Los romanos y el mar

19 de julio de 2019


Hay una particularidad en la historia de Roma: fue un pueblo conquistador de origen mediterráneo, nunca un pueblo marino.

La consciencia mediterránea del pueblo romano tenía trasunto lingüístico. En un libro de Álvaro D’Ors, de 1954, el hijo del Eugeni aquel de la frase genial, destacó el hecho de que los griegos eran realmente los amantes del mar, mientras que los romanos lo desdeñaban: “El despego por el mar se denota también por el género de las palabras que sirven para designar en latín aquel elemento: el neutro. Mare, aequor, salum, altum, fretum, pelagus […] son todas ellas palabras de género neutro” (“De la guerra y de la paz”, p. 53).

Un problema de motivación

16 de julio de 2019


Mi problema con el Dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional sobre la interpretación constitucional relativa a la actuación del Consejo Transitorio es su falta de motivación, que, en últimas, contraría a la voluntad popular que se expresó el 4 de febrero de 2018.

Me explico: el “Mandato Popular”, que es como el Consejo Transitorio llamó a la suma de la Pregunta 3 y su Anexo aprobados en el referéndum del 4 de febrero de 2018, demandaba que el Consejo Transitorio organice un proceso de evaluación a las autoridades designadas durante el Gobierno anterior, “garantizando el debido proceso”. Es decir, una condición para saber si esta actuación del Consejo Transitorio merecía el respeto que se le terminó por dispensar en este Dictamen, era determinar por parte de la Corte Constitucional si su normativa para evaluar a las autoridades del régimen anterior cumplió con el “debido proceso”. Así lo decidió el pueblo, ese 4 de febrero que originó el “Mandato Popular”.

Malas noticias: el Consejo Transitorio no le cumplió a la gente su deseo. Estuvo muy lejos de cumplirlo: en materia de garantizar el “debido proceso” a sus evaluados anduvo flojito, flojito. Un vertiginoso repaso de las vulneraciones que se cometieron con la normativa expedida deja un saldo de terror: por no permitir que se conozcan las acusaciones de manera oportuna y completa, se vulneró la garantía de recibir una comunicación previa y detallada de la acusación; por el carácter reservado de la investigación, se vulneró el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la defensa; por el  diseño del recurso de revisión, se vulneró el derecho de recurrir del fallo; por el carácter posterior, impreciso y sin reserva de Ley de sus normativa sancionatoria, se vulneraron los principios de legalidad y de retroactividad. Bajo la interpretación que la Corte IDH ha hecho de estas garantías y principios, la normativa del Consejo Transitorio, en materia de “debido proceso”, fue contraria a la jurisprudencia aplicable*.

Y cito a la Corte IDH, porque a la Corte Constitucional le gusta mucho la argumentación de este Tribunal: su sentencia del caso sobre el matrimonio igualitario nos exonera de dudas. Por eso, extraña que esta Corte Constitucional no haya ocupado ningún celo en aplicar las interpretaciones de aquel Tribunal para juzgar la normativa sobre “debido proceso” a cargo del Consejo Transitorio. Si los jueces de la Corte Constitucional lo hubieran hecho, habrían tenido que admitir que la normativa del órgano transitorio para evaluar a las autoridades contradijo a la jurisprudencia del Tribunal que tanto les gusta. Y habrían tenido que llegar a una solución muy distinta sobre el respeto que se merecen sus decisiones.

Lo más curioso es que la Corte Constitucional es consciente de la obligación derivada de la voluntad popular, pues en su Dictamen señaló que uno de los “criterios impuestos al órgano transitorio para su producción normativa” es “garantizar el debido proceso” (Párr. 49). Pero fue esta cita la ÚNICA vez en todo su Dictamen que la Corte Constitucional se refirió al “debido proceso”, pues su Dictamen no se redactó para cuidar que se haya cumplido con el “debido proceso” como lo ordenó el pueblo el 4 de febrero, se lo hizo para cumplir con un claro propósito político: blindar los actos del Consejo Transitorio a fin de blindarse a sí mismos, por haber sido un producto de dicho Consejo.

En todo caso, esa es la explicación por la que este Dictamen de la Corte Constitucional tiene un problema de motivación: porque no evaluó si el Consejo Transitorio cumplió con el “debido proceso” en su normativa de evaluación, cuando esa era una de sus obligaciones, de acuerdo con el “Mandato Popular”.

* Por si hay escépticos: para la “comunicación previa y detallada”, v. Barreto Leiva; para la “concesión del tiempo y los medios”, v. Palamara Iribarne; para el diseño del recurso de revisión, v. Amrhein y otros; para el principio de legalidad, v. Kimel; para el principio de retroactividad, v. Maldonado Ordóñez. Cada una de esas vulneraciones se respalda en una jurisprudencia constante y pacífica, que convierten a lo hecho por el Consejo Transitorio en una pila de abusos.  

Negocio y ocio

15 de julio de 2019


En su originaria acepción latina, la palabra “negocio” recoge una negación: negocio es lo que no es ocio (neg + otium). Otium, de donde proviene la castellana voz “ocio”, tenía en Roma un significado muy bien descrito por Mary Beard en su libro ‘SPQR’: “El propio vocabulario latino captó la idea: el ansiado estado de la humanidad era el otium (no tanto el «ocio», como se ha traducido tradicionalmente el término, sino el estado de ser dueño del propio tiempo); cualquier tipo de «negocio» era su contrario indeseable, negotium («no otium»)”*.

Por este lejano ideal romano, es improbable que yo vuelva a ejercer un cargo en la función pública (la única probable excepción ocurriría en Guayaquil). Ello, por ser un “negocio”, pues implicaría sacrificar lo más preciado que tengo: mi tiempo, la disposición de él para mi goce y no por deber.

* Beard, Mary, ‘SPQR. A history of ancient Rome’ [2015], p. 441.

Diagnóstico del Ecuador

14 de julio de 2019


Fernando Jurado Noboa es psiquiatra y ha dedicado su vida a hacer diagnósticos (por las tardes) para poder dedicarse a la investigación de la genealogía de los ecuatorianos (por las mañanas). “Diríase que tiene en la cabeza todo el árbol genealógico del país”, escribió de él Rodrigo Villacís Molina en una entrevista que le hizo en junio de 1992 (publicada en libro en 1997) en la que le pidió a Jurado que haga un “diagnóstico” sobre la gente ecuatoriana. Su respuesta fue lapidaria:

“Histeria colectiva, o sea la negación de la realidad; individualismo acuciante y, en los últimos treinta años más o menos, un peligroso descenso de los niveles ético-sociales. Además, estamos llenos de prejuicios, no reconocemos nuestras raíces y tratamos de negar las evidencias.”*

Y es peor: pasó hace rato 1992, pero el diagnóstico sigue campeando. Hoy no somos mejores que esta descripción social hecha por Fernando Jurado.

* Villacís Molina, Rodrigo, ‘Palabras Cruzadas II. Entrevistas’, Banco Central del Ecuador, Quito, 1997, p. 58. La entrevista a Jurado consta en las páginas 57-62.

Simona (Naipe Centralista)

13 de julio de 2019



Otrora “sociólogo vago” que odiaba a Febres-Cordero (por ende, sujeto a la férula del Benjamín Ortiz), hoy devenido en octogenario travestí, de nombre Simona, que odia a Correa. Por caridad cristiana deberían quitarle el acceso a los medios para difundir sus opiniones de vieja chocha, pero por su contribución al humor deberían permitírselo en todo momento.

El Contralor está en el aire

11 de julio de 2019


La Corte Constitucional hizo una movida en pro de su supervivencia con el Dictamen No. 2-19-IC/19, adoptado el 7 de mayo de 2019. En dicho dictamen se pronunció sobre la acción de interpretación constitucional que había presentado Julio César Trujillo en su otro rol como Presidente de la Función de Transparencia y Control Social para conocer sobre los alcances de la Pregunta 3 y de su Anexo aprobados en el referéndum del 4 de febrero de 2018, y de los artículos 208, núm. 10, 11 y 12, y 209 de la Constitución.

La Corte Constitucional resolvió en este Dictamen blindar del escrutinio de su sucesor al Consejo Transitorio que presidió Julio César Trujillo. Pero fue clara la Corte Constitucional en limitar las acciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por voluntad popular y presidido por José Carlos Tuárez a que el respeto es para las “decisiones de investigación, cese y selección de autoridades, así como los períodos de designación dispuestos en la Constitución y la ley” (Párr. 81).

Entonces, el Contralor Pablo Celi está en el aire, porque su permanencia en el cargo de Contralor no está atada a ninguna de las decisiones de “investigación, cese y selección de autoridades” que llevó a cabo el Consejo Transitorio entre el 6 de marzo de 2018 y el 13 de junio de 2019, porque él no fue ni investigado, ni cesado, ni mucho menos, seleccionado como autoridad. Tampoco es su caso el de una autoridad designada de acuerdo con la Constitución y la Ley, por la obvia razón de que la continuidad de una autoridad en la condición de subrogante no es una situación querida ni auspiciada por la Constitución o la Ley, salvo que la debilidad mental sea la norma en la clase política. Ese parece ser nuestro caso.

La resolución del Consejo Transitorio sobre la permanencia de Pablo Celi como Contralor es rocambolesca, porque es un “Mandato”, por el que se ratifica que una persona ejerce el cargo de Contralor General del Estado de manera subrogante y se dispone que sea esa misma persona quien “permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del período para el que fue elegido el titular”. Ya el propio verbo utilizado por el Pleno del Consejo Transitorio en la resolución sobre Celi es distinto al usado para las otras autoridades (que sí merecieron el verbo “designar”): el Pleno decidió, para el caso de Celi, “DISPONER” que él dure lo que debe durar un titular.

Y por el literal de esta resolución del Consejo Transitorio, adoptada el 8 de mayo de 2019, el Pleno no designó, sino que dispuso que Celi sea; y no solo que lo dispuso (el verbo es digno de una comisaría), sino que lo hizo sin que su base jurídica para ello sean la Constitución o la Ley, pues fue el Anexo a la Pregunta 3 del referéndum del 4 de febrero de 2018 la única base jurídica que citó para en su resolución. (Es irónico que su único sustento sea la voluntad popular, cuando eso es algo que desde el Gobierno se emperran en desconocer.)

Y por eso es que el Contralor General subrogante, Pablo Celi, está en el aire: porque el manto protector de la Corte Constitucional, justo a él, ya no lo cubre.

No Pelé, pero el austro-húngaro


Que lo diga el grande e inmortal Diego Lucero:

“Sin ánimo de afanarle ni un cachito así chiquitito de gloria a Pelé, el más grande jugador de fútbol de la historia del balompié, el más hábil, fino, diestro y alegre artista de la pelota, corresponde también batir el justo que entre los mil de Pelé hay mucho gol en partido amistoso, y mucho golcito de esos que ni valen la pena contarlos, porque le han sumado los que marcó hasta en esos partidos contra el equipo del colegio de los curas o contra aquel otro jugado contra los cadetes de ‘os fuzileiros navales’.”*

Aquel que debutó con un pibe anotó una cifra no menor, contados los partidos que valen: 767 goles (pero 517 menos que su fantasía animada de goles hasta en el Ejército) y es el tercer máximo goleador de la historia del fútbol, detrás de Romario que anotó 772 pepas y de Josef “Pepi” Bican, que hizo 805. “Pepi” fue un vienés, nacido en 1913 (antes de la “Gran Guerra”, cuando Viena todavía era capital del Imperio Austro-Húngaro), que anotó la mayor parte de sus goles (534) para el Slavia Praga, club en el que jugó por 11 años entre 1937 y 1948.

Y si le preguntaban a “Pepi” (falleció el 2001, a los 88 años), ni qué Pelé sumando hasta los goles de los picaditos en la playa: él había anotado 5.000 goles: “En toda mi carrera marqué, efectivamente, cinco mil goles. Tengo entendido que Pelé, contándole los de los entrenamientos, mil quinientos. Eso me lleva a pensar que entre Pelé y yo no hay color. Y eso que la Segunda Guerra Mundial me robó siete años buenos, cuando estaba en mi mejor forma. ¿Qué cuántos goles habría marcado en estos siete años? Pues seguramente una cifra respetable.”

* Lucero, Diego, Siento ruido de pelota… Crónicas de medio siglo’, Editorial Freeland, Buenos Aires, 1975, p. 96.

Par de entrevistas

10 de julio de 2019


Tuve un par de entrevistas de los últimos días. El lunes de la semana pasada, en Quito, en Radio Pichincha Universal, entrevistado por María Isabel Cevallos y Washington Yépez:

 
Y el viernes se publicó esta entrevista con Juan Carlos Pulido para ‘Al Sur del Panal’, un producto de La Kolmena:


El traidor

9 de julio de 2019


No, no me refiero al ladino de Lenin Moreno.

Me refiero a algo más grave: a Julio César Trujillo, o mejor dicho, a su memoria de héroe.

Julio César Trujillo ha muerto, auto-prorrogado en sus excesos. Murió en su último abuso. Fue un digno “Notario Cabrera”. De la política, claro.

Pero lo que debe quedar cristalino es que Julio César Trujillo fue un traidor. No traicionó a una persona, fue mucho peor: traicionó a la voluntad popular.

Me explico: el pueblo decidió el 4 de febrero de 2018 en referéndum que se debía reformar la Constitución para otorgarse a sí mismo la facultad de elegir a sus representantes a una de las funciones del Estado (el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) y que se debía crear un Consejo Transitorio que reemplace al Consejo cesado hasta que los elegidos por la voluntad popular (es decir, Tuárez y los demás, elegidos el 24 de marzo de este año) tomen asiento en la renovada institución. Esta fue la voluntad del pueblo.

El Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo se tomó muy en serio a la “voluntad popular” en sus inicios: fue la base para erigir su edificio de abusos. Cuando como concepto le sirvió para acumular poder, la invocación a la “voluntad popular” que se había expresado a favor de la pregunta 3 y su Anexo en el referéndum del 4 de febrero de 2019 era su carta de triunfo. Armado de este concepto, el órgano de Trujillo creó una normativa que reemplazó a las normas constitucional e internacional aplicables (movida muy conveniente a fin de eximirse del cumplimiento de incluso los rudimentos del debido proceso: el órgano de Trujillo operó como una Kangaroo Court). También les sirvió para destituir a los “correístas” y para nombrar a dedo a los aliados en la “Transición” con la invención de los “encargados”. La “voluntad popular” les sirvió, en definitiva, para su contumaz arbitrariedad.

Pero la voluntad popular no es puro verso: tiene una manifestación real los días de elección popular. Y el invento de la integración de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la voluntad del pueblo, que parecía un juguete inofensivo con el que seducir al votante ecuatoriano en febrero de 2018, unos meses después amenazaba con convertirse en un grave obstáculo para sostener los cambios emprendidos por el desplazamiento de los “correístas” de los altos mandos del Gobierno, que fue el gran propósito de la existencia del Consejo Transitorio, ya en la práctica.

El problema era que una nueva manifestación real de la “voluntad popular” en marzo del 2019 podía muy bien resultar contraria a los intereses del Gobierno. Y así resultó.

Y aunque fuera la misma “voluntad popular” por la que se creó el órgano transitorio que él presidió, Julio César Trujillo decidió, después de haberse servido ya lo suficiente de ella, traicionar a la “voluntad popular”. Porque el pueblo decidió el 4 de febrero de 2018 que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (por reforma que propuso este mismo Gobierno) sean elegidas por la voluntad popular y se decidió el 24 de marzo de 2019 los que ahora son sus integrantes (es decir, Tuárez y los demás). Voluntad popular, le haya gustado a Trujillo o no.

Entonces, la traición: Julio César Trujillo decidió ponerse en contra de la decisión popular del 4 de febrero de 2018 a través de la promoción del voto nulo y de la eliminación del mismo órgano que él mismo presidió (valga decirlo, en su versión más arbitraria).

Es cristalino: Trujillo traicionó a la voluntad popular, pues un rato la exaltó como herramienta para atacar a sus “enemigos” políticos, pero luego la despreció cuando ya no le servía. Trujillo actuó como un atemporal canalla, con un claro sesgo anti-democrático.

Si esto es un héroe…

Cristianismo, modus operandi

6 de julio de 2019


En una imagen:


El modus operandi de los derivados institucionales de esa fantasía histórica llamada “Cristo” es el de una mafia: te crean el problema y luego te cobran por la solución (en especial, a los de menos recursos –económicos e intelectuales- de entre nosotros, a quienes se la facturan como “diezmos”).

En el cristianismo, el problema creado se llama “pecado original” (el hombre como un caído a los ojos de un dios). A partir de esta fantasía malosa, ingresa en el creyente la culpa. Una vez con ella, se busca aliviarla con el odio al que piensa distinto, a quien el creyente denomina “hereje”*. Es un negocio macabro: mientras más pobre y poco educado es el auditorio de la iglesia, más posibilidades tienen de pagarles el “diezmo” y de odiar (sin otra justificación que frases sacadas de un libro famoso y brutal) a su prójimo.

Hoy, más que nunca: Écrasez l’Infâme.

*Hereje”, quiere decir “capaz de escoger” (Gómez de la Serna, Guido, ‘Breve diccionario etimológico de la lengua española’, p. 342). La lista de lo que la iglesia católica (la más vieja sanguijuela de todas las iglesias, la Puta de Babilonia) ha buscado limitar que la gente escoja, incluye cosas tan admisibles ahora (tan horripilantes para los conservadores de otras épocas) como el casarse hombre y mujer por lo civil, el entierro en un cementerio no católico, el divorciarse o el leer a Jean-Paul Sartre (pero no el Mein Kampf). La versión de la iglesia católica que se implantó en la América conquistada por los españoles ha sido un polimorfo monstruo anti-liberal que ha buscado limitar al máximo la posibilidad de escoger por fuera de sus “dogmas”. Este monstruo aún sigue lastrando nuestra historia: hoy, su lucha es contra los que quieran optar (estos nuevos “herejes”) por el matrimonio igualitario –ganas de joder, pues nadie obliga a nadie a casarse, la reforma es únicamente para ampliar la capacidad de otros de escoger. Pero así son de vergantes.

¿Qué chuchas pasa, RAE?

5 de julio de 2019



¿Por qué chuchas, RAE, sólo es “vulva” en Colombia y Perú? También lo es en el Ecuador, justo es reivindicarla. Además, es una interjección a la manera de “carajo” (como lo ilustra el título de esta entrada) y, en plural, significa también “bacán”, como por ejemplo en la frase: “Ese man es un chuchas”.

La filosofía de Gentile químicamente pura

4 de julio de 2019


Norberto Bobbio, en uno de sus ensayos recogidos en ‘Ensayos sobre el fascismo’, definió el “legalismo ético” propugnado por el filósofo fascista italiano Giovanni Gentile en los tiempos de Benito Mussolini con la siguiente frase: “es justo aquello que es ordenado por el solo hecho de ser ordenado”*. Es decir, Gentile asociaba la noción de justicia a la validez de la norma, lo que implicaba otorgarle un poder gigantesco al Estado por el que, según Bobbio, “el espiritualismo absoluto se convierte así en positivismo jurídico”. O puesto en morocho: “Aquí vale lo que chuchas digo yo”, que es el principio cardinal de todo autócrata.

El Pleno del Consejo Transitorio actuó como hubiera querido el filósofo fascista italiano Giovanni Gentile. Por ejemplo, cuando el Pleno del Consejo Transitorio decidió negarle al Consejo de la Judicatura la opción de presentar nuevas pruebas o hechos durante la Fase de Impugnación de su proceso (Res. 048, Párr. 7), el Pleno observó la situación desde la perspectiva del poder del Estado, pues en su razonamiento jurídico el que no se acepte la norma que ellos mismos dictaron (el “Mandato de Evaluación” del 28 de marzo de 2018) resultaba violatorio de “la seguridad jurídica y el debido proceso”. Nótese que ya la seguridad jurídica y el debido proceso están referidos, no a la Constitución o a los tratados internacionales, sino a una norma creada por el mismo juzgador. Esta es la concreción normativa del adagio morocho “Aquí vale lo que chuchas digo yo”.

Pero el giro propiamente fascista de estos autócratas fue que era el Estado, ya no el ciudadano, quien importaba para la seguridad jurídica y el debido proceso. Y el Pleno del Consejo Transitorio fue muy loquillo en su resolución, pues hasta se animó a copiar en ella el artículo y numeral de la Constitución que afirmaba respetar, para subrayar en él lo que le importaba:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”.

Es el “legalismo ético” del filósofo fascista Giovanni Gentile en estado químicamente puro: lo que importa es el “derecho” de un órgano del Estado a que se respeten las normas que él mismo dictó días atrás, pues eso contribuye a respetar la seguridad jurídica y el debido proceso -neta, esto es de fachos, re-fachos. Esto es quitarle los derechos a las personas para interpretarlos a favor del órgano estatal. Es obvio que, en este contexto, los “derechos de las partes” se vuelven una total quimera (aunque consten en la Constitución, justo al lado de lo subrayado). Lo que importaba, para el Pleno, era su propia primacía, que era la primacía del Estado.§

Es por ello que se puede y debe caracterizar al período del Consejo Transitorio como uno de suma arbitrariedad revestido (por nada más y nada menos que por la muy progre Corte Constitucional) de una total impunidad. O más preciso, como una dictadura moderna de claros tintes fachos, obra de estos tardíos discípulos de Giovanni Gentile.

* “Giovanni Gentile” (pp. 103-121), en: Bobbio, Norberto, ‘Ensayos sobre el fascismo’, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2006, p. 120.
Loquillo-Fascista sería una denominación más apropiada.
§ En el campo penal, esta primacía del Estado se impuso en la Italia fascista con el Código Penal de 1930 hechura del Ministro de Justicia Alfredo Rocco, en el que había una jerarquía de los bienes “todos ellos abstractos y estatalizados –la personalidad del Estado, la administración pública, la religión del Estado, el orden público, la economía pública, la integridad y la salud de la estirpe, la moralidad pública y, sólo en último lugar, las personas de carne y hueso-…”, v. ‘La cultura jurídica durante el fascismo’, p. 37. (Por cierto, que de este Código italiano del Ministro Rocco bebió el Código Penal ecuatoriano de 1938, para probarnos lo bien que nos sentaba entonces -y nos sienta todavía- el fascismo).

El huasipungo como explicación

3 de julio de 2019


Cuando Rodrigo Borja explica la voz “Huasipungo” en su ‘Diccionario de la Política’, realiza una breve pero precisa descripción del origen de los problemas del territorio que, con el paso de los años, se convirtió en la República del Ecuador (desde 1835):

“Su origen histórico [del huasipungo, N. del A.] se encuentra en los inicios de la conquista española, a partir del siglo XVI, en que los colonizadores blancos se apropiaron de las mejores tierras de cultivo y establecieron en ellas sus haciendas servidas por la mano de obra barata de los indios. La nueva aristocracia de los criollos ricos consolidó el sistema y sus descendientes lo mantuvieron por cerca de 500 años, aún después de conquistada la independencia de España”*.

En el “origen histórico” del huasipungo está cifrada la raíz de nuestros problemas: en esta profunda inequidad originaria producto de una conquista es donde está el caldo de cultivo de los abusos, la corrupción y la desconfianza mutua, que todavía nos asolan.

* Borja, Rodrigo, ‘Diccionario de la Política’, Tomo II, Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición, México D.F., 2003 [Primera edición: 1997], p. 752.

La CGE no puede destituirlo a Tuárez

2 de julio de 2019


Hagámonos cargo del reciente y celebrado caso de evolución constitucional: hoy, en este país, resulta claro que el “control de convencionalidad” incluye a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en que nuestra Corte Constitucional declaró en la Sentencia No 11-18-CN/19 que dicho control de convencionalidad “debe hacerse tomando en cuenta lo expresado en el texto como lo resuelto en casos o interpretaciones de los tratados realizado por los órganos de supervisión del tratado”*.

Porque siendo así, la Contraloría General del Estado no puede destituir a una autoridad electa por votación popular, pues así lo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe de Fondo No 130/17. La Comisión Interamericana hizo, en esa ocasión, un juicio de proporcionalidad, mismo que debería resultar a prueba de imbéciles:

“… la sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular por infracciones meramente administrativas que no constituyen delitos, no satisface el estándar de proporcionalidad estricta en tanto el grado de afectación que tiene en los derechos políticos tanto de la persona destituida e inhabilitada como de la sociedad en su conjunto, es especialmente intenso, frente a un mediano logro de garantizar la idoneidad de las personas para ejercer la función pública cuando estos pudieron haber cometido infracciones administrativas que si bien pueden revestir cierta gravedad, al no llegar a la entidad de un delito, no logra justificar la afectación intensa a los derechos políticos” (Párr. 122).

Lo que hace la CIDH en esta resolución es tomarse a la democracia en serio, por lo que destituir a una autoridad elegida por votación popular se debe tomar en serio también:

“La CIDH considera que el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución e inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también a la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a terminar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático” (Párr. 117).

Realmente esta interpretación de la CIDH maximiza los derechos políticos de la autoridad electa por votación popular José Carlos Tuárez, por lo que se debe impedir que una autoridad de elección popular (962.046 votos que lo respaldan) sea destituida por otra autoridad, quien por muy Contralor y tal, es simplemente un fulano elegido a dedo por el poder político y, en el caso del actual, sostenido a pesar de su origen espurio y de graves sospechas (250.000 dólares que lo acusan).

La razón por la que debe estar impedida esta autoridad no electa de destituir a una autoridad electa por votación popular es porque su intervención afectaría, como lo dice claramente la CIDH, “el juego democrático”. Y el Ecuador es un Estado que se ha comprometido, por el artículo 1 de su Constitución, a ser un Estado “democrático”, por ende respetuoso de las decisiones de su pueblo como la de elegirlo a José Carlos Tuárez con casi un millón de votos.

Pues así como Love wins, también la voluntad popular, ¿no?§

* Esto, después de mencionar en el mismo párrafo a la “CIDH y la Corte IDH” (Párr. 274), entre los órganos que interpretan los tratados internacionales de derechos humanos.
Ecuador es un país raro, en el que los segundos a bordo de instituciones corruptas, no son jamás sospechosos de corrupción. Pasa en el fútbol y en la política: en la FEF, después de que el DELINCUENTE de Chiriboga se fue a cana, su segundo a bordo, Carlos Villacís, lo reemplazó sin mayor drama (para luego amarrar con el “Bolillo” Gómez). En la Contraloría sucede igual: se va Pólit prófugo, pero es su segundo a bordo Pablo Celi quien lo reemplaza y a nadie se le ocurre que él haya sabido de las pillerías del otro, ni aunque a su sobrino “lejano” pero bien conectado lo hayan pillado en Miami con 250.000 dólares que no ha podido justificar. Somos un sainete.
§ Pregunta dirigida a la CC y a las autoridades del Gobierno del Señor Mojón at large.

Nebot vs Rodas (Durán Barba contra Quito)

1 de julio de 2019


En Quito, es posible que después de Rodas aparezca Yunda, esa bofetada a la burguesía.

Electoramente, una bofetada a la burguesía es imposible en Guayaquil. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué hace que Nebot tenga una alcaldía considerada exitosa, mientras que Rodas –un cachorro PSC que participó por SUMA- tenga como saldo un desastre?

De entrada, es injusto comparar a un aniñado bobo con quien estuvo por casi 19 años en el poder en Guayaquil (agosto 2000-mayo 2019): el primero, como ya fue dicho, es bobo, mientras que el otro es sabido, sabidísimo. (De esos que antes se decía: “fuma debajo del agua”).

Y como es sabidísimo, Nebot cubrió de mejor manera que Rodas dos frentes que son claves para triunfar en la política: controlar al periodismo y controlar la intervención de la sociedad en la gestión pública.

Con los periodistas, Nebot gozó de la casi total obsecuencia de los medios de comunicación que lo entrevistaron los miércoles y de la complacencia de los medios de alcance nacional (por simpatías de derecha). En los medios guayaquileños, hay la evidencia de un claro con$en$o. En todo caso, esto de repartir guiso no es algo que el alcalde Mauricio Rodas no haya practicado: por ejemplo, le repartió billete a la radio de Diego Oquendo y desde entonces ese otrora punzante crítico (lo sé, pues lo escuché un tiempo) se nos pasmó. El Comercio era complaciente con Rodas, pero bastante menos que El Universo con relación a Nebot. En todo caso, como Nebot es sabido, supo forjar un mejor con$ens$o con el periodismo y, cosa muy importante, dar menos papaya que Rodas (por ejemplo, no ir borracho a eventos públicos –a Nebot, esa maña se le quitó en los 90).

Pero es el control de la participación social lo que Nebot controla de una manera que resulta imposible hacer en Quito. Por razones de constante bronca con la ineficacia del Estado, presumo que el quiteño está mucho más acostumbrado a manifestar sus quejas, exponerlas en público y criticar a las autoridades (nacionales y de la ciudad). En Guayaquil, la respuesta es simple: triunfó el fascismo. Es decir, esa alianza que Norberto Bobbio describió para el caso italiano como “una fecunda alianza entre precisos intereses de clase y turbios ideales, favorecidos por la crisis moral, social y económica que atravesaba un país como el nuestro, por larga tradición más acostumbrado a la opresión que a la libertad” (‘Ensayos sobre el fascismo’, p. 80), en la que con el solo reemplazo de la palabra “país” por “cantón” se describe de manera precisa lo que pasó en Guayaquil, una sociedad que desde los años cuarenta ha devenido en conservadora y, durante un tiempo en particular (los años ochentas), estuvo corrompida por “la crisis moral, social y económica” del roldosismo, cuyo superación devino en una ocasión perfecta para el triunfo de una burguesía conservadora y autoritaria (i.e., fascista), que en Guayaquil tiene expresión en la tienda socialcristiana.

Sobre esta base, como alcalde, Nebot ha hecho cosas que en Quito son impensables: aprobó una ordenanza por la cual legisló sobre la participación ciudadana (“Ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil”, aprobada el 29 de septiembre de 2011) que es una burla a la participación, porque sólo habilita a participar en la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana a los 117 “representantes de la sociedad” que están expresamente mencionados en su texto. La mayoría de estas 117 entidades, que son las únicas habilitadas para el ejercicio del derecho a la “participación ciudadana”, han recibido dinero de la corporación municipal; algunas, de hecho, millones de dólares. Es el derecho de admisión, pero aplicado a la participación social de toda una ciudad.

Esta forma autocrática de disposición de fondos en las alcaldías de Nebot tampoco era de recibo para el alcalde Rodas, pues mientras en Guayaquil Nebot gozó siempre de mayoría en su Concejo, el de Rodas en Quito estuvo partido. Y sin poder distribuir la riqueza a placer, el político se vuelve medio cojudo a los ojos del personal (“político pobre, pobre político”).

Finalmente, está el tema del clientelismo. El PSC tiene redes aceitadas de años, con punteros en las zonas populares que aseguran lealtad a cambios de beneficios (dinero, empleos, prebendas). El partido de Rodas (SUMA se llamaba, ¿o se llama?) no tiene nada salvo un bobo con triste final, un Maruri interandino.

La neta, el alcalde Mauricio Rodas siempre remó en dulce de leche y cuesta arriba. No tenía los recursos, ni el talento para imponerse. Este cachorro PSC fue apenas una broma de mal gusto del Durán Barba, jugada en contra del pueblo de Quito.

Y por eso mientras que en Guayaquil el alcalde Nebot pudo colocar a su designada como su sucesora, en Quito lo tienen a Yunda.

Malos perdedores (vuelta a 1987)

28 de junio de 2019


Repasemos la historia: el pueblo ecuatoriano votó en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018 por la creación de un órgano transitorio a cargo de organizar los procesos de evaluación a las autoridades del Gobierno de Rafael Correa y los procesos para designar a sus (eventuales) reemplazos. Esta decisión popular precisó que la actuación de este órgano transitorio debía concluir cuando se posesione el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de elección popular, cuya invención fue el objeto principal de la reforma constitucional de febrero de 2018.

Este órgano transitorio destituyó, entonces, a las autoridades electorales nombradas en los tiempos de Correa y nombró discrecionalmente a unas provisionales (por una invención tremendamente abusiva llamada “encargados”). El órgano electoral armado por el órgano transitorio, es decir, un órgano transitorio al cuadrado, fue el que aprobó la inscripción del sacerdote José Carlos Tuárez como candidato para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de elección popular. El órgano electoral definitivo (en el que se recicló a la transitoria Diana Atamaint, que se convirtió en su Presidenta) es el que organizó, por primera vez, el producto de la reforma constitucional del año 2018, esto es, la designación por votación popular de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Es importante recordar que a la elección popular de los vocales del CPPCS se la vendió como una conquista democrática, cuando se trataba de persuadir al pueblo para que vote a su favor:

“Se ha considerado prudente efectuar una enmienda constitucional que cambie la forma de designación de los representantes de los ciudadanos que integran dicho Consejo, a través del mecanismo de votación popular, que sirva para dar cuentas de la naturaleza de este organismo, de allí que se plantee la cesación de los actuales consejeros y que los mismos sean electos democráticamente. Ello conlleva además la aplicación del principio constitucional de progresividad de derechos” (Pregunta 3, Justificación).

Pero pasó el tiempo y la gente en el Gobierno de Lenin Moreno empezó a pensar que era una pésima idea haberle dado al pueblo la posibilidad de elegir a los integrantes del CPCCS. Esto, porque la actuación del órgano transitorio, lejos de eliminar al “correísmo”, lo avivó. La posibilidad de que el pueblo vote por el “correísmo” en las elecciones de marzo de 2019 empezó a preocupar. En un acción desesperada, algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral y algunos consejeros (incluido su Presidente) del órgano transitorio, promovieron el voto nulo para la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fracasaron miserablemente.

Su preocupación, entonces, se hizo realidad: de los siete integrantes del CPCCS de elección popular, a cuatro se los puede interpretar como contrarios al actual Gobierno y tanto más peligrosos mientras mayor sea su cercanía (real o fabulada) al expresidente Rafael Correa. Ahora buscan mecanismos para bajarse al sacerdote José Carlos Tuárez, a quien el pueblo eligió para integrar el nuevo CPCCS reformado y a quien la mayoría de ese órgano designó como su Presidente, entre otras cosas, por ser la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos (en la papeleta “Hombres”) en la elección del 24 marzo de 2019: un total de 962.046 votos.

Recordemos el origen de Tuárez: él es el producto final de un proceso organizado por los anti-correístas en el poder. El órgano transitorio que presidió Julio César Trujillo nombró a las autoridades electorales transitorias que aceptaron a Tuárez y a las autoridades electorales definitivas que organizaron el concurso en el que Tuárez obtuvo casi un millón de votos.

Entonces, lo que ahora sucede, cabe interpretarlo así: el Estado hace mal las cosas (en forma de un concurso en el que ganan quienes no le gusta) y como ya no le conviene el resultado, procede a sabotearlo. Este es el Estado ecuatoriano de toda la vida, aquel que actúa como borracho de fiestas de Quito (al menos de las noventeras).

Este nuevo abuso del Estado nos cuesta mucha plata. Uno, por la ineficacia en organizar una elección, pues si José Carlos Tuárez pasó todos estos filtros y obtuvo el voto de casi un millón de personas, ya no vale que después de organizado este proceso que costó millones de dólares se le diga a Tuárez que no puede ejercer el cargo para el que la gente lo votó pues no cumplió cosas de su candidatura que debieron ser verificadas por las autoridades electorales del Estado (todas ellas nombradas por Trujillo and pals). Si se les pasaron cosas por alto a dichas autoridades, ese hecho ya es responsabilidad del Estado, no del candidato. Si por fallas de los dos CNE (provisional y definitivo) se lo pretende sancionar a Tuárez, esto es claramente abusivo, pues hasta un subnormal podría apreciar que el Estado ecuatoriano está alegando A SU FAVOR su propia negligencia.

En el campo del derecho hay un principio que descarta concederle valor a esta conducta barriobajera del Estado, condensado en una hermosa frase en latín: “Venire contra factum proprium non valet” [contradecir los actos propios no vale]. Tiene una lógica maciza: si se organizó una elección, se debe aceptar su resultado, aunque no le convenga al Gobierno de turno. Esto, por la razón fundamental de que es lo verdaderamente democrático aceptar las decisiones aunque no convengan, máxime si son fruto de la elección popular.

Y no respetar la voluntad popular tiene consecuencias. En el derecho internacional de los derechos humanos, es claro que la destitución de una autoridad elegida por la votación del pueblo usando vías administrativas es considerada como una grave vulneración a los derechos políticos de dicha autoridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado un juicio de proporcionalidad que debería resultar a prueba de imbéciles:

“… la sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular por infracciones meramente administrativas que no constituyen delitos, no satisface el estándar de proporcionalidad estricta en tanto el grado de afectación que tiene en los derechos políticos tanto de la persona destituida e inhabilitada como de la sociedad en su conjunto, es especialmente intenso, frente a un mediano logro de garantizar la idoneidad de las personas para ejercer la función pública cuando estos pudieron haber cometido infracciones administrativas que si bien pueden revestir cierta gravedad, al no llegar a la entidad de un delito, no logra justificar la afectación intensa a los derechos políticos…” (Caso Petro, Párr. 122).

Esto, por la sencilla razón de que en el orden internacional sí se valora la importancia de una autoridad elegida en una votación popular:

“La CIDH considera que el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución e inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también a la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a terminar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático” (Caso Petro, Párr. 117).

Porque, neta, el que tanta gente haya votado por Tuárez el 24 de marzo de 2019 parece valerles pija a los del Gobierno actual. Pero en otras partes (en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. ej.), su caso podría ser materia de un juicio del que emanará una obligación del Estado de reparar (es decir, más plata a pagar).

Así las cosas, la persecución emprendida en contra de Tuárez tiene su razón de ser en que las autoridades del Gobierno actual han sido de una actuación mediocre, resultaron malos perdedores, y en ultimadas cuentas, ni siquiera son demócratas. Prefieren imponerse por vías ajenas a las democráticas (incluso con procedimientos tan imbéciles como el de un Juicio Político por actos de cuando Tuárez no se encontraba en funciones [¿?]) que soportar un resultado electoral adverso, incluso aunque años después tengamos que pagar en juicios internacionales por sus abusos. Estos atributos pintan un retrato del Estado ecuatoriano ineficaz y abusivo que es el que yo recuerdo de los ochentas y noventas, en sus sucesivos y caóticos Gobiernos.

A juicio de por cómo juegan los muertos de nuestra selección nacional de fútbol, bien podríamos estar de vuelta a 1987.