Publicado en diario El universo el 23 de diciembre
de 2006.
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Tengo la convicción de que la política de Ecuador
con relación a Colombia ha sido endeble: nos ha faltado actitud, contenido y
definición. Me atrevo a sugerir un camino para empezar a enderezarla. Esta
página se la dedico a Cancillería y a las autoridades del Gobierno que inicia
el 15 de enero, para que tomen las medidas efectivas en defensa de los
intereses del país.
El artículo 45 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos autoriza la presentación de denuncias por violaciones de
derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
entre Estados de América que sean parte de ese instrumento jurídico. Tanto Ecuador
como Colombia lo son. El único requisito para la competencia de la CIDH es la
declaración de ambos estados parte de que la CIDH es competente para recibir y
examinar denuncias interestatales. Ecuador la hizo el 13 de agosto de 1984 y
Colombia el 21 de junio de 1985.
El fundamento de la denuncia ecuatoriana sería que
la aspersión de glifosato que Colombia realiza en la frontera norte viola el
derecho a la vida de los habitantes de la región y el “principio de precaución”
en materia de derecho internacional ambiental; la denuncia se acompañaría de
una solicitud de medidas cautelares que obligue a Colombia, por disposición de
la CIDH, a cesar las aspersiones en la frontera norte. En este caso no se
requiere prueba del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna
porque de conformidad con la práctica internacional (Cfr. Corte Europea de
Derechos Humanos, Caso Irlanda c. Reino Unido, sentencia del 18 de enero de
1978) lo único que se debe establecer es la existencia de medidas legislativas
o prácticas administrativas que autorizan las aspersiones. Ni siquiera se
requiere la existencia de una víctima concreta.
Imagino ciertas prevenciones en Cancillería para la
presentación de esta denuncia. Puedo reducirlas a tres: la condición de
“delicada” de la relación con Colombia, la “hermandad” entre nuestros países
(que tanto le llena la boca al presidente Uribe) y la “comprensión” que
solicita la canciller colombiana Araújo. Pamplinas. México inició un exitoso
proceso de defensa de sus migrantes en Estados Unidos con la solicitud a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de Opiniones Consultivas acerca del
derecho a la información sobre la asistencia consular y de la condición
jurídica de los migrantes indocumentados. Con los pareceres jurídicos que
obtuvo fundamentó su demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya en el célebre caso Avena y otros, con cuya
sentencia México consiguió que se obligue a Estados Unidos a reconsiderar los
procesos materia de ese contencioso. En fecha tan reciente, como el lunes y
martes de esta semana, se celebraron en La Haya las audiencias en la CIJ
relativas a la solicitud de medidas provisionales que presentó Uruguay en el
litigio que Argentina le inició por la construcción de dos papeleras que aquel
autoriza a funcionar en su margen del río Uruguay, con supuesto daño al medio
ambiente.
Seamos claros: no existen dos países de América con
más “delicados” intereses en juego que México y Estados Unidos, como tampoco
existen dos países más “hermanos” en Sudamérica que Argentina y Uruguay;
presentar una denuncia ante un órgano internacional no constituye una falta de
“comprensión” hacia el país denunciado sino una legítima manera de defender los
intereses de un Estado. Seamos más claros todavía: denunciar a Colombia ante la
CIDH se constituye como un mecanismo idóneo para la discusión imparcial y
racional de este incidente, una manera efectiva de defender con argumentos y
pruebas a los habitantes y al medio ambiente de la frontera norte y un punto de
partida para la construcción de una política sólida y soberana con relación a
Colombia. Solo espero, entonces, que el Gobierno que entra actúe en
consecuencia. Que así sea.
