Fanáticos de Fernando VII

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de mayo de 2024.

Según algunos, la revolución del 10 de agosto de 1809 fue una “máscara” porque, detrás de las alabanzas al rey español Fernando VII, se escondía un ardiente deseo de independencia. Según esta teoría, de manera taimada le estaban jurando sumisión a un rey, únicamente para mejor clavarle un puñal. 

Pero los quiteños de 1809 no fueron unos taimados. Ellos tuvieron claro sus objetivos: el primero, obtener la autonomía para administrar su territorio. Quito quería que la asciendan a Capitanía General (como en Sudamérica eran Venezuela y Chile) para superar su estado de sumisión al Virreinato de Santa Fe, siendo como era Quito una Audiencia subordinada a lo que en Santa Fe (hoy Bogotá) se decida en segunda instancia, lo que era apelable en España ante el Consejo de Indias y, en última instancia, ante el rey. Quito era la parte más baja de esta escala, un juzgado de primera instancia. 

El segundo objetivo era la recuperación de su grandeza de antaño. En el último cuarto del siglo XVIII e inicios del XIX, a Quito le quitaron: primero, la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí por la creación de un obispado en Cuenca (1779); segundo, Esmeraldas, Tumaco y La Tola, que pasaron a la administración de Popayán (1793); tercero, Mainas, que pasó a ser administrada desde España (1802); cuarto, Guayaquil, que pasó a la administración de Lima (1803). Le quitaron por todos los puntos cardinales.

Entonces, el 10 de agosto de 1809 fue la oportunidad de los quiteños para satisfacer estos dos objetivos. Ellos crearon una Junta de Gobierno y nombraron autoridades, pero jamás buscaron la independencia pues lo que realmente querían era tener autonomía y estar en pie de igualdad con las potencias de la región. Quito no quería que su coteja sea Charcas (otra Audiencia subordinada); ella aspiraba a que lo sean Lima, Santa Fe y Buenos Aires (Virreinatos), y Chile y Venezuela (Capitanías Generales). 

Para obtener estos objetivos, Quito decidió convertirse en la más ardiente defensora del rey español y cambiar el modelo administrativo en la jurisdicción de su Audiencia. Lo primero, porque la España peninsular estaba tomada por el ejército francés. Entonces, al rey Fernando VII (a quien se lo llamaba “rey legítimo y señor natural”) el Ministro de Justicia Rodríguez de Quiroga lo invitó, en abierta proclama, a que fije en Quito “su augusta mansión”. 

En cambio, al emperador de los franceses, Napoleón, a quien se lo llamaba “el Tirano de Europa”, Rodríguez de Quiroga lo emplazó a que “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Lo segundo, el cambio de modelo administrativo, provocó su caída. La Junta de Gobierno de Quito quiso someter bajo su administración a tres gobernaciones: Cuenca, Guayaquil y Popayán. Las tres ignoraron las demandas de Quito y enviaron tropas para someter su experimento de insubordinación y autonomía. Lo consiguieron.

El 24 de octubre de 1809, fracasado su experimento, los quiteños devolvieron el poder a quien se lo habían usurpado. Y fueron unos fracasados, unos ilusos, acaso unos necios, pero nunca taimados. 

Ellos realmente querían caerle en gracia a su rey.

Historia de dos amigos

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de mayo de 2024.

Flores y Febres-Cordero, venezolanos, señalaron el camino a seguir para forjar un nuevo Estado en el concierto de las naciones sudamericanas. El 13 de mayo de 1830, el general Juan José Flores, hasta entonces el Prefecto del Distrito del Sur de Colombia, fue designado por representantes del departamento del Ecuador como la máxima autoridad de un nuevo Estado en formación, ostentando el singular nombre de Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia.

Este Estado era apenas otro nombre para lo que se conoció como el Distrito del Sur de la República de Colombia. El Distrito del Sur, por ley colombiana de 1824, se dividió en tres departamentos: Azuay, Guayaquil y Ecuador (que fue el nombre que impuso Bolívar para reemplazar Quito). El departamento del Ecuador consintió integrar un nuevo Estado el 13 de mayo. El 19 lo hizo Guayaquil, y el 20, Azuay. 

Con el consentimiento de los departamentos, el 31 de mayo de 1830 el Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia emitió su primer decreto, que fue designar como su Secretario General al venezolano Esteban Febres-Cordero. Hecho esto, emitió dos decretos, firmados por Flores y Febres-Cordero, en el que estos venezolanos marcaron la hoja de ruta para tener un Estado en unos cuatro meses, aproximadamente. Ellos convocaron a un Congreso Constituyente para regular el funcionamiento del nuevo Estado mediante la aprobación de una Constitución y demás normativa.

El plan de estos extranjeros fue simple: reglaron las elecciones de siete representantes por departamento, establecieron un lugar más o menos equidistante a sus capitales y ofrecieron pagar a cada uno de los representantes según la distancia en leguas que haya tenido que recorrer para cumplir su destino. El lugar más o menos equidistante a Guayaquil, Quito y Cuenca fue Riobamba y la cantidad a pagar era un peso por cada legua de recorrido para llegar a esa ciudad (ida y vuelta). 

La hoja de ruta diseñada por los venezolanos imponía que el Congreso Constituyente se tenía que reunir el 10 de agosto de 1830. Ni por el incentivo de un pago los representantes llegaron a tiempo, pues las sesiones empezaron recién el 14 de agosto.

No había pasado un mes de su instalación, el 11 de septiembre, cuando el Congreso Constituyente produjo una Constitución. Fue un bodrio conservador que postulaba al nuevo Estado como parte de una delirante República de Colombia y que consideraba a los indios una raza “abyecta y miserable” que debía someterse al tutelaje de los sacerdotes (el primer Ministro de Hacienda, en un informe de labores, consideró a los “indígenas” como una de las “fuentes de riqueza” del Estado -las otras eran la agricultura, las minas y la industria).

Lo que empezó un 31 de mayo concluyó 115 días después, el 23 de septiembre, cuando el Congreso Constituyente designó Presidente del nuevo Estado a Juan José Flores y él puso el Ejecútese a la Constitución. Ese 1830, Flores lo empezó como Prefecto de un distrito colombiano, pasó a ser el Jefe de la Administración de un Estado provisorio y terminó por ser el primer Presidente de un nuevo Estado. 

El plan diseñado por los venezolanos funcionó: hubo nuevo Estado y uno de ellos fue su Presidente.

Él saltó de la terraza

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de mayo de 2024.

La de Francisco Javier León fue una vida que se descarriló hasta el salto al vacío. La enturbió, pobre, el ejercicio del máximo poder.

León fue el Encargado del Poder Ejecutivo por disposición de la “Carta Negra”, apelativo con el que se conoce a la Constitución de 1869, dictada por una asamblea adicta a Gabriel García Moreno tras el golpe de Estado por él orquestado en enero de ese mismo año. Esta Constitución (la séptima de la República del Ecuador) disponía en su artículo 55 que, en caso de vacar la presidencia por causa de muerte, correspondería al vicepresidente la subrogación del cargo. 

Para García Moreno, Francisco León era un tipo de confianza. Fue en su segunda administración, entre 1869 y 1875, que García Moreno le confió el Ministerio de lo Interior. Por disposición del artículo 52 de la “Carta Negra”, cuando por un motivo temporal García Moreno no podía ejercer la presidencia lo debía subrogar “el Ministro de lo Interior con el título de Vicepresidente de la República”. León lo subrogó en varias ocasiones.  

Francisco León fue abogado y político, nacido en Quito el 13 de octubre de 1832, que muy joven asumió el Ministerio de lo Interior, pues contaba alrededor de 37 años. Cuando asumió el Encargo del Poder tras el magnicidio de García Moreno, León tenía 42 años. 

El 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de culminar su período de gobierno, asesinaron al presidente García Moreno al pie del Palacio de Carondelet. Entonces, por aplicación del artículo 55 de la Constitución, le correspondió a León terminar los cuatro días que le faltaron a García Moreno y completar así el único sexenio presidencial en la historia ecuatoriana.

La muerte de García Moreno significó también la muerte de quien iba a gobernar el siguiente sexenio (1875-1881), porque el pueblo había votado por García Moreno para presidente en las elecciones de mayo de 1875. Por ello, León asumió la más alta investidura civil del Ecuador hasta la organización de nuevas elecciones y, dadas las circunstancias, para perseguir y ejercer el máximo rigor en contra de los asesinos de García Moreno.

Los persiguió con saña, incluso saltándose la Ley, como en el caso de Gregorio Campuzano.   A él lo absolvió un Consejo de Guerra, pero León ejerció el máximo poder: decidir sobre su vida o muerte. León escribió al Consejo de Guerra, para que se le imponga la pena capital: “… con las manos sobre el corazón y el juramento de estilo, digo: tengo el convencimiento moral que Gregorio Campuzano es responsable del alevoso asesinato cometido tan vilmente en la persona de S.E. el presidente de la República”.

El Consejo de Guerra acató el designio de León y el 9 de agosto de 1875 lo condenó a Campuzano. Dos días después, lo fusilaron.  

A León, los fantasmas de aquel muerto lo persiguieron en lo que le restó de vida. Lo atacó el remordimiento de haber ordenado la muerte de una persona sobre la que él no tenía pruebas de que fuera culpable, apenas un “convencimiento moral” que pronto se trocó en angustias. Empezó a alucinar que Campuzano vendría de ultratumba a jalarle las patas. 

El 10 de agosto de 1880, en Quito, el atormentado León saltó de una terraza, en procura del descanso eterno. Tenía 47 años.