Gato encerrado

Una versión parcial de este artículo se publicó en diario El telégrafo el 2 de agosto de 2016. 

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El colapso de un paso a desnivel es un hecho inusual. Por supuesto, en el marco de un terremoto sí es posible que una estructura de este volumen colapse. Pero su colapso no lo causaría cualquier terremoto: los daños que causan los terremotos se corresponden con su intensidad.

Un terremoto capaz de causar este tipo de daño tendría que ser uno “destructivo”, esto es, uno de grado 9 de intensidad en la escala EMS-98, como aquel que se sintió en Pedernales y en San José de Chamanga el 16 de abril de 2016, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Un terremoto “destructivo” en Guayaquil podría causar el colapso de una construcción como el paso a desnivel de la avenida De las Américas.

Pero el terremoto que ese 16 de abril se sintió en Guayaquil no fue uno de esa naturaleza. Según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el terremoto que se sintió en Guayaquil, una ciudad localizada a casi 300 kilómetros del epicentro, fue de apenas grado 5 de intensidad en la escala EMS-98, lo que permite caracterizarlo como un terremoto “fuerte” pero muy lejos en sus efectos de un terremoto “destructivo”.

En la descripción de la escala EMS-98 (utilizada por el Instituto Geofísico), un terremoto “fuerte” apenas podría echar abajo “objetos pequeños, inestables y/o mal apoyados” o romper “cristales de las ventanas”. El saldo del terremoto en Guayaquil, por fuera de los daños que ocasionó el desplome del paso a desnivel (dos muertes y una persona herida de gravedad, además del incremento sustancial del tráfico y las pérdidas económicas a sectores aledaños) confirmó su levedad en comparación con los daños en Pedernales o San José de Chamanga: apenas se registraron seis heridos (ninguno de gravedad) y 30 edificaciones con daños estructurales, de las cuales, sólo una se desplomó: era el único edificio de cemento de los 30 afectados y el único de todos cuya construcción aprobó la administración municipal de Jaime Nebot.

Un terremoto de intensidad 5 en la escala EMS-98 como el que se registró en Guayaquil el 16 de abril no está en capacidad de echar abajo una construcción como el paso a desnivel de la avenida De las Américas. En este hecho inusual, entonces, hay gato encerrado.

La expresión “gato encerrado” se la utiliza para indicar que en un cierto asunto existe una razón “oculta o secreta” en palabras del diccionario de la RAE. En este caso, indica que debe haber una explicación adicional a la que ha ofrecido el alcalde y en la que muchos conciudadanos creen, quienes atribuyen el colapso del paso a desnivel exclusivamente a los efectos del terremoto. En otras palabras, ellos consideran que fue un “caso fortuito”.

Esta explicación de “caso fortuito” es muy conveniente para el Municipio de Guayaquil, sin duda, porque lo salva de eventuales pagos millonarios por concepto de indemnizaciones. Pero sabemos que esta explicación es falsa porque (esto es un dato científico) un terremoto de la intensidad del que se sintió en Guayaquil el 16 de abril no pudo realmente causar su colapso.

El paso a desnivel de la avenida De las Américas que se desplomó el 16 de abril se había construido en 1982, durante la alcaldía de Bolívar Cali Bajaña. Se desplomó a los 34 años de su construcción, menos de la mitad de su vida útil estimada de 75 años. El terremoto no pudo hacerlo caer, por su escasa intensidad: debió existir, entonces, una razón “oculta o secreta” para el colapso de este paso a desnivel.

Hay algunas evidencias de esta razón “oculta o secreta”. Justo una semana antes del terremoto, el sábado 9 de abril, diario Expreso publicó una noticia a la que tituló ‘Pasos a desnivel, una evaluación necesaria’. En ella, se citaba la opinión de expertos que advertían que los 45 pasos a desnivel de la ciudad presentaban “desgaste en las juntas, el pavimento y daños en las barandas”, y que algunos pocos de ellos mostraban “deformaciones en sus vigas, según especialistas en este tipo de estructuras”.

Otra evidencia de esta razón “oculta y secreta” que explica el colapso del paso a desnivel: el Municipio de Guayaquil es ineficaz para hacer cumplir la obligación legal de controlar las edificaciones en la ciudad. Tiene una indudable obligación legal, establecida en el artículo 134 del Reglamento Orgánica Funcional del Cantón Guayaquil y atribuida al Departamento de Control de Edificaciones: “Emitir certificados de inspecciones finales, una vez recibidos los informes respectivos y que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal”. 

  

Pero el Municipio no hace ese tipo de controles. De hecho, únicamente contabiliza que los metros cuadrados reportados por los constructores sean los correctos. Esta es la realidad en Guayaquil, descrita por el Presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Ing. Enrique Pita, para un programa de la TV local: “El Municipio, lamentablemente, no teniendo el personal suficiente, no realiza los controles de los procesos constructivos, más allá de al final de la obra establecer si los metros cuadrados que se reportaron son los correctos”.

La consecuencia de esta falta de control es que, de acuerdo con expertos en construcción, “el 70% de las viviendas de la ciudad ha sido construido de manera informal, sin un plano o estudio de por medio. Y del otro 30%, en la mayoría de los casos no se ejecutaron los planos presentados”. O sea, es casi un 100% de ineficacia de la Alcaldía de Guayaquil en el control de las edificaciones en Guayaquil.

A pesar de estos antecedentes, las autoridades de la Alcaldía de Guayaquil afirman que al paso a desnivel que se desplomó durante el terremoto le habían hecho los “necesarios mantenimientos”, consistentes en controles preventivos, correctivos y especializados. Esta afirmación es muy sospechosa porque los 45 pasos a desnivel en Guayaquil presentan deficiencias (incluso “deformaciones en las vigas”) y, además, porque la ineficacia en los controles que la Alcaldía de Guayaquil realiza a otras construcciones autorizan a suponer que esta ineficacia se la extiende a los controles en los pasos a desnivel.

En esta historia, el gato encerrado es desentrañar cuál es la auténtica razón del desplome del paso a desnivel de la avenida De las Américas. La causa eficiente de su desplome no pudo ser el terremoto; dadas las circunstancias, la falta de controles en su mantenimiento por parte del Municipio debió ser lo que causó su desplome.

La única manera de saberlo es conociendo los informes que se supone que el Municipio de Guayaquil realizó sobre el paso a desnivel que se desplomó. Una alternativa para conocerlos es a través de la presentación de una acción de acceso a la información pública; otra, más justa, sería que los familiares de las víctimas y las víctimas causadas por el colapso del paso a desnivel exijan, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual (al amparo del artículo 11 numeral 9 de la Constitución), indagar sobre la actuación del Municipio de Guayaquil para saber si es responsable de indemnizarlos por las omisiones en sus controles al paso a desnivel que se desplomó. 

Así, el gato encerrado todavía continúa encerrado; pero existe una sospecha, muy fuerte, de que es un gato municipal. De responsabilidad municipal.

Control de armas

Publicado en diario El Telégrafo el 5 de septiembre del 2014, bajo el título "Control de armas en EE.UU. y Australia".

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El 17 de abril del 2013, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, dio un discurso sobre la negativa del Congreso de su país de tratar un proyecto de ley que proponía limitar el acceso a las armas de fuego. La propuesta en sí no era radical: consistía esencialmente en una regulación más estricta del acceso a las armas de fuego para personas con antecedentes criminales o con desequilibrios mentales. Pero el Senado la negó por la aplicación de un procedimiento que el Presidente Obama calificó como una “distorsión” de sus reglas y que consiste simplemente en nunca cerrar el debate. Tan simple como eso: unos senadores se ponen de acuerdo (en este asunto de las armas fueron los del Partido Republicano, pero también lo han hecho los del Demócrata) para mantener el debate abierto de manera tal que el asunto jamás pasa a la etapa de aprobación. Esta práctica se la conoce con el nombre de “filibusterismo”. Para romper con ella, según las reglas del Senado son necesarios más votos que para la aprobación misma de la ley, pues mientras para lo primero se requieren 60 votos, para lo segundo basta con una mayoría simple de 51. Las cifras de esta votación en el Senado sobre el cierre del debate fueron de 54 senadores a favor y 46 en contra. Es decir, una mayoría suficiente para la aprobación de la ley, pero que resultó insuficiente para hacerla aprobar: eso es, precisamente, lo que Obama denominó una “distorsión”.

Este proyecto de ley se lo presentó a raíz de la masacre de Newport, sucedida en esa ciudad del Estado de Connecticut en diciembre del 2012, cuando un demente mató a 28 personas (incluidos él mismo, su madre y 20 niños) en la escuela primaria Sandy Hook. Familiares de las víctimas estaban junto al Presidente Obama mientras él daba su discurso; uno de ellos, padre de un niño de siete años muerto en esta tragedia, lo antecedió en el uso de la palabra. Obama recordó en su intervención que un abrumador 90% de estadounidenses querían que se regule de una manera más estricta el acceso a las armas (las encuestas arrojan cifras en una franja entre el 83% y el 91% de la población). Ante el fracaso en el Congreso de una propuesta que contaba con un cifra de apoyo tan amplia como ésa, el Presidente Obama se preguntó con crudeza: “¿A quiénes representamos?”. Porque resultó claro que a las aspiraciones de una gran mayoría de los estadounidenses, sus representantes en el Senado simplemente las ignoraron.

Ahora, uno puede preguntarse qué tan efectiva era la propuesta que el Senado rechazó. En general, ¿funciona limitar el acceso a las armas de fuego para reducir el número de masacres? En este sentido, el caso de Australia resulta interesante. Hubo allí en abril de 1996 un hecho similar al de Newport, como fue la masacre de Port Arthur. En este acontecimiento, sucedido en un poblado de la isla de Tasmania, un desequilibrado mató a 35 personas e hirió a 23. Esto sucedió durante el primer período de gobierno del Primer Ministro conservador John Howard, quien gobernó Australia por cuatro períodos consecutivos (desde marzo de 1996 hasta diciembre del 2007) y quien decidió tomar inmediatas medidas ante los hechos en Port Arthur: en menos de seis meses, su gobierno presentó y aprobó legislación restrictiva del acceso y del uso de armas de fuego e inició la compra forzada de rifles y pistolas, la que financió con un incremento transitorio de impuestos para recaudar los 500 millones de dólares australianos que costó el plan. En consecuencia, el gobierno australiano compró y destruyó (enfrentando una tenaz oposición del sector rural) un total de 631.000 armas. En los dieciocho años anteriores a la masacre de Port Arthur, Australia había padecido al menos 13 masacres; después de Port Arthur y de las medidas adoptadas por el gobierno del Primer Ministro Howard, nunca ha sucedido ninguna otra y ha decrecido, también, la proporción de suicidios y de homicidios en general. Con el paso del tiempo, incluso personas que para 1996 se oponían a las medidas gubernamentales, han reconsiderado su postura y aceptado que sus resultados han sido beneficiosos.

¿Por qué en un país su máxima autoridad se lamenta de la ineficacia de su sistema político para atender los deseos de sus ciudadanos mientras en otro su equivalente puede hacerlo de una manera rápida y eficaz? La respuesta corta: la NRA. En Estados Unidos, un grupo pequeño, pero bien financiado y mejor organizado, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tiene la capacidad de presionar a los legisladores y someterlos a sus intereses. En particular, en Estados de los Estados Unidos que son conocidos como pro-gun (favorables al acceso y uso de las armas) los legisladores son particularmente susceptibles a las presiones de la NRA. Y el Director Ejecutivo de la NRA, Chris Cox, para este caso de Newport, fue muy explícito en declarar que todo voto a favor de la propuesta de reforma “sería considerado en las futuras evaluaciones de candidatos”.

Por supuesto, hay otros razones para que el resultado en materia de regulación de armas en los Estados Unidos sea distinto al de Australia. Se puede tomar en consideración razones de tipo estructural (sistema presidencialista vs. sistema parlamentario), de tipo jurídico (el peso interpretativo de la segunda enmienda de la Constitución en Estados Unidos) o de tipo cultural. Pero en todo caso, es real la presión y el miedo que ejerce la NRA en los legisladores. El propio Presidente Barack Obama acusó a la NRA (sin mencionarla de manera específica) de mentir para alcanzar sus fines y se refirió a la forma cómo se presionó a los representantes en el Senado: “desafortunadamente, este patrón de difundir falsedades sobre la legislación cumplió sus propósitos, porque esas mentiras enojaron a una intensa minoría de propietarios de armas de fuego y ello, a su vez, intimidó a varios senadores”, cuya preocupación era que esa minoría “les pasaría factura en futuras elecciones”. 

El éxito de la NRA se debe a que es un grupo que tiene un único propósito y es capaz de movilizar a sus miembros (un total de 4 millones de personas, un 1.33% de la población de Estados Unidos) para defenderlo. Su único propósito es que se regule lo menos posible el acceso y el uso de las armas. Sus miembros son personas con capacidad de movilizarse para defender su agenda y proclives a decidir su voto por el solo hecho de que el candidato tenga o no una postura contraria a las políticas de la NRA. Obama lo dijo claramente en ese discurso de abril del 2013: “Ellos están mejor organizados. Ellos están mejor financiados. Ellos han estado en esto más tiempo. Y ellos se aseguran de mantenerse enfocados en este único tema durante el período electoral. Y esa es la razón por la cual puedes tener algo que es apoyado por el 90% de los americanos y no puedes hacerlo tramitar por el Senado o por la Cámara de Representantes”. En pocas palabras, poco más de un (organizado) 1% de los habitantes triunfó por sobre las aspiraciones de casi 9 de cada 10 estadounidenses. Como lo definió el columnista Ryan Lizza en un artículo para The New Yorker, lo sucedido en este episodio de la política norteamericana es una muestra de cuan “anti-democrática y disfuncional” es la arquitectura política estadounidense.

Contadas desde 1996, en los Estados Unidos han existido casi dos decenas de masacres con armas de fuego en las que se ha acabado con la vida de casi 200 personas. En Australia, después de Port Arthur, han habido cero masacres y cero víctimas. En resumen, en los Estados Unidos los intereses de unos pocos prevalecieron por sobre las aspiraciones de la mayoría de sus habitantes; mientras en Australia, puesto en claro y juzgado por sus resultados, triunfó el sentido común.

¿Derecho a la intolerancia?

Publicado en diario El Telégrafo el 15 de agosto del 2014 como "Una propuesta fijaba que era 'ok' ser intolerante".

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“La gente tiene el derecho a ser intolerante, ¿saben? En un país libre, la gente tiene derecho a decir cosas que otras personas consideran ofensivas, insultantes o intolerantes”. Así se expresó George Brandis, Attorney-General (especie de Procurador General) de Australia, designado en su cargo por un representante de la Reina Isabel II a recomendación del Primer Ministro australiano Tony Abbott (siendo la recomendación del Primer Ministro la parte decisiva de este proceso).

La frase de George Brandis fue dicha en el contexto de la defensa en el Senado de su propuesta de reforma a la Ley de Discriminación Racial. El Procurador Brandis, quien en razón de su cargo es la más alta autoridad jurídica en Australia, propuso que en la sección 18C de la Ley de Discriminación Racial (referida a “comportamiento ofensivo en razón de raza, color u origen nacional o étnico”) se reemplacen los términos “ofender, insultar, humillar” por “incitar al odio”. La modificación de esta ley había sido una promesa de Tony Abbott, líder del Partido Liberal, quien en campaña había ofrecido que una vez en el gobierno (a cuyo mando está desde septiembre del 2013) derogaría esa sección de la ley.

La propuesta del Procurador Brandis implicaba una evidente reducción de la protección a las minorías, dispuesta desde 1975 en la Ley de Discriminación Racial. De allí que Brandis dijera en el Parlamento que sí, que estaba OK ser intolerante con las minorías, que se podía ser verbalmente ofensivo o insultante contra un miembro de alguna de ellas siempre que no se incite al odio. Más contundente, Brandis dejó en claro que ser ofensivo e insultante contra una minoría era, además, un derecho de la “comunidad australiana”.

Porque una cuestión llamativa de la propuesta de ley del Procurador Brandis era que fijaba los “estándares” para juzgar lo que resultara ofensivo, insultante o humillante (aunque nunca en grado suficiente como para incitar al odio racial) en el pensamiento de un “miembro ordinario razonable de la comunidad australiana”, definido “ordinario” por oposición a los distintos “grupos particulares” (o sea, minorías) que puedan existir dentro de la “comunidad australiana”. En resumidas cuentas, la propuesta de ley del Procurador Brandis le restaba protección a las minorías en Australia porque ofensas e insultos contra las minorías prohibidos por la ley dejarían de estarlo, así como desdeñaba de plano su opinión a la hora de determinar responsabilidades, por ser personas “no ordinarias” en la “comunidad australiana”. Esto último, al menos en la visión del Procurador Brandis y de sus co-idearios en la coalición de los partidos Liberal y National.

El fundamento del Procurador Brandis y de sus co-idearios de la coalición Liberal-National para la reforma de la Ley de Discriminación Racial era la libertad de expresión. “Esta es una reforma importante y una parte clave de la agenda de libertad del Gobierno” puede leerse en los antecedentes de la reforma propuesta, titulada oportunamente “Libertad de expresión” y puesta a circular el 25 de marzo del 2014.

Pero este martes 5 de agosto, el Primer Ministro Abbott anunció la decisión de su gobierno de no proseguir con estas reformas. Cuando le preguntaron si era una decisión temporal, Abbott respondió: “Se han ido. Han desaparecido”. Las reformas pasaron de importantes a nulas. ¿Las razones para este giro? Una fue que la apelación a una mayor libertad de expresión no persuadió a la población australiana. Las encuestas demostraban que siete de cada ocho australianos se oponía a la reforma de la ley. No existió apoyo para la reforma por parte de la llamada “comunidad australiana”.

Otra razón fueron las reacciones que provocó la propuesta de ley. El que el propósito de la ley haya sido el reducir la protección a las minorías, provocó reacciones en los miembros de grupos minoritarios. Representantes de las comunidades aborigen, griega, judía, china, árabe, armenia y coreana presionaron en el Parlamento en contra de esta posible reforma. Ken Wyatt, aborigen australiano y parlamentario de filas del partido del Primer Ministro Abbott, había anunciado su desobediencia a la disciplina del partido si se proseguía con la discusión de la ley. Las reacciones de los sectores afectados en su nivel de protección no iban sino a complicarse con el paso del tiempo. El Primer Ministro Abbott y su equipo habrán presentido un futuro nefasto y cortaron por lo sano. En particular, Abbott quiso evitarse una “complicación innecesaria” (así la denominó en una entrevista radial) con la comunidad musulmana. 

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Una comentarista del periódico Canberra Times, Mariam Veiszadeh, escribió en un artículo titulado “Por qué la intolerancia no es OK, Sr. Brandis” que a los australianos los debería aterrar el que su máxima autoridad jurídica “parezca más apasionada por la protección de los derechos de los intolerantes que por los derechos de los más marginados de la sociedad”. Frase a la que muy bien podría tomársela como un corolario crítico de un hecho que fue, además, una torpeza argumentativa y un paso en falso para el gobierno que lidera Tony Abbott.