Lo que no quieren oír

Publicado en diario El universo el 16 de diciembre de 2005.

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La aprobación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que sanciona la publicación, sin consentimiento de las partes, de información que se transmita por los servicios de telecomunicaciones y otras formas de comunicación desató una polémica que involucra a medios de comunicación, órganos gremiales, miembros de la sociedad civil y diputados. Su impulsor, el ex presentador de programas deportivos Alfonso Harb, confesó ante la prensa sus intenciones: “Combatir a quienes hacen los pinchazos a las comunicaciones telefónicas para grabar las conversaciones personales”. Y apostilló: “Eso no es bueno”.

Pero la ley aprobada es, sin duda, mucho peor. Su redacción es confusa e imprecisa: no define qué es “información protegida”, el eje mismo de su propósito; tampoco limita la responsabilidad de las personas que participan en los hechos; peor aún, no se contenta con sancionar “los pinchazos a las comunicaciones telefónicas” pues también se aplica a “otros sistemas o formas de comunicación”; de manera inaudita y casi diríase cómica, permite la publicación de la información cuando exista “orden judicial de las partes” (¡?). En una ley penal, todas esas imprecisiones de redacción son inexcusables: contrarían los elementales principios de la certeza de la ley y de la lógica. Sus consecuencias serían el otorgamiento a los jueces de una discrecionalidad que, quién lo duda, será útil a oscuros intereses políticos.

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) se opone a esta amenaza a sus derechos constitucionales: en un reciente comunicado de prensa, enfatizó con razón que la ley de marras viola los artículos 23 num. 9 y 10 y 81 de la Constitución y recordó también que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, orgánica y especial, “norma el libre acceso a la información en manos del sector público y consagra los únicos casos de excepción a tal derecho constitucional”. A buen entendedor, pocas palabras.

La ley aprobada, sin embargo, no se limita solo a esas claras violaciones de la legislación nacional; desconoce también, con olímpico desdén, las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de libertad de expresión. En breve, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa sin equívoco que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Este criterio tiene sustento en vasta jurisprudencia de la propia Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véanse, por ejemplo, los casos Herrera Ulloa c. Costa Rica y Ricardo Canese c. Paraguay). Solo resta, entonces, que el Presidente vete totalmente esta ley. Porque en definitiva la libertad de expresión, como acuñó George Orwell, “si significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír”.

¿El Sur también existe?

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Publicado en diario El universo el 1 de diciembre de 2005. 

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Bush se repantiga en su silla, muy cómodo y lejano. Ojea una revista o conversa, sonrisa ladeada y socarrona mediante, con sus asesores. No se inquieta, pues sabe que juega el juego de la política americana con vasta ventaja. Tampoco se preocupa de intervenir (enhorabuena, pues mucho no se puede confiar de la oratoria de quien dijo que África era un país o que refirió que muchas de las importaciones de EE.UU. –oh, sorpresa- vienen de ultramar) pues con un par de primarias exposiciones le basta y le sobra para instalar el orden (o casi) en casa. Además, para la defensa de su posición tiene a sus áulicos, Paul Martin, de Canadá y Vicente Fox, de México, sus socios en el NAFTA.

Esta despreocupación de George W. Bush sucedió en el marco de la IV Cumbre de las Américas, que la OEA organizó en Mar del Plata los primeros días de noviembre intitulada “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”. La pompa del título enunciaba un compromiso necesario para el desarrollo que, sin embargo, se opacó porque el fantasma del ALCA orondo recorrió los pasillos de la Cumbre y se coló por invitación especial de Estados Unidos en una agenda que no lo contemplaba. Y vaya si pesó bastante: una discusión que debió concluir a la 12:30 para pasar a un comedido almuerzo de naderías se prolongó hasta las 18:30 con el solo propósito de introducir el ALCA en la Declaración Final donde sobrevivió, fraccionado, en un párrafo 19 que afirma que algunos países de América lo apoyan y que otros (Venezuela y los países del Mercosur) no. Una clara solución de compromiso, alejada de la vida plena que pretendía insuflarle Estados Unidos y también de la muerte anticipada que un retórico Chávez le decretó en la paralela III Cumbre de los Pueblos.

En ese contexto, La mayoría de los gobernantes americanos fueron conscientes de su rol de meros comparsas de la fiesta texana de las Américas. San Cristóbal y las Nieves, Barbados u Honduras, ergo, América Central y el Caribe no pueden considerarse, salvo por la ficción jurídica que la palabra supone, países soberanos. Y lo propio fue cierto para los países andinos, salvo para uno, Venezuela, y la excepcionalidad se extendió a un bloque entero, el Mercosur, quienes fueron los únicos voceros de la resistencia y de un pensamiento que difiere del hegemónico.

Pero, por supuesto, no basta aquello para que Bush pierda su sonrisa socarrona, pues su juego de cartas marcadas no lo obliga ni siquiera a desgastarse (para ello tiene a Irak, a los huracanes de su política interna). Para atacar a Venezuela, cuyo presidente enfatiza sus críticas a Estados Unidos y ejecuta o propone varios proyectos que merecen un análisis más detallado (Telesur, Petrocaribe, ALBA) utiliza a su paje mexicano Vicente Fox, con la previsible intención de aislar a Venezuela de los países del Mercosur. Y es evidente que Venezuela no la tiene sencilla: el demagógico Hugo Chávez es un blanco cómodo para la prensa facilona y su política exterior depende demasiado de su bonanza petrolera.

 
En contraste, el Mercosur sí tiene la posibilidad de ejercer una política con un liderazgo más sólido (Argentina, Brasil) y con una proyección más sustentable, en aras de otorgarle sentido a la incipiente Comunidad Sudamericana de Naciones, esa nueva promesa del Sur. Aunque para que ello suceda se deba luchar contra las imposiciones de Estados Unidos y contra la larga tradición de fracasos de integración que padecemos desde el Congreso Anfictiónico de Panamá que convocó Bolívar en 1826. En breve, entonces, la tarea de Sudamérica es trocar la pregunta que encabeza estas líneas por la clara afirmación que canta Serrat con letra de Mario Benedetti: que el Sur también existe.