Guayaquil a la deriva

Publicado en diario El telégrafo el 28 de febrero de 2016 en la revista dominical ‘Séptimo día’.

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Guayaquil es una ciudad a la deriva, cuyo crecimiento se ha dado al vaivén de los intereses de los empresarios de la construcción. Esa es la idea que se obtiene a raíz de una entrevista hecha en noviembre del año 2013 al entonces Director de Urbanismo de Guayaquil, José Núñez.

En un artículo que publicó a inicios del año 2014, después de haber leído aquella entrevista al director municipal de urbanismo, el arquitecto Eduardo McIntosh criticó duramente los criterios de Núñez sobre el desarrollo de la ciudad. En particular, McIntosh reprochó el rol que ha desempeñado la Dirección de Urbanismo en el crecimiento de Guayaquil: “se piensa que el rol del departamento de planeamiento urbano es simplemente el de autorizar permisos de construcción y apenas relatar lo que sucede.  Es sencillo entender la manera caótica en la cual la ciudad ha venido creciendo”.

Aún de mayor interés es el inventario de deficiencias que hizo este arquitecto y urbanista acerca del crecimiento de la ciudad: “No hay una política que se enfoque en garantizar densidades mínimas para crear vida urbana eficiente, una correcta y homogénea distribución de equipamiento urbano –áreas deportivas, parques, comercio, servicios, educación, instituciones–, un correcto mix de usos del suelo que ayuden a crear sentimiento de comunidad y reduzcan el volumen del tráfico en la ciudad y una real construcción de tejido vial distribuido que evite cuellos de botella urbanos”. En otras palabras, hay un gran crecimiento en Guayaquil, pero a manera de una enorme mancha gris, que crea más problemas de los que resuelve. Esta ha sido la tónica, por años de años.

La prolongación de este ‘modelo de desarrollo’ socialcristiano, tal vez tan pronto como en un período de dos generaciones, podría resultar nefasto para Guayaquil. El crecimiento de una enorme mancha gris puede resultar muy beneficioso para las empresas constructoras, pero es negativo para los habitantes de la ciudad. En un informe elaborado por la ONU-Hábitat el año 2012 titulado ‘Estado de las ciudades de América latina y el Caribe. Rumbo a una nueva transición urbana’ se expresó la necesidad para las ciudades de esta región de hacer “una profunda reflexión sobre los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta ahora, que han estado marcados por un alto grado de insostenibilidad” pues sus consecuencias han sido “ciudades que crecen con urbanizaciones de baja calidad, centradas en sí mismas, sin que nadie parezca preocuparse por el entorno general, ni por la creación de espacios de socialización que no estén totalmente dedicados al consumo”. Esa descripción de una ciudad retrata la realidad urbana de Guayaquil, cuyo alcalde considera que los malls son evidencia de una mayor calidad de vida.

Voy a concentrar la crítica a este ‘modelo de desarrollo’ que han impulsado las alcaldías del Partido Social Cristiano en Guayaquil desde el año 1992 en dos de sus consecuencias más notorias, estudiadas por arquitectos, urbanistas y la propia Alcaldía de Guayaquil: el ‘efecto de isla de calor’ y los riesgos de inundaciones. Dos consecuencias que se agravaron en el curso de los años por la ausencia de las políticas que detalló el arquitecto McIntosh en su artículo antes mencionado.

El ‘efecto de isla de calor’ provoca que Guayaquil tenga, por lo menos, tres grados más de temperatura de los que tendría normalmente, de acuerdo con la opinión de la profesora de urbanismo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Rosa Rada. En Guayaquil, esto se produce por cómo se ha dado el crecimiento de la ciudad: el negocio de las empresas constructoras privilegió, con mucho, el adoquín y el cemento.

En razón de lo anterior, es fácil concluir que una de las principales causas para el aumento de la temperatura a causa del ‘efecto de isla de calor’ en Guayaquil es la ausencia de áreas verdes. Guayaquil es una ciudad que no permite engaño: para cualquiera que la haya caminado resulta evidente la falta de áreas verdes en ella, por la carencia de políticas públicas desde la Alcaldía para el fomento de estos espacios, por la tala masiva de árboles ubicados en el casco urbano y por el reemplazo de especies frondosas por escuálidas palmeras.

Esta ausencia de áreas verdes se vincula con lo que en el Diagnóstico del Sistema Ecológico-Ambiental del cantón Guayaquil, incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Guayaquil del año 2011 (es decir, un documento oficial producido por la propia Alcaldía), considera en sus conclusiones como el mayor riesgo futuro de la ciudad: “El riesgo de mayor importancia para el cantón es el riesgo de inundación, debiéndose prever en el futuro obras de control de inundaciones”.

El agravamiento de los riesgos de las inundaciones en Guayaquil es otra consecuencia del ‘modelo de desarrollo’ socialcristiano. Este grave riesgo no sólo ha sido reconocido por la Alcaldía, sino que ha sido materia de un estudio comparado a nivel mundial. El artículo académico ‘Future flood losses in major coastal cities’ [Futuras pérdidas por inundación en las grandes ciudades costeras] publicado en la revista Nature Climate Change el año 2013 presentó un panorama sombrío para Guayaquil en el año 2050, a causa del cambio climático. En él, Guayaquil se sitúa como la cuarta ciudad en el mundo (de entre 136 ciudades estudiadas, todas ellas costeras y con una población superior al millón de habitantes) que sufrirá la mayor cantidad de pérdidas económicas como consecuencia de las inundaciones, las que serán cada vez mucho más comunes y dañinas dada la elevación del nivel del mar a causa del cambio climático.

De acuerdo con este estudio académico, en un escenario “optimista” de sólo una elevación del nivel del mar en 20 centímetros al año 2050, las pérdidas económicas para Guayaquil podrían a ascender a 3.189 millones de dólares, sólo por detrás de Cantón en China y Bombay y Calcuta en la India. Y el daño sería de 3.189 millones de dólares, siempre que se realicen las “obras de control de inundaciones”, como aquellas a las que se refiere el Diagnóstico Ambiental incorporado a la planificación de la Alcaldía. Porque la inacción frente a este inminente escenario de riesgo, de acuerdo con este estudio, “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas”.    

A esto me refería cuando unas líneas atrás sostuve que la continuidad del ‘modelo de desarrollo’ socialcristiano podría resultar nefasto para Guayaquil. El citado informe de ONU-Hábitat advirtió de la peligrosa ignorancia de los ciudadanos latinoamericanos frente a los riesgos de desastres futuros: “Existe poca conciencia de cómo la urbanización mal pensada puede incrementar los factores de riesgo a desastres, con las consecuentes pérdidas humanas y materiales”. Así, el mayor enemigo de esta ciudad somos sus propios habitantes, que aplaudimos aquello que nos daña. Si las autoridades de la Alcaldía le echan la culpa al dragado o a la marea alta o a una supuesta nueva modalidad delictiva en la Martha de Roldós, casi nadie en la ciudad eleva su voz de protesta y exige dejar excusas de lado y que se hagan las “obras de control de inundaciones” que son de entera responsabilidad municipal y que en el Diagnóstico Ambiental de la propia Alcaldía se mencionan.

En este punto, es necesario hacer una precisión: esta opción de crecimiento en forma de mancha gris por el que ha optado la Alcaldía de Guayaquil no es, en principio, ni ilegítima ni ilegal. Pero no se trata de juzgarla desde el punto de vista de su legitimidad o de su legalidad. Se trata de cuestionarla por ser una opción de crecimiento inconveniente para Guayaquil y peligrosa para su futuro.

Esto último lo dice un documento que la Alcaldía le solicitó a expertos internacionales que lo produzcan, vía una Cooperación Técnica con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este informe de análisis y recomendaciones, elaborado a raíz de la inundación del 2-3 de marzo del 2013 en Guayaquil, fue explícito en criticar el incremento continuo de la red de alcantarillado en esta ciudad: “La experiencia demuestra que soluciones que utilizan exclusivamente los principios basados en la transmisión de los impactos en el macro drenaje hacia aguas abajo, no son sustentables”, además de que pueden “llegar a aumentar en seis (6) veces los costos” comparados con una estrategia integral de gestión. El informe recomendó que en Guayaquil se cambie el ‘modelo de desarrollo’ y se empiecen a gestionar las inundaciones “bajo los conceptos de ciudades verdes, inclusivas y sustentables”, en vez de continuar con estas medidas costosas y poco sustentables (aunque convenientes al negocio de las empresas constructoras).

Pero las autoridades en Guayaquil no gestionan ni las inundaciones ni el desarrollo urbano en general bajo esos principios, pues la ciudad durante casi un cuarto de siglo ha crecido y crece todavía al vaivén de los intereses de los empresarios de la construcción (tal como lo describió el arquitecto Eduardo McIntosh) mientras la dirección municipal de urbanismo apenas se ha limitado a relatar lo que sucede. Y así nos va.

Guayaquil es una ciudad a la deriva, cuyos habitantes todavía ignoran, o no terminan de comprender, los riesgos que los acechan.