Esmeraldas no way

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de junio de 2023.

En los tiempos coloniales la zona de Esmeraldas, cuyo territorio pertenecía a la provincia de Quito, se extendía desde Bahía de Caráquez hasta Barbacoas (hoy, Departamento de Nariño, Colombia). Durante el dominio español, esta zona estuvo ocupada por zambos e indios. El poderío español llegó a acuerdos con los zambos, pero los indios malabas resistieron los avances españoles en su territorio.   

Esta situación condicionó el desarrollo de un puerto para Quito en la zona de Esmeraldas. La ciudad de Quito deseaba allí un puerto para el envío de sus productos a los mercados del Norte (las zonas mineras y agrícolas de lo que hoy es Colombia, e idealmente, hasta Panamá) sin tener que pasar por el puerto de Guayaquil.  

Hubo varios intentos de abrir un camino a Esmeraldas y todos fueron un fracaso. Ora el Virreinato de Lima no lo autorizaba, ora cuando se obtenía la autorización resultaba que el asunto no era rentable, o peor, la rebelión de los belicosos indios malabas acababa con la iniciativa. Esto último ocurrió en 1619 y el origen de la rebelión “parece haber estado en los intentos del gobernador, Durango Delgadillo, por imponer un régimen de trabajo más severo a las parcialidades adyacentes a la población de Montesclaros”. Y los indios mataron a todos: blancos, mestizos, negros y mulatos.   

Así, mientras fue parte del Reino de España y salvo por breves lapsos, Quito nunca tuvo una salida al mar como no sea pasar por Guayaquil. Su idea de evitar este puerto y de buscar una comunicación directa con Panamá fue parte de las ilusiones de su élite durante la rebelión del 10 de agosto de 1809. En el Acta suscrita en esa fecha, los quiteños manifestaron su decisión de atraer a la Junta Suprema que se había establecido en Quito a provincias “como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Alcanzar Panamá era una quimera de los quiteños a fin de procurar su desarrollo económico y conectarse con Europa. 

Su quimera fracasó miserablemente porque las provincias vecinas de Guayaquil, Cuenca y Popayán se le vinieron a Quito encima, en el entendido de que ella era muy pobre y periférica como para tener la primacía sobre ellas. Y se cebaron, entonces, con Quito: dentro del año contado desde el 10 de agosto, ya le habían matado a la mayoría de los cabecillas de su rebelión y al 1% de su población, atrocidades cometidas por tropas enviadas desde Lima por el Virrey a instancias del Gobernador de Guayaquil. 

La imposibilidad de un camino a Esmeraldas tuvo graves consecuencias. En las palabras de John Leddy Phelan (“El Reino de Quito en el siglo XVII” [primera edición 1967]), a quien se ha seguido para este relato, los reiterados fracasos en abrir el camino a Esmeraldas condicionaron el desarrollo de Quito y del país:

“La Sierra permaneció virtualmente aislada del resto del mundo durante trescientos años. […] De haberse colonizado Esmeraldas en el siglo XVIII, el carácter ulterior de la sociedad de la Sierra podría haber sido menos apegado a la tradición, y, por tanto, más receptivo a las innovaciones. En consecuencia, pudo haber surgido un equilibrio más dinámico entre la Sierra y la Costa, antes del presente siglo”.  

Pero nada: simplemente, Esmeraldas no way.

El Estado que celebró a su dictador

            Publicado en diario Expreso el viernes 23 de junio de 2023.

A lo largo de la historia política del Ecuador, acabar con el contrario es la forma de estar. El más grande demagogo de la política ecuatoriana, José María Velasco Ibarra, lo describió tan claro: “O yo destruyo al Frente, o el Frente me destruye a mí”. (El Frente –el Frente Democrático- era el enemigo del momento. Velasco se le fue encima.)  

Corría el año 2018 y la forma de acabar con Rafael Correa y las autoridades “correístas” (es decir, las nombradas durante su período de gobierno) fue la creación de un órgano especial (el recordado “Consejo Transitorio”) encargado de su exterminio. Este órgano debe ser caracterizado como una dictadura, dadas su duración limitada, su ninguna sujeción a la ley sino a su entera voluntad y su persecución de un propósito concreto, que son las características insignia de un órgano dictatorial.

El problema con las evaluaciones y destituciones hechas por este Consejo Transitorio es que todas son violatorias de derechos. Obviamente, ello no es percibido así en la jurisdicción ecuatoriana, tan acostumbrada a soportar este tipo de majaderías. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, lo hecho por el Consejo de marras viola numerosas garantías judiciales que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, en ajustado resumen: se violó el principio de legalidad y de retroactividad porque la normativa para evaluar a las autoridades se compuso de normas imprecisas y vagas, que fueron redactadas con posterioridad a las acciones y omisiones que se evaluaron. Se violó el derecho a un juez competente por no estar fijada la competencia de los juzgadores en una ley previa. Se violó el derecho a un juicio imparcial pues el presidente del Consejo Transitorio anticipó en varias ocasiones criterios descalificadores sobre los evaluados. Se violó el derecho a la presunción de inocencia porque las dudas en los procesos se usaron en contra de los acusados y se los condenó sin eliminar toda duda razonable sobre su culpabilidad. Se violó el derecho a tener una comunicación previa y detallada de la acusación formulada porque el Consejo Transitorio iniciaba el proceso de investigación sin informar al evaluado de las razones de su evaluación, su fundamento probatorio y su caracterización legal. Se violó el derecho a tener el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa porque se estableció un sumario “reservado”. Y, finalmente, se violó el derecho de recurrir del fallo porque toda apelación se la presentaba ante al mismo órgano que había dictado la resolución de primera instancia (en un nivel premium de ineficacia, de 24 apelaciones que se presentaron, 24 se rechazaron).

La clase política en el Ecuador es incapaz de percibir sus errores y sus abusos (algún día la Corte Interamericana de Derechos Humanos se los tendrá que explicar). A Julio César Trujillo, el deschavetado nonagenario que encabezó y puso cara a esta dictadura, en una ceremonia en la que estuvieron presentes el presidente Moreno y las más altas autoridades del Estado, se lo condecoró post-mórtem con la Orden de San Lorenzo, que es la más alta condecoración que puede otorgar el Estado ecuatoriano.

Es decir, por todo lo alto lo celebraron a su dictador. 

La maldición azuaya

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de junio de 2023.

La Ley de División Territorial colombiana de 1824 creó el Departamento del Azuay como nueva denominación para la que fue, en tiempos de la monarquía, la provincia de Cuenca. Cuando se creó el Estado del Ecuador en 1830, este nuevo Estado fue la rocambolesca reunión de tres departamentos colombianos, uno de ellos el Departamento del Azuay.  

Desde 1835 y hasta 1861, en todas las Constituciones el Departamento del Azuay subsistió (salvo en la Constitución de 1843, cuando fue distrito) para la determinación del número de los representantes políticos del territorio. Durante estos años, los mandamases del Ecuador (Presidente, triunvirato o Encargado del Poder) fueron un extranjero, varios guayaquileños, un quiteño accidental y un natural de Píllaro. Nunca un azuayo.

La Ley de División Territorial ecuatoriana de 1861 declaró que Azuay era el nombre de una provincia, y así lo sigue siendo hasta el sol de hoy. Con este estatus de provincia, las máximas autoridades del Ecuador de origen azuayo ascienden a cinco: Antonio Borrero (1875-1876), Luis Cordero (1892-1895), Gonzalo S. Córdova (1924-1925), Manuel María Borrero (1938) y Rosalía Arteaga (1996). 

El cuencano Antonio Borrero (1827-1911) fue elegido por votación popular celebrada los días 17, 18 y 19 de octubre de 1875. Empezó su período el 9 de diciembre de 1875 y debía terminarlo en 1881. Fue interrumpido por el golpe de Estado de Ignacio de Veintemilla del 8 de julio de 1876. Vivió en el exilio hasta 1883.

En los tiempos del nacimiento de Luis Cordero (1833-1912) en la hacienda Surampalti, en Déleg, este territorio pertenecía a la provincia del Azuay (el territorio se desprendió del Azuay en 1880). Cordero fue elegido Presidente por elección popular celebrada los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 1892. Empezó su gobierno el 1 de julio de 1892 y debía terminarlo en 1896. Sin embargo, tras el escándalo conocido como “la venta de la bandera” se lo orilló a renunciar, lo que finalmente hizo el 16 de abril de 1895. Se retiró por muchos años (hasta 1910) de la vida política.

El cuencano Gonzalo S. Córdova (1863-1928) fue elegido Presidente en elecciones populares celebradas en 1924, las últimas elecciones del período liberal. Su gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado de la revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. Fue apresado y murió en el exilio, en Valparaíso, en 1928.

Por su parte, el cuencano Manuel María Borrero (1883-1975, sobrino nieto del otro Borrero) fue designado Presidente interino por la Asamblea Nacional Constituyente de 1938, tras la renuncia del general Alberto Enríquez Gallo. Gobernó entre el 10 de agosto y el 1 de diciembre de 1938, por apenas 114 días. Renunció por el insostenible clima político. Lo sucedió Aurelio Mosquera Narváez.

Finalmente, la cuencana Rosalía Arteaga (1956) es un caso singular. El Congreso Nacional destituyó al Presidente de la República, Abdalá Bucaram, por la causal de “incapacidad mental”. Rosalía Arteaga debió sucederlo, pero el Congreso Nacional se impuso. Gobernó (es un decir) por un par de días, entre el 9 y el 11 de febrero de 1997.

La maldición azuaya: ningún natural de ese territorio termina su gobierno (o como Rosalía, ni siquiera lo empieza). 

El prócer olvidado

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de junio de 2023.

José Domingo de La Mar, nacido el 12 de mayo de 1776, fue cuencano por accidente. Fue hijo del vasco Marcos La Mar y Migura, residente en Cuenca en 1776 donde ejerció el cargo de Tesorero de las Cajas Reales. Su hermana mayor, Josefa Justa Rufina, había nacido en Guayaquil en 1767. Su madre, Josefa Cortázar y Lavayen era una guayaquileña de orígenes vascos. La Mar pasó mucha parte de su vida, mientras en suelo americano, en Guayaquil y sus alrededores, donde fue autoridad y tuvo haciendas. Tiene de cuencano apenas el paso de su padre por un puesto burocrático.

José Domingo de La Mar es el prócer olvidado del Ecuador. En un océano de mediocridad militar (según el historiador Pío Jaramillo Alvarado, “después de La Mar, solo se llega a un procerato subalterno”), son el Gran Mariscal La Mar y los dos hijos de su hermana, Juan Francisco y Antonio Elizalde, los militares originarios del territorio que desde 1830 se lo conoció como Ecuador que más alto rango tuvieron en las guerras de independencia. 

La Mar fue el hombre que decidió la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, que selló la expulsión del ejército español de la América del Sur. El General Sucre reconoció en su parte militar “la serenidad con que el señor general La Mar ha rechazado todos los ataques a su flanco y aprovechado el instante de decidir la derrota”.

El Libertador Simón Bolívar tenía a La Mar en altísima estima. En una carta a Santander, escribió: “Lamar es el mejor hombre del mundo porque es tan buen militar como hombre civil. Es lo mejor que conozco.” Tras Ayacucho, Bolívar nombró un puerto de Bolivia con su apellido; Olmedo, en 1844, obsequió la memoria de La Mar con un soneto. 

Este cuencano por accidente fue el primer Presidente del Perú entre 1827 y 1829. Cuando se formaron las nuevas repúblicas, Cuenca y Guayaquil (parte de la Audiencia de Quito) habían sido administradas tanto desde Santa Fe como desde Lima y podían agregarse como el extremo Sur de Colombia o el extremo Norte del Perú (o formar una asociación distinta). Bolívar, por la razón o por la fuerza, agregó en 1822 a su Colombia el territorio de la Audiencia de Quito y lo convirtió (cercenado) en el Departamento del Sur de Colombia. 

En 1828, el Presidente La Mar quiso arrebatar Cuenca y Guayaquil a Colombia y reintegrarlas al Perú que él administraba, porque en los últimos años del gobierno español Cuenca y Guayaquil habían sido administradas desde Lima. Él mismo condujo las tropas al Norte.

Como correspondía a la época, el asunto se zanjó por la guerra. Se enfrentaron los ejércitos colombianos y peruanos en el portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829. La Mar fue derrotado y unos meses después un golpe de Estado lo sacó de la presidencia peruana. Fue enviado al exilio en Centroamérica. Al año siguiente de Tarqui, un militar triunfante en esa batalla, el venezolano Flores, haría del territorio de la Audiencia de Quito (mejor dicho: de los restos del territorio de la Audiencia de Quito, porque mutilaron mucho Quito) un nuevo Estado, de nombre “Ecuador”.  

El 11 de octubre del mismo año en que se fundó el Estado del Ecuador, 1830, murió en el exilio, en Cartago, Costa Rica, José Domingo de La Mar.  

Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de junio de 2023.

Talía Gabriela Gonzales Lluy nació en Cuenca, el 8 de enero de 1995. Cuando tenía tres años, el 20 de junio de 1998, ella sufrió una hemorragia nasal que no se detenía por nada y su madre la llevó a un hospital de su ciudad natal. Allí se le diagnóstico una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica y se dispuso que se le haga una transfusión de sangre y plaquetas. Acudió entonces a donar sangre una persona infectada con VIH. En el banco de sangre los médicos no hicieron los controles adecuados y unos días después se comprobó que Talía estaba infectada con VIH.

Este hecho atroz fue el punto de partida del calvario que sufrieron Talía y su familia. Cuando tenía cinco años, a Talía la sacaron de una escuela pública, hecho que incluso fue justificado por un tribunal administrativo que consideró que ella no tenía derecho a la educación, pues era “obvio señalar que prevalece el derecho de la mayoría con respecto a un caso particular”, en lo que constituyó una supuesta defensa del derecho a la vida (del resto de los estudiantes) frente al derecho a la educación de Talía.

A la madre de Talía la despidieron de su trabajo por “dar mala imagen” a la empresa por tener una hija con VIH. Además, a Talía y a su familia les resultó muy difícil encontrar una vivienda, pues como lo constató la Corte, “fueron obligados a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto por la condición de Talía, y se vieron forzados a vivir en condiciones desfavorables y en lugares muy apartados debido a que no encontraban un lugar donde quisiera arrendarles una vivienda”.

Por estos hechos, el 1 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria en contra del Estado del Ecuador. La Corte declaró que el Estado vulneró el derecho a la vida y a la integridad personal de Talía, pues aún cuando el banco de sangre era una institución privada, “el deber de supervisión y fiscalización es del Estado, aun cuando el servicio de salud lo preste una entidad privada”. Y como el Estado fue inútil para hacer esta supervisión y fiscalización, “esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño permanente a su salud”. 

Debido al sufrimiento causado por el contagio de Talía y por el calvario vivido, la Corte consideró también que el Estado había vulnerado el derecho a la integridad personal de los familiares de Talía.

Finalmente, la Corte responsabilizó al Estado por la vulneración del derecho a la educación de Talía. En particular, la Corte observó que “las autoridades educativas no tomaron medidas para combatir los prejuicios en torno a la enfermedad de Talía” y que si un Estado busca proteger la integridad personal de personas por supuestos riesgos por la situación de salud de otras personas, ello debe hacerse “a partir de la evaluación específica y concreta de dicha situación de salud y los riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios”. 

El caso Gonzales Lluy es un testimonio (uno más) de un Estado canalla.