Malos perdedores (vuelta a 1987)

Repasemos la historia: el pueblo ecuatoriano votó en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018 por la creación de un órgano transitorio a cargo de organizar los procesos de evaluación a las autoridades del Gobierno de Rafael Correa y los procesos para designar a sus (eventuales) reemplazos. Esta decisión popular precisó que la actuación de este órgano transitorio debía concluir cuando se posesione el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de elección popular, cuya invención fue el objeto principal de la reforma constitucional de febrero de 2018.

Este órgano transitorio destituyó, entonces, a las autoridades electorales nombradas en los tiempos de Correa y nombró discrecionalmente a unas provisionales (por una invención tremendamente abusiva llamada “encargados”). El órgano electoral armado por el órgano transitorio, es decir, un órgano transitorio al cuadrado, fue el que aprobó la inscripción del sacerdote José Carlos Tuárez como candidato para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de elección popular. El órgano electoral definitivo (en el que se recicló a la transitoria Diana Atamaint, que se convirtió en su Presidenta) es el que organizó, por primera vez, el producto de la reforma constitucional del año 2018, esto es, la designación por votación popular de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Es importante recordar que a la elección popular de los vocales del CPPCS se la vendió como una conquista democrática, cuando se trataba de persuadir al pueblo para que vote a su favor:

“Se ha considerado prudente efectuar una enmienda constitucional que cambie la forma de designación de los representantes de los ciudadanos que integran dicho Consejo, a través del mecanismo de votación popular, que sirva para dar cuentas de la naturaleza de este organismo, de allí que se plantee la cesación de los actuales consejeros y que los mismos sean electos democráticamente. Ello conlleva además la aplicación del principio constitucional de progresividad de derechos” (Pregunta 3, Justificación).

Pero pasó el tiempo y la gente en el Gobierno de Lenin Moreno empezó a pensar que era una pésima idea haberle dado al pueblo la posibilidad de elegir a los integrantes del CPCCS. Esto, porque la actuación del órgano transitorio, lejos de eliminar al “correísmo”, lo avivó. La posibilidad de que el pueblo vote por el “correísmo” en las elecciones de marzo de 2019 empezó a preocupar. En un acción desesperada, algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral y algunos consejeros (incluido su Presidente) del órgano transitorio, promovieron el voto nulo para la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fracasaron miserablemente.

Su preocupación, entonces, se hizo realidad: de los siete integrantes del CPCCS de elección popular, a cuatro se los puede interpretar como contrarios al actual Gobierno y tanto más peligrosos mientras mayor sea su cercanía (real o fabulada) al expresidente Rafael Correa. Ahora buscan mecanismos para bajarse al sacerdote José Carlos Tuárez, a quien el pueblo eligió para integrar el nuevo CPCCS reformado y a quien la mayoría de ese órgano designó como su Presidente, entre otras cosas, por ser la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos (en la papeleta “Hombres”) en la elección del 24 marzo de 2019: un total de 962.046 votos.

Recordemos el origen de Tuárez: él es el producto final de un proceso organizado por los anti-correístas en el poder. El órgano transitorio que presidió Julio César Trujillo nombró a las autoridades electorales transitorias que aceptaron a Tuárez y a las autoridades electorales definitivas que organizaron el concurso en el que Tuárez obtuvo casi un millón de votos.

Entonces, lo que ahora sucede, cabe interpretarlo así: el Estado hace mal las cosas (en forma de un concurso en el que ganan quienes no le gusta) y como ya no le conviene el resultado, procede a sabotearlo. Este es el Estado ecuatoriano de toda la vida, aquel que actúa como borracho de fiestas de Quito (al menos de las noventeras).

Este nuevo abuso del Estado nos cuesta mucha plata. Uno, por la ineficacia en organizar una elección, pues si José Carlos Tuárez pasó todos estos filtros y obtuvo el voto de casi un millón de personas, ya no vale que después de organizado este proceso que costó millones de dólares se le diga a Tuárez que no puede ejercer el cargo para el que la gente lo votó pues no cumplió cosas de su candidatura que debieron ser verificadas por las autoridades electorales del Estado (todas ellas nombradas por Trujillo and pals). Si se les pasaron cosas por alto a dichas autoridades, ese hecho ya es responsabilidad del Estado, no del candidato. Si por fallas de los dos CNE (provisional y definitivo) se lo pretende sancionar a Tuárez, esto es claramente abusivo, pues hasta un subnormal podría apreciar que el Estado ecuatoriano está alegando A SU FAVOR su propia negligencia.

En el campo del derecho hay un principio que descarta concederle valor a esta conducta barriobajera del Estado, condensado en una hermosa frase en latín: “Venire contra factum proprium non valet” [contradecir los actos propios no vale]. Tiene una lógica maciza: si se organizó una elección, se debe aceptar su resultado, aunque no le convenga al Gobierno de turno. Esto, por la razón fundamental de que es lo verdaderamente democrático aceptar las decisiones aunque no convengan, máxime si son fruto de la elección popular.

Y no respetar la voluntad popular tiene consecuencias. En el derecho internacional de los derechos humanos, es claro que la destitución de una autoridad elegida por la votación del pueblo usando vías administrativas es considerada como una grave vulneración a los derechos políticos de dicha autoridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado un juicio de proporcionalidad que debería resultar a prueba de imbéciles:

“… la sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular por infracciones meramente administrativas que no constituyen delitos, no satisface el estándar de proporcionalidad estricta en tanto el grado de afectación que tiene en los derechos políticos tanto de la persona destituida e inhabilitada como de la sociedad en su conjunto, es especialmente intenso, frente a un mediano logro de garantizar la idoneidad de las personas para ejercer la función pública cuando estos pudieron haber cometido infracciones administrativas que si bien pueden revestir cierta gravedad, al no llegar a la entidad de un delito, no logra justificar la afectación intensa a los derechos políticos…” (Caso Petro, Párr. 122).

Esto, por la sencilla razón de que en el orden internacional sí se valora la importancia de una autoridad elegida en una votación popular:

“La CIDH considera que el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución e inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también a la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a terminar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático” (Caso Petro, Párr. 117).

Porque, neta, el que tanta gente haya votado por Tuárez el 24 de marzo de 2019 parece valerles pija a los del Gobierno actual. Pero en otras partes (en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. ej.), su caso podría ser materia de un juicio del que emanará una obligación del Estado de reparar (es decir, más plata a pagar).

Así las cosas, la persecución emprendida en contra de Tuárez tiene su razón de ser en que las autoridades del Gobierno actual han sido de una actuación mediocre, resultaron malos perdedores, y en ultimadas cuentas, ni siquiera son demócratas. Prefieren imponerse por vías ajenas a las democráticas (incluso con procedimientos tan imbéciles como el de un Juicio Político por actos de cuando Tuárez no se encontraba en funciones [¿?]) que soportar un resultado electoral adverso, incluso aunque años después tengamos que pagar en juicios internacionales por sus abusos. Estos atributos pintan un retrato del Estado ecuatoriano ineficaz y abusivo que es el que yo recuerdo de los ochentas y noventas, en sus sucesivos y caóticos Gobiernos.

A juicio de por cómo juegan los muertos de nuestra selección nacional de fútbol, bien podríamos estar de vuelta a 1987.

Las vergüenzas del futuro

Creo, por ejemplo, que se puede ser católico y no ser un pesado. Tener una postura como la que sostiene el columnista de diario El Universo, Alfonso Reece:

“Tampoco entiendo a los católicos que, en nombre de nuestra religión, se rasgan las vestiduras por la legalización del matrimonio homosexual civil. Todavía me acuerdo que en el catecismo me enseñaron bien clarito que quienes están casados solo por lo civil ‘no están casados’ para la Iglesia. Y es lógico, y teológico. Entonces, ¿cuál es el problema si cierto grupo de personas quieren tener uniones diferentes pero solo civiles, o sea que no tienen valor canónico alguno? Déjenles tener su fiestita en paz. Finalmente, cualquier legislación en esta materia tiene importancia relativa, porque Eros, el más poderoso de los dioses, se filtra por los resquicios de cualquier institucionalidad y se ríe de torquemadas y calvinos”*.

Realmente, cuando se lo piensa un poco, es que no se está atentando contra los derechos de los que no somos homosexuales cuando se les reconoce un derecho a los homosexuales: el matrimonio no es una torta, donde si uno come más, otro come menos. No es tampoco que se nos haya impuesto obligación alguna a los heterosexuales (una suerte de lotería que obligara a heterosexuales a casarse con homosexuales o, Jebú no lo quiera, a practicar esa pederastia tan sacerdotal): en nada nos afecta a los heterosexuales el que otras personas que no tiran como nosotros también puedan empezar a gozar de los dudosos beneficiosos que les pueda reportar la institución matrimonial.

En simple: el matrimonio es un derecho (reconocido en instrumentos internacionales, como la Convención Americana) y lo que se ha hecho en el Ecuador, vía una interpretación de la Constitución (basada, a su vez, en una interpretación de la Convención Americana) es ampliar el acceso a dicha institución jurídica, a fin de que se sumen a ella los que quieran, sin discriminación por su orientación sexual.

Así, el matrimonio es para quien lo desee, pues la reforma de la Corte Constitucional a nadie obliga a casarse. Y los que tienen ese espíritu de “torquemadas”, como descrito por Reece, si dejaran de ser metiches en la vida de los demás y se preocuparan por sí mismos, de seguro que contribuirían a mejorar el país (pues no joder, eso es ya una gran contribución).

Finalmente: luchar contra la ampliación de los derechos para otros no es luchar por una causa justa. Es ir a contramano de la historia (en este nuevo siglo, se ha adoptado ya el matrimonio igualitario en veintinueve países) y obtener un espacio seguro en la memoria de las generaciones futuras como las vergüenzas de sus familias.

Por ello, dejen de ser “torquemadas”. Es por el bien de su memoria.

* Alfonso Reece Dousdebés, ‘Torquemadas, erasmos, calvinos’, Diario El Universo, 24 de junio de 2019.

La plegaria de Illingworth

El General John Illingworth (1786-1853) mira al cielo, como implorando: “Palomas, no me caguen más, que estos cabrones jamás me limpian”.

La política ecuatoriana

En una entrevista que le hizo Carlos Calderón Chico, el primer alcalde que eligió Guayaquil por votación popular el año de N. S. de 1947, Rafael Guerrero Valenzuela, definió lo que está mal en la política ecuatoriana con una pasmosa claridad. Ante la pregunta de Calderón sobre porqué Guerrero a sus 80 años se sentía “engañado” de la política, el veterano respondió:

“Porque aquí en nuestro medio se la entiende al revés. Y no como aquella posibilidad de servir al país. Le dice esto quien cree conocer bien la política y a los políticos”.*

El problema del Ecuador no es ni de normas, ni de instituciones. Es cultural, de gente que entiende en su mayoría que llegar a un cargo público es una oportunidad para servirse de él: ahí está el origen de la corrupción generalizada en este país, pre-correísta, correísta y post-correísta. De fondo, es por el casi nulo efecto que produce la “ecuatorianidad” como un motor para las conductas solidarias.

* ‘Que la muerte me sorprenda en la radio’, 29 de mayo de 1995.

Litardo en aguas procelosas

César Litardo fue elegido Presidente de la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, el 14 de mayo de 2019. De entre todos los millones de ecuatorianos que votamos, entre los que nacimos aquí y los naturalizados, escogimos a 137 individuos que nos representan en el Parlamento; entre esos 137 se ha escogido al fluminense Litardo como su Presidente, primus inter pares. Por semejante filtro, parecería que nos hallamos ante un político de fuste y con gran capacidad de mando. Por la experiencia de su primer mes y poco más en el cargo, sabemos que es todo lo contrario.

A César Litardo lo lleva a la Presidencia una mayoría integrada por AP-Aliados, CREO, ID, Pachakutik, PSP, FE y los independientes que armaron dos grupos denominados Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bloque de Acción Democrática Independientes (BADI). Esta mayoría pegada con babas, por más de un mes (hasta el 18 de junio) no pudo poner a funcionar a las Comisiones de Derechos de los Trabajadores, de Educación y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues Litardo había acordado que se los designe a María José Carrión (AP), Jeannine Cruz (CREO) y Héctor Yépez (CREO) respectivamente, pero los asambleístas miembros de las Comisiones no pensaban de igual forma y eligieron en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores a Vicente Taiano (PSC), en la Comisión de Educación a Jimmy Candell (BIN) y en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados a Raúl Auquilla (PSC)… El socialcristianismo se les quería colar por la ventana, como el amante bandido del Gobierno que es.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional mantuvo del acuerdo inicial que encumbró a Litardo a María José Carrión como Presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y a Héctor Yépez como Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, pero se acomodó al trastoque de Jeannine Cruz (CREO) por Jimmy Candell (BIN) para la Presidencia de la Comisión de Educación. El hecho cierto es que en el período de indecisión y absoluta inutilidad de este primer mes, a los asambleístas de estas tres comisiones se les pagaron sus sueldos (4.282,60 USD x 12 asambleístas x 3 comisiones: un total 154.173,60 USD, eso sin contar los gastos del staff de la Comisión y cada asambleísta, lo que seguramente duplicaría la cifra) sin que hayan llegado a cumplir ningún propósito útil*.

Y en todo caso, esta movida que ha ejecutado César Litardo es muy peligrosa para su futuro, pues implica pelearse con los del PSC: acaba de tirarse de bombita a un mar de aguas procelosas. Veamos cuánto dura.

* Podría pensarse en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa por la cual únicamente empezarían los asambleístas a devengar su sueldo, una vez que se haya constituido formalmente la Comisión a la que han decidido pertenecer. Así nos evitamos el gasto de cientos de miles de dólares en que estos zanguangos se pongan de acuerdo.

Mario Ribadeneira (Naipe Centralista)

La “oligarquía” es un concepto muy antiguo, acuñado por los griegos (Aristóteles et al.) y su existencia formulada como ley por uno de los modernos (Michels y “la ley de hierro de la oligarquía”). Para Ansaldi y Giordano, la oligarquía es “una forma histórica de la dominación política de clase, caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política”*. En el caso del Ecuador, es la única forma de dominación en los años de su despótica y carabinoambrosiana historia como Estado independiente (yendo de tumbo en tumbo desde 1830).   

El caso es que el paisano Mario Ribadeneira que se describe en esta Q de Corazones encarna el ideal latinoamericano del empresario: “Hábil para confundir sus intereses con los del Estado”. Tal es el sueño de la oligarquía ecuatoriana, desde siempre.

Lo dice su Reina de Corazones.

* Ansaldi, Waldo & Verónica Giordano, ‘América latina. La construcción del orden’ [Tomo I. De la colonia  la disolución de la dominación oligárquica], Ariel, Buenos Aires, 2012, pp. 465-6.

La chirez de Bolívar en Jamaica

Al Libertador (título conferido por el Ayuntamiento de Mérida en 1813 en los tiempos de la “Campaña Admirable”) el exilio en la caribeña isla de Jamaica que empezó a mediados de 1815 le resultaba intolerable. Vendida la poca plata que había llevado a su nuevo destino, únicamente le restaba implorarle a un escocés (originalmente, panadero y comerciante de harina en Dumfries), de nombre Maxwell Hyslop, a que le cruce un billete y a cambio le ofrecía un “Dios le pague” estilo bolivariano: “La generosidad de V. debe ser gratuita, porque me es imposible ofrecer ninguna recompensa, después de haber perdido todo; pero mi gratitud será eterna”.

Simón Bolívar no prescindió de ponerle drama a su petición. De plano, le encamó al escocés Hyslop, en carta del 30 de octubre de 1815, que si no le daba el dinero que le pedía, se iba a suicidar:

“No me lisonjea otra esperanza que la que me inspira el favor de V. Sin él la desesperación me forzará a terminar mis días de un modo violento, a fin de evitar la cruel humillación de implorar auxilios de hombres más insensibles que su oro mismo. Si V. no me concede la protección que necesito para conservar mi triste vida, estoy resuelto a no solicitar la beneficencia de nadie, pues es pre­ferible la muerte a una existencia tan poco honrosa.”

Por los beneficios a los que accedieron después los hermanos Hyslop (Maxwell y Wellwood), es de suponer que Maxwell Hyslop le “donó” su billete al Libertador para que enfrente sus horas bajas en Jamaica. Su “eterna gratitud” no fue en vano: fue devengada una vez que Bolívar ocupó la Presidencia de la naciente República de Colombia, unos años después. Visto así, más que una “donación”, a Hyslop este billete le resultó una “inversión”.

La generalizada ignorancia

Cuando se exilió en la isla de Jamaica, Simón Bolívar le escribió una carta al inglés Maxwell Hyslop, fechada 19 de mayo de 1815, en la que hizo la siguiente descripción de las masas americanas:

“… no debemos alucinarnos: la opinión de las Américas no está aún bien fijada, y aunque los seres que piensan son todos, todos independentistas, la masa general ignora todavía sus derechos y desconoce sus intereses”*

La visión de Bolívar podrá ser elitista, pero el hecho de la generalizada ignorancia sobre sus derechos e intereses en la población era tan cierto en los tiempos de la independencia como lo sigue siendo ahora. Por ejemplo, lo es en la ciudad de Guayaquil con relación a los riesgos inminentes que vamos a enfrentar por el cambio climático y la elevación del nivel del mar en unos 30-50 años. La guayaca es una ignorancia, además, tremendamente peligrosa pues atenta contra nuestra propia supervivencia como ciudad.

Doy por sentado que la solución no debe ser la autocracia de Bolívar una vez en el poder, pero su diagnóstico de 1815 sobre la realidad de las masas sigue siendo (lamentablemente) certero.

* Citado por: Ansaldi, Waldo & Verónica Giordano, ‘América latina. La construcción del orden’ [Tomo I. De la colonia  la disolución de la dominación oligárquica], Ariel, Buenos Aires, 2012, p. 199.

Support the Gay, by Banco de Guayaquil

Un paseo por el cementerio de Guayaquil muestra realidades insospechadas.

En sintonía con la aprobación del matrimonio igualitario, vale destacar el notable hecho de que el Banco de Guayaquil ha derrochado su dinero en naturalizar el amor homosexual con unas hermosas esculturas en honor de su fundador.

Gay pride.

"Oye, casémonos".

Love is Love

Porque hasta los garcas pueden apoyar una causa noble (inadvertidamente).

Cinco reflexiones a partir de una caricatura de Bonil

Una rareza: Bonil criticó a la administración de la Alcaldía de Guayaquil. Hoy, miércoles 12 de junio de 2019, Bonil dibujó a este muñeco de Monopolio (en clara alusión a la codicia) en plan de querer esquilmar a unos niños. 

Fuente

 

Primera reflexión: Bien, Bonil. Finalmente, sales del clóset.

Segunda reflexión: Es llamativo que esta crítica de Bonil a la gestión de la Alcaldía de Guayaquil (primera en mucho, mucho tiempo) se la haga una vez que se ha ido Jaime Nebot. Contribuye a reforzar la idea de que el cambio de autoridad en Guayaquil provoca fisuras en el casi unánime “con$en$o” que cultivó el régimen anterior.

Tercera reflexión: Es curioso que Bonil ponga de fuente al otro diario de Guayaquil. Es como decir que él ha necesitado acudir a esa otra fuente para informarse y criticar lo que está pasando en la ciudad (o como implícitamente admitir: “Este diario es una perra de la Alcaldía. Aquí no leerán nada en su contra, salvo esta licencia de artista”).

Cuarta reflexión: La Aerovía se la ofreció como promesa de campaña en el 2014, pero tardamos todo el quinquenio del último período de Nebot (2014-2019) y el inicio de la administración actual para empezar a discutir su opaco modelo de negocios, aunque este modelo no resulta ninguna novedad en la forma de administración de la ciudad. Y aunque incluso (como acertadamente lo señala Bonil) hasta unos niños se darían cuenta de que ese modelo es un timo, el Alcalde anterior usó y abusó de ese modelo sin rubor ni contención y, lo que es peor aún, casi sin crítica ni oposición, por 18 años y pico. Y es recién ahora, que ese adefesio aéreo está por operar, que tenemos dos artículos críticos y una caricatura de Bonil. Más lentos que una tortuga parapléjica y con tacos.

Quinta reflexión: Aunque la reflexión anterior es lo que es, si así empieza a llover, que no escampe jamás. Lo que más necesita Guayaquil es ponerse a pensar sobre lo que se ha hecho con ella (porque muchas, demasiadas cosas, se las ha hecho muy mal) y las que se van a hacer para corregir esto que se ha hecho mal. Para este propósito necesitaremos a Moncada y a Bonil, a diario Expreso y a diario El Universo, a las autoridades municipales y a la Academia, y en fin, a todos los que quieran sumar esfuerzos para componer una ciudad mal hecha, rumbo a inundarse.

Por lo demás, es esta una gran caricatura de Bonil, salvo porque al pequeño Nebot a la derecha le falta un globo que diga: “Yo de esto llevaré tajada”. Allí estaba completa.

La milanesa del 10 de agosto de 1809 hasta la Batalla de Ibarra

El 10 de agosto de 1809 no fue ningún hecho trivial: desencadenó momentos turbulentos en Quito. La situación en la Península provocó la creación de Juntas para defender a la Monarquía Católica, representada en el Rey Fernando VII, El Deseado. Lo que propuso una porción de quiteños ese 10 de agosto fue la creación de una Junta a la usanza de las Juntas peninsulares, con el propósito de defender a la Monarquía Católica y a su Rey.

Por la creación de esta Junta en la ciudad de Quito, este nuevo gobierno en una provincia de los Andes pretendió reivindicar una primacía sobre sus provincias vecinas de todos los puntos cardinales. El resultado fue un unánime rechazo de las provincias vecinas, que no contentas con rechazar su propuesta, solicitaron tropas para someter a Quito, aún a pesar de que el poder ya había sido devuelto el 24 de octubre de 1809 por el acuerdo que se había alcanzado con la autoridad real, el Conde Ruiz de Castilla.

El asunto desembocó en tropas en Quito, detenciones, juicios y la masacre de la mayoría de los gestores del 10 de agosto de 1809. La buena intención popular de liberarlos desembocó en una ejecución chapucera, en la que el remedio fue peor que la enfermedad, pues los que iban a ser los beneficiarios de esta voluntariosa acometida del pueblo quiteño fueron, en su gran mayoría, asesinados por las tropas ocupantes. Su reacción fue brutal: además de cargarse a los procesados por el 10 de agosto, se pasó por las armas alrededor del 1% de la población del Quito de entonces (como si hoy, en una tarde, se asesinara a unos 23.000 quiteños).

Tras este golpe, Quito se recompone y se rebela contra Bogotá y se declara el 9 de octubre de 1810 como “Capitanía General” del Reino de España, con lo que concretó su viejo anhelo de autonomía en el seno de la Monarquía Católica, manifestado por vez primera el 10 de agosto. Es en este contexto en que se redacta una Constitución, elaborada por un sacerdote, monárquica y perfectamente inútil (puesto que jamás se puso en práctica), además de ultramontana, pues para vivir en la provincia de Quito todos debían ser católicos: “La Religión Católica como la han profesado nuestros padres, y como la profesa, y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, será la única Religión del Estado de Quito, y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni permitirse la vecindad del que no profese la Católica Romana.”*

El saldo del diseño de esta “Constitución de 1812” es de terror: un territorio encajado entre las montañas, poblado únicamente por católicos¶.

Todo esta paja que solo iba a terminal mal concluyó cuando la Península, ya arrecha de tantas veleidades, envió al eficaz militar Toribio Montes a imponer de vuelta el orden administrativo en estas posesiones americanas de España. Quito fue incapaz de resistir. Su deseo de autonomía se extinguió en la Batalla de Ibarra, el 1 de diciembre de 1812, con unos cuantos fusilamientos definitivos. Como diría Luciano Andrade Marín, los quiteños, tras esta derrota “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara”§.

Que finalmente llegó en mayo de 1822. Pero esa ya es otra historia.

* “Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que Forman el Estado de Quito”, Art. 4.

¶ Una pesadilla, digna del mejor cine B de los ochenta, a la par de “The Toxic Avenger”.

§ Andrade Marín, Luciano, ‘El Ilustre Ayuntamiento quiteño de 1820 y la gloriosa revolución de Guayaquil’, en: Muñoz de Leoro, Mercedes (comp.), ‘Memorias históricas de la biblioteca municipal González Suárez’, Editorial Abya-Yala, Quito, 2003, p. 75. 

La fecha de fundación del Ecuador

La fecha de fundación del Estado ecuatoriano no puede ser el 10 de agosto de 1809 (hecho por quiteños, repudiado por guayaquileños y cuencanos), ni el 9 de octubre de 1820 (hecho por guayaquileños, secundando por los cuencanos, repudiado por los quiteños), ni el 24 de mayo de 1822 (hecho por una coalición de entusiastas y de mercenarios en beneficio de Colombia). Debería ser, o bien el 11 de septiembre de 1830, cuando los representantes de las provincias constitutivas de Guayaquil, Quito y Cuenca estamparon sus firmas en la Constitución que creó el Estado ecuatoriano, o el 23 de septiembre de 1830 cuando el Presidente, el venezolano Juan José Flores, le puso su Ejecútese a dicho documento.

A Founding Father. Fuente.

Dadas estas dos alternativas, no debería ser de recibo ninguna otra basada en las fechas mencionadas, por resultar ajenas a la “ecuatorianidad”, una idea que se asocia a una entidad estatal recién en 1830. Entre el 11 y el 23 de septiembre, parece más adecuada la fecha de entrada en vigor del documento, pues legalmente fue ese día cuando empezamos a existir como un Estado independiente, aunque no todavía como República. Eso aún tardaría hasta 1835.

Un día ignorado este 23 de septiembre, verdadera fecha de nuestra Fundación. ¿Por qué no me extraña que así suceda, en este país Carabina de Ambrosio?

Elsa, la primera

A la derecha guayaquileña le encantaría decir que la Alcaldesa del PSC, Cynthia Viteri, es la primera Alcaldesa de la ciudad*. En la historia republicana de Guayaquil, Yei Yei Olmedo el primero, hemos tenido (¿padecido?) 135 alcaldes por tan solo 2 alcaldesas: Elsa Bucaram y Cynthia Viteri. Veámoslo en un representativo gráfico:

Pero en nuestra derecha voceada por sus medios de comunicación adictos (todos los de alcance nacional) no se menciona siquiera que C. Viteri es apenas la segunda Alcaldesa de Guayaquil, pues eso implicaría referirse a la primera, a la roldosista Elsa Bucaram, a quien algunos recordarán por su voto para proceder a la consulta popular del año 2007. De ella también quedó esta memoria indeleble.

Guayaquil tuvo en 1988 a una mujer sentada por primera vez en el Sillón de Olmedo, asiento en el que únicamente habían reposado entre 1820 y aquel año puros culos masculinos: el primer culo femenino en allí sentarse fue el de la guayaquileña Elsa Bucaram (aquella que dijo: “de esta teta no mamará la oligarquía”) y que ya no será la única en haber descansado sus posaderas allí, pero que por siempre y para siempre será la primera.

* Esa vieja sinvergüenza devenida en canal de TV, que es Ecuavisa, simplemente lo dijo por boca de Pinoargote. Para Ecuavisa, de todo corazón, Cynthia es su primera.   

Denuncia: Juan Ramírez no es suficiente

Somos una sociedad muy pobre, pero no me refiero al dinero (aunque también)*. Somos culturalmente muy pobres, pues somos incapaces de enfrentar lo que se viene. Simplemente, parece que estamos destinados a sufrirlo, como si de un designio divino o del impacto de un asteroide se tratara. No es que no se conozca que Guayaquil corre el riesgo de inundarse y tornarse inhabitable en unos 30 a 50 años (alguna noticia se ha difundido, algún foro se ha hecho), el tema es que a nadie parece realmente importarle.

En realidad, Guayaquil es una ciudad secundaria para el mundo mundial. Es una de las 136 ciudades costeras de más de un millón de habitantes que en el mundo existen, pero una de las más prescindibles. Las inundaciones en Guayaquil serían una preocupación para sus habitantes y para algunos compatriotas, pero poco más. Es decir: la preocupación por las futuras inundaciones de Guayaquil se reduce a una porción mínima, poco influyente del mundo. El resto podría ver que nos inundamos y muy tranquilamente no hacer nada por nosotros. No nos engañemos: estamos en el mismo nivel de periférica importancia que un bombardeo en Siria o una sequía en el centro de África.

Otra cosa, por supuesto, es la ciudad de Nueva York, USA. Allá se toman muy en serio lo que le pueda pasar a la ciudad, entre otras cosas, porque Nueva York es la capital no oficial del mundo mundial. Y su administración pública sí se ha tomado en serio los efectos del cambio climático y han creado varias oficinas para tratar este tema. Tiene a un responsable máximo, quien responde directamente al Alcalde de NYC, con el cargo de “Senior Director of Climate Policy and Programs”. Este cargo lo ocupa Daniel A. Zarrilli, quien supervisa la gestión de los varios departamentos que se dedican a tratar con los efectos del cambio climático en esa ciudad (Mayor’s Office of Recovery and Resiliency, Mayor’s Office of Sustainability, Mayor’s Office of Environmental Coordination) y quien también tiene a su cargo la coordinación del programa de Nueva York (OneNYC) para una acción climática inclusiva. 

OneNYC

Daniel A. Zarrilli es un ingeniero que se toma en serio el futuro de la ciudad para la que presta sus servicios. Bajo su dirección, Nueva York orienta sus políticas y programas a la obtención de ocho (8) metas: una democracia vibrante, una economía inclusiva, barrios florecientes, una vida saludable, la equidad y excelencia en la educación, un clima habitable, movilidad eficiente, infraestructura moderna. Para alcanzarlas, la ciudad se ha comprometido a treinta (30) iniciativas concretas cuyo cumplimiento puede medirse: hay mucha información disponible al público, hay una rendición de cuentas constante desde la autoridad, hay indicadores para medir la efectividad de las gestiones emprendidas; hay un Plan de Acción y una estrategia a seguir de aquí a 30 años… El mundo de cosas que ocurre en Nueva York (la tercera ciudad con la mayor población de ecuatorianos en el mundo, por encima de Cuenca) de cara a enfrentar los riesgos asociados a la inevitable elevación del nivel del mar, es abrumador.

Pues resulta abrumador frente a la desidia que hay acá, porque en Guayaquil no pasa nada a pesar de que se proyecta como la cuarta ciudad en el mundo que enfrentará los mayores costos económicos (alrededor de 3.000 millones de dólares) asociados a la elevación del nivel del mar en 30 años. Acá, en el Puerto Principal y Perla del Pacífico, lo tenemos a Juan Ramírez. Ramírez es el ingeniero a cargo de la Gestión de Riesgos en la Alcaldía de Guayaquil, acostumbrado a obedecer órdenes y a cumplir protocolos. En su dirección municipal no hay ninguna planificación para enfrentar los riesgos que las futuras inundaciones imponen a Guayaquil (la palabra “inundación” no aparece en la normativa de su dirección).

Web Alcaldía GYE

El Ing. Juan Ramírez es un funcionario pensado para ser reactivo: si ocurre una situación de riesgo en la ciudad, él debe coordinar muchos esfuerzos para resolverla.

Web Alcaldía GYE

Y habría que ver si realmente Ramírez cumple con lo que se supone que hace: por ejemplo, si su Dirección prepara esos “planes anuales” de reducción de riesgos con indicadores… Pero no hay que comerse el coco con vanas ilusiones: para la Alcaldía de Guayaquil, el uso de planes con indicadores es material de ciencia ficción.

El problema es que un funcionario como Ramírez no es suficiente (OJO: no es culpa de él, es la falta de criterio en la administración municipal en general). Como ciudad, en Guayaquil no se está haciendo nada, o casi nada, para enfrentar un problema que en unos 30 a 50 años tendrá unas consecuencias catastróficas si no son adoptados los necesarios correctivos ahora, como los que ha empezado a adoptar una ciudad que sí está consciente del problema como Nueva York.

Por contraste a NYC, Guayaquil está en la peor situación posible. A su administración pública, en manos de los irresponsables de los socialcristianos, no le ha importado lo que pueda llegar a pasar en el futuro con la ciudad, porque sus ganancias son AHORA (nuestro crecimiento urbano está hecho “inconscientemente” para facilitar las inundaciones venideras, dada su impermeabilidad) y son mis conciudadanos, en una amplísima mayoría, ignorantes de los problemas que se les avecinan (en el caso más feliz, piensan como Jazmín). A mayor inri: NYC tiene muchos recursos y puede generar muchísimos más a través de redes de solidaridad que ciudades como Guayaquil simplemente ni tienen, ni podrán tener, por su condición de periferia pobre del mundo mundial.

La desgracia de Santiago de Guayaquil es que, o la salva la preocupación y el esfuerzo de sus propios habitantes, o en unos años post-socialcristianos se nos inunda y que el último residente apague las luces (si aún queda algún vestigio de electricidad en una ciudad anegada)**. Y por como vamos en tamañas irresponsabilidad e inconsciencia, este segundo escenario es muy posible. 

* A guisa de ejemplo: la ciudad de Buenos Aires (excluyendo el Gran Buenos Aires) tiene una población de aproximadamente tres millones de personas, tiene un presupuesto anual de alrededor de 10.000 millones de dólares. Guayaquil, con una población similar, tiene un presupuesto anual de apenas 800 millones de dólares (las consecuencias de vivir con cinturones de miseria e informalidad).

** Guayaquil sufrirá por la elevación del nivel del mar, a consecuencia de lo cual (si continuamos en la feliz ignorancia de nuestros problemas) varias zonas de la ciudad quedarán anegadas de forma permanente, o tan recurrente, que se volverán inhabitables. Esto provocará cientos de miles de desplazados por efecto del cambio climático, que en un país tan anárquico e idiota como el Ecuador, se dispondrán a crear situaciones de descontrol tiro 30 de septiembre, pero por días y días y días. Un apocalipshit guayaco.