Superpoder en burra

El superpoder del expresidente Rafael Correa es tal que el efecto de usar él unas comillas provocó que otro escriba un artículo… que el expresidente no leyó.

Mira a todas partes, pero a algunas partes mira menos.

El “influjo psíquico” es el superpoder. Aplicado (interpretado de manera aleve, grotesca) en un sistema de justicia, ello es un abuso, cuando no una estupidez; pero aplicado a la creación de un artículo que no se leyó es un desperdicio. Algo se pudo aprender, pues como decía el filósofo Karl Popper: “la verdadera ignorancia no es no tener conocimientos, sino rehusarse a adquirirlos”.

El tuit que viaja en burra.

Otra forma de decir Jalisco es decir “vuelve la burra al trigo”. En este caso, trigo son aquella leninmorenada de la nomenclatura como un dogma y la falacia de apelación a la burla. Pero de discutir los argumentos, pues naranjas. Que si el tránsito de monarquía a dictadura, que si el Colegio Electoral y el autogobierno, que si la independencia de poderes y la milicia… Tantas cosas para hablar sobre Guayaquil, pero el fetiche de la falacia es hablar de París. Ah, le fou.

Por lo menos ahora está claro que, para el expresidente Correa, la fulminante sanción a Antonieta Palacios fue una “injusticia”. Pero qué barata la sacan los autores de la injusticia, pues para ellos no hay ninguna palabra, nadita acerca de lo poco académicos y muy ociosos que han sido (la fulminante sanción a Antonieta fue su primera resolución del año -a mediados de su quinto mes). Esta acusada deferencia en un escenario tan papayero para el chascarrillo hiriente, especialidad de la Casa Correa, realmente no se entiende. (¿Espíritu de cuerpo con esta variante de las momias cocteleras?)

En lo que sí estoy de acuerdo: Jalisco lo venció. Se llegó a él en burra.

Naturgemälde

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de junio de 2024.

La palabra que titula esta columna es alemana y, por ende, algo jodida. O como en este caso, intraducible. Pero dejemos a una de la tierra de los teutones que nos la explique: “una palabra alemana intraducible que puede significar una ‘pintura de la naturaleza’ pero que al mismo tiempo entraña una sensación de unidad o integridad”. La explicadora es Andrea Wulf, y ella es la autora de un libro extraordinario: ‘La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt’.

El libro de Andrea Wulf es una biografía de este viajero y científico alemán cuya vida resultó marcada por el recorrido que hizo por el hemisferio Sur a inicios del siglo XIX. En esencia, ella lo considera a Humboldt el “padre fundador” de la idea de ecosistema.

La genialidad de Humboldt fue ir a contracorriente. En una época en que la ciencia insistía en la especialización de los saberes, él aspiraba a observar las conexiones entre las cosas. El momento cumbre de esta mente poderosa fue durante su escalada del volcán Chimborazo, en compañía de Carlos Montúfar, Aimé Bonpland y José, su criado (no olvidar que este es un viaje de burgueses). 

El ascenso de Humboldt a la montaña más cercana al Sol ocurrió el 23 de junio de 1802. No llegaron a la cima, pero alcanzaron unos respetables 5.917 metros, con equipo e instrumentos rudimentarios. De todas maneras, aquella altitud antes no había sido alcanzada por nadie (o al menos por un occidental, porque la etnia Sherpa…). Y fue allí, en esas alturas del Chimborazo y oteando un horizonte inmenso, que Alexander von Humboldt, nacido en Berlín el 14 de septiembre de 1769, concibió la idea del Naturgemälde.

En su biografía de este hombre extraordinario, Andrea Wulf explica el significado de haber concebido dicha idea: “La naturaleza, comprendió, era un entramado de vida y una fuerza global. Fue, como dijo después un colega, el primero que entendió que todo estaba entrelazado con ‘mil hilos’. Esta nueva noción de naturaleza iba a transformar la forma de entender el mundo”.

En el territorio de las provincias del Reino de España que algunos años después se unirán para conformar el Estado del Ecuador, Humboldt conoció varias ciudades (Quito, Riobamba, Cuenca, entre otras) y ascendió a varias de sus montañas. Fue él quien bautizó al callejón interandino como “avenida de los volcanes”. 

El 17 de febrero de 1803 Humboldt y su comitiva zarparon desde el puerto de Guayaquil con destino a México. Nuestra ciudad fue la última en el hemisferio Sur en la que estuvo Alexander von Humboldt. Mientras se alejaba de ella, él miraba por el telescopio y “veía que las constelaciones del cielo austral iban desapareciendo poco a poco”. Cruzó la línea imaginaria del ecuador el 26 de febrero de 1803. Nunca más (murió en Berlín, el 6 de mayo de 1859, a los 89 años) volvió al hemisferio Sur.

Y Humboldt nunca fue el mismo tras su visita a esta parte del mundo, pues como lo destaca su biógrafa Wulf, “sobre todo, se iba de Guayaquil con una nueva visión de la naturaleza. En sus baúles iba el dibujo del Chimborazo, el Naturgemälde. Este dibujo y las ideas que lo habían inspirado cambiarían la percepción del mundo natural que iban a tener las generaciones futuras”.

Correa y el pensamiento crítico

El expresidente Rafael Correa ha publicado un tuit en respuesta al artículo que publiqué en el portal La Contra y este blog acerca de la suspensión indefinida de una autoridad académica (la directora de la Academia Nacional de Historia capítulo Guayaquil, Antonieta Palacios) por parte del Directorio de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Sin fórmula de juicio, sin procedimiento ni razonamiento. Sin que parezca, ni por asomo, que una Academia no digo ya Nacional o de Historia haya actuado, porque lo hecho es propio de barbajanes.

Correa no se refirió de manera específica a ese tema (salvo que en las “indudables injusticias” la haya incluido sin referirlo, que es lo mismo que no haberlo hecho) pero sí se refirió a mis argumentos poniendo entre comillas la palabra argumentos, como si eso significara algo en el campo del pensamiento crítico. Y se nota su desgano, porque para su crítica recurre a una falacia de apelación a la burla, a fin de apoyar su conclusión preconcebida de que mis argumentos no merecen ser tomados en cuenta. Dice Correa que, según mis argumentos, deberíamos aceptar que la Comuna de París fue una república.

No conozco en detalle el caso de la Comuna de París y poco importa.

En lo que importa: las únicas ideas de Correa contra mis argumentos son el usar unas comillas y esta falacia. Para una persona como Correa, a la que sí considero y estimo como académica, esto me parece paupérrimo. Creo que él lo puede hacer mejor.

En tiempos de la campaña de Aquiles Álvarez, en una entrevista Correa dijo lo siguiente:

A este Correa del pensamiento crítico apelo.

Para hacer un verdadero ejercicio crítico, Correa debería empezar por reconocer que es muy pobre intelectualmente tomar una idea y apelar a la burla para desacreditarla. El ejercicio crítico deberá ser otro: contrastar un acontecimiento histórico concreto con la teoría política acerca de lo que significa ser una república. Ese ejercicio hice en mi artículo, que lo citó Correa, con relación específica a la república de Guayaquil. 

Así, si el académico Correa estuviera interesado en debatir, él trataría de demostrar que mis argumentos están equivocados. Específicamente, los que desarrollan estos dos puntos:

Punto 1.- Que el tránsito de un régimen monárquico (por definición el gobierno de uno -el rey) a un régimen electivo de autogobierno de un territorio por sus habitantes implica el tránsito de un régimen monárquico a un régimen republicano, siempre que se satisfagan las dos condiciones que se desarrollan en el siguiente punto.

Punto 2.- Que, tras la ruptura con la monarquía, se organice la población del territorio y, por canales institucionalizados, ella decida: 

2.1.- Designar a sus autoridades para la administración del territorio; 

2.2.- Designar a sus representantes para aprobar las normas de autogobierno que regirán la convivencia de la sociedad.

En el caso de Guayaquil (es irrelevante si en la Comuna de París u otro sitio) lo indicado en el punto 1 se cumple por el hecho mismo del 9 de octubre que significó, como se lee claramente en el Acta firmada ese día, el día “primero de su Independencia” y, por ende, significó una ruptura clara y terminante con el régimen monárquico.

En el caso de Guayaquil (es irrelevante si la Comuna de París o que sais-je) lo indicado en el punto 2 se cumple por la participación popular por canales institucionalizados para elegir a sus representantes, que se tradujo en la participación de 57 representantes provenientes de 27 pueblos de la provincia reunidos en un Colegio Electoral celebrado entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820, en el que se eligieron los gobernantes del territorio (un triunvirato de gobierno compuesto por Olmedo, Roca y Ximena) y se aprobaron sus normas de autogobierno (el Reglamento Provisorio de Gobierno). 

Si salió de la monarquía, para establecer sus propias autoridades y reglas de autogobierno, el territorio donde ocurrió aquello, merece el nombre de república. Esto, con independencia de la denominación que haya tenido u ostentado en aquellos tiempos.

Porque lo importante no es debatir acerca de una nomenclatura, eso es juzgar un libro por la portada, una leninmorenada. Lo importante (o debo decir: lo académico) sería investigar acerca de ese período específico de la historia, para entenderlo a profundidad (incluso si se trata de disminuirlo o negarlo). Porque para eso sirve la Academia, cuando es honesta en sus objetivos y rigurosa en sus procedimientos.

Es la hora de formularle al académico Correa un par de preguntas: 

PREGUNTA 1: ¿En serio una persona pensante se sitúa junto a una academia a la que no se le ha caído un argumento y pretende silenciar toda idea que no se ajuste a su relato histórico? 

No concibo a un académico consintiendo la acción censuradora de esta “academia”. El despido de Antonieta Palacios, fulminante y grotesco, como acto administrativo; la pretensión de que la única historia que vale es la que cuenta una historia falsa acerca del heroísmo de la ciudad capital, como desvarío conceptual. Asentados en Quito, estos “académicos” se sienten en la obligación de defender su relato del 10 de agosto heroico a trancas y barrancas, prescindiendo de argumentos. Sienten que la ofensa se dirige a la calle 10 de agosto, a su pedacito de historia a conservar, y por eso saltan de su modorra a defenderla.

Repito: Unos señores en Quito, que poca gente conoce y muy poco hacen, se creen en la potestad de decirle a otras personas que no viven en Quito cuál es el relato correcto y castigan o censuran a todo aquel que no se ajuste a dicho relato (relato que, en rigor, es la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el relato que a Quito le conviene?). 

PREGUNTA 2: ¿Puede tener Guayaquil un relato propio, o tendrá siempre que someterse a los lineamientos históricos que quiere la Academia quiteña?

Lo hecho por la Academia Nacional de Historia del Ecuador es censurable, tanto por su resolución administrativa (la primera del año, casi a mitad del año: más que académicos, vagos) como por su pretensión de silenciar un debate. El deber de la academia nacional debería ser estimular a los distintos capítulos a contar las historias de los territorios que componen un Estado. Además, debería siempre defender su interpretación de la historia con argumentos, profundizando en el análisis, porque esto es lo propio de toda academia. 

Pero la Academia sita en Quito no hace eso: a ella la mueve ser la fiel guardiana de un relato. Uno que no cuente que Guayaquil fue república independiente, o que omita que Quito nunca lo fue.

La respuesta a esta segunda pregunta no puede ser otra que Guayaquil puede (tiene el deber cívico) de tener un relato propio. La única condición para ello es fundamentarlo.

El lado correcto (o debo decir: académico) de la historia

Hago notar que el lado correcto de la historia está en defender el pensamiento crítico, el libre debate de ideas. El expresidente Rafael Correa debería censurar la actuación de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, por arbitraria contra las autoridades del capítulo de su ciudad y, en especial, por su condición de académico, debería censurarlos, fuerte y claro, por pretender silenciar el libre debate de ideas. Y, además, debería aceptar que es razonable que se considere como república a un territorio libre e independiente que acogió a instituciones republicanas para su autogobierno. O mostrar que existen argumentos poderosos (no una méndiga apelación a la burla) para sostener que ello no es razonable. Pero si no los tiene, debería proceder como dijo que él hacía, según el vídeo que consta más arriba, y conceder la razón. 

Las ideas no son sagradas, ni las históricas ni ninguna otra: todas deben estar abiertas a debate y eso debería entenderlo esta academia barbajana en relación con la república de Guayaquil.

Y así debería también entenderlo Correa, a cuyo pensamiento crítico apelo. Ojalá que en esto no lo venza Jalisco.

El nombre Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 31 de mayo de 2024.

Lo único seguro cuando se discutió el nombre del nuevo Estado surgido en Sudamérica el año 1830 era que no se iba a llamar Quito. A diferencia de las ciudades de otros Estados de América latina, como México, Guatemala o Panamá, que ostentan el nombre de su capital, Quito no estaba en capacidad de ese prodigio. 

La reunión de las antiguas provincias españolas de Cuenca, Guayaquil y Quito se la hizo en pie de igualdad, mal podía entonces una provincia imponer su nombre a las otras. Esto lo explicó muy bien el diputado José Joaquín Olmedo, en el Congreso Constituyente celebrado en Riobamba entre agosto y septiembre de 1830, cuando indicó “la diferencia que había entre provincias que están sujetas á una autoridad, y que unidas forman un cuerpo político, y entre otras secciones que por circunstancias improvisas quedan en una independencia accidental”.

Esa “independencia accidental” garantizaba que ninguna provincia se podía imponer a las otras. Esto, en la práctica, perjudicó a Quito, porque como lo evidencia la correspondencia cruzada entre el Vicepresidente Francisco de Paula Santander y su Secretario del Interior José Manuel Restrepo, en los tiempos en que el Distrito del Sur perteneció a una Colombia que ellos gobernaban: “Cuenca y Guayaquil no se ligan con los quiteños”. La consecuencia obvia de esa desavenencia era que el nuevo Estado no se iba a llamar Quito.

El reemplazo del nombre Quito fue el nombre Ecuador, que es un nombre inventado por un venezolano exaltado, el Libertador Simón Bolívar. Un nombre ajeno a la historia del territorio, sin ninguna capacidad distintiva pues la línea del ecuador atraviesa muchos otros países del mundo (siete de África, dos americanos, dos asiáticos y uno de Oceanía). Para el sociólogo Manuel Espinoza, el nombre Ecuador era “exótico e insólito a nuestra realidad cultural y por tanto sumamente artificioso ya que surge a espaldas de la realidad histórica y como una identificación geográfica hecha por extranjeros a una circunscripción histórica-territorial que tenía nombre propio desde ante de la colonia: Quito”.

Ecuador fue el nombre fruto de una “identificación geográfica hecha por extranjeros” que les recordó a los nacientes ecuatorianos un episodio feliz de su historia, cuando su territorio brilló para el mundo.

Porque a los integrantes del Congreso Constituyente de 1830, el término Ecuador les debió recordar aquel acontecimiento feliz en la historia de su tan misérrimo como periférico territorio, como lo fue la visita de una misión científica de los académicos franceses, entre 1735 y 1744, para medir la distancia equivalente a un grado de latitud en el ecuador terrestre. Negado el nombre Quito, les resultó a ellos un fácil expediente escoger como nombre a una abstracción, que era el mérito de otros, mejores y civilizados: los franceses.   

En definitiva, como puntualizó la historiadora Ana Buriano en su artículo para un libro recopilatorio titulado ‘Crear la nación. Los nombres de los países de América Latina’, aquel año 1830 nació “un nuevo y débil Estado bajo un nombre común, caracterizado como una ‘tregua semántica’ para evitar que, siquiera en ese plano, Quito tuviera primacía jerárquica sobre las demás”.

Ecuador en París 1924

            Publicado en diario Expreso el viernes 24 de mayo de 2024.

Hace cien años, en los VIII Juegos Olímpicos de París 1924, ocurrió la primera participación de una delegación ecuatoriana. En esa ocasión, la delegación del Ecuador se compuso de tres varones: Alberto Jurado por Guayas, Alberto Jarrín por Tungurahua y Belisario Villacís por Pichincha. 

No había el Comité Olímpico Ecuatoriano en 1924 (recién se instituyó en 1959), así que hizo sus veces la Federación Deportiva del Guayas, que fue la primera federación del Ecuador, constituida en 1922. Los tres atletas recibieron ayuda oficial para su participación en los Juegos Olímpicos de París. Por una parte, el presidente José Luis Tamayo les entregó la cantidad de 6.000 sucres; en París, ellos fueron recibidos por el cónsul ecuatoriano Luis Barberis. Eso sí, viajaron sin acompañamiento de ningún dirigente; Alberto Jurado hizo las veces de delegado-tesorero de la delegación. 

La delegación del Ecuador compitió únicamente en pruebas de atletismo. El guayaquileño Alberto Jurado, quien fuera el abanderado de la delegación, fue también el primer atleta que representó al Ecuador en una competencia. El 6 de julio participó en los 100 metros planos y finalizó último, con un tiempo de 11.4 segundos, quinto entre cinco. Con un tiempo de 10.8 segundos, terminó en primer lugar el estadounidense Loren Murchison. Él avanzó a la ronda final, donde finalizó sexto. 

Como dato de color de la carrera en la que participó Jurado, el segundo en esa competencia fue el neozelandés Arthur Porrit (único enviado de Nueva Zelanda para estos juegos), quien avanzó a la ronda final y obtuvo la medalla de bronce, y que en su país se convirtió en el primer Gobernador General de Nueva Zelanda (1967-1972) que fuera nativo del territorio (todos los anteriores a él habían nacido en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Ese mismo 6 de julio compitió Alberto Jarrín en la carrera de 10.000 metros. No concluyó la prueba. 

Alberto Jurado participó el 8 de julio en la competencia de salto largo y allí le fue algo mejor pues fue penúltimo, séptimo entre ocho participantes. Jurado marcó 5.68 metros, quedando a 1.58 metros del vencedor, el noruego Sverre Hansen, que marcó 7.26 metros y avanzó a la ronda final, donde obtuvo la medalla de bronce (el ganador de la medalla de oro ese año, el estadounidense William DeHart Hubbard, marcó 7.44 metros). En esta competencia, Jurado superó por 0.20 metros al mexicano Alfonso Stoopen.

Se podría decir que aquella fue la única “victoria” ecuatoriana pues el 13 de julio el sargento Belisario Villacís compitió en la maratón, pero él tampoco concluyó la competencia.6   

La razón del fracaso de los fondistas ecuatorianos la explicó el cónsul Luis Barberis. Él destacó que estos atletas “no corrieron sino 5.000 metros porque cometieron el error de usar zapatos nuevos, comprados en Francia, muy atléticos pero que les apretaron los pies desde la partida”. 

De esta manera concluyó la primera participación del Ecuador en unos Juegos Olímpicos. Cien años después, incluyendo París 2024, el Ecuador habrá participado en un total de quince Juegos Olímpicos. En tres de ellos (Atlanta 1996, Beijing 2008 y Tokio 2020) sumó en total tres medallas de oro y dos de plata.

La descripción de dos injusticias

            Publicado en La Contra el 21 de mayo de 2024.

Fernando Ampuero Trujillo, mi buen amigo (de decenas de años y compañero de la singular GkillCity), me pidió una opinión para La Contra por el despido de la directora de la Academia Nacional de Historia capítulo Guayaquil. Como amante de mi ciudad, ofrezco estas palabras:

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Dirijo este artículo a los miembros de la Academia Nacional de Historia que, de manera tan reciente como este viernes, sancionaron a una persona por salirse del relato que la Academia se esfuerza por preservar.

Presento mis mínimas credenciales históricas: En este blog, he escrito mucho sobre el 10 de agosto de 1809 (mis artículos están agrupados en este enlace) y acerca de la independencia de Guayaquil. En un diario de mi ciudad, Expreso, publico desde febrero del año 2022 una columna que lleva por título “La otra historia del Ecuador”. En ella, publiqué este artículo el viernes 19 de abril de este año:

*

Creo que la Academia Nacional de Historia ha cometido dos injusticias. Ha sancionado a la directora de la Academia Nacional de Historia capítulo Guayaquil, Antonieta Palacios Jara, por haber suscrito un documento en el que solicitó el 22 de marzo de 2024 al Municipio de Guayaquil el cambio de nombre de la calle 10 de agosto, en el tramo comprendido entre Chile y Malecón, a una de las siguientes dos opciones: Provincia Libre de Guayaquil o República de Guayaquil. Esto se prueba en el Oficio No. ANH-005-O (este enlace, pp. 94-95).

Ese documento fue acogido por el órgano municipal a cargo del patrimonio en el Municipio de Guayaquil, la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural, cuya directora, María Isabel Silva Iturralde, elaboró un razonado informe en el que se escogió la denominación República de Guayaquil y se fundamentaron los motivos para justificar dicho cambio de denominación de la calle. Esto se puede apreciar en el Memorando No. DG-UTPC-0247-2024 (este enlace, pp. 87-93).

Por haber presentado el documento del 22 de marzo, el Directorio de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, en su Resolución del Directorio No. ANH 001-2024, suspendió de forma indefinida a Antonieta Palacios Jara del cargo de directora del capítulo Guayaquil de su institución. La razón que han esgrimido en el considerando cuarto de su primera resolución del año 2024 (no parece que tengan mucha actividad) es la inmersión de la conducta de la directora Antonieta Palacios en lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de su organización: “se consideran faltas graves los actos que afecten a la unidad nacional o que promuevan la ruptura, división o disolución de la Academia”. Es evidente que ellos consideran que el oficio firmado por la directora Antonieta Palacios el 22 de marzo afecta, de alguna manera, a la unidad nacional.

Como base para esta conclusión, en el considerando tercero de su resolución, el Directorio afirma que el nombre República de Guayaquil “no tiene el menor fundamento histórico y tiende a erradas interpretaciones, fomentando a su vez división o regionalismo en nuestro país”.

Para interpretar esta crítica inserta en su primera resolución se debe considerar el Informativo Electrónico No. 58 de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, que contiene una comunicación dirigida al Alcalde de Guayaquil. Allí se puede leer un pronunciamiento de dicha entidad, donde consta una frase singular y en negritas: “Guayaquil nunca fue República”. También hay que tolerar en este documento la lectura de que la resolución del Concejo Municipal de cambiar el nombre de la calle “ha sido interpretada, por amplios y representativos sectores del país, como un acto de separatismo o regionalismo” y que, por ello, debe realizar un pronunciamiento “sobre la realidad histórica, el significado del 10 de Agosto de 1809 y la necesidad de trabajar por la unidad nacional”.

Para entender el tamaño de la injusticia cometida en perjuicio de Antonieta Palacios, se debe criticar cuatro aspectos de lo resuelto y expuesto por la Academia Nacional de Historia del Ecuador.

1) Guayaquil sí fue república

En rigor, creo que debemos definir los términos del debate. La corriente que dice que Guayaquil no fue república (tomemos al doctor Franco Loor como su representante) sostiene que ello es así, porque en ningún documento se dice específicamente “República de Guayaquil”. Es un argumento digno de Lenin Moreno: “No hay texto”.

Con el debido respeto, esto es juzgar un libro por la portada, privilegiar la forma a la sustancia. El doctor Franco Loor nos invita a una arqueología de documentos para probar algo que no existió, empresa tan exhaustiva como fútil. La pregunta que se debe responder es: ¿Qué significó la independencia para Guayaquil? La tarea de los historiadores debería ser desentrañar esta pregunta, analizarla desde distintas aristas. 

Y una específica es ésta: El 9 de octubre de 1820 tuvo una consecuencia concreta, como fue que la provincia de Guayaquil empezó a vivir bajo las normas que dictaban sus propios representantes, no una autoridad en España; a gozar de un régimen electivo por oposición a un régimen hereditario de gobierno; a tener nuestra bandera, nuestra imprenta y nuestras relaciones diplomáticas con otros Estados (fueron cinco: Perú, Colombia, Chile, Guatemala y Estados Unidos). 

Los politólogos italianos Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, en su Diccionario de la Política*, empiezan su definición de la voz “república” de la siguiente manera:

“En la moderna tipología de las formas de estado el término r. se opone a monarquía; en ésta el jefe del estado accede al sumo poder por derechos hereditarios, mientras que en la primera el jefe de estado que puede ser una sola persona o un colegiado de más personas (Suiza), es elegido por el pueblo directo o indirectamente (a través de asambleas primarias o asambleas representativas).” (p. 1391)

Eso precisamente pasó en Guayaquil: desde el 9 de octubre, el acceso al poder no ocurría más por herencia sino por elección hecha por representantes, que se reunieron en asamblea entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820. Se reunieron en la ciudad de Guayaquil para dictar sus normas de autogobierno un total de 57 representantes de 27 pueblos de la provincia de Guayaquil (para que quede constancia: 1 por Balao y Puná, 1 por Canoa, 1 por Caracol, 1 por Colonche, 1 por Palenque, 1 por Pichota, 1 por Santa Lucía, 2 por Babahoyo, 2 por El Morro, 2 por Machala, 2 por Montecristi, 2 por Puebloviejo y Ventanas, 2 por la Punta de Santa Elena, 2 por Samborondón, 2 por Yaguachi, 4 por Baba y Pimocha, 4 por Jipijapa, 5 por Daule y 16 por Guayaquil). El territorio que tuvo representantes en la asamblea de noviembre de 1820 abarcó las actuales provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Santa Elena. 

El Guayaquil de la época enalteció la importancia de la reunión del Colegio Electoral (nombre oficial de la asamblea de representantes). Los politólogos italianos coinciden con la importancia de tener canales institucionalizados de expresión: “En conclusión, el orden político en la r. democrática nace desde abajo, aun en medio de los disentimientos, con tal de que tengan canales institucionalizados para expresarse” (p. 1392). Pero hay que decirlo, mejor lo expresa la Junta de Gobierno presidida por el poeta Olmedo en el decreto que emitió para conmemorar la reunión del Colegio Electoral:

“Después de proclamada nuestra independencia no podíamos llamarnos libres, hasta aquel día en que vencidos dignamente los escollos que presentan siempre las revoluciones en su principio, pudo reunirse la representación de la Provincia, que es el más precioso de los derechos sociales, y el privilegio más noble de los pueblos libres. Este memorable día fue el 8 de Noviembre de 1820…”.

Ese memorable día, destacó el decreto de la Junta, fue cuando “por primera vez pronunció libremente su voluntad el pueblo de Guayaquil, y puso los cimientos de su voluntad política”.

El cierre del artículo del Diccionario de la Política debería ser un disipador de dudas: “el término republicano siempre estuvo vinculado a un origen y a una legitimación popular del poder de aquel que sustituyó al rey, que legitimaba su poder en la tradición.” (p. 1393)

Así, no se trata de gastar energía en encontrar una etiqueta, de lo que se trata es de pensar un episodio de la historia que ha sido relegado al olvido. Por la reacción desproporcionada que ha generado, se nota que algunos todavía quisieran mantenerlo allí. 

Una forma de combatir este olvido es el recuerdo en una de las calles de Guayaquil del tiempo entre 1820 y 1822 en que hubo en Guayaquil un autogobierno sin régimen monárquico, o lo que viene siendo para Bobbio, los otros dos politólogos y cualquier persona sensata, el tiempo que fuimos república.

2) La interpretación separatista del cambio de nombre

El rigor que se exige en el apartado anterior se ha desvanecido en este apartado. Aquí no se encontrará una méndiga prueba, ni un pinche indicio, nada. Es sólo suposiciones, basadas en la histeria no en la historia. Tomemos al expresidente Correa como ejemplo: él equipara lo ocurrido el jueves en el Concejo Municipal de Guayaquil con la intentona separatista de los socialcristianos et alii allá por los años 2000… ¿Pruebas para esto? Ninguna, sólo contamos con su intuición, lo que él percibe de la situación. 

Es un argumento digno de Walter Mercado**.

3) El significado del 10 de agosto

En este apartado, me remitiré a un artículo que publiqué justo el día de la destitución de Antonieta Palacios, en diario Expreso. De independencia, nada: 

4) El supuesto atentado a la unidad nacional 

Sugerir que el recuerdo de un episodio ocurrido en Guayaquil entre 1820 y 1822 atenta contra la unidad nacional es absurdo. Tan absurda es esta idea que su implementación comportaría un atentado contra la libertad de toda ciudad para recordar y escribir su propia historia.

Lamentablemente, las ideas de la Academia Nacional de Historia capítulo Ecuador para aplicar el artículo 33 de su estatuto en perjuicio de Antonieta Palacios son mínimas, escuetas. De la motivación constante en el considerando tercero de su resolución No. ANH-001-2024 se desprende que, dado que ellos consideran que Guayaquil nunca fue una república, de ello se debe deducir que la sola mención de su existencia fomenta “división o regionalismo en nuestro país”. En su Boletín Electrónico No. 58 ellos afirman que la decisión de cambiar la calle “ha sido interpretada, por amplios y representativos sectores del país, como un acto de separatismo o regionalismo”. Pero no se les cae un nombre de estos supuestos ofendidos, ni una idea de cómo la sola mención de un acontecimiento produce un efecto tan terrible.   

Me ocupé líneas arriba de argumentar, al amparo de Norberto Bobbio y del sentido común, la existencia de un Guayaquil republicano y autónomo entre el 9 de octubre de 1820 y el 13 de julio de 1822. Ahora me ocuparé de la deducción que el directorio de la Academia Nacional de Historia del Ecuador desprende de su premisa falsa y de la consecuencia que aquella deducción (inválida, en términos lógicos) tendría para el libre debate de las ideas. 

Si una afrenta al 10 de agosto y a delicadas personas se registra cada vez que se llega a plantear la existencia del Guayaquil republicano y autónomo entre 1820 y 1822, el resultado que desearía esta institución académica asentada en Quito es silenciar el tema para evitar que se ocasione dicha afrenta a una fecha y a unas almitas sensibles y anónimas. Ese mismo es el caso, y la sanción a Antonieta Palacios es uno de sus instrumentos. Sólo hago notar que este tipo de zafia conducta resulta contraria a los fines de ampliar el conocimiento que debería animar las acciones de toda institución académica. 

Porque una verdadera academia no silencia un debate. Una verdadera academia lo favorece, lo estimula, lo promueve. Bienviene el libre debate de ideas. Y no se impone con argumentos de autoridad (“Guayaquil nunca fue República”, como si esas negritas fueran una profunda meditación). Su estrategia debería ser persuadirnos con razones bien hilvanadas, con argumentos válidos.

Pero razones y argumentos por parte de la Academia Nacional de Historia del Ecuador son lo único que no ha existido, ni para imponer una sanción ni para exponer sus ideas. Por oposición, la república de Guayaquil sí existió. (O debo decir: “Guayaquil sí que fue república”, tal vez así nos entendemos.)

Conclusión

Quito nunca fue una república, no conoció el autogobierno. A ella la tuvieron que ir a sacar de España para ponerla en Colombia. El tránsito de esto tuvo un momento preciso: el 25 de mayo de 1822, a las 14h00, cuando en la cima del Panecillo se arrió la bandera española para izar el tricolor colombiano. (Si tanto Quito quiso la independencia, ¿por qué la calle que sube a la cima del Panecillo se llama Melchor de Aymerich?***). Quito siempre estuvo sometida a otra jurisdicción, hasta que en 1830 se convirtió en la cabeza del Estado del Ecuador. 

A diferencia de Cuenca, que se independizó el 3 de noviembre pero después de la derrota en la batalla de Verdeloma volvió a ser española, o de Quito que fue española hasta que la hicieron colombiana, Guayaquil se independizó el 9 de octubre de 1820 y nunca más volvió a ser española. En ese período entre 1820 y 1822 que Guayaquil no fue ni española ni colombiana, ella fue la cabeza de una provincia que se autogobernó a sí misma. 

Lo específico del hecho de la independencia el 9 de octubre de 1820 es haberse separado de un régimen monárquico con ese Fernando VII (tan “rey legítimo y señor natural” de los quiteños) impuesto por la tradición de lo hereditario, para pasar a un régimen republicano con un gobierno “electivo” de los guayaquileños, como lo señalaba el artículo 1 del Reglamento adoptado para su autogobierno por los representantes de la provincia.

Ese período concreto de autogobierno y sin Monarquía Católica que nos rija y dirija, esos específicos 642 días, es lo que se quiere recordar. ¿Por qué desconocer el mérito de haberse independizado Guayaquil y de haber sostenido su independencia? ¿Por qué silenciarlo?

Creo que la respuesta es que les daña su relato. La Academia Nacional de Historia, con sede en Quito, sostiene el 10 de agosto de 1809 porque permite situar a Quito (de manera falaz) como el punto de partida del proceso de independencia. Eso, hace tiempo, se ha demostrado que es falso. La Junta de Quito, como otras de la misma época (Montevideo, Charcas, La Paz, todas anteriores a Quito), fueron de signo conservador. Y realmente, ello no puede sorprendernos en la ciudad que incineró a Alfaro.

Y para sostener ese relato falaz se debe opacar que cualquier otra ciudad brille, aún a costa de la verdad histórica. Así, Guayaquil, única ciudad que peleó, ganó y mantuvo su independencia (por 642 días y gobernada con reglas dictadas por sus representantes) hasta que la anexionaron a la República de Colombia, desde la perspectiva de la citada academia, debería no recordar su pasado a mayor gloria del 10 de agosto.

Y esa es la segunda injusticia. Por eso creo que es un deber cívico hacer lo contrario.

~*~

* Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, ‘Diccionario de política’, Siglo xxi editores, México D.F., 2007 (primera edición en italiano: 1976). 

** Originalmente, iba a ser un argumento “digno de la Guga Ayala”. Pero conversando con un pana, me persuadió de que sea “digno de Walter Mercado”, que es como la Guga Ayala pero versión Univisión. 

*** Esta duda tiene video: 

Fanáticos de Fernando VII

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de mayo de 2024.

Según algunos, la revolución del 10 de agosto de 1809 fue una “máscara” porque, detrás de las alabanzas al rey español Fernando VII, se escondía un ardiente deseo de independencia. Según esta teoría, de manera taimada le estaban jurando sumisión a un rey, únicamente para mejor clavarle un puñal. 

Pero los quiteños de 1809 no fueron unos taimados. Ellos tuvieron claro sus objetivos: el primero, obtener la autonomía para administrar su territorio. Quito quería que la asciendan a Capitanía General (como en Sudamérica eran Venezuela y Chile) para superar su estado de sumisión al Virreinato de Santa Fe, siendo como era Quito una Audiencia subordinada a lo que en Santa Fe (hoy Bogotá) se decida en segunda instancia, lo que era apelable en España ante el Consejo de Indias y, en última instancia, ante el rey. Quito era la parte más baja de esta escala, un juzgado de primera instancia. 

El segundo objetivo era la recuperación de su grandeza de antaño. En el último cuarto del siglo XVIII e inicios del XIX, a Quito le quitaron: primero, la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí por la creación de un obispado en Cuenca (1779); segundo, Esmeraldas, Tumaco y La Tola, que pasaron a la administración de Popayán (1793); tercero, Mainas, que pasó a ser administrada desde España (1802); cuarto, Guayaquil, que pasó a la administración de Lima (1803). Le quitaron por todos los puntos cardinales.

Entonces, el 10 de agosto de 1809 fue la oportunidad de los quiteños para satisfacer estos dos objetivos. Ellos crearon una Junta de Gobierno y nombraron autoridades, pero jamás buscaron la independencia pues lo que realmente querían era tener autonomía y estar en pie de igualdad con las potencias de la región. Quito no quería que su coteja sea Charcas (otra Audiencia subordinada); ella aspiraba a que lo sean Lima, Santa Fe y Buenos Aires (Virreinatos), y Chile y Venezuela (Capitanías Generales). 

Para obtener estos objetivos, Quito decidió convertirse en la más ardiente defensora del rey español y cambiar el modelo administrativo en la jurisdicción de su Audiencia. Lo primero, porque la España peninsular estaba tomada por el ejército francés. Entonces, al rey Fernando VII (a quien se lo llamaba “rey legítimo y señor natural”) el Ministro de Justicia Rodríguez de Quiroga lo invitó, en abierta proclama, a que fije en Quito “su augusta mansión”. 

En cambio, al emperador de los franceses, Napoleón, a quien se lo llamaba “el Tirano de Europa”, Rodríguez de Quiroga lo emplazó a que “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Lo segundo, el cambio de modelo administrativo, provocó su caída. La Junta de Gobierno de Quito quiso someter bajo su administración a tres gobernaciones: Cuenca, Guayaquil y Popayán. Las tres ignoraron las demandas de Quito y enviaron tropas para someter su experimento de insubordinación y autonomía. Lo consiguieron.

El 24 de octubre de 1809, fracasado su experimento, los quiteños devolvieron el poder a quien se lo habían usurpado. Y fueron unos fracasados, unos ilusos, acaso unos necios, pero nunca taimados. 

Ellos realmente querían caerle en gracia a su rey.

Historia de dos amigos

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de mayo de 2024.

Flores y Febres-Cordero, venezolanos, señalaron el camino a seguir para forjar un nuevo Estado en el concierto de las naciones sudamericanas. El 13 de mayo de 1830, el general Juan José Flores, hasta entonces el Prefecto del Distrito del Sur de Colombia, fue designado por representantes del departamento del Ecuador como la máxima autoridad de un nuevo Estado en formación, ostentando el singular nombre de Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia.

Este Estado era apenas otro nombre para lo que se conoció como el Distrito del Sur de la República de Colombia. El Distrito del Sur, por ley colombiana de 1824, se dividió en tres departamentos: Azuay, Guayaquil y Ecuador (que fue el nombre que impuso Bolívar para reemplazar Quito). El departamento del Ecuador consintió integrar un nuevo Estado el 13 de mayo. El 19 lo hizo Guayaquil, y el 20, Azuay. 

Con el consentimiento de los departamentos, el 31 de mayo de 1830 el Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia emitió su primer decreto, que fue designar como su Secretario General al venezolano Esteban Febres-Cordero. Hecho esto, emitió dos decretos, firmados por Flores y Febres-Cordero, en el que estos venezolanos marcaron la hoja de ruta para tener un Estado en unos cuatro meses, aproximadamente. Ellos convocaron a un Congreso Constituyente para regular el funcionamiento del nuevo Estado mediante la aprobación de una Constitución y demás normativa.

El plan de estos extranjeros fue simple: reglaron las elecciones de siete representantes por departamento, establecieron un lugar más o menos equidistante a sus capitales y ofrecieron pagar a cada uno de los representantes según la distancia en leguas que haya tenido que recorrer para cumplir su destino. El lugar más o menos equidistante a Guayaquil, Quito y Cuenca fue Riobamba y la cantidad a pagar era un peso por cada legua de recorrido para llegar a esa ciudad (ida y vuelta). 

La hoja de ruta diseñada por los venezolanos imponía que el Congreso Constituyente se tenía que reunir el 10 de agosto de 1830. Ni por el incentivo de un pago los representantes llegaron a tiempo, pues las sesiones empezaron recién el 14 de agosto.

No había pasado un mes de su instalación, el 11 de septiembre, cuando el Congreso Constituyente produjo una Constitución. Fue un bodrio conservador que postulaba al nuevo Estado como parte de una delirante República de Colombia y que consideraba a los indios una raza “abyecta y miserable” que debía someterse al tutelaje de los sacerdotes (el primer Ministro de Hacienda, en un informe de labores, consideró a los “indígenas” como una de las “fuentes de riqueza” del Estado -las otras eran la agricultura, las minas y la industria).

Lo que empezó un 31 de mayo concluyó 115 días después, el 23 de septiembre, cuando el Congreso Constituyente designó Presidente del nuevo Estado a Juan José Flores y él puso el Ejecútese a la Constitución. Ese 1830, Flores lo empezó como Prefecto de un distrito colombiano, pasó a ser el Jefe de la Administración de un Estado provisorio y terminó por ser el primer Presidente de un nuevo Estado. 

El plan diseñado por los venezolanos funcionó: hubo nuevo Estado y uno de ellos fue su Presidente.

Él saltó de la terraza

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de mayo de 2024.

La de Francisco Javier León fue una vida que se descarriló hasta el salto al vacío. La enturbió, pobre, el ejercicio del máximo poder.

León fue el Encargado del Poder Ejecutivo por disposición de la “Carta Negra”, apelativo con el que se conoce a la Constitución de 1869, dictada por una asamblea adicta a Gabriel García Moreno tras el golpe de Estado por él orquestado en enero de ese mismo año. Esta Constitución (la séptima de la República del Ecuador) disponía en su artículo 55 que, en caso de vacar la presidencia por causa de muerte, correspondería al vicepresidente la subrogación del cargo. 

Para García Moreno, Francisco León era un tipo de confianza. Fue en su segunda administración, entre 1869 y 1875, que García Moreno le confió el Ministerio de lo Interior. Por disposición del artículo 52 de la “Carta Negra”, cuando por un motivo temporal García Moreno no podía ejercer la presidencia lo debía subrogar “el Ministro de lo Interior con el título de Vicepresidente de la República”. León lo subrogó en varias ocasiones.  

Francisco León fue abogado y político, nacido en Quito el 13 de octubre de 1832, que muy joven asumió el Ministerio de lo Interior, pues contaba alrededor de 37 años. Cuando asumió el Encargo del Poder tras el magnicidio de García Moreno, León tenía 42 años. 

El 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de culminar su período de gobierno, asesinaron al presidente García Moreno al pie del Palacio de Carondelet. Entonces, por aplicación del artículo 55 de la Constitución, le correspondió a León terminar los cuatro días que le faltaron a García Moreno y completar así el único sexenio presidencial en la historia ecuatoriana.

La muerte de García Moreno significó también la muerte de quien iba a gobernar el siguiente sexenio (1875-1881), porque el pueblo había votado por García Moreno para presidente en las elecciones de mayo de 1875. Por ello, León asumió la más alta investidura civil del Ecuador hasta la organización de nuevas elecciones y, dadas las circunstancias, para perseguir y ejercer el máximo rigor en contra de los asesinos de García Moreno.

Los persiguió con saña, incluso saltándose la Ley, como en el caso de Gregorio Campuzano.   A él lo absolvió un Consejo de Guerra, pero León ejerció el máximo poder: decidir sobre su vida o muerte. León escribió al Consejo de Guerra, para que se le imponga la pena capital: “… con las manos sobre el corazón y el juramento de estilo, digo: tengo el convencimiento moral que Gregorio Campuzano es responsable del alevoso asesinato cometido tan vilmente en la persona de S.E. el presidente de la República”.

El Consejo de Guerra acató el designio de León y el 9 de agosto de 1875 lo condenó a Campuzano. Dos días después, lo fusilaron.  

A León, los fantasmas de aquel muerto lo persiguieron en lo que le restó de vida. Lo atacó el remordimiento de haber ordenado la muerte de una persona sobre la que él no tenía pruebas de que fuera culpable, apenas un “convencimiento moral” que pronto se trocó en angustias. Empezó a alucinar que Campuzano vendría de ultratumba a jalarle las patas. 

El 10 de agosto de 1880, en Quito, el atormentado León saltó de una terraza, en procura del descanso eterno. Tenía 47 años.

El viaje de un vicepresidente

            Publicado en diario Expreso el viernes 26 de abril de 2024.

Eloy Alfaro había empezado a gobernar en Quito desde el 4 de septiembre de 1895, cuando entró en ella; esa entrada de él y sus huestes para ocupar la conservadora ciudad capital significó el inicio del gobierno liberal. 

Carlos Freile fue un alfarista quiteño de la primera hora. Alfaro confió a él el cargo de alcalde de Quito, que Freile desempeñó entre el 13 de septiembre y el 20 de diciembre de 1895; dejó ese cargo para ocupar la Gobernación de Pichincha. Al año siguiente, Alfaro lo nombró su Ministro de Educación. Desde 1899 y hasta el final de la primera Presidencia de Alfaro, lo acompañó como su vicepresidente. Eloy Alfaro y Carlos Freile fueron el binomio con el que la República del Ecuador entró al siglo XX. Fue la cumbre de Freile como alfarista. 

La segunda Presidencia Constitucional de Eloy Alfaro no concluyó el 31 de agosto de 1911 como debía, porque Alfaro sufrió un golpe de Estado el 11 de agosto de 1911, orquestado por los recursos de la burguesía mercantil y puesto en práctica por las armas de un ejército venal, que el día anterior al golpe le había jurado fidelidad a Alfaro. 

Los veinte días que restaban del gobierno de Alfaro los condujo su antiguo coideario Carlos Freile, pues la Constitución de 1906 había eliminado la figura del vicepresidente de la República y dispuso que el reemplazo de un presidente cesado debía ser el último presidente de la Cámara del Senado. Y ese hombre, justamente, era Freile. Él ahora estaba situado en la orilla opuesta a la de su antiguo binomio y andaba propenso a deshacerse de él. 

Cumplidos los veinte días de gobierno de Carlos Freile, lo sucedió el presidente que había sido elegido en las urnas a inicios del año 1911, Emilio Estrada. Posesionado Estrada el 1 de septiembre, para fines del año 1911 ya había muerto. Lo mató un infarto fulminante el 21 de diciembre. 

Por la vigencia de la Constitución de 1906 y por las mismas razones que en agosto de 1911, Freile se encargó de la administración de la Función Ejecutiva desde el 22 de diciembre. En su breve gobierno, que concluyó el 6 de marzo del año siguiente, ocurrió el hecho más atroz de la política ecuatoriana: la hoguera bárbara.

Freile, el antiguo aliado, el alfarista de la primera hora, apenas iniciado su gobierno desterró a Alfaro a Panamá. Pero Alfaro regresó el 4 de enero de 1912 para buscar la repetición de la historia de 1895 y 1906: entrar en Quito y gobernar la República. Y ocurrió que esta ocasión su intento de golpe de Estado no fue efectivo. Tras graves derrotas en Huigra, Naranjito y Yaguachi, el alfarista se convirtió en el bando perdedor de la guerra civil de enero de 1912. 

El número de muertos en esta guerra civil ascendió a alrededor de 3.000. Y esta vez ya no iba a bastar con el destierro del líder.

Freile, el antiguo aliado, el alfarista de la primera hora, permitió entonces que ocurra la barbarie. Se dice que fue frente a la casa particular de Freile que uno del pueblo cortó los genitales a los despojos de Eloy Alfaro, les prendió fuego y los lanzó por los aires “para diversión de los muchachos presentes”.

Del ejercicio de la vicepresidencia al troceado de los genitales de Alfaro frente a su residencia. Un asombroso y largo viaje.

República por 642 días

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de abril de 2024.

Por 642 días, desde aquel glorioso 9 de octubre de 1820 que en Guayaquil significa la independencia del Reino de España, hasta el infausto 13 de julio de 1822 en que Bolívar acabó con su existencia, la provincia de Guayaquil fue una pequeña república sudamericana, que tuvo su gobierno autónomo, su Constitución y su bandera celeste y blanco. Fue el primer territorio independiente que surgió en alguna de las tres provincias que años después, en 1830 (tras un tiempo como departamentos colombianos), se unirán para la conformación del Estado del Ecuador (además de Guayaquil: Quito y Cuenca).

El 8 de noviembre de 1820 se reunió en Guayaquil un Colegio Electoral, compuesto por 57 representantes de 27 pueblos de la provincia de Guayaquil (pueblos que más representantes aportaron: Guayaquil, 16; Daule, 5; Jipijapa, 4; Baba, 4). De esta reunión del Colegio Electoral surgió el 11 de noviembre de 1820 el Reglamento Provisorio de Guayaquil. Su artículo 1 decía, sin opción a equívoco: “La provincia de Guayaquil es libre e independiente”.

Este Colegio Electoral nombró a la Junta Superior de Gobierno definitiva, la que gobernó los destinos de la República de Guayaquil hasta que Bolívar acabó con su existencia, compuesta por Olmedo, Roca y Ximena. Esta Junta de Gobierno publicó, en vísperas del aniversario de la reunión del Colegio Electoral, un decreto conmemorativo del episodio, muy claro: “Después de proclamada nuestra independencia no podíamos llamarnos libres, hasta aquel día en que vencidos dignamente los escollos que presentan siempre las revoluciones en su principio, pudo reunirse la representación de la Provincia, que es el más precioso de los derechos sociales, y el privilegio más noble de los pueblos libres. Este memorable día fue el 8 de Noviembre de 1820”.

El artículo 2 del Reglamento Provisorio estableció la posibilidad de asociarse con “la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur”. La Junta Superior de Gobierno había convocado a una nueva reunión del Colegio Electoral, a fin de que los representantes de los pueblos de la provincia de Guayaquil decidan acerca de su destino, según el artículo 2 del Reglamento. 

Este Colegió Electoral se iba a reunir el 28 de julio de 1822. Un decreto de la Junta Superior de Gobierno, emitido el 19 de junio de 1822, consideraba de alta conveniencia “la pronta declaración de la Provincia sobre la actitud política que más le convenga, respecto de los grandes Estados que nos rodean”.

Pero esta decisión ajustada a los intereses de la provincia jamás ocurrió, porque Bolívar acabó con la existencia de la República de Guayaquil. Bolívar llegó el 11 de julio de 1822, acompañado de 1.300 soldados colombianos. Tardó dos días en mandar una comunicación a la Junta Superior de Gobierno para decir que desde entonces él estaba a cargo.

El 13 de julio de 1822 cesó en sus funciones la Junta Superior presidida por Olmedo y, con ello, se acabó la independencia de la República, sometida al imperio de las armas venidas del Norte. El Colegio Electoral se reunió, sin otro propósito que formalizar la anexión a la República de Colombia.

La República de Guayaquil existió entre 1820 y 1822, por 642 días. 

El borracho necio de América

El comportamiento del Estado del Ecuador en los últimos días es congruente con su condición de país del chuchaqui perpetuo. 

En el foro internacional, se ha comportado como un borracho (siempre ha sido un gran beodo republicano) pero la nota distintiva de estos últimos días es que se ha convertido en el borracho necio de América. Uno que rompe normas básicas del derecho internacional (es decir, la caga en grande), pero que nunca admite que la cagó y jamás pide disculpas, pues al contrario le echa la culpa a otro de haber motivado la desgracia que él cometió. 

Por supuesto, nadie en la fiesta de la democracia (ningún otro país de América) piensa que la cagada del Ecuador tiene sentido o futuro; pero eso a nuestro borracho necio le tiene muy sin cuidado.

¿Qué se puede hacer cuando vives en un país que se comporta como un borracho necio? Pedir disculpas, y mirarlo partir rumbo a las tierras del chuchaqui. 

A estas alturas, el Ecuador no es ni bueno ni malo: es un incorregible dipsómano.

Las seis presidencias de Velasco Ibarra

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de abril de 2024.

Todas las décadas entre 1930 y 1970 lo tuvieron a José María Velasco Ibarra como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Entre 1934 y 1935, entre 1944 y 1947, entre 1952 y 1956, entre 1960 y 1961, y entre 1968 y 1972. A la década de los setenta, Velasco Ibarra llegó como un dictador, pues elegido en las urnas en junio de 1968 se declaró dictador en junio de 1970. Un golpe militar lo tumbó en febrero de 1972. 

Cuando después de la dictadura militar volvimos a la democracia, Velasco Ibarra ya no estaba allí. Murió en marzo de 1979, a los 86 años.

En sus cinco décadas de presencia en la política ecuatoriana, Velasco Ibarra sumó un total de seis presidencias. Cuatro veces fue elegido presidente por la voluntad popular, siendo el ecuatoriano más veces favorecido por el voto popular para la obtención de la presidencia (la primera vez en 1934, la última vez en 1968). En el Ecuador todavía es recordada una frase a él atribuida: “Dadme un balcón en cada pueblo y seré presidente”. Se la recuerda cada vez más como un lejano testimonio de un tiempo de política de masas sin redes sociales. 

Como evidencia de nuestra inestabilidad política, Velasco Ibarra es también el ecuatoriano que más veces ha intentado declararse dictador, por tres oportunidades, lográndolo en dos de ellas. La vez que fracasó fue en 1935, cuando el ejército no secundó su golpe de Estado y lo obligó a renunciar. De esta época es otra de sus frases famosas: “Me precipité sobre las bayonetas”, tal vez también un testimonio de la obsolescencia de las armas del Ejército en esa época.  

Las otras dos presidencias de Velasco Ibarra fueron obra de votaciones en asambleas constitucionales, ambas reunidas en la década del cuarenta. Tras el triunfo de la llamada “revolución Gloriosa” que el 28 de mayo de 1944 depuso al gobierno de Carlos Arroyo del Río, una asamblea constitucional redactó una Constitución progresista y lo designó presidente de la República a Velasco Ibarra para que gobierne bajo el imperio de la nueva Constitución. Esa Constitución fue aprobada y entró en vigor el 6 de marzo de 1945. 

Pero el marzo siguiente, específicamente el día 30, Velasco Ibarra se declaró dictador y, a diferencia de 1935, esta vez sí fue exitoso. Desconoció la Constitución de 1945 y puso en vigor la Constitución de 1906. En seguida organizó una nueva asamblea constitucional, que dictó una nueva Constitución que ya no era progresista y lo eligió a él presidente.

Esta nueva Constitución entró en vigor el 31 de diciembre de 1946. Velasco Ibarra no pudo gobernar mucho tiempo bajo su imperio, porque en agosto de 1947, su Ministro de Defensa, Carlos Mancheno Cajas, ensayó un golpe de Estado y obligó a Velasco Ibarra a renunciar el día 23. Cuando este golpe de Estado (conocido como el “Manchenazo”) fracasó, la política ecuatoriana siguió su curso prescindiendo de Velasco Ibarra, pues él ya había renunciado. 

El récord de Velasco Ibarra: Seis presidencias en total, cuatro veces elegido por la voluntad popular, dos veces dictador (de las tres que lo intentó). Es muy revelador de nuestra cultura política que la figura señera de nuestra democracia de masas en el siglo XX tenga tan sostenida y acusada vocación dictatorial. 

El hazmerreír exitoso

En la sesión de la OEA celebrada ayer 9 de abril, la cancillería ecuatoriana defendió que se haya vulnerado la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito con la siguiente frase: “Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”. 

Esta frase es absurda (el Ecuador es absurdo). Por el lado práctico, porque es falso que las condenas penales del sistema judicial ecuatoriano (en el caso de Glas, como en muchísimos otros) no puedan ser una persecución política. Y por el lado teórico, porque es una frase irrelevante frente a la institución del asilo.

Por el lado práctico: la frase de la cancillería ecuatoriana quiere que aceptemos la siguiente premisa: “toda decisión de condena penal que ha hecho el sistema de justicia ecuatoriano es el fruto de un juicio con las debidas garantías ante un juez competente, independiente e imparcial”. Y esto, aunque se haya condenado a un enemigo político.

Esta premisa es falsa. El sistema de justicia ecuatoriano ha probado ser maleable, por intereses económicos y políticos. Y sus graves deficiencias en materia de garantías judiciales, su crasa corrupción, no son suposiciones: es el fruto del análisis de sentencias, resoluciones e informes de organismos internacionales. Una condena penal puede ser fruto de persecución política, porsupollo.

Por el lado teórico: la frase de la cancillería ecuatoriana no tiene sentido frente a la institución del asilo, porque “la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución” (Art. IV de la Convención de Caracas, 1954) le corresponde al Estado que otorga el asilo. Es evidente que, para el Estado que ha condenado penalmente a alguien, esa sanción jamás podrá ser considerada una persecución (sería dispararse al pie). Es por eso que no le corresponde a ese Estado decir si hay o no persecución. Si por él fuera, nunca la hay. 

Le corresponde al Estado que otorga el asilo considerar, entonces, si la persona condenada penalmente es perseguida o no. Puede que tal vez lo sea (en el Ecuador, a juzgar por el adefesio de sistema judicial nuestro, esa posibilidad existe). La institución del asilo existe para proteger esa posibilidad, por mínima que sea y aún cuando el Estado que haya condenado a esa persona la considere a ella la más perversa del mundo mundial. La frase de la cancillería resulta así irrelevante. Esta irrelevancia es una demanda de la civilidad.

¿Qué le correspondía hacer al Ecuador?

Soportar, aguantarse, respetar la institución del asilo. En estricto rigor, debió haber otorgado un salvoconducto (Art. XII de la Convención de Caracas, 1954).

No haber respetado la institución del asilo y haber vulnerado la inviolabilidad de la misión diplomática de México ni merece aplauso, ni lo ha cosechado en la escena internacional. No hay ningún representante de un país americano en la sesión de ayer de la OEA que haya insinuado siquiera que lo hecho por el Ecuador tenga un asomo de justificación.  

Somos un hazmerreír en el foro internacional, pero nunca creo que tanto.  

Dedazo y Constitución

            Publicado en diario Expreso el viernes 5 de abril de 2024.

Por cuarenta años del siglo XX, entre 1906 y 1946, y bajo el imperio de tres Constituciones (las de 1906, 1929 y 1945) no existió la vicepresidencia de la República. De entre ellas, la de 1929 ensayó una forma peculiar de sucesión del presidente de la República, pues en caso de su “muerte, destitución, admisión de renuncia o incapacidad física permanente declarada por el Congreso”, la persona encargada de reemplazar a ese hombre era su “Ministro de lo Interior, y en el orden cronológico de sus nombramientos, los demás Ministros” (Arts. 79-81). Es decir, esta Constitución sin vicepresidente instituyó el “dedazo”: el poder del presidente de designar a su sucesor, en la persona que él estime conveniente. 

Esta Constitución entró en vigencia el 26 de marzo de 1929 y el primer gobernante sometido a su imperio fue el lojano Isidro Ayora. Él fue también él primero en utilizar esta cláusula de designación a placer de su sucesor. Cuando Ayora se hartó de todo y presentó su renuncia al Congreso en agosto de 1931, la persona que lo reemplazó fue su Ministro de lo Interior, Luis Larrea Alba. 

De acuerdo con la Constitución (Art. 81), el Ministro subrogante debía convocar de manera inmediata a elecciones. Larrea Alba pensó distinto y quiso disolver el Congreso. Los militares no lo apoyaron y cayó a menos de dos meses de iniciado su encargo. Antes de irse designó a su sucesor en la persona del expresidente Alfredo Baquerizo Moreno. 

Baquerizo Moreno ejerció el poder por menos de un año. Organizó unas elecciones, en las que triunfó el candidato conservador Neptalí Bonifaz. Pero el Congreso descalificó a Bonifaz en agosto de 1932 por ser peruano y Baquerizo Moreno, a sabiendas de la sangre que iba a correr en Quito, renunció a su cargo y se refugió en la legación argentina. Antes de renunciar, lo designó como su Ministro de lo Interior a Carlos Freile Larrea.

A Freile Larrea le tocó enfrentar el sangriento episodio conocido como “Guerra de los cuatro días”. Unos tres mil muertos y cuatro días después de iniciado su encargo, Freile Larrea renunció y designó como su Ministro de lo Interior a Alberto Guerrero Martínez, quien organizó unas elecciones en las que triunfó el candidato liberal Juan de Dios Martínez Mera. Guerrero Martínez cumplió su cometido y le transmitió el mando a un presidente electo en las urnas.

Martínez Mera duró poco, pues su período de cuatro años duró menos de un año: lo destituyó el Congreso. Lo reemplazó a Martínez Mera su último Ministro de lo Interior, Abelardo Montalvo, quien organizó unas elecciones en las que se eligió presidente a José María Velasco Ibarra. Montalvo le transmitió el mando a Velasco, quien gobernó por casi un año, hasta que se quiso declarar dictador, pero se lo impidieron los militares y se lo orilló a renunciar. Fue entonces que acuñó su famosa frase: “Me precipité sobre las bayonetas”.

Tres elecciones, y ninguno de los favorecidos con el voto popular pudo terminar su período de cuatro años. Velasco se quiso declarar dictador, a Martínez lo destituyó el Congreso y a Bonifaz no lo dejaron ni posesionarse.

La Constitución no rendía. Tras una breve transición con Antonio Pons Campusano, empezó una etapa de dominio militar.

Uno al exilio, dos muertos

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de marzo de 2024.

La tradición constitucional ecuatoriana es tener un período de gobierno presidencial de cuatro años. En la única Constitución del Estado del Ecuador en la República de Colombia y en 15 de las 18 Constituciones de la República del Ecuador, el período del presidente dura cuatro años. En las tres Constituciones restantes, la duración del período varió: en la Constitución de 1843 fue de ocho años, en la Constitución de 1869 fue de seis años, en la Constitución de 1979 fue de cinco años. En todas ellas, el presidente elegido para completar ese período más extenso, no pudo hacerlo.

La Constitución de 1843 fue fruto de un autogolpe de Estado. El presidente para el período 1839-1843, Juan José Flores, decidió en octubre de 1842, a pocos meses de concluir su período y por sus pistolas, la convocatoria a una asamblea constitucional (poblada de adictos suyos) que dictó la Constitución de 1843, conocida como “La Carta de la Esclavitud”, cuyo artículo 57 dispuso la duración de ocho años para el ejercicio de la presidencia. 

La asamblea constitucional designó a Flores como presidente para el período 1843-1851. La revolución marcista, originada en Guayaquil en marzo de 1845, terminó con este período de gobierno. De los ocho años proyectados para este período, Flores gobernó por casi dos años. Y en julio de 1845, se largó al exilio. Una nueva Constitución, en diciembre de 1845, tumbó esta duración excesiva.

La Constitución de 1869 fue fruto de un golpe de Estado. Gobernaba Javier Espinosa, elegido en enero de 1868 en elecciones abiertas, cuando el enero siguiente Gabriel García Moreno orquestó un golpe de Estado para obtener su regreso a la presidencia. Como Jefe Supremo, García Moreno convocó a una asamblea constitucional (poblada de adictos suyos) que dictó la Constitución de 1869, conocida como “La Carta Negra”, cuyo artículo 56 dispuso la duración de seis años (como en México) para el ejercicio de la presidencia. 

La asamblea constitucional designó a García Moreno como presidente para el período 1869-1875. Su magnicidio el 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de concluir su período, le impidió a él terminarlo y lo debió completar su vicepresidente, Francisco Javier León. Aunque sufrió la muerte de su demiurgo, el período se completó, como no lo haría ningún otro: el presidente elegido por la voluntad popular en diciembre de 1875, Antonio Borrero, no duró ni un año en el ejercicio del poder, pues cayó por un golpe de Estado orquestado por Ignacio Veintemilla. Una nueva asamblea constitucional, en 1878, acabó con el experimento del sexenio.

Concebida para la transición tras un largo período de dictaduras, la Constitución de 1979 es la única que no fue elaborada por una asamblea, sino por una comisión de expertos. Su artículo 81 dispuso que el presidente dure cinco años en el cargo. El único presidente elegido bajo esta norma fue Jaime Roldós, en 1979, para gobernar entre 1979 y 1984, quien murió en un accidente de aviación en 1981. Su período de gobierno lo completó su vicepresidente, Oswaldo Hurtado. 

El experimento del quinquenio (como en Francia) fue muy breve, pues concluyó con las reformas a la Constitución aprobadas por el órgano legislativo en 1983.

La República de la inestabilidad

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de marzo de 2024.

Durante el siglo XIX, desde 1835 en que se fundó la República del Ecuador con la entrada en vigor de la Constitución de Ambato y con el guayaquileño Vicente Rocafuerte como su primer presidente, un total de quince varones ocuparon la Presidencia de la República, sea que hayan sido designados por un congreso o asamblea constitucional (en el siglo XIX hubo diez de éstas) o elegidos por la voluntad popular.

Los presidentes elegidos por un congreso o asamblea constitucional durante el siglo XIX fueron diez (dos de ellos, Flores y García Moreno, lo fueron por dos ocasiones); de estos diez, seis lograron terminar su período de gobierno: Rocafuerte (1835-1839), Roca (1845-1849), Urbina (1852-1856), García Moreno (1861-1865 y 1869-1875, en asocio con León), Caamaño (1884-1888) y Alfaro (1897-1901). Todos los que concluyeron su período fueron elegidos por una asamblea que dictó una Constitución.

El caso del guayaquileño Gabriel García Moreno es peculiar, porque es el único de esta lista con dos períodos de gobierno concluidos, aunque él no haya vivido para la conclusión del segundo. El primer período, entre 1861 y 1865, bajo la Constitución de 1861, García Moreno lo gobernó completo. El segundo, entre 1869 y 1875, bajo la Constitución de 1869, lo gobernó casi completo, pues lo asesinaron el 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de concluirlo. Este período de gobierno (el único sexenio que ha existido en nuestra historia) lo concluyó el vicepresidente de la República, el quiteño Francisco Javier León, por lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución. 

Los restantes cinco presidentes fueron elegidos por la voluntad popular, posibilidad que se instituyó por la entrada en vigor de la Constitución de 1861. El universo de votantes siempre fue muy reducido: se calcula que durante el siglo XIX osciló alrededor del 3%. Sólo uno de estos cinco presidentes concluyó el período para el que fue elegido: Antonio Flores, hijo del venezolano Juan José Flores y nacido en 1833 en el Palacio de Carondelet, en los tiempos en que su padre ejercía la presidencia del Estado y el Ecuador se sentía todavía parte (hipotética, ilusoria) de la República de Colombia. Todos los demás no terminaron su período, sea por una renuncia (Carrión), por golpes de Estado (Espinosa y Borrero) o por la revolución liberal (Cordero).

El caso del quiteño Antonio Flores Jijón es singular, porque él se encontraba fuera del Ecuador (en Francia) cuando fue elegido presidente de la República. En aquellos tiempos, el proceso electoral era distinto: no existía un organismo autónomo para organizarlo, sino que se dependía del gobierno de turno para su realización. El previsible resultado de esta fórmula era el tenaz triunfo del candidato del gobierno de turno. Flores ni necesitó hacer campaña, pues como el candidato del gobierno de Caamaño, triunfó con casi un 97% de los votos.  

Así, de un universo de diecisiete períodos de gobierno presidencial que pudieron haberse concluido durante el siglo XIX, tan sólo ocho lo consiguieron. Y de los elegidos por la voluntad popular, uno lo pudo hacer. Es todo un testimonio de la inestabilidad de la República (o debo decir: de la República de la inestabilidad).