Fans de Fernando VII

21 de agosto de 2018


La Junta Soberana de Quito, organizada a raíz de la llamada “Revolución de Quito” del 10 de agosto de 1809, idolatraba a Fernando VII. Basta el recuerdo de las palabras de Manuel Rodríguez de Quiroga, recogidas en la “Proclama a los Pueblos de América” del 16 de agosto de 1809:

“La sacrosanta Ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII perseguido y desterrado de la península han fijado su augusta mansión en Quito. Bajo el ecuador han erigido un baluarte inexpugnable contra las infernales empresas de la opresión y la herejía… ¡Viva nuestro rey legítimo y señor natural don Fernando VII!”.

La explicación de sostener el viejo orden ante el temor infundido por la invasión francesa a España en 1808 se debía a que los criollos “tenían miedo a perder su posición dominante en la sociedad colonial” (por el ideal igualitario de la Revolución Francesa). El temor estaba en la base de su idolatría del Rey español: “Temían que los indios, los negros y los mestizos se aprovecharan de la crisis de autoridad abierta por la invasión napoleónica para rebelarse”. Por ello, como reacción defensiva, se debió “tomar localmente el poder para garantizar el orden social” sin que nunca estos poderes locales, se hayan concebido “independientes de España”* (esta concepción se empezó a tener recién a partir de 1810). En definitiva, no se trató de “revoluciones libertadoras”: se trató, más bien, de reacciones conservadoras.

Y eso fue precisamente la Junta Suprema de Quito, creada a raíz del golpe del 10 de agosto de 1809: una reacción conservadora frente los hechos en Europa (la invasión napoleónica de España, que persiguió y desterró a Fernando VII) puesta en marcha por la oligarquía de la ciudad.

Así, el 10 de agosto de 1809 fue una reacción para conservar privilegios y prebendas (o de aprovechar para ampliarlos) y para protestar por su amado Rey Fernando VII, a quien no en vano la historia recuerda en este período como El Deseado. Y los quiteños lo deseaban como el que más: eran sus fans.

* Citado de: Pérez, Joseph, 'Historia de España', Editorial Crítica, Barcelona, 2014 [Primera edición: 2000], p. 425.  

Guayaquil y las drogas


El diario El Universo informó ayer sobre el combate del Municipio al consumo de drogas en Guayaquil. La primera noticia es sobre la legislación que el Municipio ha adoptado para su combate: una ordenanza del 2 de mayo del 2017 por la que dispuso la prohibición del consumo “de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en lugares y eventos públicos, tales como parques, centros comerciales, edificios públicos, salas de cine, salas de teatro, eventos deportivos”. El título de la noticia es ya decidor: “Ordenanza contra drogas, una ‘mera declaración’ en Guayaquil”, e incluye unas declaraciones graciosísimas del alcalde Nebot: según dice él, esta ordenanza contribuye “a la condena de quien consume drogas en sectores públicos” pero que la sanción le corresponde al gobierno. Y que si no llega la tal sanción, “nos vamos a quedar en la mera declaración” (?). Es decir, la medida que ha adoptado el Municipio es ineficaz, meramente declarativa, pero la culpa siempre será de otro. Un capítulo más en ese abultado libro “¿Cómo vender humo?”, de autoría de Jaime Nebot.

La segunda noticia es sobre las políticas públicas que el Municipio ha adoptado para combatir las drogas. En el 2017, sus gastos se descomponen así: USD 58.790 para un contratista llamado Diego Pazmiño, USD 8.499 para la Fundación Acción en Desarrollo Social “para charlas a padres y docentes” y USD 40.000 para una contratista llamada Cinthia García, “delegada de la Universidad de Guayaquil (2017), para shows y charlas preventivas, como el que se realizó el mes pasado en la ciudadela FAE y que contó con la presencia de la candidata a la Alcaldía, Cynthia Viteri”.

El de Diego Pazmiño es el caso más grave (además del monto más abultado). Pazmiño tiene dos problemas: 1) Ser el hermano “de un empleado de Comunicación del Municipio de Guayaquil”; 2) Hacer una campaña que se llama “Drogas, ¿por qué no?”, que suena más a incentivo para consumirlas. (Pero el primero es el realmente grave.)

Y en general, ¿qué tan efectivas han resultado estas medidas para el combate a las drogas en Guayaquil? A juzgar por las noticias de todos los días, su efecto ha sido nulo. En realidad, las medidas parecen resultar mucho más útiles como plataforma política para la candidata Viteri y, dato no menor, como mecanismo para repartir el billete a los que están en el ajo.

Por legislación y por políticas públicas, el combate del Municipio al consumo las drogas es ineficaz, una total farsa: debes estar muy drogado para creértelo.

Toscanini y la seguridad

20 de agosto de 2018


Esta entrevista al ministro Mauro Toscanini es antológica. Este buen hombre no tiene la más pálida idea de dónde está parado.

Porque Toscanini es la cabeza del Ministerio encargado de la seguridad en el país. Y el requerimiento que le ha hecho el periodista de diario El Comercio es sencillo: defender la legalidad de la medida adoptada por el gobierno de pedir el pasaporte a los venezolanos, a la luz de una disposición legal vigente, como lo es el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana.

Esto, porque dicho artículo 84 indica que, entre otras nacionalidades, los venezolanos pueden entrar al Ecuador con la sola presentación de su documento de identificación nacional. Y la medida que ha adoptado el Ecuador es pedirle a los venezolanos (y únicamente a los venezolanos) la presentación del pasaporte, en clara contradicción con la normativa vigente. Veamos cómo la defiende el ministro Toscanini:

El Comercio: El argumento de la pregunta es si la medida es legal, porque la ley (el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana ) es clara... ​

Ministro Toscanini: Para nosotros es legal y es legítimo, porque un país soberano tiene derecho a poner ciertas condiciones, en este caso, en cuanto a migración.

EC: ¿Y en qué términos es legal?

MT: Simplemente es legal. Para mí es una cuestión legal.

EC: ¿No se está contraviniendo el artículo 84?

MT: Yo no soy abogado, yo le doy mi humilde opinión.

Jurídicamente, Toscanini no explica nada. Su respuesta es una tautología (“Es legal, porque es legal”) además de una arbitrariedad (“Es legal, porque lo decimos nosotros”). Políticamente, es incluso peor: añade a lo anterior el vergonzoso detalle de que la más importante autoridad del gobierno en materia de seguridad, uno que debería ser un experto en este ramo, se excuse por no ser un abogado (?) y apenas nos pueda brindar su “humilde opinión”. El ministro debería ser más discreto y no hacer ostentación de su ignorancia.

La respuesta de Toscanini es tan ridícula, que lo orilla a uno a preguntarse, ¿qué carajos hace allí uno cuyas responsabilidades sobrepasan con largueza sus (in)capacidades?

Chocho y exigente


El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (transitorio), el abogado Julio César Trujillo (AKA “El Notario”), posesionó el 3 de mayo a un nuevo Fiscal General del Estado. Trujillo le tomó juramento, y una vez cumplido el trámite y escuchada la afirmativa, le espetó al nuevo funcionario:

“Si así lo hace, la Patria le va a agradecer y nosotros, los del Consejo transitorio, vamos a estar muy contentos de haber designado a una persona que por sus méritos merecía este tan delicado cargo. Caso contrario, le vamos a demandar, y nosotros los del Consejo de Participación sí somos exigentes.”

O traducido, sin chochera: “Vamos a estar pendientes de que estés alineado a las posturas del gobierno”. Un capítulo más en la comedia nacional de tener un Fiscal General a conveniencia.

¿Grito de independencia o pesca a río revuelto?

19 de agosto de 2018


Con los términos “Grito de independencia” se alude al documento llamado “Acta de Independencia de Quito”, del 10 de agosto de 1809, documento por el cual una “Junta Suprema” declaró gobernar “como representante de nuestro legítimo soberano, el Señor Don Fernando Séptimo, y mientras su Majestad recupere la Península, o viene a imperar” al tiempo que acordó prestar “juramento solemne, de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos, así eclesiásticos como seculares”, así como su obligación de sostener “los Derechos del Rey”.

Por la contundencia de estas afirmaciones, entender a la “independencia” como una independencia del Reino de España es un notorio error, o peor aún, la convertiría en una independencia taimada, humillantemente hipócrita, y mejor que así no. Esta independencia de Quito, si es un grito, es uno de reivindicación de su oligarquía a tener un mayor espacio de autodeterminación administrativa dentro del Reino de España. En otras palabras, aprovechar la crisis en Europa para atribuirse la administración de territorios que incluían a “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Es decir que lo que se buscó en el “Acta” fue acrecentar los dominios de Quito, pues había venido a pérdida en los años recientes*. Y así Quito, la provincia de Quito, quería venirse de menos a más: más que de independencia, este quiso ser un grito de remontada.

Pero esta aspiración a un mayor dominio territorial era un sueño de perros. Esto, porque no tuvo sobre quiénes materializarse (dicho en términos coloquiales: fue un pedo mental). Sus destinatarios se pusieron en pie de guerra en contra de las órdenes emanadas por Quito de someterse al imperio de la Junta Suprema que en esa ciudad había organizado su oligarquía (que en todo caso, no dejaría de sacarle provecho a esta “revolución”, pues les sirvió a los ricos de la ciudad para licuar unas cuantas deudas** -una vieja historia en las oligarquías sudamericanas, de hoy, de ayer, de siempre).

Los dos virreyes sudamericanos con intereses en los territorios que reivindicó Quito en su “Acta” ordenaron el envío de tropas para aplacar esta “revolución”: desde el norte lo hizo el Virreinato de Nueva Granada y desde el Sur el Virreinato de Perú. Los cabildos de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca, los más próximos a la provincia de Quito, se encargaron de ejecutar las disposiciones represivas de los virreinatos, a consecuencia de las cuales se aplacó la que también se conoce como “Revolución del 10 de Agosto”***

Así, ese 10 de agosto de 1809 no se buscó independizar a la provincia de Quito del Reino de España, eso no se desprende de su “Acta de Independencia”. Lo que sí se refleja en este documento, es el afán que tuvo la provincia de Quito de adquirir la supremacía sobre sus territorios vecinos, es decir, que las provincias de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca se sometan a su imperio****. Y fracasó por ello miserablemente, pues a ninguno de estos territorios vecinos les simpatizó la idea de someterse. Y juntos le sacaron la entreputa a Quito (con masacre de sus próceres incluida).

Degradémoslo como corresponde, en atención a estos hechos: de “Grito de la Independencia”, pasemos a llamarlo “Grito de la Remontada Fallida” o “Fracaso de Quito”*****. Estas denominaciones, a buen seguro, sí le harían justicia.

* Quito iba de derrota en derrota: en 1779 la Corona española creó el Obispado de Cuenca, por el cual privó a Quito de la jurisdicción eclesiástica de Quito sobre Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, por orden del Virrey de Nueva Granada se desplazó de Quito a la jurisdicción de Popayán el dominio sobre Esmeraldas, Tumaco y La Tola; en 1802, por Cédula Real se creó un Obispado y un gobierno militar en Maynas, territorio que de Quito pasó a depender directamente del gobierno central español; y en 1803, por otra Cédula Real, se dio al Virreinato del Perú el gobierno de Guayaquil en lo militar y comercial.
** De acuerdo con Ayala Mora en su “Resumen de Historia del Ecuador”, Tomo 1: “Una vez instalados en el mando [los poderosos latifundistas] hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras”, v. “Historia…”, p. 23.
*** “Revolución” que se retomó después por la llegada de Carlos Montúfar enviado por la Corona Española con el cargo de Comisionado Regio, para ser aplacada de manera definitiva en la derrota sufrida por las fuerzas de Quito en la Batalla de Ibarra (1 de diciembre de 1812) a manos de las fuerzas realistas de Toribio Montes. De allí, a dormir hasta la llegada de las fuerzas libertadoras del Norte (Bolívar) y del Sur (San Martín).
**** Como lo ha destacado Federica Morelli, en su brillante libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”: “la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas. El conflicto fue particularmente visible en el caso de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que no sólo constituyeron un bloque económico opuesto a la capital, sino que de ahí llegaron a un verdadero estado de guerra entre ciudades. Así, el rechazo de la ciudades provinciales a reconocer a la junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como signo revelador de la lucha existente entre las élites provinciales y las de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales a los que la situación de crisis había vuelto accesibles”, v. Morelli, Federica, “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 64-5.
***** “Fracaso de Quito”, menos para los latifundistas que lograron licuar sus deudas (y que fueron los instigadores de esta “revolución”). Los que pescaron a río revuelto.

Vinelli tiene algo que decirnos

31 de julio de 2018


En el libro ‘Rielando en un mar de recuerdos’, de Carlos Saona, se cuenta la historia del “señor Vinelli” (nunca sabemos su nombre, sólo sabemos que era el Vinelli socio de la empresa ‘Vinelli & Pérsico’) quien, a principios del siglo XX, en una sociedad donde estaba vigente una creencia absurda que impedía a los guayaquileños bañarse en el estero Salado el día Viernes Santo (en el sector que se conocía como ‘El Corte’, en lo que hoy es el Malecón del Salado) por el temor a convertirse en pescados, caminó la distancia desde el centro hasta esa entonces periferia (por ser Viernes Santo, el transporte público estaba suspendido) para tomar sus baños en el estero, como lo hacía todos los días. 

Así, Vinelli le demostró al pueblo de Guayaquil que era una soberana estupidez pensar que si se bañaban en Viernes Santo se convertirían en pescados: él era la viva prueba de que aquello no era cierto.

El señor Vinelli plantó cara a la estupidez religiosa y triunfó. Un claro mensaje para estos tiempos que corren, tan llenos de estupidez religiosa y tan necesitados de gente que se anime a desafiarla.

Ecuador ante la Corte IDH (2)

30 de julio de 2018


Casos de Ecuador ante la Corte IDH, con indicación de la fecha de la sentencia, los artículos vulnerados y los artículos denegados

Casos contra Ecuador
Fecha
Artículos vulnerados
Artículos denegados
21. Vásquez Durand y otros
15 Feb. 2017
3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 25.1 CADH
I.a y I. b CDF
2, 5.1, 5.2, 25.1 CADH
III CDF
20. Valencia Hinojosa y otra
29 Nov. 2016
4.1, 5.1, 8.1 y 25.1 CADH
Ninguno
19. Herrera Espinoza y otros
2016
2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 b) c) d) e) g), 8.3 CADH
1, 6 y 8 CT
Ninguno
18. Flor Freire
1 Sep. 2016
8.1 (imparcialidad), 11, 24 CADH
8.1 (motivación), 9 CADH, 25.1
17. García Ibarra y otros
17 Nov. 2015
4.1, 8.1, 19 y 25 CADH
5 CADH
16. Gonzáles Lluy y otros
1 Sep. 2015
4, 5.1, 8.1 (debida diligencia y plazo razonable), 19 CADH
13 PSS
8.1 (prejudicialidad), 25.1 CADH
15. Del Tribunal Constitucional
28 Ago. 2013
8.1, 8.2, 8.4, 23.1c y 25.1 CADH
2, 9, 24 CADH
14. De la Corte Suprema de Justicia
23 Ago. 2013
8.1, 23.1.c y 25.1 CADH
2, 8.2, 9, 24 CADH
13. Suárez Peralta
21 May. 2013
8.1 y 25.1 CADH
5.1 CADH
12. Palma Mendoza y otros
3 Sep. 2012
Ninguno
2, 4, 5.1, 8 y 25 CADH
11. Pueblo indígena kichwa de Sarayaku
27 Jun. 2012
2, 4.1, 5.1, 8.1, 21 y 25.1, 25.2a y c CADH
7.3, 13, 22, 23 y 26 CADH
6 CT
10. Mejía Idrovo
5 Jul. 2011
25.1 y 25.2c CADH
2, 8.1, 24 CADH
9. Vera Vera y otros
19 May. 2011
4.1, 5.1, 5.2, 8.1 y 25.1 CADH
2 CADH
8. Salvador Chiriboga
6 May. 2008
8.1, 21 y 25.1 CADH
2, 24, 29 CADH
7. Albán Cornejo y otros
22 Nov. 2007
4, 5.1, 8.1 y 25.1 CADH
Ninguno
6. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez
21 Nov. 2007
2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 c) d) e) y 21.1 CADH
7.4 (en relación con Lapo), 25 CADH
5. Zambrano Vélez y otros
4 Jul. 2007
2, 4.1, 5, 8.1, 25.1, 27.1, 27.2, 27.3 CADH
Ninguno
4. Acosta Calderón
24 Jun. 2005
2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 b) d) e), 25 CADH
Ninguno
3. Tibi
7 Sep. 2004
5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 b) d) e) g), 21 y 25 CADH
1, 6 y 8 CT
Ninguno
2. Benavides Cevallos
19 Jun. 1998
3, 4, 5, 7, 8 y 25 CADH
Ninguno
1. Suárez Rosero
12 Nov. 1997
2, 5, 7, 8 y 25 CADH
Ninguno

Rodrigo Paz (Naipe Centralista)

29 de julio de 2018


La enfermera mayor (que Matusalén).


Ecuador ante la Corte IDH

28 de julio de 2018

 
Este es un recuento de los casos presentados contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Casos de Ecuador ante la Corte IDH

Casos contra Ecuador
Año
Artículos vulnerados
Temática
Fecha
21. Vásquez Durand y otros
2017
4, 5, 7, 8, 25  
I.a CDF
Conflicto con el Perú
1995 (continúa)
20. Valencia Hinojosa y otra
2016
4, 5, 8 y 25
Fuero policial
1992-1997
19. Herrera Espinoza y otros
2016
5, 7, 8 y 1, 6 y 8 CT
Tortura en centros de detención
1994-1998
18. Flor Freire
2016
8, 11, 24
Discriminación por homosexual
2000-2001
17. García Ibarra y otros
2015
4, 8, 19 y 25
Homicidio de adolescente pobre
1992-2002
16. Gonzáles Lluy y otros
2015
4, 5, 8, 19  
13 PSS
Contagio de VIH
1998-2000
15. Del Tribunal Constitucional
2013
8, 23 y 25
Independencia e imparcialidad
2004
14. De la Corte Suprema
2013
8, 23 y 25
Independencia e imparcialidad
2004
13. Suárez Peralta
2013
8 y 25
Investigación judicial
2000-2005
12. Palma Mendoza y otros
2012
Ninguna
Investigación judicial
1997-2011
11. Pueblo indígena Sarayaku
2012
2, 4, 5, 8, 21 y 25
Explotación de territorio indígena
1996-2010
10. Mejía Idrovo
2011
25
Baja de un militar
2000-2009
9. Vera Vera y otros
2011
4, 5, 8 y 25
Muerte en custodia policial
1993
8. Salvador Chiriboga
2008
8, 21 y 25
Expropiación
1991
7. Albán Cornejo
2007
4, 5, 8 y 25
Muerte en hospital privado
1987
6. Chaparro Álvarez y otro
2007
5, 7, 8 y 21
Incautación de fábrica
1997
5. Zambrano Vélez y otros
2007
2, 4, 5, 8, 25 y 27
Abuso de fuerza militar
1993
4. Acosta Calderón
2005
2, 7 y 8
Detención arbitraria por drogas
1989
3. Tibi
2004
5, 7, 8, 21 y 25
Detención arbitraria por drogas
1995-1998
2. Benavides Cevallos
1998
3, 4, 5, 7, 8 y 25
Ejecución arbitraria
1985
1. Suárez Rosero
1997
2, 5, 7, 8 y 25
Detención arbitraria por drogas
1992

En total, el Estado de la República del Ecuador ha sido sentenciado en un total de 21 casos. En 20 de esas sentencias fue condenado, en una de ellas, absuelto.