El golpe del 4 de octubre

22 de octubre de 2018


No es menor el ocuparse de los festejos del acontecimiento seminal de la independencia de la Audiencia de Quito de la administración del Reino de España. El 9 de octubre de 1820, junto al río Guayas, empezó una historia que concluyó en las faldas del volcán Pichincha el 24 de mayo de 1822. Desde entonces, la administración de lo que era la Audiencia de Quito dejó de corresponderle a un reino de Europa. Cambió de déspotas: pasó a pertenecer a una república sudamericana, cuando la República de Colombia anexó su territorio para que sea su Distrito del Sur, Bolívar mediante (1).

En todo caso, la conmemoración de los 200 años de la gesta libertaria de Octubre merece unos festejos por todo lo alto. Cuando iban a cumplirse los 100 años de esta gesta, se erigió la Columna de los Próceres en su memoria, monumento que es distintivo de nuestra ciudad y motivo de orgullo para sus habitantes, y se expandió la ciudad al Sur con su primer barrio residencial y planificado: el Barrio del Centenario. En vísperas de 1920, había una sociedad pujante, que se tomó muy en serio la celebración de su memoria urbana e independentista.

En la conmemoración de los 200 años de esa misma gesta no hemos contado con tanta suerte como la tuvo esa generación de guayacos. En esta ocasión, el alcalde Jaime Nebot ha exagerado la frase atribuida a Juan Domingo Perón, “si quieres que algo no funcione, crea una comisión”, pues no sólo que ha creado un “Comité” para estos festejos, sino que lo conformó con 83 personas, que es una monstruosa cifra que garantiza la total inutilidad de sus esfuerzos.

El “Comité Coordinador-Promotor de la Iniciativa Cívica Doscientos Años” se creó el 15 de julio del 2015, después de habérselo anunciado en agosto de 2014. Tenía, a su vez, que constituir un “Comité Ejecutivo”, el que debió conformarse de entre algunos de sus 83 miembros. El 4 de octubre de 2018, sin mayor detalle, el Alcalde Nebot decidió suprimir a este “Comité Ejecutivo”.

En la Resolución que ratifica y formaliza cívica y legalmente lainiciativa para conmemorar el bicentenario de la independencia de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot impuso cambios en los Comités, politizándolos: al de 83 personas, al que ya le había sumado cinco en septiembre de 2015, ahora le sumó dieciséis funcionarios públicos: él mismo y quince concejales (son ahora 104 en este Comité at large -103 efectivos, porque uno de ellos ha muerto). Se mató al “Comité Ejecutivo” y creó en su reemplazo un Directorio que escogió como Presidente del mismo al alcalde Nebot. Fue una suerte de golpe de Estado a la inutilidad del modelo anterior, que no tenía al Alcalde al mando.

Fuente

(El nuevo Directorio es: Jaime Nebot, Presidente; León Roldós, Vicepresidente; Pedro Aguayo, Francisco Huerta, Ramón Sonnenholzner, María Gloria Alarcón, Pablo Arosemena, Gustavo Navarro, Julio Romero y Gustavo Noboa. La directora técnica es Doménica Tabacchi. Hay también siete directores suplentes: uno de ellos es el inefable Hombre Caca).

En todo caso, las obras que conmemorará Guayaquil el año 2020 son las mismas obras que se habrían entregado en cualesquiera otros años a la ciudad. En la Resolución que firmó el Alcalde del 4 de octubre de 1820, su artículo 2 lo explicita, pues en él “ratifica que principalmente las obras, proyectos y servicios definidos y/o realizados por la Municipalidad desde mayo del 2014 hasta diciembre del 2020, se considerarán realizaciones del Bicentenario”. Ya es entonces Ley: no habrá nada realmente especial para conmemorar en los 200 años de independencia política de Guayaquil.

Estamos muy lejos de los alcances de la generación de guayacos de hace 100 años atrás, por pura mediocridad de nuestro poder público actual. Y de eso no nos salva ni este “golpe de Estado”.

 (1) Antes de la incorporación del Distrito del Sur, lo que la República de Colombia conocía como el Distrito del Sur era el Departamento del Cauca, con Popayán como su capital. Una vez que se incorporó a la antigua Audiencia de Quito como el Distrito del Sur de Colombia (compuesto por tres Departamentos: Azuay, Ecuador y Guayaquil), el Departamento del Cauca pasó a formar parte del Distrito del Centro de la República de Colombia. Cuando nos desmembramos en 1830 para constituirnos en independientes, bye-bye Cauca.

Los políticos, según Borges

19 de octubre de 2018


Decía Borges, en una entrevista por Neustadt:

“Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. Esto no lo digo contra ningún político en particular. Digo en general, que una persona que trate de hacerse popular a todos parece singularmente no tener vergüenza. El político en sí no me inspira ningún respeto. Como político” (Julio, 1976).

"Nos quedamos en el aire"

18 de octubre de 2018


¿Cuál es la razón para que la Ley ordene que se motiven las decisiones de las autoridades públicas? Evitar la arbitrariedad. Una decisión razonada, por tener que enunciar las normas y principios jurídicos en que se funda y explicar su pertinencia para el caso concreto (Art. 77.6.l de la Constitución), evita pérdidas de tiempo y abusos sin cuento.

Si, por ejemplo, en el caso que por estos días se le sigue a la asambleísta Sofía Espín en la Asamblea Nacional, el CAL hubiera razonado su decisión de apertura del procedimiento de investigación en su contra, no tendríamos estas declaraciones de uno de los integrantes de la Comisión de Investigación que se ha conformado para juzgarla:

“desde mi punto de vista tiene que ser sancionada, y en eso coincidimos los tres legisladores que estamos en la Comisión […] A todos nos llama la atención, todos creo que apuntamos hacia una sanción; pero el rato en que vamos a buscar los elementos para la sanción, nos quedamos en el aire”.

Nos quedamos en elaire”, dice el asambleísta de la Comisión de Investigación, Bairon Valle. Es, en realidad, una declaración de la sinrazón previa del CAL. ¿Por qué? Porque el procedimiento de investigación que el asambleísta Bernal solicitó que se inicie en contra de la Asambleísta Espín fue por una supuesta infracción del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Específicamente, su numeral 1, que dispone la siguiente prohibición:

“Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita” (este artículo es un calco del Art. 127.1 de la Constitución).

Así lo pidió su acusador, en su denuncia del 3 de octubre. Si el CAL hubiera aplicado la garantía de motivación en su resolución de ese mismo día, no habría calificado la denuncia de Bernal con un lacónico “por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Si el CAL realmente hubiera motivado la denuncia de Bernal tendría que haber justificado la aplicación del artículo 164 LOFL, no únicamente citarlo. Si hubiera hecho eso, el CAL habría parado esta arbitrariedad en seco, que es el objetivo de la garantía constitucional de motivación.

Porque el CAL, por el proceso de razonar, habría tenido que rendirse a la evidencia de que en derecho el escrito del asambleísta Bernal es una mamarrachada (aunque útil como escrito de conveniencia para una medida de persecución política) que nunca encuadra los hechos que denuncia en el artículo cuya comisión le imputa a Espín. El acto de Espín que Bernal solicitó al CAL que se investigue (esto es, su visita a la cárcel del lunes 24 de septiembre) es un acto que no se ajusta al “desempeño” de una “función pública o privada” en el sentido requerido por el Art. 163.1, ni tampoco fueron los actos de Espín “incompatibles” con el ejercicio de su función de asambleísta, pues su visita a la cárcel el día 24 de septiembre no causó siquiera la omisión de una actividad: a la que Espín no fue esa mañana del 24, la reemplazó su alterno.

El artículo 163.1 LOFL está pensado para una actividad que se desempeñe en paralelo a la actividad de asambleísta, privada o pública, que merme el tiempo y la calidad de lo que esa persona le dedica a la Asamblea Nacional. Si es tanto lo que esa actividad le quita a la Asamblea Nacional, otro legislador puede acudir al CAL para denunciar el hecho: “desde que asambleísta Fulano de Tal ejerce la actividad de dentista o profesor o figurita de TV (etc.) el tiempo y la calidad de lo que hace en esta Asamblea Nacional ha decaído de forma notable”. Y fundamentarlo, por ejemplo, por el contraste antes y después del número de las asistencias al Pleno y a la Comisión a la que pertenezca, el número de proyectos de ley y de resoluciones que haya presentado, el número de intervenciones en el debate legislativo, etc. Es fácil comprobar que este es el sentido de la norma: bastaría acudir a los trabajos preparatorios de la LOFL y de la Constitución de 2008 (y la de 1998, porque la disposición actual es un calco en la Constitución de Montecristi de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución de Sangolquí)

En otras palabras, el acto que denunció el asambleísta Esteban Bernal en contra de la asambleísta Sofía Espín, el visitar a una persona en la cárcel una única vez, no encuadra en el supuesto del Art. 163.1 LOFL. Políticamente resulta conveniente para la persecución contra Espín (por afín al correísmo), pero jurídicamente es ridículo. En todo caso, esto ya lo saben en la Comisión de Investigación y por eso las declaraciones del asambleísta Bairon Valle: “nos quedamos al aire”. No es culpa de ellos: es culpa del CAL, que por no cumplir con su obligación de calificación motivada de la denuncia, admitió a trámite un mamotreto.

Todo lo que puede decir esta Comisión de Investigación abierta para investigar la comisión de una supuesta infracción de Sofía Espín al artículo 163 LOFL es: “no encontramos elementos para encuadrar los hechos de la Asambleísta Espín en los supuestos del Art. 163.1 LOFL”. Es decir, la concreción en términos jurídicos de este coloquial “Nos quedamos en el aire”.

Entrevista radial (16 de octubre)

16 de octubre de 2018


Al Presidente Lenin Moreno le vale madres y a los poderes privados les gusta que así sea: la institucionalidad del país se coloca (debo decir: vuelve) a su beneficio. La ciudadanía sería la única que podría emerger para rechazar esta captura del Estado en aprovechamiento de unos pocos, principalmente en beneficio de ellos mismos (los que más tienen, incluidos los medios de comunicación). Pero la ciudadanía está desorganizada (o peor: es caótica y violenta, como lo demuestran los hechos recientes en Posorja) y en el Ecuador nunca ha sido un contrapeso valioso del poder político. (Los reclamos liberales y ciudadanos, en este país, son muy débiles y desarticulados).

En este panorama de mierda, el país escora a la derecha, el estreno de la muerte cruzada se avecina a mediados del 2019 y Nebot se relame con una tercera vez. Es el gran emergente de este post-correísmo con sabor a pre-correísmo, que 23 años después de su última elección presidencial (acumula ya dos derrotas) tiene verdaderas chances de ganar en este tercer intento. Porque Nebot, para ganar, necesita dos cosas: a Correa fuera de juego y a un rival débil a vencer en la papeleta. El primer deseo ya le fue concedido.

El segundo viene en forma de Guillermo Lasso.

De esto y otras cosas, fue esta entrevista.    

La revancha de los ancianos de derecha


El Ecuador de hoy tiene a los más relevantes órganos de su poder público sometidos a un “Régimen de Transición”, cuyos cargos máximos cambian de ocupantes en un proceso que requiere el exterminio de unos para el provecho de otros, proceso que está a cargo del Consejo transitorio del Dr. Trujillo y los dos seres que cohabitan en él: el que enaltece el Estado de Derecho en la teoría y el que lo destruye con una motosierra en la práctica. Y el de la motosierra va ganando. Por mucho.

La singularidad de este proceso de “transición” en el caso del Ecuador, es que el exterminio de unos no es para el provecho de otros de una generación posterior, que es la evolución natural de la política. Es para el provecho de los viejos de la generación anterior al anterior gobierno. Esto que vivimos en el Ecuador es, realmente, una revancha de los ancianos de derecha. Los que ahora propician el camino para que uno de los suyos, Jaime Nebot, en asocio con “Lenín, el Arlequín”, la marioneta top del poder en la sombra, vuelva a aspirar (como en los noventa) a la Presidencia de la República.

¿A quién golpean con saña estos ancianos? Al expresidente Rafael Correa y a todo lo que se le pueda imputar un poquito de tufo a “correísmo”. “Menos para ellos, más para nosotros” parece ser el denominador común en esta división +65 de nuestra política.

Despelucado, después de un largo día en el aserradero de la institucionalidad pública
 
En la historia de la política ecuatoriana, siempre hay alguien a quien exterminar para que sus reemplazos puedan justificarse: hoy es el correísmo, antes lo fue la “partidocracia” (que ahora está haciendo su Comeback Special) y antes otros de acuerdo con el girar de la rueda de la fortuna. Es el ciclo de siempre en nuestra política caníbal.

Así que lo de ahora es más de lo de mismo y con las prácticas usuales, pero con un único matiz, uno que habla de nuestro atraso. Esto no es una renovación, o una superación de Correa. Es la revancha de un ancianato, con el Dr. Trujillo y su motosierra.

El derecho a la defensa

15 de octubre de 2018


¿Qué significa el “derecho a la defensa”?

Reducido a su forma más simple, es que el Estado trate “al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Caso Galindo Cárdenas, Párr. 209). Esta diferencia de trato implicaría un giro copernicano en la administración de justicia, tal como la conocemos en nuestro país.

Ser un “verdadero sujeto” procesal, no un objeto sometido a los cálculos de intereses de los demás (jueces, acusadores, operadores en la sombra). En Ecuador, ese sujeto es leyenda.

Eduardo Castillo (Naipe Centralista)

14 de octubre de 2018


Un “guayaquileño neutro, como si esto fuese posible”.


Los quiteños, perdedores de la Guerra Civil

13 de octubre de 2018


En rigor, los hechos derivados del cambio en la administración de Quito sucedido el 10 de agosto de 1809 fueron mucho más una guerra civil dentro de una de las Audiencias de España en América (la de Quito, una de las tantas Audiencias en las que dividía el imperio español sus posesiones americanas) que una lucha por independizarse del Reino de España en el seno de dicha Audiencia.

De hecho, esto último nunca fue: los del 10 de agosto no buscaron la independencia de la provincia de Quito del Reino de España (de hecho, si algo, quisieron sus hacedores que sea Quito el suelo donde no resuenen “más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”, siendo el rey, su “señor natural don Fernando VII” –eran totally fans). Tampoco fueron sus esfuerzos hechos por la Audiencia de Quito como tal: se los hizo por la provincia, para que se reconozca la autoridad de Quito, antigua capital de dicha Audiencia, sobre las provincias vecinas de Popayán, Guayaquil y Cuenca, que componían la Audiencia de Quito por aquel entonces. 

Y a los quiteños les fue como el culo, pésimo. De agosto de 1809 a agosto de 1810, en menos de un año, se había devuelto el poder a los españoles, sometido a proceso a 84 personas, ejecutado extrajudicialmente a varios de sus líderes (sus ministros civiles de Relaciones Exteriores y de Justicia, Morales y Rodríguez de Quiroga, el jefe militar Salinas, entre otros) y asesinado a unas 300 o más personas en las calles de Quito, a causa del fallido rescate de la cárcel del 2 de agosto de 1810. Estos hechos, en muy buena medida, fueron causados por las tropas que enviaron las provincias vecinas a Quito, que fueron hasta allá para aplacar esta inopinada proclamación de supremacía sobre el resto del territorio de la Audiencia.

De allí que el 10 de agosto haya sido mucho más una Guerra Civil (una especie de “Quito, tése quedito” híper-violento de parte de sus vecinos) que una lucha de los quiteños por la independencia de un país del Reino de España, algo que realmente estaba muy por fuera de sus alternativas políticas, devotos a ultranza de su rey como lo eran. Ciertamente no fueron unos visionarios.

Fueron algo peor: unos perdedores.

Al carajo

12 de octubre de 2018


Tres ideas sobre esta República del Ecuador 2018:

* En general, lo que vivimos en el Ecuador del “régimen de transición” no es una renovación de la política, es una revancha de la vieja política.

* Los que triunfan en los nuevos tiempos no son los de una generación pos-correísta, porque el triunfo le pertenece a la generación pre-Correa, que mal o bien lo ha resistido por años y que esperó agazapada su momento. Nebot es el héroe de esta camada sobreviviente, su caballo ganador jugándose su última chance. Lo que vivimos en el Ecuador no es una superación de Correa, es un retorno de quienes estaban antes que él, antes de irse del todo.

* El país se mueve a la derecha. Y se va, poco a poco, en esa anarquía propia del andar de tumbo en tumbo y sin otro plan que culpar el ayer, al carajo.

Una tortuga llamada Bernal

11 de octubre de 2018


El asambleísta Esteban Bernal de los registros de Creando Oportunidades tomó noticia de una carta no dirigida a él el 1 de octubre de 2018. Esta carta era la que el abogado Chimbo not chimbo dirigió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por la cual le informaba que la asambleísta Sofía Espín de los registros de Revolución Ciudadana, esto es, disidente de Alianza País, había cometido una supuesta incompatibilidad con su función de asambleísta por su visita en la cárcel a la testigo Diana Falcón.

Bernal hizo suya la denuncia del abogado Chimbo y se comprometió a hacer algo que lo ha hecho sentirse orgulloso: denunciar a un colega de la oposición. “Es un paso, a mi manera de ver, histórico, porque es la primera vez en la historia de la Asamblea Nacional en que se presente una denuncia de un asambleísta a otro, por el eventual incumplimiento de sus funciones”, ha dicho Bernal, que se siente un pionero.

En todo caso, el asambleísta Bernal presentó su denuncia el miércoles 3 de octubre y el Consejo de Administración Legislativa la calificó y aceptó enseguida, ese mismo día, con la consecuente resolución de organizar una Comisión Multipartidista de Investigación a los actos de la asambleísta Espín, que se conformó a la semana siguiente, el miércoles 10 de octubre, por los asambleístas Valle, Callejas y Candel.

El detalle es que Bernal hizo historia en la Asamblea Nacional con muy poquito. El oficio que le dirigió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, tiene muy poco fundamento. Bernal hace cita de “hechos públicos y notorios” y de un oficio de una funcionaria de la cárcel, una carta de Chimbo y de que ese día Espín tenía una sesión en Montecristi pero envió a su alterno. Sin ninguna conexión entre estas premisas variopintas y su conclusión, Esteban Bernal escribió: “a criterio de este Legislador, la actuación de la Asambleísta Sofía Espín podría enmarcarse posiblemente en la conducta descrita en el artículo 163 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Los estándares de una fundamentación son otros que los ofrecidos por Bernal. Para la Corte IDH, por ejemplo, una fundamentación o “motivación” es la exteriorización de una “justificación razonada que permite llegar a una conclusión” (Chaparro y otro c. Ecuador, Párr. 107). Esta justificación, el asambleísta Bernal ni se mosqueó en hacerla.

En todo caso, al oficioso aunque deficiente asambleísta Bernal le bastó con ese poquito. Porque de todas maneras, el CAL no se molestó en motivar su decisión de iniciar un trámite que podría terminar con la posible destitución de una asambleísta. Un lacónico “por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa” fue su base para justificar tan grave procedimiento. La CIDH, en el caso de Gustavo Petro c. Colombia consideró que el derecho “a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Párr. 117).

Para el CAL, sin embargo, el inicio de este trámite fue indiferente al de haber autorizado la compra de un esfero, objeto también llamado pluma. O de una docena.  

Esto último no es culpa de Bernal, es deficiencia del propio CAL. Pero que a Bernal le ha jugado muy a favor, porque si el CAL aplicaba ese riguroso estándar de la CIDH en Petro c. Colombia, el CAL habría tenido que haber bateado una denuncia basada en evidencia tan circunstancial (“hechos públicos y notorios”, un atributo compartido con las puestas de sol), dichos de parte interesada y nula concatenación de ideas. De acuerdo con el estándar constitucional ecuatoriano, esta calificación del CAL de la denuncia de Bernal es contraria a su obligación de motivación, porque para motivar “es necesario que la autoridad exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla”. Y eso no se puede hacer con solo citar una norma legal (v. CC, Sentencia No 227-12-SEP-CC, p.14).

Siendo la obligación del CAL por el artículo 164 de la Ley calificar que la denuncia del asambleísta Bernal esté “debidamente fundamentada”, este órgano debió inadmitir el escrito presentado por él el 3 de octubre, porque es claro que no cumplía con estar “fundamentado”, no se diga ya “debidamente”. De esto último, andaba muy lejos.

Pero el CAL no actuó en este caso como un juzgador responsable, que es lo que debió ser. Nunca pareció entender la gravedad de lo que estaba iniciando, en términos de democracia. Por su falta de motivación, al CAL (como decía el Diego) en la que ha sido esta resolución sobre el caso de la asambleísta Espín, “se le escapó la tortuga”.

Una tortuga llamada Bernal.

De la estirpe de Alarcón


El desembarco de las tropas del Consejo transitorio en el Estado ecuatoriano propició una masacre del Morenismo perpetrada en las filas del Correísmo. En 6 meses de evaluación (del 6 de marzo al 6 de septiembre), hubo 27 de 28 cesados entre las autoridades del antiguo régimen, es decir, hubo un único sobreviviente a esas evaluaciones. Ese fue Arturo Cabrera.

¿Quién es Cabrera? En resumidas cuentas, un quiteño burócrata, abogado de la Central y con Diplomado del IAEN y largo historial en el sector público: “Asesor legal en el Ministerio de Finanzas; Asesor en el H. Congreso Nacional (varios períodos); Director Nacional de Asesoría Jurídica del Tribunal Supremo Electoral; Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito; Asesor en la Asamblea Nacional Constituyente; Asesor de la Corte Constitucional; Director Nacional Jurídico del Consejo Nacional Electoral; Director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, asesor de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralización y Competencias y de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, de la Asamblea Nacional”. Se principalizó como Juez del Tribunal Contencioso Electoral el 23 de noviembre de 2016 (tomado de la web del TCE).

Cabrera es, entonces, un sobreviviente del Correísmo, del que recibió sueldo durante los tres períodos de gobierno de Rafael Correa. Y un sobreviviente del Morenismo, que eliminó a las autoridades del Correísmo, menos a él.

Un burócrata quiteño con cintura, de la estirpe de Alarcón.

De cuando Bonil es crítico con los políticos.

Chimbo not chimbo

10 de octubre de 2018


Si hay un abogado que es un bacán por estos días, ese es el abogado Chimbo, de la defensa jurídica de la expolicía Falcón en el proceso que se sigue por el supuesto plagio de Balda en Bogotá, que involucra a Correa. El abogado Chimbo puede presumir de presentar una carta un lunes en la Asamblea Nacional y obtener una resolución del Pleno para el jueves de esa misma semana. No creo que haya muchos abogados en toda la República que puedan presumir de movilizar con tanta rapidez en función de sus intereses a la más alta Función del Estado.

Porque para una institución tan desesperantemente leeeenta como la Asamblea Nacional, la velocidad con la que se ha atendido el trámite de Chimbo es contrastante.

* Lunes 1 de octubre

Chimbo denunció en una carta dirigida a la Presidenta de la Asamblea Nacional la visita en la cárcel de la asambleísta Sofía Espín a su defendida Diana Falcón y lo consideró como un hecho contrario a la responsabilidad de un asambleísta.

* Miércoles 3 de octubre

Un asambleísta decidió apadrinar la denuncia de Chimbo y presentó una denuncia al CAL basada en los hechos denunciados por Chimbo, a fin de buscar la destitución de la asambleísta Sofía Espín. El CAL, que tiene por ley un plazo de cinco días para calificar la denuncia del asambleísta, decidió calificarla ese mismo día, e iniciar el procedimiento para juzgar si la asambleísta Espín permanece o no en su cargo.

* Jueves 4 de octubre

La Presidenta de la Asamblea Nacional, a quien Chimbo le había dirigido la carta el lunes 1, puso el tema en el orden del día del Pleno. En la mañana se votó: 73 votos a favor de 114 presentes para sacar una resolución del Pleno que decidió “observar la cuestionable conducta” de la asambleísta Espín, quien “aparentemente ha incumplido sus funciones legislativas”.

*

En apenas 3 días, el abogado Chimbo consiguió el inicio de un proceso administrativo y obtuvo una resolución de la más alta Función del Estado, favorables a sus intereses. Movilizó a una pesada maquinaria, con rapidez y eficacia.

Hoy, 10 de octubre, el Pleno ha conformado una Comisión Multipartidista de Investigación que juzgará la permanencia de Espín en la Asamblea Nacional.

Y un bacán se relame.

Bonil y Guayaquil


Xavier Bonilla, “Bonil”, ha perjudicado de dos maneras a Guayaquil: la primera, le ha negado a la ciudad su necesaria cuota de crítica. Ha callado un montón, y cuando ha representado a Guayaquil en sus característicos dibujitos, usualmente lo ha hecho de forma agradable a su gobierno local. Lo suyo ha sido, sin duda, más lambonería que otra cosa y desde el día 1. Diríase que está en las antípodas de lo que ha hecho contra los gobiernos centrales.

La segunda: Bonil ha esparcido una mentira. El día de ayer, con ocasión del 9 de octubre, publicó este “elogio” a Guayaquil:

Diario El Universo, 9 de octubre de 2018

Y abajo, colocó entre paréntesis: “El proceso independentista de Guayaquil empezó en 1809 y se consolidó en 1820”. Lo que es un tremendo brainfart no relacionado con el dibujo en el que está inserto, ni mucho menos basado en hechos. Lo que pasó en 1809 es una gran falacia y lo que pasó en la provincia de Guayaquil en 1820 tiene tanta relación con los sucesos de 1809 en la provincia de Quito, como el culo lo tiene con las témporas.  

La historia de un fracaso

8 de octubre de 2018


Ahora que ya se va a ir en alrededor de 6 meses después de casi 20 veinte años de gobernar una ciudad de alrededor de 2 millones de habitantes (podría ser un récord latinoamericano), le han preguntado sus amigotes de la prensa al Alcalde Jaime Nebot cuál es la obra que le deja él a la ciudad. La respuesta del Alcalde indica que realmente no tiene ninguna (pues sería indigno mencionar a la rueda, así como sería mentiroso hacerlo con la Metrovía). “Haber servido”, dice.

Luego viene lo hermoso, pues le preguntan al Alcalde si hay alguna obra que quiso ejecutar que no haya ejecutado. Y él dice, muy suelto de huesos, que no:

“He logrado hacer todo lo que me propuse”.

Y claro, desde el periodismo no hubo capacidad de respuesta (era El Universo). Es así, porque Nebot dijo que así era. Ahí acaba la noticia, todo mundo lo sabe.

Pero eso no es lo que Nebot decía. O mejor dicho, antes dijo cosas de las que ahora ya no se acuerda (tal vez es la edad). Porque en su primer período en la Alcaldía de Guayaquil, el visionario Alcalde Nebot soñaba con recuperar el estero Salado, con hacer de Guayaquil una ciudad “competitiva” y con convertirla en un “corredor tecnológico”. Eran los sueños de un Alcalde todavía joven, que los declaró en la edición de revista Vistazo del 18 de julio de 2002, la que tenía en portada a una Dallyana Passailaigue en las escalinatas del Cerro (entonces era figura de TV, hoy es parte del PSC en la Asamblea Nacional). La No 838.

FUENTE
Ya no pudo hacer el Alcalde lo que prometió entusiasta el año 2002, pero el reconocimiento de su fracaso sería mostrarse débil y eso un Cuco Viejo como Jaime Nebot no puede permitirse (¿cómo creen que ha durado tantos años en el ejercicio del poder de una ciudad grande y caótica como es Guayaquil? Sin aliados en el negocio de la comunicación, eso es imposible). Entonces, lo mejor es echarle tierra, no mencionarlo nunca. Total, en Guayaquil el periodismo jamás indaga, porque las cosas son lo que Nebot diga y, por ende, los ciudadanos nunca se enteran, no tienen capacidad de contraste. Y entonces se repite el ciclo de siempre: “en Guayaquil, no pasa nada”.

El Alcalde Nebot siempre ha tenido esta altísima aceptación en Guayaquil porque sabe cultivar sus alianzas en los medios de comunicación locales y porque nadie nunca realmente ha cuestionado, en la esfera pública, su obra (a pesar de que sobran los motivos para hacerlo).

Pero lo que no tiene es memoria para recordar la ciudad que él soñó que sea Guayaquil, que es una muy distinta a la que va a entregar el 2019 venidero.

Visto desde su propia perspectiva, es un fracaso.

Serrano en el limbo

7 de octubre de 2018



*

Que la situación ha sido hija de un error, advierte el asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) Luis Fernando Torres. En la resolución del Pleno que destituyó a José Serrano de la Presidencia de la Asamblea Nacional el 14 de marzo de 2018 se debió “incluir este detalle”: el que Serrano no tendría Comisión después de dejar de ser el Presidente de la Asamblea… El caso es que este error se ha extendido por siete meses y a nadie parece importarle.  

El Presidente de la Asamblea Nacional, por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no puede estar en ninguna Comisión de la Asamblea Nacional (Art. 23). Pero una vez que el Presidente deja de ser Presidente y se convierte en un asambleísta común y silvestre, por esa misma ley y artículo, tiene que estar en una Comisión. Y he aquí la singularidad que indica Torres, quien dice que esto “nunca antes ha sucedido”: desde marzo, Serrano es un asambleísta sin Comisión a la cual referirse. Son siete meses, pero este asambleísta del PSC y miembro del CAL, Luis Fernando Torres, no advierte que el asunto sea tan relevante: “asignar una comisión al asambleísta Serrano, destituido de la presidencia, quedó en un segundo plano”. Un cachivache.

Como el reemplazo del Presidente José Serrano, Elizabeth Cabezas, salió de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, lo natural sería que el asambleísta común y silvestre Serrano (aunque sea de manera transitoria) haya intercambiado los puestos con Elizabeth Cabezas. Pero dice el presidente de esta Comisión, Montgomery Sánchez, que “está funcionando con once miembros” y que “no han tenido inconvenientes en las sesiones” y que no han recibido nada de nadie. Realmente parecería darle igual si llega Serrano o no.

Por su parte, Serrano ha mandado comunicaciones a la Asamblea para que lo asignen a una Comisión, pero no le han hecho caso.

Ha presentado tres proyectos de ley en esta condición singular y sietemesina de asambleísta sin Comisión. Dos de sus proyectos están en la fase inicial, el otro fue objetado de forma total por el Presidente de la República.

Serrano ha pasado de autoridad a fantasma, del ejercicio real del poder público a un discreto segundo plano. Es el limbo.

P. S.- Serranó salió del limbo: desde este 10 de octubre, siete meses y un día después de haber dejado la Presidencia de la Asamblea Nacional, ha encontrado un lugar en la Comisión de Gobierno Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Desde hoy en esa comisión serán doce, como fueron los apóstoles.

La larga fiesta: Uso y abuso de las "facultades extraordinarias"

6 de octubre de 2018


       * La larga ola

Hasta la fecha, un total de dieciséis resoluciones del Consejo transitorio hacen referencia a las “atribuciones extraordinarias” o “facultades extraordinarias” que este efímero órgano ha interpretado que tiene para ejercer sus funciones. El 13 de marzo, el Consejo invocó las “facultades extraordinarias” por primera vez. La resolución No 001 del Pleno del Consejo transitorio dispuso a “todas las autoridades de control e instituciones públicas la entrega de información” que el Consejo les iba a solicitar en días venideros, con la advertencia de que si no se cumplía con la entrega de la información en el plazo dado por el Consejo, “se considerará como incumplimiento de funciones y se hará uso de las facultades extraordinarias de transición, otorgadas por el mandato popular, la Constitución y la ley”. Quince días después, cuando en una de las disposiciones generales del Mandato de Evaluación se facultó al Coordinador Técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Darwin Seraquive, para requerir la información a estas autoridades e instituciones, se reiteró esta amenaza (No 009). No se especificaba en qué consistía, pero no era difícil imaginárselo.

En todo caso, la frase de esa resolución No 001 tenía mucho de fantasía: ni la Constitución ni la ley le otorgan estas “facultades extraordinarias” al Consejo transitorio, como tampoco lo hace el “mandato popular”, esto es, el combo “Pregunta 3 + Anexo” del referéndum del 4 de febrero. Este combo le da al Consejo la potestad de evaluar a las autoridades que fueron designadas por el Consejo cesado, la de declarar la terminación anticipada de sus funciones si esto es del caso, y la de convocar a los procesos de selección del reemplazo a las autoridades cesadas. Este es el literal de esas normas.

Por la Constitución, la ley y el mandato popular, el Consejo transitorio estaba constreñido a actuar dentro de unos límites que lo orillaban a que garantice los derechos de las personas evaluadas, que las destituya únicamente después de surtido un debido proceso y que sus reemplazos provengan de un proceso de selección organizado para obtener “mejora, objetividad, imparcialidad y transparencia de los mecanismos de selección de autoridades”. Esos límites dispuso el pueblo ecuatoriano con el combo “Pregunta 3 + Anexo”. Pero en abuso de las “facultades extraordinarias”, el Consejo transitorio ha roto esos límites y está surfeando la larga ola del quechuchismo.

       * El 2 y 9 de mayo

El 2 de mayo fue un día en que el Consejo transitorio usó estas “facultades extraordinarias” de manera total: en una primera resolución (No 021) amenazó a los vocales del Consejo de la Judicatura con usar “facultades extraordinarias” para destituirlos si asumían una garantía jurisdiccional cautelar que había dictado un juez en la provincia de El Oro a su favor. En la segunda resolución (No 022) destituyó al Defensor del Pueblo por no someterse al proceso que se le había iniciado. En la tercera resolución (No 023) designó a un “encargado” como Fiscal General del Estado, a pesar de que el cargo ya tenía un reemplazo de acuerdo con el orden propio de la institución.

Ese 2 de mayo, el Consejo exprimió las “facultades extraordinarias” para sentir la omnipotencia en el ejercicio del poder público: amenazó a los que intentaron no atenerse a su autoridad, eliminó a un rebelde y designó a uno de su confianza en el puesto clave de la Fiscalía General del Estado, porque se vendrían juicios importantes para este “régimen de transición”. Todo esto, sin siquiera una regulación de las “facultades extraordinarias”, que fueron lo que el Consejo transitorio creyó necesario que tengan que ser: una herramienta ajustada a su arbitrariedad.

Recién a la semana siguiente, 9 de mayo, el Consejo “constitucionalizó” la institución de los “encargos”. Incluyó en una de las disposiciones generales del “Mandato del proceso de selección y designación de autoridades en aplicación de las enmiendas a la Constitución aprobadas por el pueblo ecuatoriano mediante consulta y referéndum de 4 de febrero de 2018” (No 009) titulada “ENCARGO DE FUNCIONES”, que el Consejo transitorio “podrá, hasta que se cumpla los procesos de selección definitiva pertinentes, designar y encargar temporalmente a las personas que estime pertinente” y que esta “encargada” autoridad “deberá cumplir con […] las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio”.

(Ese mismo día el Consejo transitorio inició la investigación de los jueces de la Corte Constitucional, actuación que está por fuera de lo que podía hacer pero que se autorizó a sí mismo en uso “creativo” del verbo “designar”. Cracks)

       * Las consecuencias del Mandato del 9 de mayo

Las consecuencias son muy graves para la administración pública, porque le resta independencia.

ECUADOR ES UNA LARGA FIESTA. ¡PACHANGA!

La autoridad que ha sido “encargada” a discreción del Consejo transitorio se convierte por su aceptación del cargo en una autoridad subordinada a la autoridad que la encargó. Así, el Consejo transitorio además de operar a su arbitrio, somete a los órganos del Estado designados por “encargo” a sus decisiones. A fecha de hoy, nueve órganos del Estado (en orden cronológico: la Superintendencia de Información y Comunicación, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría Pública y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) se encuentran en esta situación que afecta a su independencia, pues no puede reputarse como independiente el que debe someterse a las órdenes de otro.

Estos “encargos” del Consejo transitorio han servido para colocar a autoridades (por diseño) obedientes, todas posesionadas en las oficinas del Consejo transitorio, en cargos que son relevantes para las transiciones políticas, como los sistemas judicial (el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado) y electoral (Consejo Nacional Electoral). 

Autoridades designadas por “encargo” ordenadas cronológicamente, con indicación de la fecha de su designación y si han concluido su “encargo”

Órgano intervenido
Autoridades por “encargo”
Fecha de designación
Conclusión del encargo
1. Fiscalía General del Estado
Edwin Paúl Pérez Reina

2 de mayo
(023-02-05-2018)
NO
2. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Sofía Hernández

2 de mayo
(024-02-05-2018)
3. Defensoría del Pueblo
Gina Benavides

2 de mayo
(025-03-05-2018)
NO
4. Consejo de la Judicatura
5 vocales: Marcelo Merlo, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Ángelica Porras, Juan Pablo Albán
14 de junio
(048-14-06-2018)
NO
5. Superintendencia de Información y Comunicación
Édison Toro
23 de julio
(068-23-07-2018)
NO
6. Consejo Nacional Electoral
5 consejeros: Gustavo Vega, Diana Atamaint, Camila Moreno, José Cabrera, Alberto Molina
1 de agosto
(074-01-08-2018)
NO
7. Superintendencia de Bancos
Juan Carlos Novoa

2 de agosto
(075-02-08-2018)
NO
8. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Victor Manuel Anchundia

14 de agosto
(084-14-08-2018)
NO
9. Defensoría Pública
Ángel Benigno Torres
31 de agosto
(094-31-08-2018)
NO
10. Superintentencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
1) Xavier Arboleda
2) Fabián Neira
1) 31 de agosto
(092-31-08-2018)
2) 6 de septiembre
(099-06-09-2018)
NO

Salvo Sofía Hernández y su extraordinaria historia, todos se deben al Consejo transitorio.

Después de dictado este “Mandato”, el uso de las “facultades extraordinarias” se burocratizó: se convirtió en la cita de una norma. En designaciones por “encargo” como las de Édison Toro (No 068) y de Benigno Torres (No 094), el Consejo citó la Disposición General Segunda del Mandato por ellos hecho y sanseacabó. Ya se contaba con “base legal” para que el Consejo transitorio pueda actuar de esta manera desquiciada.

       * Una droga llamada poder

La transformación está hecha. De un órgano de unas facultades moderadas, con potestad para evaluar y, si era del caso destituir, pero que si lo hacía únicamente estaba facultado a convocar a un concurso para seleccionar el reemplazo de la autoridad que destituyó (que fue lo que dispuso la voluntad popular en el referéndum del 4 de febrero), se ha pasado a un monstruo de órgano que dicta mandatos de “rango constitucional”, de una eficacia casi total en las destituciones de las autoridades (27 de 28) evaluadas sin el debido proceso, que designa sin base legal a unos reemplazos “encargados” de las autoridades que destituyó.

Es una autoridad tan cambiada, que ha pasado a situarse por fuera de todo control: cuando un Juez dictó una garantía jurisdiccional, el Consejo transitorio amenazó a su beneficiario (No 021). Cuando el Consejo transitorio inició una evaluación sin base legal a la Corte Constitucional, la posibilidad de cualquier defensa por parte de los jueces fue atajada con la amenaza de una destitución exprés (No 026) (así le pasó al rebelde Defensor del Pueblo, que ya ha demandado al Estado ecuatoriano ante la Comisión IDH –el primero de muchos). Cuando inició una evaluación a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, les advirtió a ellos que si obstaculizaban la decisión del Consejo los consideraría en “desacato al Mandato Popular” (No 030). El Consejo transitorio se ha situado, en efecto, por fuera del control democrático.

¡Pachanga!

El saldo de esta larga fiesta es que de un órgano transitorio de facultades moderadas, se ha pasado a un monstruo de órgano, discrecional, abusivo y fuera de control. Algo así como el cocainómano agresivo de las instituciones públicas. En eso lo ha convertido el abuso de las “facultades extraordinarias”, esa droga llamada poder.