Enemigo de la libertad

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de agosto de 2026.

El Padre de la Patria ecuatoriana, José Joaquín Olmedo, escribió acerca de la importancia de las elecciones: “Una representación nacional imperfecta no es sino un instrumento más para la tiranía. La primera condición, para que un gobierno representativo marche, es que las elecciones sean libres. […] La corrupción y los vicios en las elecciones son los mayores enemigos de la libertad”. 

Olmedo sabía de esto, en la teoría y en la práctica: él fue el primer Jefe Político de un jirón independiente del Reino de España en el territorio actual del Ecuador y la primera máxima autoridad de gobierno elegida de manera representativa, a través de la votación de un Colegio Electoral compuesto por 57 diputados que se reunió en esta ciudad. Su gobierno administró el vasto territorio de la Provincia Libre de Guayaquil (toda la Costa, menos Esmeraldas) entre noviembre de 1820 y julio de 1822. 

De acuerdo con nuestro Padre de la Patria las elecciones deben ser libres, pero la realidad en el Ecuador del 2026 es contraria a este deber ser. De hecho, la realidad del Ecuador es similar a la realidad venezolana del 2024, como ha sido descrita en el informe de la Comisión Interamericana titulado “Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, en el apartado “Persecución política en el período preelectoral”. 

Los abusos que registra este informe que ocurrieron en Venezuela el 2024, en particular, los obstáculos para la inscripción de las candidaturas opositoras y las detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales, son abusos que se están observando en estas elecciones ecuatorianas del 2026.

Es notorio que existe un trato discriminatorio para la inscripción de las candidaturas en este período preelectoral. Mientras al movimiento del gobierno no se le pone jamás una traba, la situación es muy diferente para los movimientos y partidos de oposición, a los que se ha llegado a inhabilitar con informes “reservados” de la Fiscalía, vía una interpretación grotesca de un artículo del Código de la Democracia hecha por un juez electoral, para ningunear las garantías del debido proceso a los afectados. En este campo, ni la Venezuela de Maduro se atrevió a tanto. 

Todavía más notorio ha sido el uso instrumental de la Fiscalía General del Estado (un órgano que debería ser independiente pero que está sometido de manera obscena a los deseos de la Función Ejecutiva) para la persecución de los opositores, sea en este período preelectoral o fuera de él. Si un caso involucra al gobierno, la Fiscalía es cuidadosa de no incomodarlo; si involucra a algún opositor al gobierno, la Fiscalía asume como una misión encomendada su encarcelamiento y la máxima sanción. En los procesos que involucran al gobierno, la Fiscalía se demora y pasa silbando, mientras que en los otros se acelera y tiene un timing increíble para hacer lo conveniente para el gobierno. Es una gran discípula de la Fiscalía venezolana, con la que comparte los últimos puestos en el ranquin del World Justice Project. 

El presidente Noboa ha dicho (en esto, al menos, no miente) que es un pésimo enemigo. Y si algo ha demostrado es serlo, también de la libertad. 

Leer la proclama del 16 de agosto

El 16 de agosto de 1809, el Ministro de Gracia y Justicia de la Junta Suprema de Gobierno de Quito, el altoperuano (hoy se diría: boliviano) Manuel Rodríguez de Quiroga, sacó a la luz una proclama que dirigió a los pueblos de la América, a efectos de comunicar con precisión el objeto que persiguió la transformación política ocurrida en Quito el 10 de agosto de 1809. Este documento es elocuente y, en su recta intención, diáfano. Lo copia íntegro a continuación. Empieza así, muy pío y muy monárquico:

“La sacrosanta ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII perseguido y desterrado de la península, han fijado su augusta mansión en Quito. Bajo el Ecuador han erigido un baluarte inexpugnable contra las infernales empresas de la opresión y la herejía. En este dichoso suelo, donde en dulce unión hay confraternidad, tienen ya su trono la paz y la justicia: no resuenan más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”.

Y también, muy exagerado: ¿Quito, augusta mansión? ¿Quito, trono de la paz y la justicia? De verdad, son preciosos e inexplicables objetos, como se verá a continuación: 

“¿Quién será tan vil y tan infame que no exhale el último aliento de la vida, derrame toda la sangre que corre en sus venas y muera cubierto de gloria por tan preciosos e inexplicables objetos? Si hay alguno, levante la voz, y la execración general será su castigo: no es hombre, deje la sociedad y vaya a vivir con las fieras.” 

Ya el segundo párrafo amenaza la expulsión de la comunidad a quien no comulgue con sus ideales de Dios, el rey y la patria, que es el Reino de España, no vaya a creer algún despistado que se refiera a alguna de sus porciones americanas. El siguiente párrafo ya es simplemente inexplicable:

“En este fértil clima, en esta tierra regada antes de lágrimas y sembrada de aflicción y dolores, se halla ya concentrada la felicidad pública.”

Si la tierra de Quito está “sembrada de aflicción y dolores”, entonces, ¿cómo diantres es que se concentra en ella la felicidad pública? Eso no tiene sentido. El siguiente párrafo lo tiene, pero siempre que aceptemos la condición de extremadamente pía y extremadamente monárquica de la Quito de 1809: 

“Dios en su santa Iglesia y el Rey en el sabio gobierno que le representa, son los solos dueños que exigen nuestro debido homenaje y respeto. El primero manda que nos amemos como hermanos, y el segundo anhela por hacernos felices en la sociedad en que vivimos.” 

Y ahora sí, alábate pato:

“Lo seremos, paisanos y hermanos nuestros, pues la equidad y la justicia presiden nuestros consejos. Lejos ya los temores de un yugo opresor que nos amenazaba el sanguinario tirano de Europa. Lejos los recelos de las funestas consecuencias que traen consigo la anarquía y las sangrientas empresas de la ambición que acecha la ocasión oportuna de coger su presa. El orden reina, se ha precavido el riesgo y se han echado por el voto uniforme del pueblo los inmóviles fundamentos de la seguridad pública. Las leyes reasumen su antiguo imperio; la razón afianza su dignidad y su poder irresistibles; y los augustos derechos del hombre ya no quedan expuestos al consejo de las pasiones ni al imperioso mandato del poder arbitrario. En una palabra, desapareció el despotismo y ha bajado de los cielos a ocupar su lugar la justicia.” 

Un total delirio, tomando en cuenta que es Quito. Quito en 1809, pero en cualquier momento igual, siempre igual. Como dice el escritor quiteño Javier Vásconez: “Toda ciudad podía ser el vagón de un tren que te lleva a algún punto donde se concentra el delirio desconocido que no te ofreció la ciudad anterior, pero Quito no lleva a ninguna parte, siempre está en el mismo sitio para devorarte”. Y es mentira: allí nunca bajó la justicia, no conoce estos pagos. 

El delirio continúa:

“A la sombra de los laureles de la paz, tranquilo el ciudadano dormirá en los brazos del gobierno que vela por su conservación civil y política. Al despertarse alabará la luz que le alumbra y bendecirá a la Providencia que le da de comer aquel día, cuando fueron tantos los que pasó en la necesidad y en la miseria. Tales son las bendiciones y felicidades de un gobierno nacional.”

La seguridad social de la época era “la Providencia”. Hay que ser bien jueputa.

Lo que sigue es la manifestación del desprecio de Quito a la Francia napoleónica y la amenaza de enfrentarla armado de “religión” (?).

“¿Quién será capaz de censurar sus providencias y caminos? Que el enemigo devastador de la Europa cubra de sangre sus injustas conquistas, que llene de cadáveres y destrozos humanos los campos del antiguo mundo, que lleve la muerte y las furias delante de sus legiones infernales para saciar su ambición y extender los términos del odioso imperio que ha establecido: tranquilo y sosegado, Quito insulta y desprecia su poder usurpado. Que pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía.”

JAJAJAJAJAJA. Cuando releo este parte, siempre me río. 

Y este casi guion de Monty Python concluye con las siguientes palabras que son una solemne declaración de su devoción “por Dios, por el Rey y la patria” (patria que es el Reino de España, como ya ha quedado muy claro):

“¿Quién será capaz de resistir a estas armas? Pueblos del continente americano, favoreced nuestros santos designios, reunid vuestros esfuerzos al espíritu que nos inspira y nos inflama. Seamos unos, seamos felices y dichosos, y conspiremos unánimemente al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posteridad.”

La posteridad malinterpretó la divisa de los revolucionarios de 1809 y convirtió a una lucha retórica contra los franceses (en realidad, un intento de independizarse del yugo santafesino) en una lucha por la independencia del Reino de España.

Esta lectura íntegra del documento demuestra cuán pío y monárquico fue el Quito de 1809 que instituyó una Junta de Gobierno con una “Alteza Serenísima” a la cabeza. 

Alvarado en Santiago

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de agosto de 2026.

Pedro de Alvarado fue un tipo temerario, famoso en los tiempos de la conquista de América por su crueldad. Nacido en Badajoz en 1485, en 1510 llegó a América. Hizo carrera como soldado de las empresas de conquista de otros. En la conquista del imperio azteca, Alvarado se convirtió en la mano derecha de Hernán Cortés. Luego avanzó la conquista de vastos territorios en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, partes de Honduras y Nicaragua). Y después quiso emprender la conquista de territorios al Sur, en los majestuosos Andes.

Pedro de Alvarado firmó un contrato con la Corona para conquistar islas y tierras en la Mar del Sur. Ese contrato (una “capitulación”, firmada en Medina del Campo el 5 de agosto de 1532) le impedía a Alvarado la conquista de tierras “en que hoy hay proveídos gobernadores”. 

En seguida él empezó a organizar una gran expedición que partió desde el puerto de Realejo (Nicaragua) el 23 de enero de 1534. La capitulación decía la Mar del Sur, pero el temerario Alvarado quería la montaña. Llegó a las costas de Caráquez el 25 de febrero de 1534 y buscó el camino para remontar. 

Su penoso ascenso, en temporada de lluvias, ventiscas y frío intenso, además de la erupción del volcán Tungurahua y su pesada ceniza, causó la pérdida de la vida de muchas personas (españoles, e indígenas y negros traídos a la fuerza) y animales. Cuando llegaron a la Sierra central del actual Ecuador, este ejército tan disminuido observó unas pisadas de caballos. El territorio que pretendían conquistar (la provincia de Quito) ya estaba siendo conquistado por otros españoles.

Estos otros españoles (hombres de un Gobernador que había firmado una capitulación con la Corona en 1529, Francisco Pizarro) tenían que demostrar en derecho el dominio del territorio en nombre del Gobernador Pizarro. Por eso, fundaron la ciudad de Santiago, con todas las solemnidades, el 15 de agosto de 1534, como un testimonio de “la anticipada posesión de la tierra en donde se había introducido tan incautamente [Alvarado]”, en palabras del historiador González Suárez. Allí, en Santiago, los hombres de Pizarro, comandados por Diego de Almagro, discutieron en sesiones del cabildo cómo enfrentar a Pedro de Alvarado y sus soldados.

Fue en Santiago, a los once días de su fundación, que se reunieron Alvarado y Almagro para dirimir si Alvarado participaba de la conquista en Los Andes. Golpeado por las circunstancias y a sabiendas de que avanzar era atropellar el derecho que regulaba la conquista, Alvarado decidió aceptar su derrota, vendiéndola cara: a cien mil pesos de oro, por aceptar volverse y por unas naves que costaron mucho menos. 

La ciudad de Santiago de Quito se trasladó a la Costa. Conservó su nombre español, pero perdió el “de Quito” y pasó a llamarse Santiago de Guayaquil. En esta ciudad, se decidió que uno de los nombres destacados de la conquista, Pedro de Alvarado, detenga su ambición.

Todavía firmó una nueva capitulación con la Corona para la conquista de la Mar del Sur “hacia el poniente”. La muerte, sin embargo, lo sorprendió antes de salir a la mar. 

Alvarado murió el 4 de julio de 1541, a consecuencia de unas heridas causadas por guerrear a unos indígenas en Nochistlán, México.  

La necesaria revisión del 10 de agosto

Es una noticia saludable para la vida en comunidad que se esté empezando a revisar la fábula del 10 de agosto. Existe una corriente, cada vez más fuerte, que descarta la fábula y procura un relato verosímil, ajustado a los hechos. En los días inmediato anteriores a esta fecha, en las páginas del diario Expreso, tres editorialistas escribimos acerca de ella. 

El 4 de agosto, Rafael Oyarte, destacó la irrelevancia total del 10 de agosto en el imaginario nacional, vencido por una miríada de fiestas locales:

A día siguiente, Fernando Insúa, llamó al pobrecito 10 de agosto, “una rebeldía con corbata, no una ruptura”, enfatizando que ese día no se buscó la independencia.

Y el 7 de agosto, publiqué mi artículo en el que establecí la palmaria diferencia entre un movimiento autonomista (el 10 de agosto de 1809) y un movimiento independentista (el 9 de octubre de 1820). 

La brutal diferencia entre el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820: el 10 de agosto tiene vocación de antiguo régimen (reyes y títulos pomposos) mientras que el 9 de octubre es un gesto moderno, una gesta cargada de futuro.  

Hay que seguir con la corriente y revisar esta fábula.

Leer el Acta del 10 de agosto

En su primera línea, el Acta del 10 de agosto de 1809 afirma que unos “diputados del pueblo”, invocando “las presentes críticas circunstancias de la nación” (debe entenderse que se trata de la nación española, atacada por los franceses) declaran la cesación de funciones de los “magistrados actuales de esta capital y sus provincias”. Esto significa que ocurrió un efectivo golpe de Estado en el territorio de la Gobernación de Quito.

Porque, acto seguido, el Acta describe que son electores de seis barrios de la capital quienes han nombrado a los integrantes de la Junta Suprema que se instituye ese día en reemplazo de aquellos “magistrados actuales” que fueron cesados en funciones. Intervienen treinta y cinco electores (que son los firmantes de esta Acta) para nombrar a siete representantes. Cuatro de los siete son parte de la nobleza (marquesados de Selva Alegre, Solanda, Villa Orellana y Miraflores). La Junta nombra a uno de estos nobles (Selva Alegre, AKA Merry Jungle) como su Presidente, con el título de “Alteza Serenísima” y un sueldo de seis mil pesos (un escándalo de sueldo). Con razón, decía John Horace Parry que la revolución de Quito fue obra de magnates.

El Acta dice que se procurará atraer a representantes de las provincias de “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe”, para conformar la Junta Suprema. Así, Quito se propuso como una alternativa para la administración de estos amplios territorios, con ella a la cabeza. Es notable la ausencia de Cuenca en su planteamiento, pero entendible porque Quito siempre miró al Norte, hasta que la obligaron a mirar al Sur después de la derrota de 1832.

Dice el Acta claramente que la Junta Suprema se instituye para gobernar “interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando Séptimo, y mientras su Magestad recupere la Península o viniere a imperar en América”. La Junta tiene el tratamiento de “Magestad” por representar a la voluntad real y debe prestar un “juramento solemne de obediencia y fidelidad al Rey en la catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos así eclesiásticos como seculares”. La Junta es una celosa defensora del Reino, que se compromete a sostener “la pureza de la religión, los derechos del Rey y los de la Patria”, que no es otra que España.

La Junta también es una guerrera que se compromete a hacer una “guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose de cuantos medios y arbitrios honestos le sugiriesen el valor y la prudencia para lograr el triunfo”. Y en seguida se propone organizar una “falange compuesta de tres batallones de infantería”, porque se necesitaba “una fuerza militar competente para mantener el Reino”. Con España en el corazón.

Pero con un ojo en el botín. A continuación, en el Acta se nombra a varios funcionarios, con títulos rimbombantes y jugosos sueldos. La siguiente tabla describe todos los nombramientos de autoridades para una Junta Suprema con título de “Magestad” y para un Senado con título de “Alteza” y para otros cargos, con los títulos y sueldos constantes en el Acta:

Tabla de nombramientos, títulos y sueldos otorgados a los varones constantes en el Acta del 10 de agosto

Varones	Nombramiento	Título	Sueldo anual
Marqués de Selva Alegre	Presidente de la Junta Suprema Elegido por el barrio del Centro	Alteza serenísima	6.000 pesos
Marqués de Solanda	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio del Centro	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Zambrano	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Sebastián	Excelencia	2.000 pesos
Marqués de Villa Orellana	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Roque	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Larrea	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Blas	Excelencia	2.000 pesos
Marqués de Miraflores	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de Santa Bárbara	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Matheu	Miembro de la Junta Suprema  Elegido por el barrio de San Marcos	Excelencia	2.000 pesos
Juan de Dios Morales	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Negocios Extranjeros y de la Guerra	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Quiroga	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Gracia y Justicia	Excelencia	2.000 pesos
Juan de Larrea	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Hacienda	Excelencia	2.000 pesos
Vicente Álvarez	Miembro de la Junta Suprema Secretario particular	Señoría	1.000 pesos
Juan Salinas	Jefe de la Falange con rango de coronel	NS/NC	NS/NC
Juan Pablo Arenas	Auditor de guerra, con honores de teniente coronel	Señoría	1.500 pesos
José Javier Ascázubi	Gobernador de la Sala de lo Civil del Senado	Usía Ilustrísima	2.000 pesos
Pedro Jacinto Escobar	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
José Salvador	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Ignacio Tenorio	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Bernardo León	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Mariano Merizalde	Fiscal de la Sala de lo Civil	NS/NC	NS/NC
Felipe Fuertes Amar	Regente de la Sala de lo Criminal	Señoría	2.000 pesos
Luis Quijano	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
José del Corral	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Víctor de San Miguel	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Salvador Murgueitio	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Francisco Javier de Salazar	Fiscal de la Sala de lo Criminal del Senado	NS/NC	NS/NC
Tomás Arechaga	Protector General de Indios	Señoría	1.500 pesos
Antonio Solano de la Sala	Alguacil Mayor	Conserva su tratamiento anterior	Conserva su sueldo anterior

Al final, el Acta se pone represiva y amenaza con dos sanciones. La primera: si uno de los sujetos nombrados por el Acta decide renunciar a su encargo “sin justa y legítima causa”, se podrá admitir su renuncia pero quedará “excluido para siempre de todo empleo público”. La segunda: si alguno disputare la legitimidad de la Junta Suprema, “tendrá toda la libertad, bajo la salvaguardia de las leyes, de presentar por escrito sus fundamentos y una vez que se declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará a prestar obediencia, lo que no haciendo se lo tendrá y tratará como reo de Estado”. Tiene toda la libertad, pero sólo para hacer caso (?).

Después de esta emergencia de un gobierno represivo si se desafía sus decisiones o se disputa su legitimidad, el Acta cierra con la firma de los treinta y cinco electores de los barrios. 

En total, en el Acta del 10 de agosto de 1809 se expidieron un total de 27 cargos, a los que correspondieron 23 títulos (una Alteza Serenísima, una Usía Ilustrísima, nueve Excelencias y doce Señorías) y se les asignaron un monto total de 44.000 pesos en calidad de sueldos. Y si hemos de creer al historiador ibarreño Ayala Mora, su actuación como revolucionarios estuvo teñida por la corrupción: “Los protagonistas del proceso fueron poderosos latifundistas, para cuyo manejo político la burocracia española era un impedimento. Una vez instalados en el mando, suprimieron las contribuciones de los blancos, manteniendo las de los indios, e hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras. Los notables criollos fueron los usufructuarios de la libertad” (Ayala Mora, Enrique, ‘Resumen de historia del Ecuador’, Corporación Editora Nacional, Quito, 2008 [Tercera edición]). Según Ayala Mora no fue tanto una revolución de magnates como decía Parry, como de magnates y pillos.

En cualquier caso, una lectura atenta del Acta del 10 de agosto de 1809 evidencia un gusto por los fastos de la monarquía y una idealización del rol de Quito como defensora de un reino europeo. Este documento dice todo lo contrario de aquello en lo que se ha convertido de manera oficial a este acontecimiento, porque de independencia del Reino de España, no hay nada.

Una capital diferencia

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de agosto de 2026.

Quiero destacar una capital diferencia entre dos fechas muy importantes para la historia del Ecuador: el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820.

La diferencia: a partir del 10 de agosto en Quito se luchó contra las demás provincias de la Audiencia de Quito, mientras que a partir del 9 de octubre en Guayaquil se luchó a favor de las demás provincias de la Audiencia de Quito. Es justo lo opuesto.

La lucha de Quito en contra de las demás provincias era para que se reconozca su primacía administrativa en el ámbito de la Audiencia de Quito, es decir, que las autoridades de Popayán, Cuenca y Guayaquil se sujeten a las decisiones de las autoridades quiteñas. Quiso dejar de ser una audiencia subordinada: este movimiento fue de corte autonomista, a fin de romper la sujeción de Quito a una audiencia superior situada en la capital de un virreinato y empezar a comportarse como una capitanía general del Reino de España, a la manera de Guatemala, Venezuela y Chile.

La lucha de Quito se hizo contra los franceses, en defensa del rey español Fernando VII, cautivo en Valençay. Para los quiteños, la lucha contra el “Tirano de Europa” (así llamaban a Napoleón) debía tener un carácter continental, orientado “al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posterioridad”, como se puede leer en la proclama firmada en Quito y dirigida a los pueblos de América, del 16 de agosto de 1809. La posterioridad recuerda el 10 de agosto de 1809 como una lucha contra los españoles, que no lo fue.  

La lucha de Quito para imponer su primacía dentro de una porción del Reino de España terminó en un rotundo fracaso. Ni Popayán, ni Cuenca, ni Guayaquil, consintieron su idea. Todo lo contrario: resistieron, rechazando a sus emisarios y haciéndole la guerra. Pronto (fueron 76 días de un gobierno presidido por una “Alteza Serenísima” en defensa de su rey y “señor natural”), el 24 de octubre de 1809, Quito claudicó. 

El 9 de octubre de 1820 es diferente, porque fue una lucha por la independencia y por el cambio a un régimen republicano y electivo, que marcó el inicio de la lucha de Guayaquil por independizar a sus provincias vecinas del yugo de los españoles. A raíz de su independencia, Guayaquil constituyó una milicia para luchar por la libertad de otros. Su lucha sí fue contra los españoles, sin nombres rimbombantes y con el apoyo de un pueblo reunido en el cabildo abierto que se convocó la mañana del 9 de octubre (el 10 de agosto se hizo prescindiendo del cabildo quiteño). 

La lucha que emprendió Guayaquil por la libertad de sus provincias vecinas se fundió en un gran empeño colectivo, con fuerzas del Norte y del Sur, que fue coronado por el éxito en 1824, año que marcó la expulsión de los españoles de sus dominios conquistados el siglo XVI. El gran cantor de esta gesta fue un guayaquileño, José Joaquín Olmedo.

Unos años antes, en 1822, se había independizado a Quito de España. En Guayaquil, apenas se conoció la noticia del triunfo en Pichincha, se mandó a publicar un bando que avisaba del magno hecho a la población: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

El informe del 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 31 de julio de 2026.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2024 ilustra claramente un escenario de uso de las instituciones del Estado para beneficio del poder oficial que “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias y discriminaciones” (Párr. 3). 

En sus páginas, se describe el uso de las instituciones del Estado que se pusieron a disposición para cumplir el reprobable objetivo y que incurrieron en decretar las inhabilitaciones administrativas de personas opositoras, imponer obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras y ejecutar detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales. 

Este informe de la CIDH del año 2024 describe, por ejemplo, las inhabilitaciones de origen administrativo para impedir la participación de opositores y recordó que el estándar internacional es que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución” porque ese tipo de sanciones “sólo puede ser impuesta mediante condena por juez competente, en el marco de un proceso penal” (Párr. 21). En el Ecuador, hoy, el estándar es mucho más bajo que una condena penal. 

En ese informe del año 2024 se criticó el trato desigual en la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen y las oficialistas, lo que en palabras de la CIDH “sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral” (Párr. 23). También criticó el uso de detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales, en una represión que “no sólo estuvo dirigida contra personas opositoras, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas” (Párr. 30) y cuya ejecución incluyó “omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares”, todo lo cual demostró, en palabras de la CIDH, “un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones” que “socavan los principios básicos del Estado de Derecho y la democracia” (Párr. 36-37).

Y eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador: se trata de manera desigual y se impone obstáculos a la participación de los partidos de oposición, y se ha llegado a encarcelar y amedrentar a los opositores, en un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Es claro que se está instrumentalizando a órganos del Estado (principal, pero no exclusivamente, a los órganos de justicia y electorales) para marcar la cancha electoral a favor del partido del gobierno. Es inobjetable que las reprobables prácticas descritas en el informe de la CIDH del 2024 están ocurriendo en el Ecuador del 2026.

El título del informe de la CIDH del año 2024 es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” y describe en detalle las etapas de la persecución y la represión política sufridas en ese país. Tal parece, alguien les está calcando su receta.