Publicado en diario Expreso el viernes 16 de mayo de 2025.
Un lunes, hace exactos 20 años, publiqué mi primera columna de opinión en un diario de circulación nacional. Ocurrió un mes después de la rebelión de los forajidos, que tumbó al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Como una reflexión sobre ese episodio, aquel lejano día del 2005 mi columna postuló un reto: “la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política”. Fue una plegaria por una ciudadanía comprometida con la gestión de lo público.
Aquel lunes de mayo del 2005 se publicó una columna bisoña, cargada de ingenuidad. En los veinte años que han transcurrido desde entonces sí que se ha registrado un cambio en las formas de participación política del Ecuador, pero ha sido para peor.
Para empezar, a la ciudadanía ecuatoriana ni siquiera se la podría reputar como democrática. Cuando se fundó esta malhadada República del Ecuador en 1835 (unitaria y centralista, capital Quito), su primer presidente, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió las siguientes palabras a los ecuatorianos que se reunieron en Ambato para dictar la Constitución que parió una república: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.
Casi 190 años después de esta alocución de Rocafuerte, es justo precisar que ese edificio democrático jamás se erigió en el Ecuador. Y que lo que empezó mal en 1835, hoy está en una situación mucho peor.
A día de hoy, la “masa del pueblo” ecuatoriano cree (estos datos son del Latinobarómetro publicado en diciembre de 2024) que la democracia puede ser un cascarón vacío, porque puede funcionar sin partidos políticos, sin parlamento y sin oposición (más de la mitad de los ecuatorianos lo cree y, en comparación, es el porcentaje de la población más alto de toda América latina). En el Ecuador, el “edificio democrático” está en ruinas, porque la mayoría de los ecuatorianos ignora el significado de la democracia.
En una tipología de las políticas públicas, el Estado del Ecuador tiene un régimen al que se lo puede caracterizar como de “obediencia endeble”, es decir, un Estado cuya actuación depende, en buena medida, de la incidencia de intereses privados. En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años, estos intereses privados incluyen a los intereses perversos de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que controlan vastas extensiones de territorio, que inciden (por amenaza o soborno) en las decisiones judiciales y en las políticas públicas, y que determinan (por amenaza directa o por miedo generalizado) la vida cotidiana de la población.
Es decir, el cambio registrado en los últimos 20 años en materia de participación política no ocurrió para fortalecer a la ciudadanía frente al poder público, sino para incluir los intereses privados de organizaciones criminales en la actuación del Estado.
En conclusión, el Ecuador, así como está constituido, ¿tiene posibilidades de desarrollo? La respuesta corta es: No.