¿Por qué el Presidente Durán-Ballén fue un desastre?

Por las siguientes cuatro razones:

I. Fue un desastre en relaciones internacionales: Durán-Ballén tiró al traste los diálogos con el Perú para un arbitraje papal llevados a cabo por el Presidente Borja y “Twintza” fue comprada por 55.000 nuevos soles, según escritura pública registrada en el Perú.

II. Fue un desastre en su administración del Estado: surfeando la ola neoliberal, Durán-Ballén y el Congreso Nacional desregularizaron el sistema bancario. La factura la pagamos años después, con el feriado ídem. Mahuad fue un pobre ser que tenía medio cerebro en el freezer y ni puta idea de cómo resolver nada, pero fueron el Presidente Durán-Ballén y sus boys noventeros los auténticos arquitectos de ese desastre institucional y económico de gravísimas consecuencias sociales y políticas.

III. Fue un desastre en responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos: el documental sobre la desaparición de los hermanos Restrepo, hecho por su hermana María Fernanda Restrepo, lo pintó de cuerpo entero.

IIII. Fue un desastre en el respeto a la libertad de expresión: el récord de la SIP en los informes que mantiene publicados en su página web es elocuente. En el informe sobre Ecuador de 1995, por ejemplo, la SIP denunció que el 29 de agosto “varios cronistas fueron agredidos por elementos de la guardia de Palacio, cuando intentaban recoger información. Miembros de la escolta presidencial, en medio de insultos, cercaron a los periodistas y los amenazaron con sus armas; varios fotógrafos y camarógrafos fueron golpeados y se amenazó con encerrarlos en los calabozos del Palacio”. Es una de las tantas y graves violaciones al derecho a la libertad de expresión registradas por la SIP que involucran actos violentos, tales como agresiones físicas y cierre de emisoras, o de corrupción grotesca, como la compra de voluntades de periodistas.

En suma, un tipo desastroso para el manejo de la cosa pública en nuestro país.

El habano representa la libertad de expresión durante su gobierno.

¿Por qué la buena prensa de la que goza Durán-Ballén, entonces?

En principio, a este veterano le convino la guerra con el Perú. Tuvo la ocasión de reciclar una frase acuñada en la URSS (“Ni un paso atrás”*) y tenía un aspecto cándido, que es con el que la mayoría de la gente lo asocia. Pero en lo de fondo, Durán-Ballén fue un Presidente conservador de derechas y nuestros medios de comunicación de alcance nacional son conservadores y de derechas… Entonces, cuando se refieren a él, suelen hacerlo de manera neutra o elogiosa**.

* “Ni un paso atrás”, frase acuñada por Iósif Vissariónovich Dzhugashvili AKA “Stalin”. Como se ha visto en la razón primera, esto fue más demagogia que una solución efectiva a un problema constitutivo de nuestro país.

** Después de todo, son agradecidos: entre Sixto en la Presidencia y el PSC con la mayoría en el Congreso, se aprobó en 1995 la reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión (a esta Ley la reemplazó la Ley Orgánica de Comunicación expedida el año 2013) que favorecía el monopolio de los medios nacionales en los sectores donde penetre su frecuencia: “Los permisos de funcionamiento” de las radios o de las televisoras comunitarias “se concederán siempre que no interfieran con las frecuencias asignadas a otras estaciones”. Así, de este plumazo, los medios de comunicación de alcance nacional (Ecuavisa, Teleamazonas, y otros pocos pesos pesados del medio audiovisual) tenían una condición dominante: si llegaban a alcanzar un óptimo de alcance nacional en la penetración de sus frecuencias, su “competencia” comunitaria debía reducirse a cero. Esa es la derecha en el poder, pensando siempre en el Gran Capital.

Los variables culpables de las inundaciones

El Alcalde Nebot juega bien sus cartas. Escenificó en una radio amiga, de esas que son una nota al pie en su discurso, una de sus especialidades: culpar a otro de las desgracias de Guayaquil.

Esta vez, previsiblemente, la víctima fue Jimmy Jairala, contrincante de su candidata para la Alcaldía en marzo de 2019. El Prefecto Jairala no ha hecho el dragado del río Guayas, por lo que Nebot lanzó la siguiente especie:

“… la falta de ese dragado pone a Guayaquil, la falta de dragado que no me vengan a hablar de drenaje, ¿no? de dragado, en el número dieciséis de las ciudades con mayores posibilidades futuras de inundarse en el mundo, por falta de dragado” (22:42).

Una cosa importante: El dragado es una negligencia de la Prefectura de Jimmy Jairala, eso es indudable.

Otras cosas mucho más importantes: Las consecuencias que son imputables a la gestión de más de un cuarto de siglo del PSC en Guayaquil, por la destrucción del arbolado urbano y el crecimiento urbano sin planificación y en beneficio de una argolla de la construcción (“El Capitalismo de Amigos”). Y se ha actuado, a sabiendas, irresponsablemente, porque el que las inundaciones eran el más grave riesgo para la ciudad, lo sabía la Alcaldía desde su Diagnóstico del Sistema Ecológico-Ambiental del cantón Guayaquil incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial del GAD del cantón Guayaquil del año 2011, que en una de sus conclusiones advirtió: “El riesgo de mayor importancia para el cantón es el riesgo de inundación, debiéndose prever en el futuro obras de control de inundaciones”. Por estos años, el culpable de cualquier inundación era la naturaleza: la excusa era la “marea alta”.

El año 2013 se publicó una investigación a nivel mundial sobre las futuras pérdidas por inundaciones en las grandes ciudades costeras (“Future flood losses in major coastal cities”, publicado en Nature Climate Change) que involucró a las 136 ciudades costeras y con más de un millón de habitantes del mundo, entre las que figura nuestra Santiago de Guayaquil. El resultado de este diagnóstico, parte de un proyecto de la OECD, es que nuestra ciudad es la tercera en el mundo más vulnerable a las pérdidas económicas por efecto de las inundaciones que se proyecta se tengan para el año 2050 por el incremento del nivel del mar a consecuencia del cambio climático. En este rubro macabro y demostrativo de nuestra preocupante falta de previsión, Guayaquil está únicamente detrás de Guangzhou y de Nueva Orleans.

Está avalado por la ciencia el que las inundaciones en el mundo serán cada vez más comunes y devastadoras, dada la elevación del nivel del mar. Si esta es únicamente de 20 cms. para el año 2050 (un cálculo que se estima conservador), las pérdidas económicas que el estudio estimó para Guayaquil fueron de 3.189 millones de dólares. ¿De dónde vendrán estas pérdidas? Básicamente, de infraestructura inutilizable por subacuática.

Ese mismo 2013, a raíz de una inundación en los primeros días de marzo, la Alcaldía de Guayaquil solicitó un estudio a expertos de la Corporación Andina de Fomento sobre el riesgo de inundaciones en Guayaquil, mismo que determinó en un informe presentado a la Alcaldía que el problema era precisamente aquel que el Alcalde negó en su radio amiga la semana que pasó: el drenaje. “La experiencia demuestra”, dice este informe, que soluciones a las inundaciones “que utilizan exclusivamente los principios basados en la transmisión de los impactos en el macro drenaje aguas abajo, no son sustentables”, además de que pueden “llegar a aumentar en seis (6) veces los costos” comparados con una estrategia integral de gestión. OJO, que es así cómo nosotros hemos crecido como urbe: hemos pagado más (aproximadamente 6 veces más), para crecer peor y aumentando la factura a pagar en el futuro por las irresponsabilidades hechas para lucrar en el presente. 

Y se ha concretado este propósito de lucro, increíblemente, con el aplauso de la mayoría.

Conclusión:

Como si nada, cuando luego se hable de la posibilidad real de inundaciones en Guayaquil, su máximo responsable por dos décadas volcadas a una gestión de cemento, adoquín y palmeritas, por la decidida voluntad de crear una ciudad impermeable (véase en el espejo de Houston), el Alcalde Jaime Nebot, pretenderá eludir su responsabilidad, endosándole la culpabilidad a otro. Antes era la “marea alta”, o los ladrones, ahora (porque es tiempo de elecciones) le toca a Jimmy Jairala.

Pero el incapaz mayor de enfrentar el riesgo de las inundaciones, pues afecta a su negocio, la pasa siempre de alivio.

Esto sólo es posible en una ciudad con un periodismo incapaz de ejercer los mínimos del oficio, sometido a la autoridad local, como la radio en la que se llevó a cabo esta entrevista. Y más allá de la responsabilidad que pueda tener Jairala, realmente es por la falta de visión de la Alcaldía y por el lucro inmediato por ella permitido a los negocios vinculados a la construcción, que se ha agravado la situación de Guayaquil de cara a un futuro subacuático y a enfrentar pérdidas millonarias en el futuro por las irresponsabilidades del presente.

El golpe del 4 de octubre

No es menor el ocuparse de los festejos del acontecimiento seminal de la independencia de la Audiencia de Quito de la administración del Reino de España. El 9 de octubre de 1820, junto al río Guayas, empezó una historia que concluyó en las faldas del volcán Pichincha el 24 de mayo de 1822. Desde entonces, la administración de lo que era la Audiencia de Quito dejó de corresponderle a un reino de Europa. Cambió de déspotas: pasó a pertenecer a una república sudamericana, cuando la República de Colombia anexó su territorio para que sea su Distrito del Sur, Bolívar mediante (1).

En todo caso, la conmemoración de los 200 años de la gesta libertaria de Octubre merece unos festejos por todo lo alto. Cuando iban a cumplirse los 100 años de esta gesta, se erigió la Columna de los Próceres en su memoria, monumento que es distintivo de nuestra ciudad y motivo de orgullo para sus habitantes, y se expandió la ciudad al Sur con su primer barrio residencial y planificado: el Barrio del Centenario. En vísperas de 1920, había una sociedad pujante, que se tomó muy en serio la celebración de su memoria urbana e independentista.

En la conmemoración de los 200 años de esa misma gesta no hemos contado con tanta suerte como la tuvo esa generación de guayacos. En esta ocasión, el alcalde Jaime Nebot ha exagerado la frase atribuida a Juan Domingo Perón, “si quieres que algo no funcione, crea una comisión”, pues no sólo que ha creado un “Comité” para estos festejos, sino que lo conformó con 83 personas, que es una monstruosa cifra que garantiza la total inutilidad de sus esfuerzos.

El “Comité Coordinador-Promotor de la Iniciativa Cívica Doscientos Años” se creó el 15 de julio del 2015, después de habérselo anunciado en agosto de 2014. Tenía, a su vez, que constituir un “Comité Ejecutivo”, el que debió conformarse de entre algunos de sus 83 miembros. El 4 de octubre de 2018, sin mayor detalle, el Alcalde Nebot decidió suprimir a este “Comité Ejecutivo”.

En la Resolución que ratifica y formaliza cívica y legalmente lainiciativa para conmemorar el bicentenario de la independencia de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot impuso cambios en los Comités, politizándolos: al de 83 personas, al que ya le había sumado cinco en septiembre de 2015, ahora le sumó dieciséis funcionarios públicos: él mismo y quince concejales (son ahora 104 en este Comité at large -103 efectivos, porque uno de ellos ha muerto). Se mató al “Comité Ejecutivo” y creó en su reemplazo un Directorio que escogió como Presidente del mismo al alcalde Nebot. Fue una suerte de golpe de Estado a la inutilidad del modelo anterior, que no tenía al Alcalde al mando.

Fuente

(El nuevo Directorio es: Jaime Nebot, Presidente; León Roldós, Vicepresidente; Pedro Aguayo, Francisco Huerta, Ramón Sonnenholzner, María Gloria Alarcón, Pablo Arosemena, Gustavo Navarro, Julio Romero y Gustavo Noboa. La directora técnica es Doménica Tabacchi. Hay también siete directores suplentes: uno de ellos es el inefable Hombre Caca).

En todo caso, las obras que conmemorará Guayaquil el año 2020 son las mismas obras que se habrían entregado en cualesquiera otros años a la ciudad. En la Resolución que firmó el Alcalde del 4 de octubre de 1820, su artículo 2 lo explicita, pues en él “ratifica que principalmente las obras, proyectos y servicios definidos y/o realizados por la Municipalidad desde mayo del 2014 hasta diciembre del 2020, se considerarán realizaciones del Bicentenario”. Ya es entonces Ley: no habrá nada realmente especial para conmemorar en los 200 años de independencia política de Guayaquil.

Estamos muy lejos de los alcances de la generación de guayacos de hace 100 años atrás, por pura mediocridad de nuestro poder público actual. Y de eso no nos salva ni este “golpe de Estado”.

(1) Antes de la incorporación del Distrito del Sur, lo que la República de Colombia conocía como el Distrito del Sur era el Departamento del Cauca, con Popayán como su capital. Una vez que se incorporó a la antigua Audiencia de Quito como el Distrito del Sur de Colombia (compuesto por tres Departamentos: Azuay, Ecuador y Guayaquil), el Departamento del Cauca pasó a formar parte del Distrito del Centro de la República de Colombia. Cuando nos desmembramos en 1830 para constituirnos en independientes, bye-bye Cauca.

Los políticos, según Borges

Decía Borges, en una entrevista por Neustadt:

“Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. Esto no lo digo contra ningún político en particular. Digo en general, que una persona que trate de hacerse popular a todos parece singularmente no tener vergüenza. El político en sí no me inspira ningún respeto. Como político” (Julio, 1976).

"Nos quedamos en el aire"

¿Cuál es la razón para que la Ley ordene que se motiven las decisiones de las autoridades públicas? Evitar la arbitrariedad. Una decisión razonada, por tener que enunciar las normas y principios jurídicos en que se funda y explicar su pertinencia para el caso concreto (Art. 77.6.l de la Constitución), evita pérdidas de tiempo y abusos sin cuento.

Si, por ejemplo, en el caso que por estos días se le sigue a la asambleísta Sofía Espín en la Asamblea Nacional, el CAL hubiera razonado su decisión de apertura del procedimiento de investigación en su contra, no tendríamos estas declaraciones de uno de los integrantes de la Comisión de Investigación que se ha conformado para juzgarla:

“desde mi punto de vista tiene que ser sancionada, y en eso coincidimos los tres legisladores que estamos en la Comisión […] A todos nos llama la atención, todos creo que apuntamos hacia una sanción; pero el rato en que vamos a buscar los elementos para la sanción, nos quedamos en el aire”.

“Nos quedamos en elaire”, dice el asambleísta de la Comisión de Investigación, Bairon Valle. Es, en realidad, una declaración de la sinrazón previa del CAL. ¿Por qué? Porque el procedimiento de investigación que el asambleísta Bernal solicitó que se inicie en contra de la Asambleísta Espín fue por una supuesta infracción del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Específicamente, su numeral 1, que dispone la siguiente prohibición:

“Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita” (este artículo es un calco del Art. 127.1 de la Constitución).

Así lo pidió su acusador, en su denuncia del 3 de octubre. Si el CAL hubiera aplicado la garantía de motivación en su resolución de ese mismo día, no habría calificado la denuncia de Bernal con un lacónico “por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Si el CAL realmente hubiera motivado la denuncia de Bernal tendría que haber justificado la aplicación del artículo 164 LOFL, no únicamente citarlo. Si hubiera hecho eso, el CAL habría parado esta arbitrariedad en seco, que es el objetivo de la garantía constitucional de motivación.

Porque el CAL, por el proceso de razonar, habría tenido que rendirse a la evidencia de que en derecho el escrito del asambleísta Bernal es una mamarrachada (aunque útil como escrito de conveniencia para una medida de persecución política) que nunca encuadra los hechos que denuncia en el artículo cuya comisión le imputa a Espín. El acto de Espín que Bernal solicitó al CAL que se investigue (esto es, su visita a la cárcel del lunes 24 de septiembre) es un acto que no se ajusta al “desempeño” de una “función pública o privada” en el sentido requerido por el Art. 163.1, ni tampoco fueron los actos de Espín “incompatibles” con el ejercicio de su función de asambleísta, pues su visita a la cárcel el día 24 de septiembre no causó siquiera la omisión de una actividad: a la que Espín no fue esa mañana del 24, la reemplazó su alterno.

El artículo 163.1 LOFL está pensado para una actividad que se desempeñe en paralelo a la actividad de asambleísta, privada o pública, que merme el tiempo y la calidad de lo que esa persona le dedica a la Asamblea Nacional. Si es tanto lo que esa actividad le quita a la Asamblea Nacional, otro legislador puede acudir al CAL para denunciar el hecho: “desde que asambleísta Fulano de Tal ejerce la actividad de dentista o profesor o figurita de TV (etc.) el tiempo y la calidad de lo que hace en esta Asamblea Nacional ha decaído de forma notable”. Y fundamentarlo, por ejemplo, por el contraste antes y después del número de las asistencias al Pleno y a la Comisión a la que pertenezca, el número de proyectos de ley y de resoluciones que haya presentado, el número de intervenciones en el debate legislativo, etc. Es fácil comprobar que este es el sentido de la norma: bastaría acudir a los trabajos preparatorios de la LOFL y de la Constitución de 2008 (y la de 1998, porque la disposición actual es un calco en la Constitución de Montecristi de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución de Sangolquí)

En otras palabras, el acto que denunció el asambleísta Esteban Bernal en contra de la asambleísta Sofía Espín, el visitar a una persona en la cárcel una única vez, no encuadra en el supuesto del Art. 163.1 LOFL. Políticamente resulta conveniente para la persecución contra Espín (por afín al correísmo), pero jurídicamente es ridículo. En todo caso, esto ya lo saben en la Comisión de Investigación y por eso las declaraciones del asambleísta Bairon Valle: “nos quedamos al aire”. No es culpa de ellos: es culpa del CAL, que por no cumplir con su obligación de calificación motivada de la denuncia, admitió a trámite un mamotreto.

Todo lo que puede decir esta Comisión de Investigación abierta para investigar la comisión de una supuesta infracción de Sofía Espín al artículo 163 LOFL es: “no encontramos elementos para encuadrar los hechos de la Asambleísta Espín en los supuestos del Art. 163.1 LOFL”. Es decir, la concreción en términos jurídicos de este coloquial “Nos quedamos en el aire”.

Entrevista radial (16 de octubre)

Al Presidente Lenin Moreno le vale madres y a los poderes privados les gusta que así sea: la institucionalidad del país se coloca (debo decir: vuelve) a su beneficio. La ciudadanía sería la única que podría emerger para rechazar esta captura del Estado en aprovechamiento de unos pocos, principalmente en beneficio de ellos mismos (los que más tienen, incluidos los medios de comunicación). Pero la ciudadanía está desorganizada (o peor: es caótica y violenta, como lo demuestran los hechos recientes en Posorja) y en el Ecuador nunca ha sido un contrapeso valioso del poder político. (Los reclamos liberales y ciudadanos, en este país, son muy débiles y desarticulados).

En este panorama de mierda, el país escora a la derecha, el estreno de la muerte cruzada se avecina a mediados del 2019 y Nebot se relame con una tercera vez. Es el gran emergente de este post-correísmo con sabor a pre-correísmo, que 23 años después de su última elección presidencial (acumula ya dos derrotas) tiene verdaderas chances de ganar en este tercer intento. Porque Nebot, para ganar, necesita dos cosas: a Correa fuera de juego y a un rival débil a vencer en la papeleta. El primer deseo ya le fue concedido.

El segundo viene en forma de Guillermo Lasso.

De esto y otras cosas, fue esta entrevista.    

La revancha de los ancianos de derecha

El Ecuador de hoy tiene a los más relevantes órganos de su poder público sometidos a un “Régimen de Transición”, cuyos cargos máximos cambian de ocupantes en un proceso que requiere el exterminio de unos para el provecho de otros, proceso que está a cargo del Consejo transitorio del Dr. Trujillo y los dos seres que cohabitan en él: el que enaltece el Estado de Derecho en la teoría y el que lo destruye con una motosierra en la práctica. Y el de la motosierra va ganando. Por mucho.

La singularidad de este proceso de “transición” en el caso del Ecuador, es que el exterminio de unos no es para el provecho de otros de una generación posterior, que es la evolución natural de la política. Es para el provecho de los viejos de la generación anterior al anterior gobierno. Esto que vivimos en el Ecuador es, realmente, una revancha de los ancianos de derecha. Los que ahora propician el camino para que uno de los suyos, Jaime Nebot, en asocio con “Lenín, el Arlequín”, la marioneta top del poder en la sombra, vuelva a aspirar (como en los noventa) a la Presidencia de la República.

¿A quién golpean con saña estos ancianos? Al expresidente Rafael Correa y a todo lo que se le pueda imputar un poquito de tufo a “correísmo”. “Menos para ellos, más para nosotros” parece ser el denominador común en esta división +65 de nuestra política.

Despelucado, después de un largo día en el aserradero de la institucionalidad pública

 

En la historia de la política ecuatoriana, siempre hay alguien a quien exterminar para que sus reemplazos puedan justificarse: hoy es el correísmo, antes lo fue la “partidocracia” (que ahora está haciendo su Comeback Special) y antes otros de acuerdo con el girar de la rueda de la fortuna. Es el ciclo de siempre en nuestra política caníbal.

Así que lo de ahora es más de lo de mismo y con las prácticas usuales, pero con un único matiz, uno que habla de nuestro atraso. Esto no es una renovación, o una superación de Correa. Es la revancha de un ancianato, con el Dr. Trujillo y su motosierra.

El derecho a la defensa

¿Qué significa el “derecho a la defensa”?

Reducido a su forma más simple, es que el Estado trate “al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Caso Galindo Cárdenas, Párr. 209). Esta diferencia de trato implicaría un giro copernicano en la administración de justicia, tal como la conocemos en nuestro país.

Ser un “verdadero sujeto” procesal, no un objeto sometido a los cálculos de intereses de los demás (jueces, acusadores, operadores en la sombra). En Ecuador, ese sujeto es leyenda.

Eduardo Castillo (Naipe Centralista)

Un “guayaquileño neutro, como si esto fuese posible”.

Los quiteños, perdedores de la Guerra Civil

En rigor, los hechos derivados del cambio en la administración de Quito sucedido el 10 de agosto de 1809 fueron mucho más una guerra civil dentro de una de las Audiencias de España en América (la de Quito, una de las tantas Audiencias en las que dividía el imperio español sus posesiones americanas) que una lucha por independizarse del Reino de España en el seno de dicha Audiencia.

De hecho, esto último nunca fue: los del 10 de agosto no buscaron la independencia de la provincia de Quito del Reino de España (de hecho, si algo, quisieron sus hacedores que sea Quito el suelo donde no resuenen “más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”, siendo el rey, su “señor natural don Fernando VII” –eran totally fans). Tampoco fueron sus esfuerzos hechos por la Audiencia de Quito como tal: se los hizo por la provincia, para que se reconozca la autoridad de Quito, antigua capital de dicha Audiencia, sobre las provincias vecinas de Popayán, Guayaquil y Cuenca, que componían la Audiencia de Quito por aquel entonces. 

Y a los quiteños les fue como el culo, pésimo. De agosto de 1809 a agosto de 1810, en menos de un año, se había devuelto el poder a los españoles, sometido a proceso a 84 personas, ejecutado extrajudicialmente a varios de sus líderes (sus ministros civiles de Relaciones Exteriores y de Justicia, Morales y Rodríguez de Quiroga, el jefe militar Salinas, entre otros) y asesinado a unas 300 o más personas en las calles de Quito, a causa del fallido rescate de la cárcel del 2 de agosto de 1810. Estos hechos, en muy buena medida, fueron causados por las tropas que enviaron las provincias vecinas a Quito, que fueron hasta allá para aplacar esta inopinada proclamación de supremacía sobre el resto del territorio de la Audiencia.

De allí que el 10 de agosto haya sido mucho más una Guerra Civil (una especie de “Quito, tése quedito” híper-violento de parte de sus vecinos) que una lucha de los quiteños por la independencia de un país del Reino de España, algo que realmente estaba muy por fuera de sus alternativas políticas, devotos a ultranza de su rey como lo eran. Ciertamente no fueron unos visionarios.

Fueron algo peor: unos perdedores.

Al carajo

Tres ideas sobre esta República del Ecuador 2018:

* En general, lo que vivimos en el Ecuador del “régimen de transición” no es una renovación de la política, es una revancha de la vieja política.

* Los que triunfan en los nuevos tiempos no son los de una generación pos-correísta, porque el triunfo le pertenece a la generación pre-Correa, que mal o bien lo ha resistido por años y que esperó agazapada su momento. Nebot es el héroe de esta camada sobreviviente, su caballo ganador jugándose su última chance. Lo que vivimos en el Ecuador no es una superación de Correa, es un retorno de quienes estaban antes que él, antes de irse del todo.

* El país se mueve a la derecha. Y se va, poco a poco, en esa anarquía propia del andar de tumbo en tumbo y sin otro plan que culpar el ayer, al carajo.

Una tortuga llamada Bernal

El asambleísta Esteban Bernal de los registros de Creando Oportunidades tomó noticia de una carta no dirigida a él el 1 de octubre de 2018. Esta carta era la que el abogado Chimbo not chimbo dirigió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por la cual le informaba que la asambleísta Sofía Espín de los registros de Revolución Ciudadana, esto es, disidente de Alianza País, había cometido una supuesta incompatibilidad con su función de asambleísta por su visita en la cárcel a la testigo Diana Falcón.

Bernal hizo suya la denuncia del abogado Chimbo y se comprometió a hacer algo que lo ha hecho sentirse orgulloso: denunciar a un colega de la oposición. “Es un paso, a mi manera de ver, histórico, porque es la primera vez en la historia de la Asamblea Nacional en que se presente una denuncia de un asambleísta a otro, por el eventual incumplimiento de sus funciones”, ha dicho Bernal, que se siente un pionero.

En todo caso, el asambleísta Bernal presentó su denuncia el miércoles 3 de octubre y el Consejo de Administración Legislativa la calificó y aceptó enseguida, ese mismo día, con la consecuente resolución de organizar una Comisión Multipartidista de Investigación a los actos de la asambleísta Espín, que se conformó a la semana siguiente, el miércoles 10 de octubre, por los asambleístas Valle, Callejas y Candel.

El detalle es que Bernal hizo historia en la Asamblea Nacional con muy poquito. El oficio que le dirigió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, tiene muy poco fundamento. Bernal hace cita de “hechos públicos y notorios” y de un oficio de una funcionaria de la cárcel, una carta de Chimbo y de que ese día Espín tenía una sesión en Montecristi pero envió a su alterno. Sin ninguna conexión entre estas premisas variopintas y su conclusión, Esteban Bernal escribió: “a criterio de este Legislador, la actuación de la Asambleísta Sofía Espín podría enmarcarse posiblemente en la conducta descrita en el artículo 163 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Los estándares de una fundamentación son otros que los ofrecidos por Bernal. Para la Corte IDH, por ejemplo, una fundamentación o “motivación” es la exteriorización de una “justificación razonada que permite llegar a una conclusión” (Chaparro y otro c. Ecuador, Párr. 107). Esta justificación, el asambleísta Bernal ni se mosqueó en hacerla.

En todo caso, al oficioso aunque deficiente asambleísta Bernal le bastó con ese poquito. Porque de todas maneras, el CAL no se molestó en motivar su decisión de iniciar un trámite que podría terminar con la posible destitución de una asambleísta. Un lacónico “por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa” fue su base para justificar tan grave procedimiento. La CIDH, en el caso de Gustavo Petro c. Colombia consideró que el derecho “a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Párr. 117).

Para el CAL, sin embargo, el inicio de este trámite fue indiferente al de haber autorizado la compra de un esfero, objeto también llamado pluma. O de una docena.  

Esto último no es culpa de Bernal, es deficiencia del propio CAL. Pero que a Bernal le ha jugado muy a favor, porque si el CAL aplicaba ese riguroso estándar de la CIDH en Petro c. Colombia, el CAL habría tenido que haber bateado una denuncia basada en evidencia tan circunstancial (“hechos públicos y notorios”, un atributo compartido con las puestas de sol), dichos de parte interesada y nula concatenación de ideas. De acuerdo con el estándar constitucional ecuatoriano, esta calificación del CAL de la denuncia de Bernal es contraria a su obligación de motivación, porque para motivar “es necesario que la autoridad exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla”. Y eso no se puede hacer con solo citar una norma legal (v. CC, Sentencia No 227-12-SEP-CC, p.14).

Siendo la obligación del CAL por el artículo 164 de la Ley calificar que la denuncia del asambleísta Bernal esté “debidamente fundamentada”, este órgano debió inadmitir el escrito presentado por él el 3 de octubre, porque es claro que no cumplía con estar “fundamentado”, no se diga ya “debidamente”. De esto último, andaba muy lejos.

Pero el CAL no actuó en este caso como un juzgador responsable, que es lo que debió ser. Nunca pareció entender la gravedad de lo que estaba iniciando, en términos de democracia. Por su falta de motivación, al CAL (como decía el Diego) en la que ha sido esta resolución sobre el caso de la asambleísta Espín, “se le escapó la tortuga”.

Una tortuga llamada Bernal.

De la estirpe de Alarcón

El desembarco de las tropas del Consejo transitorio en el Estado ecuatoriano propició una masacre del Morenismo perpetrada en las filas del Correísmo. En 6 meses de evaluación (del 6 de marzo al 6 de septiembre), hubo 27 de 28 cesados entre las autoridades del antiguo régimen, es decir, hubo un único sobreviviente a esas evaluaciones. Ese fue Arturo Cabrera.

¿Quién es Cabrera? En resumidas cuentas, un quiteño burócrata, abogado de la Central y con Diplomado del IAEN y largo historial en el sector público: “Asesor legal en el Ministerio de Finanzas; Asesor en el H. Congreso Nacional (varios períodos); Director Nacional de Asesoría Jurídica del Tribunal Supremo Electoral; Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito; Asesor en la Asamblea Nacional Constituyente; Asesor de la Corte Constitucional; Director Nacional Jurídico del Consejo Nacional Electoral; Director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, asesor de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralización y Competencias y de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, de la Asamblea Nacional”. Se principalizó como Juez del Tribunal Contencioso Electoral el 23 de noviembre de 2016 (tomado de la web del TCE).

Cabrera es, entonces, un sobreviviente del Correísmo, del que recibió sueldo durante los tres períodos de gobierno de Rafael Correa. Y un sobreviviente del Morenismo, que eliminó a las autoridades del Correísmo, menos a él.

Un burócrata quiteño con cintura, de la estirpe de Alarcón.

De cuando Bonil es crítico con los políticos.

Chimbo not chimbo

Si hay un abogado que es un bacán por estos días, ese es el abogado Chimbo, de la defensa jurídica de la expolicía Falcón en el proceso que se sigue por el supuesto plagio de Balda en Bogotá, que involucra a Correa. El abogado Chimbo puede presumir de presentar una carta un lunes en la Asamblea Nacional y obtener una resolución del Pleno para el jueves de esa misma semana. No creo que haya muchos abogados en toda la República que puedan presumir de movilizar con tanta rapidez en función de sus intereses a la más alta Función del Estado.

Porque para una institución tan desesperantemente leeeenta como la Asamblea Nacional, la velocidad con la que se ha atendido el trámite de Chimbo es contrastante.

* Lunes 1 de octubre

Chimbo denunció en una carta dirigida a la Presidenta de la Asamblea Nacional la visita en la cárcel de la asambleísta Sofía Espín a su defendida Diana Falcón y lo consideró como un hecho contrario a la responsabilidad de un asambleísta.

* Miércoles 3 de octubre

Un asambleísta decidió apadrinar la denuncia de Chimbo y presentó una denuncia al CAL basada en los hechos denunciados por Chimbo, a fin de buscar la destitución de la asambleísta Sofía Espín. El CAL, que tiene por ley un plazo de cinco días para calificar la denuncia del asambleísta, decidió calificarla ese mismo día, e iniciar el procedimiento para juzgar si la asambleísta Espín permanece o no en su cargo.

* Jueves 4 de octubre

La Presidenta de la Asamblea Nacional, a quien Chimbo le había dirigido la carta el lunes 1, puso el tema en el orden del día del Pleno. En la mañana se votó: 73 votos a favor de 114 presentes para sacar una resolución del Pleno que decidió “observar la cuestionable conducta” de la asambleísta Espín, quien “aparentemente ha incumplido sus funciones legislativas”.

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En apenas 3 días, el abogado Chimbo consiguió el inicio de un proceso administrativo y obtuvo una resolución de la más alta Función del Estado, favorables a sus intereses. Movilizó a una pesada maquinaria, con rapidez y eficacia.

Hoy, 10 de octubre, el Pleno ha conformado una Comisión Multipartidista de Investigación que juzgará la permanencia de Espín en la Asamblea Nacional.

Y un bacán se relame.

Bonil y Guayaquil

Xavier Bonilla, “Bonil”, ha perjudicado de dos maneras a Guayaquil: la primera, le ha negado a la ciudad su necesaria cuota de crítica. Ha callado un montón, y cuando ha representado a Guayaquil en sus característicos dibujitos, usualmente lo ha hecho de forma agradable a su gobierno local. Lo suyo ha sido, sin duda, más lambonería que otra cosa y desde el día 1. Diríase que está en las antípodas de lo que ha hecho contra los gobiernos centrales.

La segunda: Bonil ha esparcido una mentira. El día de ayer, con ocasión del 9 de octubre, publicó este “elogio” a Guayaquil:

Diario El Universo, 9 de octubre de 2018

Y abajo, colocó entre paréntesis: “El proceso independentista de Guayaquil empezó en 1809 y se consolidó en 1820”. Lo que es un tremendo brainfart no relacionado con el dibujo en el que está inserto, ni mucho menos basado en hechos. Lo que pasó en 1809 es una gran falacia y lo que pasó en la provincia de Guayaquil en 1820 tiene tanta relación con los sucesos de 1809 en la provincia de Quito, como el culo lo tiene con las témporas.