Publicado en diario Expreso el viernes 6 de enero de 2023.
En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. Un historiador que las estudió, François-Xavier Guerra, definió a los partidos políticos que participaron en ellas como “redes de hombres unidos por vínculos muy diferentes (de parentesco, de compadrazgo, de clientela, de interés, de origen geográfico común), que se definen ante todo por su oposición a una red rival”.
En el Ecuador, más de 200 años después, esta definición sigue siendo útil para caracterizar a partidos y movimientos políticos. Casi sin excepción, ellos no se definen por una ideología, se definen ante todo por la oposición a un rival. Así, su preocupación mayor no es servir a la población con leyes y políticas públicas afines a su ideología, pues lo que realmente les preocupa es ocupar los espacios de poder en detrimento de su rival. Esto, en la práctica política ecuatoriana, desemboca en el “reparto de la troncha”.
Observadores internacionales de las elecciones ecuatorianas, como la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han señalado los graves problemas que tiene el Estado del Ecuador para la fiscalización y el control del financiamiento privado a las candidaturas. Desde la OEA se ha recomendado al Estado que fortalezca las capacidades del órgano de control electoral (el CNE) y sus facultades para detectar las infracciones a las normas sobre financiamiento privado a las candidaturas y aplicar las correspondientes sanciones. En cada elección, la OEA reitera esta recomendación, pero invariablemente el Estado del Ecuador la ignora.
Que no se ha hecho ni se hará nada en materia de fiscalización y control del financiamiento privado a las candidaturas quedó claro en la entrevista a uno de los consejeros del CNE publicada en este diario el 1 de enero. Ante una pregunta sobre la posibilidad de un financiamiento privado con “dineros irregulares”, el consejero Enrique Pita respondió que ello “rebasa nuestra responsabilidad”, al tiempo que reconoció que “los recursos que se justifican ante el CNE son ínfimos respecto a la gran cantidad que se utilizan en una campaña”, para formular entonces la siguiente pregunta: “¿quién invierte tanto y por qué para un puesto que, muchas veces, no compensa el sueldo?”. Él mismo se la respondió: “comenzamos a mirar que posiblemente haya intereses que no guardan necesariamente relación con lo electoral y con el servicio”.
Así, tenemos dos malos elementos: un CNE sin capacidad de fiscalización y control de los “dineros irregulares” que financistas privados aportan a las candidaturas y muchos candidatos sin ideología ni voluntad de servicio. Es muy probable que, si esos candidatos llegan a ocupar un cargo público, devuelvan los favores a los financistas privados que hicieron posible su triunfo. Esto es el “reparto de la troncha” en acción.
Éste ha sido el funcionamiento del sistema político-electoral ecuatoriano durante muchos años, pero ahora se añade un twist perverso: el narcotráfico. En este nuevo escenario, la habitual ineficacia del Estado para fiscalizar y controlar los “dineros irregulares” puede causar la máxima perversión de la democracia: políticos funcionales al crimen organizado.
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