El futuro de Moreno

Se va al carajo. Nebot es Leslie Nielsen.

La gran amenaza para Guayaquil

La columna de opinión “La gran amenaza para Guayaquil”, por su contexto (publicado en diario El Universo y de autoría de Juan José Illingworth) no daba para pensar que iba a ser crítica de la administración municipal. Su inicio despeja cualquier duda:

“Ante la posibilidad de que el sucesor de Nebot destruya lo logrado en estos últimos 25 años…”

Cuando, en realidad, la “gran amenaza para Guayaquil” es la continuidad de “lo logrado en estos últimos 25 años” de administración socialcristiana de la ciudad: Lo que motiva el elogio de Illingworth: ese es el verdadero problema guayaquileño. Esto, porque el modelo urbano del PSC en Guayaquil no ha sido planificado ni consultado, porque está pensado para el enriquecimiento de unos pocos a expensas del subdesarrollo de los muchos (este modelo urbano supone un orden vertical y mucha disciplina). Pero, principalmente, porque esta forma irresponsable de administrar el crecimiento de la ciudad la ha expuesto a una gran vulnerabilidad en terremotos e inundaciones, de la que poco se habla.   

La “gran amenaza para Guayaquil” es la continuidad del PSC en el poder.

Una caja

El diario Extra, en su nota de hoy sobre el partido entre Guayaquil City vs. Liga(Q), lo dice como es:

“La decisión de la LigaPro de que no habrá descendidos este año brindó alivio a los citadinos, aunque claro, tampoco quieren pagar la multa por quedar en alguno de los dos últimos lugares. Esa, la económica, será su única motivación”.

No le da ni chance a los de “City” a que jueguen por el honor: únicamente juegan para ahorrarse unos pesos. Y ni eso pueden estos indignos: perdieron 4 a 1 su partido contra Liga(Q).

No es un club. Guayaquil City es una caja.

Escuela de Guerra (Naipe Centralista)

En la universidad, un amigo decía: “Hay dos instituciones cooptadas por los serranos: el Ejército y la Cancillería. Las dos la han cagado”. Basta mirar mapas, para dar testimonio.

En todo caso, este naipe recuerda a un componente del Ejército, la Escuela de Guerra, a la que se acusa de centralista y anti-costeña:

Moreno la pifia

Al presidente Lenin Moreno le pidieron los mandamases del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (“CPCCS(t)”) que haga un par de ternas para que el CPCCS(t) seleccione a las máximas autoridades de dos superintendencias: la de Economía Popular y Solidaria y la de Control del Poder de Mercado. Y de todos los candidatos que escogió el presidente Moreno para ocupar estos cargos (un total de seis), solo quedó una en pie: la que desde un principio ya estaba.

En este canto a la inutilidad, el presidente Lenin Moreno puso en la terna para ocupar el cargo de Superintendente de Control del Poder de Mercado a dos personas que incumplían requisitos (Giannina Osejo y Jorge Baeza) y a una persona con un notorio conflicto de intereses (David Sperber). En el trámite ante el CPCCS(t) a las dos primeras las batearon en la fase de calificación, mientras que a Sperber en la de impugnación. No quedó ninguno. Los del CPCCS(t) mandaron a Moreno a que repita la terna. Todavía está en esas.

En la terna para Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el presidente Moreno también puso a dos personas que no cumplieron los requisitos (Luis Jiménez y Alejandro Pazmiño)… Y la otra persona que la conformaba, Sofía Hernández, era la que ya estaba, la misma que el CPCCS(t) había designado por “encargo” como superintendenta a raíz de la destitución de Patricio Rivera, el 4 de abril. Por esta razón, la superintendenta Hernández entraba en contradicción con las normas de designación adoptadas por el propio CPCCS(t), por las que se impide la participación de quien haya ejercido la máxima autoridad de la Superintendencia en los últimos tres años.

Pero el CPCCS(t) se permitió una discrecionalidad (una más en su largo historial): le aceptó la renuncia a Sofía Hernández de su cargo de superintendenta a fin de que no incumpla la norma (?), para así favorecerla en la selección para superintendenta. Y que si no fuera por esta maña del CPCCS(t) que lo salvó, el presidente Moreno se iba en blanco.

Para inútil, este Presidente está sobrado.

Fans de Fernando VII

La Junta Soberana de Quito, organizada a raíz de la llamada “Revolución de Quito” del 10 de agosto de 1809, idolatraba a Fernando VII. Basta el recuerdo de las palabras de Manuel Rodríguez de Quiroga, recogidas en la “Proclama a los Pueblos de América” del 16 de agosto de 1809:

“La sacrosanta Ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII perseguido y desterrado de la península han fijado su augusta mansión en Quito. Bajo el ecuador han erigido un baluarte inexpugnable contra las infernales empresas de la opresión y la herejía… ¡Viva nuestro rey legítimo y señor natural don Fernando VII!”.

La explicación de sostener el viejo orden ante el temor infundido por la invasión francesa a España en 1808 se debía a que los criollos “tenían miedo a perder su posición dominante en la sociedad colonial” (por el ideal igualitario de la Revolución Francesa). El temor estaba en la base de su idolatría del Rey español: “Temían que los indios, los negros y los mestizos se aprovecharan de la crisis de autoridad abierta por la invasión napoleónica para rebelarse”. Por ello, como reacción defensiva, se debió “tomar localmente el poder para garantizar el orden social” sin que nunca estos poderes locales, se hayan concebido “independientes de España”* (esta concepción se empezó a tener recién a partir de 1810). En definitiva, no se trató de “revoluciones libertadoras”: se trató, más bien, de reacciones conservadoras.

Y eso fue precisamente la Junta Suprema de Quito, creada a raíz del golpe del 10 de agosto de 1809: una reacción conservadora frente los hechos en Europa (la invasión napoleónica de España, que persiguió y desterró a Fernando VII) puesta en marcha por la oligarquía de la ciudad.

Así, el 10 de agosto de 1809 fue una reacción para conservar privilegios y prebendas (o de aprovechar para ampliarlos) y para protestar por su amado Rey Fernando VII, a quien no en vano la historia recuerda en este período como El Deseado. Y los quiteños lo deseaban como el que más: eran sus fans.

* Citado de: Pérez, Joseph, 'Historia de España', Editorial Crítica, Barcelona, 2014 [Primera edición: 2000], p. 425.  

Guayaquil y las drogas

El diario El Universo informó ayer sobre el combate del Municipio al consumo de drogas en Guayaquil. La primera noticia es sobre la legislación que el Municipio ha adoptado para su combate: una ordenanza del 2 de mayo del 2017 por la que dispuso la prohibición del consumo “de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en lugares y eventos públicos, tales como parques, centros comerciales, edificios públicos, salas de cine, salas de teatro, eventos deportivos”. El título de la noticia es ya decidor: “Ordenanza contra drogas, una ‘mera declaración’ en Guayaquil”, e incluye unas declaraciones graciosísimas del alcalde Nebot: según dice él, esta ordenanza contribuye “a la condena de quien consume drogas en sectores públicos” pero que la sanción le corresponde al gobierno. Y que si no llega la tal sanción, “nos vamos a quedar en la mera declaración” (?). Es decir, la medida que ha adoptado el Municipio es ineficaz, meramente declarativa, pero la culpa siempre será de otro. Un capítulo más en ese abultado libro “¿Cómo vender humo?”, de autoría de Jaime Nebot.

La segunda noticia es sobre las políticas públicas que el Municipio ha adoptado para combatir las drogas. En el 2017, sus gastos se descomponen así: USD 58.790 para un contratista llamado Diego Pazmiño, USD 8.499 para la Fundación Acción en Desarrollo Social “para charlas a padres y docentes” y USD 40.000 para una contratista llamada Cinthia García, “delegada de la Universidad de Guayaquil (2017), para shows y charlas preventivas, como el que se realizó el mes pasado en la ciudadela FAE y que contó con la presencia de la candidata a la Alcaldía, Cynthia Viteri”.

El de Diego Pazmiño es el caso más grave (además del monto más abultado). Pazmiño tiene dos problemas: 1) Ser el hermano “de un empleado de Comunicación del Municipio de Guayaquil”; 2) Hacer una campaña que se llama “Drogas, ¿por qué no?”, que suena más a incentivo para consumirlas. (Pero el primero es el realmente grave.)

Y en general, ¿qué tan efectivas han resultado estas medidas para el combate a las drogas en Guayaquil? A juzgar por las noticias de todos los días, su efecto ha sido nulo. En realidad, las medidas parecen resultar mucho más útiles como plataforma política para la candidata Viteri y, dato no menor, como mecanismo para repartir el billete a los que están en el ajo.

Por legislación y por políticas públicas, el combate del Municipio al consumo las drogas es ineficaz, una total farsa: debes estar muy drogado para creértelo.

Toscanini y la seguridad

Esta entrevista al ministro Mauro Toscanini es antológica. Este buen hombre no tiene la más pálida idea de dónde está parado.

Porque Toscanini es la cabeza del Ministerio encargado de la seguridad en el país. Y el requerimiento que le ha hecho el periodista de diario El Comercio es sencillo: defender la legalidad de la medida adoptada por el gobierno de pedir el pasaporte a los venezolanos, a la luz de una disposición legal vigente, como lo es el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana.

Esto, porque dicho artículo 84 indica que, entre otras nacionalidades, los venezolanos pueden entrar al Ecuador con la sola presentación de su documento de identificación nacional. Y la medida que ha adoptado el Ecuador es pedirle a los venezolanos (y únicamente a los venezolanos) la presentación del pasaporte, en clara contradicción con la normativa vigente. Veamos cómo la defiende el ministro Toscanini:

El Comercio: El argumento de la pregunta es si la medida es legal, porque la ley (el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana ) es clara... ​

Ministro Toscanini: Para nosotros es legal y es legítimo, porque un país soberano tiene derecho a poner ciertas condiciones, en este caso, en cuanto a migración.

EC: ¿Y en qué términos es legal?

MT: Simplemente es legal. Para mí es una cuestión legal.

EC: ¿No se está contraviniendo el artículo 84?

MT: Yo no soy abogado, yo le doy mi humilde opinión.

Jurídicamente, Toscanini no explica nada. Su respuesta es una tautología (“Es legal, porque es legal”) además de una arbitrariedad (“Es legal, porque lo decimos nosotros”). Políticamente, es incluso peor: añade a lo anterior el vergonzoso detalle de que la más importante autoridad del gobierno en materia de seguridad, uno que debería ser un experto en este ramo, se excuse por no ser un abogado (?) y apenas nos pueda brindar su “humilde opinión”. El ministro debería ser más discreto y no hacer ostentación de su ignorancia.

La respuesta de Toscanini es tan ridícula, que lo orilla a uno a preguntarse, ¿qué carajos hace allí uno cuyas responsabilidades sobrepasan con largueza sus (in)capacidades?

Chocho y exigente

El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (transitorio), el abogado Julio César Trujillo (AKA “El Notario”), posesionó el 3 de mayo a un nuevo Fiscal General del Estado. Trujillo le tomó juramento, y una vez cumplido el trámite y escuchada la afirmativa, le espetó al nuevo funcionario:

“Si así lo hace, la Patria le va a agradecer y nosotros, los del Consejo transitorio, vamos a estar muy contentos de haber designado a una persona que por sus méritos merecía este tan delicado cargo. Caso contrario, le vamos a demandar, y nosotros los del Consejo de Participación sí somos exigentes.”

O traducido, sin chochera: “Vamos a estar pendientes de que estés alineado a las posturas del gobierno”. Un capítulo más en la comedia nacional de tener un Fiscal General a conveniencia.

¿Grito de independencia o pesca a río revuelto?

Con los términos “Grito de independencia” se alude al documento llamado “Acta de Independencia de Quito”, del 10 de agosto de 1809, documento por el cual una “Junta Suprema” declaró gobernar “como representante de nuestro legítimo soberano, el Señor Don Fernando Séptimo, y mientras su Majestad recupere la Península, o viene a imperar” al tiempo que acordó prestar “juramento solemne, de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos, así eclesiásticos como seculares”, así como su obligación de sostener “los Derechos del Rey”.

Por la contundencia de estas afirmaciones, entender a la “independencia” como una independencia del Reino de España es un notorio error, o peor aún, la convertiría en una independencia taimada, humillantemente hipócrita, y mejor que así no. Esta independencia de Quito, si es un grito, es uno de reivindicación de su oligarquía a tener un mayor espacio de autodeterminación administrativa dentro del Reino de España. En otras palabras, aprovechar la crisis en Europa para atribuirse la administración de territorios que incluían a “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Es decir que lo que se buscó en el “Acta” fue acrecentar los dominios de Quito, pues había venido a pérdida en los años recientes*. Y así Quito, la provincia de Quito, quería venirse de menos a más: más que de independencia, este quiso ser un grito de remontada.

Pero esta aspiración a un mayor dominio territorial era un sueño de perros. Esto, porque no tuvo sobre quiénes materializarse (dicho en términos coloquiales: fue un pedo mental). Sus destinatarios se pusieron en pie de guerra en contra de las órdenes emanadas por Quito de someterse al imperio de la Junta Suprema que en esa ciudad había organizado su oligarquía (que en todo caso, no dejaría de sacarle provecho a esta “revolución”, pues les sirvió a los ricos de la ciudad para licuar unas cuantas deudas** -una vieja historia en las oligarquías sudamericanas, de hoy, de ayer, de siempre).

Los dos virreyes sudamericanos con intereses en los territorios que reivindicó Quito en su “Acta” ordenaron el envío de tropas para aplacar esta “revolución”: desde el norte lo hizo el Virreinato de Nueva Granada y desde el Sur el Virreinato de Perú. Los cabildos de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca, los más próximos a la provincia de Quito, se encargaron de ejecutar las disposiciones represivas de los virreinatos, a consecuencia de las cuales se aplacó la que también se conoce como “Revolución del 10 de Agosto”***

Así, ese 10 de agosto de 1809 no se buscó independizar a la provincia de Quito del Reino de España, eso no se desprende de su “Acta de Independencia”. Lo que sí se refleja en este documento, es el afán que tuvo la provincia de Quito de adquirir la supremacía sobre sus territorios vecinos, es decir, que las provincias de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca se sometan a su imperio****. Y fracasó por ello miserablemente, pues a ninguno de estos territorios vecinos les simpatizó la idea de someterse. Y juntos le sacaron la entreputa a Quito (con masacre de sus próceres incluida).

Degradémoslo como corresponde, en atención a estos hechos: de “Grito de la Independencia”, pasemos a llamarlo “Grito de la Remontada Fallida” o “Fracaso de Quito”*****. Estas denominaciones, a buen seguro, sí le harían justicia.

* Quito iba de derrota en derrota: en 1779 la Corona española creó el Obispado de Cuenca, por el cual privó a Quito de la jurisdicción eclesiástica de Quito sobre Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, por orden del Virrey de Nueva Granada se desplazó de Quito a la jurisdicción de Popayán el dominio sobre Esmeraldas, Tumaco y La Tola; en 1802, por Cédula Real se creó un Obispado y un gobierno militar en Maynas, territorio que de Quito pasó a depender directamente del gobierno central español; y en 1803, por otra Cédula Real, se dio al Virreinato del Perú el gobierno de Guayaquil en lo militar y comercial.

** De acuerdo con Ayala Mora en su “Resumen de Historia del Ecuador”, Tomo 1: “Una vez instalados en el mando [los poderosos latifundistas] hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras”, v. “Historia…”, p. 23.

*** “Revolución” que se retomó después por la llegada de Carlos Montúfar enviado por la Corona Española con el cargo de Comisionado Regio, para ser aplacada de manera definitiva en la derrota sufrida por las fuerzas de Quito en la Batalla de Ibarra (1 de diciembre de 1812) a manos de las fuerzas realistas de Toribio Montes. De allí, a dormir hasta la llegada de las fuerzas libertadoras del Norte (Bolívar) y del Sur (San Martín).

**** Como lo ha destacado Federica Morelli, en su brillante libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”: “la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas. El conflicto fue particularmente visible en el caso de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que no sólo constituyeron un bloque económico opuesto a la capital, sino que de ahí llegaron a un verdadero estado de guerra entre ciudades. Así, el rechazo de la ciudades provinciales a reconocer a la junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como signo revelador de la lucha existente entre las élites provinciales y las de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales a los que la situación de crisis había vuelto accesibles”, v. Morelli, Federica, “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 64-5.

***** “Fracaso de Quito”, menos para los latifundistas que lograron licuar sus deudas (y que fueron los instigadores de esta “revolución”). Los que pescaron a río revuelto.