó los límites del Estado del Ecuador al Norte en el río Carchi, que es donde los había fijado la ley colombiana de 1824 para el Departamento del Ecuador.

 

Así, también el segundo intento falló. Y tras el Tratado de Pasto se la orilló a Quito, de manera definitiva, a clausurar su ilusión de gobernar los territorios allende el río Carchi sobre los que había administrado justicia en nombre del rey de los españoles.

Corran por su vida

 

El informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 17 de marzo de 2022 sobre ‘Personas privadas de libertad en Ecuador’ es una elocuente descripción de la derrota del Estado ecuatoriano en la administración de los 36 centros de detención que tiene en su territorio. El primer párrafo del Resumen ejecutivo del informe irrumpe así:

 

‘Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral’. (Párr. 1)

 

O sea, el Estado es como un gran nuay, el naiden de la institucionalidad.

 

Más adelante en su informe, la Comisión Interamericana enumera los factores que han causado la actual crisis penitenciaria en el Ecuador: ‘debilitamiento de la institucionalidad del sistema penitenciario; aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento; la política contra las drogas; uso excesivo de la prisión preventiva; obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios e indultos; y deplorables condiciones de detención’. (Párr. 12)

 

La suma de estos factores produce una consecuencia nefasta: ‘el Estado ecuatoriano está colocando a la población penitenciaria en una situación inminente y permanente de riesgo, y exponiéndola a altísimos actos de violencia carcelaria sin precedentes, que está resultando en que cientos de personas pierdan la vida aún estando bajo la custodia del Estado’. (Párr. 65)

 

Y he aquí la cereza de este pastel catastrófico:

 

‘En particular, llamó la atención de la Comisión que durante su visita al Centro Guayas No. 4, al consultar sobre la existencia de protocolos de actuación en casos de violencia, la autoridad penitenciaria indicó que no habría una política, y en ese sentido, las personas privadas de libertad debían correr hacia las oficinas administrativas en busca de refugio’. (Párr. 71 –el resaltado no es del original)

 

No hay imagen más perfecta para escenificar el fracaso del Estado ecuatoriano.

La derrota del Estado

 

Publicado en diario Expreso el 15 de abril de 2022.

 

Este año se cumplen 25 años de la publicación del ‘Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador’ elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo capítulo VI trató sobre ‘La situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario’. En el primer párrafo de dicho capítulo, la CIDH sintetizó que los problemas del sistema penitenciario ecuatoriano a mediados de los años noventa derivaban ‘primero: de los retrasos en el sistema de justicia penal, lo que conduce a la sobrepoblación en las cárceles y, segundo: el inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas’. En un cuarto de siglo, la situación en las cárceles empeoró: hoy el Estado luce derrotado.

 

Este año 2022 la CIDH publicó un informe temático titulado ‘Situación de personas privadas de libertad en Ecuador’, elaborado a partir de la visita de trabajo que ella realizó al Ecuador del 1 al 3 de diciembre de 2021. En su primer párrafo, la CIDH destacó la renuncia del Estado a cumplir su rol de control y de rehabilitación de la población carcelaria: ‘Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral’. Abandono y ausencia como las bases de la derrota del Estado.

 

En estos 25 años lo que ha ocurrido es que hemos pasado de los abusos cometidos en prisiones controladas por el Estado a los abusos que ocurren en prisiones que el Estado ya no controla. El reciente informe de la CIDH es elocuente: ‘En las cárceles del Ecuador, el control efectivo de los pabellones lo tienen los propios internos’, que tienen sistemas de auto-gobierno en los que los líderes de las bandas criminales ‘cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a Internet y teléfonos, y otros servicios’. Los internos, constató la CIDH, tienen las llaves de sus pabellones.  

 

Con el paso de los años, los dos problemas que había detectado la CIDH en su informe del año 1997 se han agravado. El primero, los retrasos en el sistema de justicia penal han degenerado en ‘políticas que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad, a través de privilegiar la aplicación de prisión preventiva y de la obstaculización de imposición de beneficios penitenciarios dirigidos a la excarcelación’. Se ha ido de mal en peor.

 

Sobre el segundo, el ‘inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas’, el informe de la CIDH del 2022 presenta números que lo documentan: ‘el presupuesto para el sistema penitenciario era de 153 millones de dólares en 2017, de 131 millones de dólares en 2018, de 90 millones de dólares en 2019, de 88 millones de dólares en 2020, y de 54 millones de dólares en 2021’. Y es que disminuyó el presupuesto, pero en ese mismo período aumentó el número de presos (?). Todo es una receta para que las cosas salgan mal.

 

Que es como han venido saliendo por más de 25 años, y contando.

El Sur ganó

En el Ecuador, el Estado siempre ha estado capturado. Lo tradicional es que lo hayan capturado delincuentes de cuello blanco. Pasa ahora que hay nuevas personas que han capturado al Estado: es la gente del Sur, que vive y opera en las cercanías del Puerto Marítimo.

 

Los delincuentes de cuello blanco, esencialmente, roban a la población. Son altos funcionarios y grandes empresarios, que han capturado al Estado para administrarlo a su gusto, para repartirse el dinero público a través de contratos, prebendas y variopintas corruptelas (además de comprar u ordenar impunidad). Ello va de Dhruvs a medicinas, en un país que tiene junto a Paraguay (sede de la Conmebol, que ya es mucho decir) el triste título de ser los más corruptos de Sudamérica. 

 

La captura del Estado hecha por los del Sur es diferente. Son (como fueron los conquistadores) unos empresarios de altísimo riesgo. Pero tienen unas enormes ventajas frente a los delincuentes de cuello blanco. Tienen dinero a millares surgir (por obra de inversores mexicanos y de su negocio boyante), burocracia flexible y ningún escrúpulo (si tienen que trocear a alguien, lo hacen). Frente a ellos, tienen a un Estado que ha sido sometido bajo la conocida consigna Pabloescobariana: plata o plomo. Con esa sencilla/sangrienta consigna han sometido a autoridades administrativas, de la Fuerza Pública y judiciales, representantes de un Estado torpe y esclerótico-burocrático.

 

Un reconocimiento oblicuo del triunfo de los del Sur es la alerta que emitió, en septiembre del año pasado, la Embajada de los Estados Unidos de América a sus funcionarios de que se abstengan de circular al Sur de la avenida Portete, porque allí es un sector inseguro [hic sunt leones]. Es una manera de decirle a su gente que el Estado en el que se encuentra no está (ni en su versión local ni en la nacional) en la capacidad de garantizar su seguridad en ese sector de Guayaquil. Es una zona de otros.

 

El del Ecuador es un Estado siempre capturado, rumbo raudo a convertirse en un narcoestado.  

Los 'Años de la Libertad'

            Publicado en diario Expreso el 8 de abril de 2022.

La Constitución de 1845 fue la cuarta Constitución del Estado del Ecuador en poco más de quince años de convulsa existencia. Esta Constitución reemplazó a la Constitución de 1843, que había sido hecha a la medida del general venezolano Juan José Flores por varios de sus adictos, reunidos en una Convención Nacional celebrada en Quito. La Constitución de 1843 estableció las reuniones ordinarias del Congreso cada cuatro años, un gran poder de veto y de designación de autoridades para el Presidente de la República y la duración de su cargo por ocho años, la duración del cargo de senador por doce años y su reelección indefinida. Centralista y autócrata, esta Constitución pasó a la historia como la ‘Carta de la Esclavitud’.

 

El 6 de marzo de 1845 se levantó en armas el puerto de Guayaquil en contra del gobierno constitucional de Flores. Se conformó un gobierno provisorio, compuesto por los guayaquileños José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. En el campo militar, el general guayaquileño Antonio Elizalde y sus insurgentes tomaron Guayaquil y atacaron a las fuerzas del general Flores, que se habían atrincherado en la hacienda La Elvira, en las cercanías de Babahoyo. Tras un asedio de varios días, dos incursiones que costaron alrededor de un millar de muertos y de conocer que desde Manabí venían refuerzos para el enemigo comandados por su antiguo edecán José María Urbina, el general Flores llegó a un acuerdo por el que aceptó abandonar el Ecuador, dejando vacante la Presidencia de la República.

 

El triunvirato de Olmedo, Roca y Noboa convocó a una Convención Nacional que se reunió en Cuenca y que el 3 de diciembre de 1845 puso en vigencia una nueva Constitución en reemplazo de la ‘Carta de la Esclavitud’. El año 1845 pasó a conocerse, en los documentos oficiales, como el ‘Año I de la Libertad’. Se adoptó una nueva bandera nacional, de colores celeste y blanco.

 

Tras una reñida competencia entre los triunviros Roca y Olmedo, la Convención Nacional eligió Presidente de la República a Vicente Ramón Roca, para que ejerza su cargo hasta el 15 de octubre de 1849. Concluido el período presidencial de Roca, el Congreso debió proceder a la elección de su sucesor, ahora entre el general Antonio Elizalde y el otrora triunviro Diego Noboa. Como tras 105 votaciones del Congreso ninguno de los dos candidatos había obtenido los dos tercios de los votos que requería la Constitución de 1845, el Congreso se disolvió no sin antes nombrar Encargado del Poder Ejecutivo al quiteño Manuel de Ascázubi, quien había ejercido la Vicepresidencia de la República durante el gobierno de Roca, entre 1847 y 1849.

 

Ascázubi era débil y duró poco. Si hemos de creer a la nomenclatura oficial, él cayó durante el ‘Año VI de la Libertad’ (1850). El extriunviro Noboa perpetró un golpe de Estado y organizó una Asamblea Constitucional que dictó una nueva Constitución, que entró en vigor el 25 de febrero de 1851. En menos de 20 años ya eran cinco Constituciones para el atribulado Estado del Ecuador. Y vendrían más (la siguiente en 1852), en un país de perpetua lucha sin acuerdos.  

 

En julio de 1852, un golpe de Estado encumbró al general José María Urbina. Era el ‘Año VIII de la Libertad’.

El crimen que ubicó a Guayaquil

 

Publicado en diario Expreso el 1 de abril de 2022.

 

Los conquistadores de América cruzaron el océano Atlántico para someter a los naturales del territorio conquistado y ponerlos a trabajar (explotarlos) en su provecho. Este sistema de explotación se llamó ‘encomienda’. Los conquistadores querían que las encomiendas a ellos otorgadas por sus sacrificios sean hereditarias, pero la Corona de Castilla quiso limitar su duración y, en efecto, así lo hizo en las llamadas Leyes Nuevas, dictadas por el Rey Carlos I en 1542. En la América del Sur, Gonzalo Pizarro capitaneó las demandas de los conquistadores de explotar a su gusto a los nativos. El asunto desembocó en una guerra civil entre conquistadores.

 

Para esta época, Guayaquil era una ciudad española bajada de la montaña, buscando asentarse a la orilla de un río grande. Y se había asentado en la margen oriental de un río, pero sin suerte, pues los ataques de los nativos en 1536, 1537, 1542 y 1543 obligaron a los europeos a trasladar la ciudad una y otra vez, aunque siempre sobre la margen oriental, es decir, en la margen del río más cercana a Quito, villa (ciudad desde 1541) a la que Guayaquil debía servir como puerto.

 

La guerra civil entre los conquistadores es el escenario del crimen ocurrido en Guayaquil que determinó su ubicación definitiva. En Guayaquil gobernaba un portugués, Miguel de Estacio, nombrado Teniente de Gobernador de Guayaquil por Gonzalo Pizarro. En Puerto Viejo gobernaba Francisco de Olmos, Teniente de Gobernador también nombrado por Pizarro. Pero Olmos se cambió al bando realista tras conocer que el Rey había enviado a un sacerdote miembro de la Inquisición, Pedro de la Gasca, a pacificar en su nombre estos ariscos territorios.

 

En abril de 1547, para someter a los sublevados a la autoridad del rey, fue a Guayaquil Francisco de Olmos acompañado de otros ocho españoles. El 6 de abril de 1547, Olmos y compañía sacaron al gonzalista Estacio a conversar al fresco y lo cosieron a puñaladas. También mataron a otros gonzalistas, Alonso de Gutiérrez y un tal capitán Marmolejo. Consumadas estas muertes, la incipiente Guayaquil volvió al redil del Rey.

 

Y consumadas estas muertes, los habitantes de Guayaquil temieron la venganza de Pedro de Puelles, Teniente de Gobernador en Quito nombrado por Gonzalo Pizarro. Para ponérsela difícil a Puelles, los guayaquileños decidieron trasladar la ciudad a la margen occidental del río y ubicarla en la cima de un cerrito, para su mejor defensa.  

 

Pedro de Puelles nunca pudo concretar la temida venganza, porque el 29 de mayo de 1547 lo fueron a visitar unos españoles a su casa en Quito y lo cosieron a puñaladas. Pero ya Guayaquil no se movió del cerro que pasó a llamarse Santa Ana. Fruto del temor, la ciudad había llegado a su ubicación final. Y a pesar de los reclamos de Quito a la Audiencia de Lima para que Guayaquil regrese a la margen oriental (‘para ir y venir [a Guayaquil] se ha de ir con balsas y por ser puerto desta cibdad le viene daño’), ello ya nunca ocurrió.

 

423 años después, en 1970, el ‘Puente de la Unidad Nacional’ acercó Guayaquil a Quito, salvando una distancia que se había creado en 1547. El temor a la venganza por un crimen separó a estas ciudades por mucho (demasiado) tiempo.