Viaje al viejo Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de marzo de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización para la Eficiencia y Sostenibilidad del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esta Ley es pura palabrería devota del centralismo y un regreso al viejo Ecuador. 

Esta Ley reformatoria al COOTAD impone una condición (la “regla de asignación mínima prioritaria”) para la transferencia de los recursos del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales. El COOTAD dispone que la transferencia de los recursos a los GAD debe hacerse “sin condiciones” (disposición que consta en su artículo 5) pero la Ley reformatoria impone la condición, en una abierta burla a la Ley que reforma. 

La condición que se impone es que los GAD provinciales (24) y municipales (223) cumplan con llenar un anexo cada vez que aprueben un presupuesto, o una reforma a él. Ese anexo le impone a los GAD que se olviden de su propia planificación (por ende, de su autonomía) porque requiere que su actividad se enmarque, so pena de reducción drástica de los recursos a recibir, en unos cuantos ítems específicos del “Clasificador Presupuestario” que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas.

Datos importantes: el gobierno central no cumple (ni ha cumplido desde que hay registro) con la regla que le impone a los GAD y varios de los ítems que les ordena a ellos no se los exige a sí mismo. Esta Ley, como aplicación de otra: la del embudo.

Y lo más grave: estos ítems específicos del “Clasificador Presupuestario” de un ministerio excluyen a obras y servicios que realizan los GAD y que conducen a la satisfacción de sus fines y funciones de acuerdo con el COOTAD. Se afecta todo lo que no es obra de cemento: proyectos y programas deportivos, culturales y sociales, prestaciones de salud y educación, atención a personas de la tercera edad y a la niñez y adolescencia. Pero dijeron que era para que los GAD no gasten “en fiestas”, pues una Ley mala requería una mentira que la sostenga.

Todo esto que refiero: una Ley que condiciona recursos, un ministerio que controla, anexos e informes periódicos a llenar a satisfacción de una oficina en Quito… Todo esto apesta a kikuyo. Y realmente, constituye un viaje de regreso a un pasado que se creía superado, a una Ley de Régimen Municipal adoptada en los años setenta que disponía que el Ministerio de Economía debía dar un dictamen para que un Municipio apruebe su presupuesto. Esto se extinguió hace décadas, con la entrada en vigor de la Constitución y el COOTAD. Pero esta Ley, kikuya de corazón, ha resucitado los controles del centralismo.

Esta Ley reformatoria al COOTAD nos muestra la mayor de las paradojas: que el “nuevo Ecuador” nos conduce derechito al viejo Ecuador, a un Ecuador donde el gobierno central tenía una gran injerencia en la gestión de los municipios. Y eso no es bueno: la ineficacia, el despilfarro y la corrupción del nivel de gobierno nacional es legendario.

Al menos, sea dicho en favor del gobierno actual, siendo él mismo el testimonio, reputar algo como nuevo no significa que sea mejor. Puede ser, como viene siendo, todo lo contrario.  

La Resolución Anti-Reimberg

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar la Resolución No. 1/26 “Crimen organizado y derechos humanos”. Esta resolución, dice el Comunicado de Prensa No. 037/26 de la CIDH que la difundió, publicado ayer 10 de marzo, “responde a la preocupación de la CIDH por el crecimiento exponencial del crimen organizado en la región y sus profundas afectaciones a las democracias, al Estado de derecho y a los derechos humanos”. 

En este sentido, esta es una resolución idónea (casi se podría decir: diseñada) para explicarle al Estado del Ecuador cómo combatir el crimen organizado sin afectar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. 

Porque, durante el gobierno del presidente Noboa, el combate al crimen organizado en el Ecuador ha afectado la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos (1). Y se ha ordenado, a partir del 15 de este mes, que se multipliquen estas afectaciones, sin un propósito útil. Porque esos muchos muertos que se avizoran a partir del 15 por el toque de queda serán pronto reemplazados (son una parte muy reemplazable de la estructura criminal) y el negocio quedará intacto (y el negocio es lo que realmente importa, incluso a quienes dicen “combatir” el negocio). Harían bien en escuchar esta entrevista a Michelle Maffei, también de ayer 10 de marzo, para entenderlo (v. min. 25:26 a 41:08).

En esta Resolución No. 1/26, “la Comisión enfatiza que no existe incompatibilidad entre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la efectividad de las acciones de seguridad”. Y que, por el contrario, “su observancia fortalece la confianza pública, previene abusos de poder, refuerza la legitimidad democrática, garantiza su eficacia operativa y consolida el Estado de Derecho. Por ello, las políticas públicas en esta materia requieren de un carácter integral y sostenible, que se fundamente en la centralidad de los derechos humanos de las víctimas y las poblaciones bajo la jurisdicción de los Estados”. Esto es totalmente opuesto a lo que pretende hacer el torpe Estado del Ecuador, capitaneado por el ministro Reimberg. 

Power Reimberg

La resolución de la CIDH es Anti-Reimberg. Parecería que fue aprobada por la CIDH para explicarle al Estado del Ecuador que su carnicería con unos posibles “daños colaterales” no será efectiva y traerá consecuencias jurídicas a sus perpetradores, como ha ocurrido en el caso de los cuatro niños de las Malvinas que, justo ayer 10 de marzo, obtuvo una sentencia de la Corte Constitucional que aclaró que los soldados involucrados cometieron un delito de desaparición forzada (un delito que puede fundamentar un juicio político en contra de este gobierno, por ejemplo).

A partir del 15, el Estado del Ecuador se prepara a un nuevo fracaso, de la mano de quienes no sabrían hacer otra cosa.

(1) Tengo un burro que se llama Gilcristo. Tengo la convicción de que pronto se irá, porque es miamita, de mirada perdida, y este país no le importa.

Más que un Presidente, menos que un Libertador

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de marzo de 1845.

El Presidente de la República de Colombia fue quien ordenó el cese del autogobierno de la Provincia Libre de Guayaquil el 13 de julio de 1822. Un Presidente de puro nombre, porque el ejercicio de la Presidencia en ese momento lo tenía otra persona en Bogotá, pero el general Simón Bolívar era más que un Presidente cuando se trataba de un territorio en disputa. Para un hombre curtido en arrancar territorio a los españoles en una guerra a muerte, la ocupación de Guayaquil era la continuación de una tradición. 

Los representantes de Guayaquil querían decidir el futuro de la provincia por Colombia, por Perú, o por su cuenta, porque su independencia el 9 de octubre de 1820 se produjo por su propio esfuerzo y porque se había adoptado una Constitución cuyo artículo 2 declaraba una “entera libertad” de los representantes de la provincia para adoptar esta decisión. Una Junta de Gobierno se creó para cumplir lo dispuesto en la Constitución y fue presidida por José Joaquín Olmedo.

Para cumplir este artículo 2, la Junta de Gobierno emitió un decreto que dispuso que no se admitiría una fuerza armada, ni de Perú ni de Colombia, en el territorio de la provincia.

Desde la perspectiva de Bolívar, estas normas de los guayaquileños eran nimiedades. ¿Qué le podía importar a él, decidido a incorporar a Colombia todo el antiguo territorio de la Audiencia de Quito, lo que se haya decidido en la provincia de Guayaquil, sea Constitución, decreto, o qué-sé-yo? Bolívar, en modo conquista: para él, lo único que contaba era que Guayaquil era un territorio en disputa con el Perú, cuya máxima autoridad era el general José de San Martín. Él tenía que llegar primero y ocupar Guayaquil con sus tropas.

Y así procedió Bolívar y entró en Guayaquil con 1.300 soldados el 11 de julio de 1822. Quince días después, acudió San Martín a Guayaquil para verse con Bolívar. Ocurrió en Guayaquil (la única vez que se vieron) la célebre entrevista entre el Presidente de Colombia y máxima autoridad actuante en la ocupación de Guayaquil, Simón Bolívar, y el Protector del Perú, José de San Martín. Guayaquil ya no estaba en discusión, pues Bolívar la había ocupado y se la había ganado.

Desde el 13 de julio que Simón Bolívar ordenó el cese en funciones de la Junta de Gobierno elegida por los representantes de la provincia, hasta el 4 de agosto que se formalizó la anexión de la provincia a la República de Colombia, Bolívar gobernó como un autócrata, como la máxima autoridad del ejército de ocupación. Como lo había hecho en la guerra en tantos y tantos años de una incesante labor de arrancar territorio al Reino de España. 

Que ahora se haya tratado de un gobierno independiente de España, no era que le importe demasiado a un hombre de acción, a un tipo dispuesto a todo (a ignorar la voluntad popular, a violar las leyes y a extinguir el autogobierno) por cumplir su objetivo. Era un matiz que su máxima autoridad (la autoridad del jefe de un ejército de ocupación) no podía asimilar.   

Más que un Presidente, menos que un Libertador, Simón Bolívar se retiró de Guayaquil el 1 de septiembre de 1822, no sin antes haber nombrado a la primera autoridad colombiana del nuevo Departamento: el Intendente Bartolomé Salom.

Los presidentes muertos

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de febrero de 2026.

Un total de cuatro presidentes de la República del Ecuador han muerto durante el ejercicio de la presidencia y cada uno murió por una causa distinta: un asesinato, la muerte natural, un (probable) suicidio, un (supuesto) accidente de aviación.

El primero fue el líder conservador Gabriel García Moreno (nacido en Guayaquil en 1821, muerto en Quito en 1875). Fue elegido presidente de la República por sendas asambleas constitucionales para el ejercicio de sus dos períodos de gobierno (1861-1865 y 1869-1875). Casi al término de su segundo período, en mayo de 1875, García Moreno compitió para la reelección. 

En aquellos tiempos, las elecciones las organizaba el propio gobierno y su resultado era muy previsible (ganaba invariablemente el candidato auspiciado por el gobierno). La elección de 1875 fue la única que García Moreno ganó por votación popular (con el 99.1% de los votos, aunque en aquel entonces eligió únicamente el 2.27% de la población). Iba a empezar este nuevo período de gobierno el 10 de agosto de 1875 pero cuatro días antes, el 6 de agosto, García Moreno fue asesinado, a tiros y machetazos, a los pies del Palacio de Gobierno. 

El segundo presidente que murió mientras ejercía el cargo fue el liberal Emilio Estrada Carmona (nacido en Quito en 1855 y muerto en Guayaquil en 1911). Estrada fue elegido por el voto popular en enero de 1911 (también arrasó: triunfó con el 93.95% de los votos). Tomó posesión de su cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. Estrada debió gobernar hasta el 1 de septiembre de 1915, pero un infarto interrumpió el ejercicio de su cargo el 21 de diciembre de 1911, con apenas 111 días en funciones.

Un natural de Quito, Aurelio Mosquera Narváez, nacido en 1883, fue el tercero en fallecer siendo el Presidente de la República. Mosquera fue elegido Presidente por el Congreso Nacional el 2 de diciembre de 1938, tras la renuncia del cuencano Manuel María Borrero. Es fama que el Presidente Mosquera se suicidó con la ingesta de grandes dosis de Nembutal y por una pena de amor (o por la pura vergüenza de que su mujer le haya puesto los cuernos). Murió en Quito, la fría madrugada del 17 de noviembre de 1939.

El último de esta lista fúnebre fue el guayaquileño Jaime Roldós Aguilera, nacido en 1940. Roldós fue el primer presidente tras la vuelta a la democracia en 1979, después de casi diez años de dictadura. Él participó por el partido populista por excelencia, la Concentración de Fuerzas Populares (CFP). 

Fue un presidente elegido por la voluntad popular, en la primera ocasión que en el Ecuador la elección se realizó a dos vueltas. La primera vuelta se llevó a término el 16 de julio de 1978 y la segunda vuelta, que fue demorada por la dictadura para favorecer al candidato opositor, se realizó casi un año después, el 29 de abril de 1979. No sirvió de nada: Jaime Roldós obtuvo el 68.49% de los votos, frente al 31.51% que obtuvo Sixto Durán-Ballén. Una paliza nunca superada.

Roldós tomó posesión del cargo de presidente el 10 de agosto de 1979 y murió menos de dos años después, cuando el avión oficial en el que viajaba a Zapotillo se estrelló contra el cerro Huayrapungo. Este (supuesto) accidente de aviación ocurrió el 24 de mayo de 1981.

Olmedo, el Padre de la Patria

            Publicado en diario Expreso el viernes 20 de febrero de 2026.

En el Ecuador, José Joaquín Olmedo debe ser considerado el Padre de la Patria. Ningún otro nativo del territorio ecuatoriano ha cosechado tantos méritos en su vida pública como para hacerse acreedor a ese título. A Olmedo, el título le corresponde en exclusiva.

En su natal Guayaquil, Olmedo fue el primer Jefe Político tras la independencia del Reino de España en octubre de 1820. Por un Colegio Electoral que en la ciudad de Guayaquil reunió a 57 representantes de los pueblos de la provincia de Guayaquil (toda la Costa, menos Esmeraldas), Olmedo fue elegido Presidente de la Junta Superior de Gobierno que condujo los destinos de la provincia desde noviembre de 1820 hasta que la provincia fue anexada a la República de Colombia en julio-agosto de 1822. 

Para el Ecuador, José Joaquín Olmedo fue el 9 de octubre el primer gobernante civil de un jirón independiente y republicano de su territorio, y entre noviembre de 1820 y julio de 1822 fue la máxima autoridad del primer gobierno independiente y republicano surgido en su territorio, elegido por los representantes de los pueblos. Como la cabeza de este efímero Estado, entre 1820 y 1822, Olmedo luchó por la libertad de los otros territorios con los que, desde 1830, la provincia de Guayaquil integró el Estado del Ecuador.

Cuando se integró el Estado del Ecuador y se lo postuló como una parte “confederada” a la República de Colombia, Olmedo fue el Vicepresidente del Congreso Constituyente que se reunió en Riobamba en agosto-septiembre de 1830 y decidió la creación del nuevo Estado. Y cuando, tras una guerra civil, se reunió una Asamblea Constitucional entre junio y agosto de 1835 en Ambato, Olmedo fue su Presidente. En Ambato se decidió que ese Estado “confederado” a Colombia de 1830 pasaba a ser una República por sí misma. 

En 1830, dada su vasta experiencia previa (Cádiz, Guayaquil, Lima), Olmedo fue parte de la comisión de redacción de la Constitución. En 1835, dirigió la Asamblea Constitucional. Es decir, fundó al Ecuador como Estado en 1830 y lo forjó como República en 1835. 

En 1845, Olmedo fue el Presidente del Gobierno Provisorio surgido en marzo por una revolución originada en Guayaquil, que expulsó a los militares extranjeros que habían impuesto su ley en el Estado del Ecuador desde 1830. Olmedo prevaleció, porque los militares extranjeros empezaron su dominio cuando los cesaron a Olmedo y al resto de integrantes de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil en julio de 1822. Casi un cuarto de siglo después, Olmedo fue la cabeza del Gobierno que expulsó a los militares extranjeros para instaurar, por primera vez, un gobierno de ecuatorianos. 

Olmedo es el único en haber sido la máxima autoridad en dos Estados (Ecuador en 1845 y Guayaquil entre 1820 y 1822), pero más importante, Olmedo es la persona que funde estos dos episodios: como cabeza del gobierno de Guayaquil fue el primer gobernante de un territorio independiente del Reino de España y como cabeza del gobierno del Ecuador fue el primer gobernante independiente de los militares extranjeros, que se instalaron en los tiempos de la independencia del Reino de España. 

Así, Olmedo es la cabeza de dos independencias: el verdadero Padre de la Patria.  

En defensa de la autonomía municipal

Hay un peligroso proyecto de Ley reformatoria del COOTAD propuesto por el Ejecutivo. Su objetivo es doble: 1) Reducir la transferencia de recursos del gobierno central a los gobiernos autónomos, provinciales, cantonales y parroquiales; 2) Regresar a los tiempos del control del gobierno central sobre los municipios y demás gobiernos autónomos.

Desde octubre de 2010, la Ley que regula a los municipios del Ecuador es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En su artículo 5 define tres aspectos de la autonomía de los municipios: política, administrativa y financiera. (Esto es aplicable a los otros gobiernos autónomos, provinciales y parroquiales).

Este artículo 5 del COOTAD es la culminación de un desarrollo progresivo. Anteriormente, el gobierno central tenía una gran injerencia en la gestión de los municipios: el Ministerio de Finanzas debía emitir un dictamen previo para la aprobación de las Ordenanzas de carácter tributario; el Ministerio de Gobierno también lo era “de Municipalidades” y, por ello, tenía atribuciones que interferían en la gestión de los municipios. 

Hoy en día, esas injerencias del gobierno central no existen. Y por la autonomía de los municipios en materia financiera, según el artículo 5 del COOTAD, éstos tienen dos derechos: 1) el derecho a “recibir de manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado”; 2) el derecho a “generar y administrar sus propios recursos”. 

Estos derechos de los municipios son afectados por la reforma al COOTAD propuesta por el Ejecutivo, que ni siquiera reforma el artículo 5 del COOTAD. Simplemente le pasa por encima. 

1) La reforma propuesta por el Ejecutivo

El proyecto del Ejecutivo presentado el 28 de enero a la Asamblea Nacional como una Ley Económica Urgente busca la reforma del artículo 198 del COOTAD. En esencia, a partir de la regla existente, i.e., la distribución de los recursos transferidos por el gobierno central a un gobierno autónomo en un porcentaje 70/30 (70% para gastos no permanentes, 30% para gastos permanentes), esta reforma establece: 1) la ampliación de la base de cálculo para el porcentaje 70/30, que incluye a los recursos propios generados por cada municipio y demás gobiernos autónomos; 2) una sanción para los municipios y demás gobiernos autónomos que no cumplan con el porcentaje ordenado por el gobierno central, establecido de forma progresiva: para el primer ejercicio fiscal de aplicación por los gobiernos autónomos (2027) será del 60%; para el segundo (2028) será del 65%; y para el tercero (2029) se estabilizará en el 70% (para las parroquias rurales de menor escala hay un régimen diferenciado, que le otorga una base más baja (50%) y un año más para alcanzar el 70% (2030)).

Así planteado, este proyecto de Ley reformatoria vulnera los dos derechos de los gobiernos autónomos contemplados en el artículo 5 del COOTAD.

2) La vulneración del derecho de los municipios y demás gobiernos autónomos a recibir de una manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones la transferencia de los recursos por el gobierno central

La Ley reformatoria al COOTAD propuesta por el Ejecutivo viola la autonomía financiera establecida en el artículo 5 del COOTAD, porque impone unas “condiciones” para la transferencia de los recursos. 

La condición propuesta en la reforma establece que, si y solo si, el municipio cumple con el porcentaje 70/30 podrá conservar la transferencia del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado que establece el COOTAD. La consecuencia de no cumplir con la condición es la reducción del porcentaje a trasferir desde el gobierno central a los municipios y demás gobiernos autónomos: del 21% la transferencia de recursos se reduciría al 10% de los ingresos permanentes y, para el caso de los ingresos no permanentes, pasaría del 10% al 5%. 

La imposición de estas condiciones para la transferencia de los recursos está prohibida por la autonomía financiera establecida en el mismo cuerpo jurídico que pretenden reformar. Pero la ignorancia es atrevida.

3) La vulneración del derecho de los municipios y demás gobiernos autónomos a generar y administrar sus propios recursos

La Ley reformatoria al COOTAD propuesta por el Ejecutivo viola la autonomía financiera establecida en el artículo 5 del COOTAD porque impone reglas de administración sobre los recursos propios que genera cada municipio y demás gobiernos autónomos. En el actual artículo 198 del COOTAD se excluye a los recursos propios de cada municipio para el cálculo de la regla 70/30. En la reforma, se incluye a estos recursos propios para el cálculo y la sanción que se incorpora, en violación de la autonomía financiera establecida en el artículo 5 del COOTAD que demanda una plena libertad de cada municipio (puesto que son sus recursos y nada le debe por ellos al gobierno central) para administrar los recursos de su propia generación. Pero el gobierno central es ignorante y atrevido.

4) Conclusión

El proyecto de Ley reformatoria propuesto por el Ejecutivo no reforma el artículo 5 del COOTAD, al que simplemente le pasa por encima. De forma ignorante y atrevida.

Redención y caída

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de febrero de 2026.

“Pero ¿quiénes son regularmente la causa o la ocasión de esas fatales revoluciones?, ¿quiénes las provocan? Todos lo saben: los gobiernos despóticos”. Estas palabras, inscritas en el Manifiesto del Gobierno Provisorio de 1845, eran el antecedente para describir el gobierno despótico del militar venezolano Juan José Flores y justificar la revolución del 6 de marzo de 1845 que lo derrocó. 

“La decepción”, decía el Manifiesto publicado el 6 de julio, caído ya el gobierno de Flores, “fue el espíritu, el alma de la administración”. E hizo una descripción deliciosa: “El desaliento de los pueblos se pintaba como voluntaria sumisión; el silencio de los oprimidos, como tranquilidad general, las especulaciones sobre el fisco, como arreglos de la hacienda, las negociaciones con particulares, como suplementos y servicios patrióticos; los privilegios concedidos a deudos y parciales, como premios del mérito; la falta de fe en llenar los compromisos del erario, como una economía recomendable; las órdenes ejecutivas de pagos ilegales, como un exacto cumplimiento de su palabra, y como sostenimiento del crédito nacional”.

El Manifiesto del 6 de julio de 1845 se dirigió a los pueblos americanos, para persuadirlos de la justicia del cambio de gobierno operado por una revolución en el Ecuador: un Estado que estaba en manos de unos militares extranjeros y que desde la revolución empezó a gobernarse por ecuatorianos.

Este documento, tras un detallado relato de la dominación extranjera desde 1830, justificó la revolución que expulsó a Flores pues “no ha tenido otro objeto que sostener la inviolabilidad de la Constitución, precaver la alteración de las formas republicanas, oponerse a la opresión, devolver a los pueblos el espíritu nacional, y el derecho de formar también un cuerpo nacional, libre, legítimo, que pueda sostener con dignidad su representación”.

Una actuación animada de ese noble propósito tenía el respaldo de los más reputados doctrinarios. Se citó a la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, a Vattel, a Constant, a Bello y a Portalis, para convencer a los otros pueblos de América que el pueblo del Ecuador había ejercido su derecho de resistir a un déspota. Convencerlos, en fin, que fue justo el haber convertido su indignación en un nuevo gobierno: “El pueblo del Ecuador para justificarse dirá solamente que tuvo voluntad de libertarse, causas que excitaron esa voluntad, y fuerzas que la sostuvieron”.

El largo camino de redención del pueblo ecuatoriano constante en el Manifiesto lleva a su lector a unas diáfanas conclusiones. La primera y fundamental: “Que no ha sido efecto de un tumulto popular, ni obra de una facción sediciosa la reciente transformación del Ecuador”, es decir, que la revolución originada el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil tenía un título legítimo, así como que también tenía legitimidad el Gobierno Provisorio del Ecuador surgido por la revolución.

Este Manifiesto derivó a una plegaria: “Nada nos resta ya sino dirigir nuestros votos al cielo, para que se digne conceder al pueblo ecuatoriano amor al orden, espíritu de unión y la paz de la libertad”. Pero el cielo esas concesiones, siempre, las ha negado. Es parte de caer.

Guayaquil fue la vanguardia

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de febrero de 2026.

En Guayaquil se forjó la patria el 9 de octubre de 1820 y desde Guayaquil se recuperó la patria a partir del 6 de marzo de 1845. El Ecuador demoró un cuarto de siglo entre ser un gobierno independiente de los españoles en 1820 y un gobierno ecuatoriano por sus autoridades en 1845. 

El 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil la revolución “marcista” (insisto: revolución merecedora de un mejor nombre, como “nacional” o “patriota”). Al día siguiente, una congregación de “los padres de familia y los demás vecinos de la ciudad” legitimó a un Gobierno Provisorio presidido por José Joaquín Olmedo, acompañado de Vicente Ramón Roca y Diego Noboa (futuros Presidentes del Ecuador), cuyo propósito principal fue reemplazar el gobierno del militar venezolano Juan José Flores. 

Cumplido este propósito, el Gobierno Provisorio publicó el 6 de julio de 1845 un “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos” para justificar a “todos los pueblos americanos y a las naciones con quienes tenemos relaciones políticas los motivos poderosos que nos han impelido a desconocer la autoridad ilegal que nos regía y a preparar una regeneración que nos restituya la nacionalidad tan indecorosamente usurpada”. En 1845 era un punto de honor la justificación razonada del cambio de régimen. 

Este texto poseedor de belleza literaria y profundidad jurídica resaltó el rol principal de Guayaquil en la recuperación de la nacionalidad ecuatoriana. Primero, por destacar que la revolución del 6 de marzo de 1845 fue “no la resolución precipitada de algunos patriotas exaltados e impacientes del yugo, no el clamor de una facción amiga de trastornos ni la sedición de los malos contra las leyes; no; es el voto, es el sentimiento unánime y general de los Ecuatorianos de toda clase y condición, que conmueve a toda la República […] hasta hacer inevitable la revolución”.

Segundo, porque Guayaquil fue el punto de partida para que se produzca lo inevitable. El 6 de marzo, “la juventud de Guayaquil acaudillada por un esforzado capitán (N. del A.: Antonio Elizalde), y sostenida por jefes y militares animosos, reconquistó la libertad de la Patria con una audacia igual a su fortuna”. 

Y dados estos antecedentes, se debe reconocer a la Guayaquil que originó la revolución como la auténtica vanguardia ecuatoriana. En palabras del Manifiesto: “El voto de esta provincia no ha sido el voto de la minoría de la nación; ha sido el voto de un pueblo que tuvo la fortuna de ser el primero que anunciaba en alta voz el voto nacional. […] La población de Guayaquil es cierto que es la minoría de la República; pero era una minoría encargada del sagrado depósito de la voluntad general”. 

Y desde Guayaquil cundió la señal para cambiar el régimen opresor: “La voz de Guayaquil dio la señal; y esta voz se difundió de un extremo al otro de la República, con más velocidad que el eco de nuestras montañas”.

En el proceso de ser un Ecuador para los ecuatorianos, Guayaquil estuvo al principio en 1820 y al final en 1845, año en el que se sustituyó a una “Administración ilegal y extraña” para tener “un Gobierno propio y una representación verdaderamente ecuatoriana”. 

Olmedo y la revolución patriota

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de enero de 2025.

El guayaquileño José Joaquín Olmedo es una persona singular en el mundo jurídico: él ayudó a forjar cuatro Estados, por haber participado en la redacción de sus constituciones. España en 1812, Guayaquil en 1820, Perú en 1823 y Ecuador, tanto en 1830 cuando se forma como Estado, como en 1835 (él, con el cargo de Presidente de la Asamblea Constitucional) cuando se forma como República del Ecuador. Olmedo participó en total en seis asambleas constitucionales (tres para el Ecuador, la última en 1845), para cuatro Estados, en dos continentes. No hay otro americano con ese récord.

También es Olmedo único en el Ecuador por haber sido la máxima autoridad de dos Estados sudamericanos: fue el Presidente de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil entre noviembre de 1820 y julio de 1822 y fue el Presidente del Gobierno Provisorio del Ecuador entre marzo y octubre de 1845. Así, la ocupación de Guayaquil y la revolución marcista se conectan: Olmedo, en 1822, fue destituido como Presidente de un triunvirato de gobierno por el jefe de las tropas extranjeras; Olmedo, en 1845, fue el Presidente de un triunvirato de gobierno que expulsó a las tropas extranjeras. 

El 6 de julio de 1845, el Gobierno publicó el “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos” que es fama que pertenece a la pluma de Olmedo. Para esa fecha, caído el Presidente venezolano y derogada la Constitución hecha a su medida, el Gobierno Provisorio del Ecuador se propuso explicar a los pueblos de América el cambio de régimen operado en el Ecuador entre marzo y junio de 1845. 

El Manifiesto de 1845 explicó la particular situación del Ecuador en sus primeros quince años de vida política: era un país ocupado por extranjeros. Mientras Colombia y Venezuela tuvieron “desde el principio leyes y costumbres propias, tropas patricias y un gobierno patrio”, el Ecuador, “ocupado por fuerzas extrañas, que habían venido como auxiliares a completar la obra de la independencia y dominado por extraños, no pudo pensar en su suerte libremente ni arreglar sus negocios según sus intereses y necesidades”.

Sigamos con la sombría descripción del Manifiesto: “No era posible sobreponerse al influjo y poder de los extraños que habían venido desde 1821, trayéndonos sus armas y sus leyes, sus costumbres, sus maneras tan disconformes de las nuestras, y hasta sus idiotismos vulgares”. Desde 1821, porque fue en mayo de 1821 cuando Guayaquil firmó un tratado con Colombia.

Entre 1820 y 1822, Guayaquil fue un pequeño Estado republicano, presidido por Olmedo, hasta que Simón Bolívar, Presidente de Colombia y jefe de las tropas extranjeras, en julio de 1822 ocupó la ciudad y agregó la provincia de Guayaquil a la República de Colombia. Una afrenta para la ciudad y para Olmedo, que debió salir al exilio. 

Una afrenta que Olmedo tuvo ocasión de vengar en 1845, como el Presidente del Gobierno surgido de la revolución “marcista” (merecedora de un mejor nombre: revolución “nacional” o “patriota”), que llevó al exilio al jefe de las tropas extranjeras y empezó un gobierno de ecuatorianos, después de dos décadas y más de dominación. 

Olmedo, finalmente, fundó su patria.

Guerra civil

            Publicado en diario Expreso el viernes 23 de enero de 2026.

Este tópico bobalicón de la República del Ecuador como “isla de paz” contradice a la realidad desde su mismo origen. Esto, porque la República del Ecuador se creó tras una guerra civil entre los ejércitos de la Costa y de la Sierra. 

En enero de 1835, hace 191 años, se enfrentaron en los arenales de Miñarica, cerca de Ambato, estos dos ejércitos. El ejército de la Costa (menos Esmeraldas), comandado por el venezolano Juan José Flores, cuyo Jefe Supremo era el terrateniente guayaquileño Vicente Rocafuerte; el ejército de la Sierra, comandado por el novogranadino Isidoro Barriga, cuyo Jefe Supremo era el terrateniente lojano José Félix Valdivieso. Rocafuerte era un ilustrado liberal; Valdivieso, un redomado conservador.

Venció el ejército de la Costa en Miñarica. (El poeta José Joaquín Olmedo cantó este triunfo militar en su “Oda al general Flores, vencedor en Miñarica” -obra que Marcelino Menéndez Pelayo considera en varios aspectos superior a su “Canto a Bolívar”). El bando perdedor (unas 800 personas) huyó al norte. Y fueron dos los efectos de su derrota: proclamar la muerte del Estado del Ecuador y pretender la agregación de la provincia de Quito (de la Sierra Centro-Norte) a la Nueva Granada (que era el nombre de Colombia por aquellos años).  

Que cuente este descalabro el historiador quiteño Jorge Salvador Lara: “En Tulcán, presididos por el general Matheu, decretaron la anexión a Nueva Granada; el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito. Don Roberto Ascázubi, comisionado para ello, pasó por la vergüenza de que el gobierno de Bogotá rechazase tal acta”. Lo que se dice: un papelón.

Por esta derrota del ejército de la Sierra en Miñarica, recuerda Salvador Lara: “La Sierra debió pagar 100.000 pesos como contribución de guerra”. Una vez concluido el papelón de su fallida agregación a Colombia y pagada la contribución de guerra, los serranos se volvieron a integrar a la vida política del Ecuador.

Por su parte, el bando triunfador en la guerra civil, por intermedio del Jefe Supremo Rocafuerte, convocó a una convención nacional a realizarse en junio de 1835. La convención se instaló en Ambato y empezó sus sesiones el 22 de junio. Su Presidente fue el abogado José Joaquín Olmedo. (Después de cantar Miñarica, Olmedo se propuso darle forma jurídica a la victoria.)

En esta Convención de Ambato participaron los representantes de los tres departamentos (las antiguas provincias españolas de Guayaquil, Cuenca y Quito) que se habían reunido en el Congreso Constituyente de Riobamba para fundar el Estado del Ecuador en 1830, cuando aquel Ecuador pretendió ser una parte “confederada” a la República de Colombia. 

Esta vez fue distinto: los representantes aprobaron en la Constitución la existencia de un Estado independiente, sin confederación de ningún tipo, de nombre “República del Ecuador”. Y designaron el 8 de agosto al primer “Presidente de la República del Ecuador” en la persona del Jefe Supremo vencedor en la guerra civil, Vicente Rocafuerte. Cinco días después, el 13 de agosto de 1835, Rocafuerte puso el Ejecútese a la Constitución. Desde ese día, somos la “República del Ecuador”.  

Y lo fuimos, por una guerra civil.

Buscando un buque inglés

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de enero de 2026.

“El enemigo de mi enemigo es mi amigo” es un famoso proverbio árabe. Inglaterra era una poderosa enemiga de Francia y dado que Francia era enemiga de Quito, entonces Inglaterra pasó a ser una (potencial) amiga del Quito insurgente de 1809. 

Porque este Quito insurgente de 1809 no hizo su revolución contra el Reino de España, como se sostiene en el manido discurso patriotero. De manera formal, la revolución de Quito fue hecha contra la ocupación del territorio peninsular español por las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte, a quien el revolucionario Rodríguez de Quiroga caracterizó en su célebre proclama del 16 de agosto como “el sanguinario tirano de Europa”, e instó a que él “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Pero, en realidad, la revolución de Quito de 1809 se llevó a término para romper con siglos de subordinación administrativa, ora al Virreinato de Lima, ora al Virreinato de Santa Fe. En palabras de la historiadora Federica Morelli, con la excusa del combate a los franceses, esta revolución fue la oportunidad “de constituir un gobierno autónomo tanto de la madre patria como de los dos virreyes”.

Ahora, para sostener su revolución, los quiteños necesitaban de armas. Y aquí entra en escena Inglaterra. En un momento de desesperación, cuando la revolución parecía venirse abajo en septiembre de 1809, el marqués de Selva Alegre, Presidente de la Junta de Gobierno de Quito, dirigió una carta al “capitán de cualquier buque inglés”.  

En esta carta, el marqués explicaba la razón de ser de la Junta de Gobierno por él presidida: “Enemigos eternos del infame devastador de la Europa, Bonaparte, hemos resuelto resistir hasta la muerte á su tiranía, como lo ha hecho la gloriosa e incomparable nación inglesa. En su virtud el pueblo de este Reino ha separado del mando de él a los españoles que lo regían, sospechados de secuaces declarados de aquel monstruo, y ha creado una Junta Suprema Gubernativa”. Y es en tal virtud que el citado marqués le pide al hipotético inglés “armas y municiones de guerra que necesitamos, principalmente fusiles y sables. Sírvase usted traernos a cualquiera de los puertos de Atacames o Tola, dos mil fusiles, con sus bayonetas y dos mil sables de munición, pues serán satisfechos a los precios corrientes”.

La revolución de Quito fue guerreada por todas las provincias vecinas a Quito (esto es, Popayán, Cuenca y Guayaquil). En este caso concreto, fueron las tropas de Popayán las que impidieron que el enviado de la Junta de Quito llegue siquiera a buscar los buques de bandera inglesa, pues los puertos habían sido tomados cuatro días antes de la redacción de la carta suscrita por el marqués de Selva Alegre. 

Desde las montañas de los Andes a un buque en el Pacífico: era éste un camino muy difícil de recorrer para “un gobierno frágil, inestable y acosado por la guerra”, como caracterizó Daniel Gutiérrez Ardila al Quito insurgente en su artículo “Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito (1809)”.

Tras este fracaso y otros más, en Quito, los revolucionarios se resignaron a la derrota y el 24 de octubre devolvieron el poder a los españoles. 

Hijos de la violencia

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de enero de 2026.

El proceso de la independencia americana de España es también el de su militarización. Los años de la guerra por la independencia y los posteriores a ella fueron, casi invariablemente, años de gobiernos militares. En especial durante la guerra por la independencia, esos fueron tiempos violentos, con la vida en vilo. 

El primer jirón del actual Estado del Ecuador en independizarse de España fue la ciudad de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820. Entre 1820 y 1822, la provincia de Guayaquil tuvo un gobierno civil. Pero desde 1822 hasta 1830 en que, en conjunto con las provincias de Quito y Cuenca, fueron agregadas a la República de Colombia para conformar el Distrito del Sur, aquel distrito fue gobernado como una dependencia militar. 

Simón Bolívar, en una carta de diciembre de 1830 en la que autorizó a Juan José Flores para que administre el novísimo Estado del Ecuador, consideraba a los ecuatorianos como sometidos a los otros: “Desde aquí estoy oyendo a esos ciudadanos que todavía son colonos y pupilos de los forasteros: unos son venezolanos, otros granadinos, otros ingleses, otros peruanos, y quién sabe de qué otras tierras los habrá también”. Y Bolívar le advirtió a Flores: “Esté V. cierto, mi querido General, que V. y esos Jefes del Norte van a ser echados de ese país”.

Desde 1830 que se fundó un Estado del Ecuador “confederado” a la República de Colombia, hasta 1845 que ocurrió la revolución marcista en Guayaquil (con un atenuado paréntesis civilista durante el gobierno de Rocafuerte), el estamento militar, compuesto principalmente por extranjeros, gobernó y se aprovechó de este pobre país. Hasta que se cumplió la profecía de Bolívar y fueron echados. 

Entre 1822 y 1845, es evidente que la militarización de la sociedad ecuatoriana contribuyó, como en el resto de países de América latina, “a definir culturas políticas impregnadas de violencia, pocas veces mutadas en culturas de negociación”, según la caracterización de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano en el libro “América latina. La construcción del orden”. 

El Estado del Ecuador, contrario a ese tópico bobalicón de “la isla de paz”, tiene una cultura política muy violenta, donde siempre los otros son vistos no como cooperantes sino como contradictores (i.e., no ha mutado a una “cultura de negociación”). Y esta realidad ha atravesado la política ecuatoriana desde sus albores hasta la actualidad, en algunos ratos, con graves picos de violencia.

En los últimos años, por una acelerada y profunda desinstitucionalización del Estado so pretexto de una vendetta política, esta violencia ha registrado un grave pico que se ha traducido en un ambiente de polarización extrema y en el máximo registrado de homicidios por cada 100.000 habitantes en la historia reciente del país (que convirtió al Ecuador el año 2025 en el sexto país más violento del mundo). 

Como en tiempos de la independencia, hoy se viven tiempos violentos, con la vida en vilo. Pero sucede que ahora no luchamos contra España y por la independencia; luchamos contra el narco y por la supervivencia.   

Tantos años han pasado desde que se fundó el Ecuador, para caer en lo mismo (o se podría argumentar: todavía peor). Este pobre país es un loop triste. 

El real de Santiago

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de enero de 2026.

Eran los tiempos de la conquista española de América y entonces el propósito de la acción era afianzar el control del territorio, frente a otros españoles y frente a los indígenas. En esos tiempos, la fundación de las ciudades españolas atendía este propósito. Diego de Almagro y sus hombres fundaron Santiago, para afianzar el territorio frente a otros españoles, y San Francisco, para afianzar el territorio frente a los indígenas. Ambas fundaciones tienen en común el real de Santiago.

Pedro de Alvarado era uno de los grandes nombres de la conquista americana. Avecindado en América en 1510, conquistador en México y Centroamérica, Alvarado quería más y en 1532 firmo una capitulación (digamos, un contrato de conquista) con la Corona española, que lo autorizó a conquistar territorios que no estén siendo conquistados por otros. Y emprendió un viaje con 500 soldados españoles y 2.000 indígenas. 

Por eso el chasco debió ser enorme cuando, después de haber armado una flota gigante de doce navíos, surcado los mares, desembarcado en Caráquez, trepado la montaña con penurias indecibles y pérdida de vidas humanas y animales, Alvarado y sus tropas llegaron a una llanura en el callejón interandino donde pudieron avistar pisadas de caballos.

Un real, en la tercera acepción del diccionario de la RAE, es un campamento militar. Cuando Almagro y sus hombres supieron de la llegada de las tropas de Alvarado, cumplieron todas las formalidades a fin de que aquel real donde estaban asentados en la llanura de Cicalpa sea una ciudad española, en el marco de la conquista de la provincia de Quito. Esto, a efectos de afianzar la conquista del territorio frente a los otros españoles, por tener a su favor un acto jurídico formal que implicaba el dominio del territorio. 

Como eran tiempos de conquista, esta ciudad española tenía inscrito en su acta de fundación que se la podría mudar a otra parte, según convenga. Y así ocurrió: a esta ciudad de Santiago de Quito, fundada en la Sierra, se la trasladó a la Costa. Perdió el topónimo Quito cuando abandonó los confines de la provincia y, andando los años, se convirtió en la portuaria Santiago de Guayaquil.

Pero en el breve período en que estuvo en la montaña y se apellidó de Quito, la ciudad de Santiago nunca dejó de ser un campamento militar. Eso sí, uno donde ocurrieron hechos importantes. Primero, en Santiago se reunieron Alvarado y Almagro el 26 de agosto de 1534 cuando se acordó que Alvarado iba a desistir de su propósito de conquista. 

Segundo, dos días después, en esta misma Santiago, Almagro fundó la villa de San Francisco de Quito, segunda población española fundada durante la conquista de la provincia del mismo nombre, a efectos de afianzar la conquista frente a los indígenas. Esto, porque esta villa se la destinó a asentarse sobre las ruinas de una arrasada ciudad indígena, “que estará treinta leguas, poco más o menos, de esta ciudad de Santiago”, según se lee en su acta de fundación.

La villa de San Francisco se trasladó 30 leguas al norte de Santiago y conservó su topónimo (“de Quito”) porque su traslado se lo hizo dentro de los confines de la provincia que los españoles estaban conquistando. Se convirtió en ciudad en 1541.

El Perico

            Publicado en diario Expreso el viernes 26 de diciembre de 2025.

Hubo un tiempo en que el periódico más leído en Guayaquil se llamaba “El Perico”. Fue un semanario satírico de formato pequeño, cuatro planas a dos columnas, que en su primer número (en “El Perico” se lo llamaba “vuelo”) declaró: “El Perico emprenderá el vuelo de hoy en adelante por la tarde del sábado de cada semana, hasta que lo dejen con vida o lo encierren en sólida jaula, y seguirá dando la pata por el módico precio de un real”. Se han cumplido 140 años de este primer número, que salió a la venta el 7 de noviembre de 1885.

Eran los tiempos del Presidente José María Caamaño (1884-1888) y la amenaza del encierro en una “sólida jaula”, bosquejada en el primer número de “El Perico”, se hizo real. Después del décimo quinto número, que se publicó el 13 de febrero de 1886, “El Perico” dejó de volar. El período presidencial de Caamaño debió concluir, para que “El Perico” vuelva a emprender sus vuelos. 

En su segunda época, durante el gobierno del Presidente Antonio Flores (1888-1892), “El Perico” publicó 111 números entre el 5 de enero de 1889 y el 9 de agosto de 1890 (en esta época salió los miércoles y sábados). Y tuvo todavía una tercera época, durante el gobierno del Presidente Leonidas Plaza (1901-1905), con 27 números publicados entre el 3 diciembre de 1903 y el 20 de agosto de 1904. Siempre gozó de una gran popularidad y, en palabras de José Antonio Gómez Iturralde en su obra “Los periódicos guayaquileños en la historia 1821-1997”, tuvo “el estilo impecable, la frase a punto y el chiste nada vulgar pero filudo como un puñal”. 

En el título de este semanario satírico, entre sus letras, aparecía un perico trajeado de frac y corbatín; debajo de él, un lema que era toda una declaración de principios: “Cada pájaro taje su propia pluma y enristre”. Este perico elegante era la estrella de la publicación y apareció en casi todos sus vuelos, salvo que se haya ocupado el espacio de su caricatura por la “galería de celebridades contemporáneas”. Todos los dibujos del semanario eran obra del médico cirujano y simpatizante liberal Francisco Xavier Martínez Aguirre (1850-1917).

Martínez Aguirre fue un pionero de la cirugía moderna en el Ecuador y un hábil dibujante, que en los tiempos en que la importación de las láminas de anatomía era prohibida por sinrazones religiosas, las dibujaba él mismo para impartir sus clases universitarias. De él, diría Gómez Iturralde que “hacía los dibujos trabajando magníficos grabados, que eran simultáneamente la revelación del artista y ocurrente caricaturista que indefectiblemente llevaba a la víctima al ridículo, haciendo las delicias de los lectores”.

Justo en el vuelo del 26 de diciembre de 1885, un día como hoy hace 140 años, el espacio fue ocupado por la “galería de celebridades contemporáneas”. Ese día Martínez Aguirre llevó a su víctima al ridículo: dibujó a Sexto J. Venal (es decir, a Sixto J. Bernal) sobre una rueda de la fortuna, contemplando “su bello rostro en el espejo de la verdad”. Pero el espejo le reflejaba a Sexto J. Venal la imagen de un burro. 

A decir verdad, esto sigue vigente: es muy difícil concebir una imagen más contemporánea y perfecta para representar a la inmensa mayoría de políticos del Ecuador. 

La caída

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de diciembre de 2025.

El 17 de diciembre de 1819 empezó, en Angostura, el largo camino para la forja de un Estado gigante de dos millones y medio de kilómetros cuadrados, con salida a dos océanos y riquezas sin cuento, de nombre República de Colombia (apodada “la Gran”). Aquel día, a instancias del Presidente Simón Bolívar, el Congreso reunido en Angostura decidió crear por una ley la República de Colombia. Su artículo primero decía: “Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia”. 

Se quería una Constitución para esta República de Colombia: entre mayo y octubre de 1821 se reunieron en la Villa del Rosario de Cúcuta 57 representantes de Venezuela y la Nueva Granada para su aprobación (sin figurar entre estos representantes ningún quiteño, cuencano o guayaquileño, pese a lo cual sus territorios fueron agregados a Colombia). La Constitución de Cúcuta se aprobó el 30 de agosto y su Ejecútese lo puso el Presidente Bolívar el 6 de octubre.

La República de Colombia regida por la Constitución de Cúcuta estaba compuesta por los distritos Norte, Centro y Sur, correspondientes a las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. Esta Constitución rigió hasta la dictadura de Bolívar en 1828 y se extinguió de manera definitiva en 1830. 

Aquel año 1830 se trizó el sueño bolivariano, y faltando catorce días para acabarse el año, se murió el propio Bolívar. Desde 1830, cada distrito colombiano se fue por la suya.

En el Distrito del Norte (la capitanía general de Venezuela) se convocó el 13 de enero de 1830 a un Congreso Constituyente en Valencia. Su resultado fue la primera Constitución de Venezuela, en vigor desde el 24 de septiembre. Venezuela vivía un ambiente antibolivariano, al punto de que se supeditaron las conversaciones diplomáticas con Colombia a que Bolívar no se encuentre en territorio colombiano.

En el Distrito del Sur (la Audiencia de Quito, o mejor dicho, una porción de ella) se convocó el 31 de mayo a un Congreso Constituyente en Riobamba, donde era equidistante para las tres capitales de los departamentos (Ecuador, Guayaquil, Azuay) que componían el distrito. Su resultado fue la primera Constitución del Ecuador, en vigor desde el 23 de septiembre. En el Ecuador se invitó a Bolívar a que venga a gobernar estos territorios, pero Bolívar no aceptó.

En el Distrito del Centro (el virreinato de la Nueva Granada, incluyendo una porción de la Audiencia de Quito) se realizó en 1830 un Congreso en Bogotá (convocado por Simón Bolívar el 24 de diciembre de 1828) que dictó una nueva Constitución, en vigor desde el 5 de mayo.

Así, en 1830 cada distrito de la Gran Colombia tomó su propio camino y armó su propia Constitución. Murió el sueño bolivariano y toma sentido, entonces, la célebre frase de Simón Bolívar, escrita al final de sus días: “el que sirve una revolución, ara en el mar”.

Murió Bolívar en Colombia (cuando ya no era “La Gran”), en las cercanías de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Once años exactos después de haber empezado en Angostura, como el flamante Presidente de una Colombia gigante, el recorrido de un largo camino para ver finalmente trizado su sueño y morir decepcionado.  

La Cenicienta de Colombia

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de diciembre de 2025.

El historiador David Bushnell, en un libro de historia de Colombia (“Colombia. Una nación a pesar de sí misma”), define la situación del Ecuador como parte de la República de Colombia (1822-1830): “Ecuador era en realidad la Cenicienta de la Gran Colombia: ningún ecuatoriano había ocupado un puesto importante a escala nacional, no había ninguno que fuese general e incluso eran escasos sus coroneles”.  

A este Ecuador no le fue preguntado si quería pertenecer a la República de Colombia. Es necesaria una aclaración: decir “Ecuador” es decir un anacronismo porque “Ecuador”, como Estado, surgió recién en 1830. Lo que se integró a la República de Colombia en 1822, fue la Audiencia de Quito. El Congreso Constituyente celebrado en Cúcuta en 1821, que aprobó la creación de la República de Colombia, decidió que el territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada. En este Congreso no participó ningún “ecuatoriano”. 

El artículo 6 de la Constitución de Cúcuta dispuso que el territorio de Colombia comprendía “el antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela”. Y especificó, en su artículo 7, que los pueblos de esos territorios “que están aún bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República”. 

Después de la entrada en vigor de la Constitución de Cúcuta, Quito y Cuenca fueron liberadas por tropas comandadas por el venezolano Antonio José de Sucre y empezaron a formar parte de la República de Colombia. El caso de Guayaquil era muy distinto, porque ella se había independizado y estaba administrada por un gobierno republicano desde 1820, antes de la entrada en vigor de la Constitución de Cúcuta. Además, no le debía su independencia ni a colombianos ni a peruanos. Por eso, la provincia de Guayaquil quería decidir su destino en libertad, a través de sus representantes reunidos en Colegio Electoral. 

Pero como explica el historiador Bushnell: “Bolívar, que había asumido el control de la sierra ecuatoriana, no podía permitir que la costa tuviera una capacidad de decisión libre y por eso prevaleció la anexión a la Gran Colombia”. Así se la integró a la Audiencia de Quito a la República de Colombia: sin contar con su voluntad, o incluso, en contra de su voluntad. 

Durante este período colombiano, en 1824, el Congreso de Colombia aprobó una Ley de División Territorial. Cuando el Distrito del Sur (es decir, lo que sería el Estado del Ecuador) se separó de la República de Colombia en 1830, se perdió buena parte de la Audiencia de Quito (una enorme extensión de territorio al norte del río Carchi, hasta Popayán), porque se quedó como parte de Colombia. El Estado del Ecuador quiso recuperar ese territorio a través de una guerra ocurrida en 1832, pero perdió. Y las cosas quedaron según la Ley de 1824.

A la Audiencia de Quito se la integró a la República de Colombia sin contar con su voluntad, o incluso, en contra de su voluntad; durante su permanencia, se la trató como a una Cenicienta sin opción a baile real; finalmente, tras su salida, perdió una importante porción de territorio. 

Así nació el Estado del Ecuador: un territorio muy desmejorado tras su paso por Colombia.

"En la ciudad de Santiago..."

            Publicado en diario Expreso el viernes 5 de diciembre de 2025.

El 6 de diciembre de 1534 ocurrió un hecho que estaba prefigurado en el acta de fundación de la villa española de San Francisco de Quito. Eran tiempos de la conquista de un territorio: los europeos que cruzaron el océano para ocupar las tierras de los americanos y someterlos a trabajos forzados, cuando fundaron esta villa española indicaron que su destino era asentarse sobre un poblado indígena, convenientemente arrasado y situado treinta leguas al norte de donde se realizó la fundación de la villa el 28 de agosto de 1534. 

Decía el acta de fundación que ese poblado arrasado era “el pueblo que en lengua de indios, se llama Quito, que estará treinta leguas, poco más o menos, de esta ciudad de Santiago”.

El lugar y la fecha de la fundación por Diego de Almagro de la villa de San Francisco de Quito está indicado en las palabras iniciales del acta (digamos: en su partida de nacimiento). Allí se lee claramente: “En la ciudad de Santiago, a veinte y ocho días del mes de agosto, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil y quinientos y treinta y cuatro años…”. Esta ciudad de Santiago se había fundado por Diego de Almagro apenas trece días antes, el 15 de agosto de 1534, pero había albergado importantes acontecimientos en este brevísimo y turbulento período.

La ciudad de Santiago en la provincia de Quito se había fundado para tener un mejor título para la conquista del territorio frente a las pretensiones del adelantado Pedro de Alvarado, que venía de Guatemala a conquistar ese mismo territorio. Se fundó esta ciudad con todas las formalidades y se nombró a sus dos alcaldes y ocho regidores. En los primeros días de la ciudad se reunieron los conquistadores en el cabildo a fin de decidir cómo lo iban a enfrentar a Pedro de Alvarado. El 26 de agosto se reunieron Almagro y Alvarado en la ciudad de Santiago para decidir el futuro de la conquista de la provincia de Quito. 

La reunión pudo salir mal y terminar en un enfrentamiento entre las huestes conquistadoras. Pero salió bien y en la ciudad de Santiago se selló un acuerdo. Alvarado consintió recibir 100.000 pesos de oro, volverse por donde vino y dejar en libertad a sus hombres de volverse con él o quedarse.

Dos días después del acuerdo, el 28 de agosto, con la seguridad de haberse fortalecido (por los refuerzos europeos) y de que existía un único rival (los americanos), Diego de Almagro decidió la fundación de una villa para la ocupación del antiguo poblado indígena. Era importante ocupar ese espacio para la conquista de la provincia: así se hizo, y el 6 de diciembre se nombró a los alcaldes y regidores para la villa española que se asentó sobre sus ruinas. 

En cuanto a la ciudad de Santiago donde se fundó la villa que hoy es la ciudad de San Francisco de Quito, desde 1535 fue trasladada a la Costa para servir de puerto a San Francisco de Quito (por lo cual perdió el topónimo “de Quito”, para utilizar otros hasta llegar a su definitivo “de Guayaquil”). Después de varios asentamientos (no fundaciones, porque la fundación fue el acto que se realizó el 15 de agosto de 1534 y es único), la ciudad se terminó por asentar en el cerro Lominchao (hoy, Santa Ana) en una fecha indeterminada del año 1547. 

Olmedo y Galápagos

            Publicado en diario Expreso el viernes 28 de noviembre de 2025.

En la convocatoria del año 2025 para postular a la inscripción en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, el Municipio de Guayaquil postuló un manuscrito del poema “La Victoria de Junín” de autoría de José Joaquín Olmedo, que conserva la Biblioteca Municipal. El Comité Evaluador de la UNESCO aprobó el poema de Olmedo y este manuscrito se convirtió en el noveno documento ecuatoriano que integra el programa Memoria del Mundo.

Pero no es la primera vez que unos documentos suscritos por José Joaquín Olmedo integran la Memoria del Mundo. La documentación ecuatoriana que se aprobó por el Comité Evaluador de la UNESCO el año 2022, postulada por el Archivo Histórico de la Cancillería del Ecuador (que se convirtió en la octava inscripción del Ecuador en el programa Memoria del Mundo), llevó por título “De tierra de corsarios y piratas a patrimonio natural de la humanidad. Posesión oficial de las Islas Galápagos por la República del Ecuador”. Y los dos documentos que se postularon llevan la firma de Olmedo. 

La participación de Olmedo en este episodio merece una explicación administrativa. En su origen en 1830 el Estado del Ecuador se dividió en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Los departamentos eran la división administrativa más importante del Estado, al punto que constituían la base de su composición. 

La primera Constitución del Estado del Ecuador, dada en Riobamba en 1830, declaraba en su artículo 1 que los “Departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador”. Cada departamento era gobernado por un Prefecto, que esta Constitución definía como “el agente inmediato del Poder Ejecutivo” (Art. 53).

El guayaquileño José Joaquín Olmedo era el Prefecto del Departamento del Guayas en 1832. Como Prefecto del departamento, a Olmedo le correspondió la autorización de la única anexión territorial que ha realizado el Ecuador en su casi bicentenaria existencia. 

Los documentos que postuló la Cancillería y aprobó la UNESCO en 2022 fueron dos cartas suscritas por Olmedo: una, del 20 de enero de 1832, instruyéndole al coronel Ignacio Hernández “para que dirija una compañía colonizadora y tome posesión de las Islas Galápagos en nombre del Estado ecuatoriano”; otra, del 14 de abril de 1832, dirigida al coronel Hernández, “en la que le transcribe el agradecimiento del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, por haber tomado posesión de las Islas Galápagos en nombre del Ecuador”, según la descripción hecha por la Cancillería para la postulación.

En el intermedio de ambas cartas, el coronel Hernández llegó a la isla Charles del archipiélago de Galápagos, e izó la bandera ecuatoriana. Ocurrió el 12 de febrero de 1832 (curiosamente, el 12 de febrero es el día de nacimiento de Charles Darwin). Desde entonces, a esta isla se la conoce como Floreana, en obsequio al nombre del primer y único Presidente del Estado (desde 1835, el cargo es Presidente de la República).

El hombre que autorizó la única anexión territorial que ha tenido el Ecuador en su historia (nada más y nada menos que las Galápagos): ese hombre fue Olmedo. Y por eso también está en la Memoria del Mundo. 

La Memoria del Mundo

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de noviembre de 2025. 

Desde 1992, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) mantiene el programa Memoria del Mundo, para cumplir con los objetivos de facilitar la preservación del patrimonio documental, incluyendo el formato digital, así como de permitir el acceso universal al patrimonio documental y aumentar la conciencia sobre su importancia en el público en general.

Para concretar el cumplimiento de estos objetivos, el año 2000 la UNESCO creó el comité regional del programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe a fin de promover la conservación del patrimonio documental en los países de la región (existe, desde 1998, otro comité regional para los países de Asia y el Pacífico). Desde el año 2000 se han realizado un total de 263 inscripciones de patrimonio documental, conservado en archivos, bibliotecas o museos, al registro Memoria del Mundo de América latina y el Caribe. Por “patrimonio documental” se entiende desde tablillas de arcilla hasta publicaciones digitales. 

Y también, el manuscrito de un poema de José Joaquín Olmedo. Hasta el año 2024, el Ecuador tenía ocho registros en la Memoria del Mundo de América latina y el Caribe: dos en asocio con otros países (la Carta de Jamaica de Simón Bolívar en asocio con Colombia y la documentación sobre las expediciones científicas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, siglos XVIII-XIX, en asocio con estos países más España) y seis por cuenta propia (la Mediateca de la CIESPAL, el patrimonio documental del Vicariato Apostólico Salesiano en el Ecuador amazónico entre 1890 y 1930, el fondo documental Monseñor Leonidas Proaño, los protocolos notariales de la Notaría Tercera del cantón Cuenca de 1563 a 1950, los expedientes de naturalizaciones entre 1899 y 1968, la posesión oficial de las Islas Galápagos por el Ecuador en 1832). El año 2025 se añadió una inscripción a esta lista selecta: un manuscrito del poema “La Victoria de Junín. Canto a Bolívar”, de autoría del político y poeta guayaquileño José Joaquín Olmedo, rareza que se conserva en poder de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

Cada año, el programa Memoria del Mundo abre un período de postulaciones. Este año 2025 se presentaron 71 postulaciones provenientes de quince países de América latina y el Caribe. En la XXV reunión del comité regional para América latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo, que se celebró del 10 al 13 de noviembre en Lima y Cusco, se evaluaron estas 71 postulaciones y se aprobaron 29 nuevas inscripciones al programa.

De estas 71 postulaciones, tres fueron hechas por instituciones ecuatorianas. De estas tres, la única postulación que el comité aprobó fue la relativa al manuscrito del poema de Olmedo que fue presentada por el Municipio de Guayaquil, siendo la primera vez que un gobierno seccional ecuatoriano consigue una inscripción en este registro para la conservación del patrimonio documental. Por este hecho, la Biblioteca Municipal de Guayaquil se convirtió en una de las 265 “instituciones encargadas de la memoria” que reconoce la UNESCO en el marco de este programa.    

Olmedo en la Memoria del Mundo: bien se puede decir que se ha hecho justicia.

205 años de la primera Constitución

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de noviembre de 2025.

Se cumplieron los 205 años de la entrada en vigor, el 11 de noviembre de 1820, del Reglamento Provisorio de Gobierno que se aprobó en la ciudad de Guayaquil por un Colegio Electoral compuesto por 57 representantes, provenientes de 27 pueblos de la provincia de Guayaquil. 

Entonces, tres días atrás se cumplió el aniversario de un acontecimiento sin precedente: la entrada en vigor de una Constitución que rigió en un territorio independiente del Reino de España, en el ámbito del actual Estado del Ecuador. Esta Constitución de 1820 estableció un gobierno electivo, la separación de los poderes del Estado y la creación de una milicia para luchar por la independencia de las otras provincias todavía sujetas al Reino de España.

Este aniversario no tiene precedente porque la Constitución que se aprobó para la provincia de Quito el 15 de febrero de 1812 (el “Pacto solemne de sociedad y unión”), por un Congreso reunido en Quito, no pretendió regir en un territorio independiente del Reino de España (digo “pretendió”, porque no entró en vigor). El artículo 2 de este Pacto Solemne buscaba la independencia de la provincia de Quito, “en cuanto a su administración y economía interior”, pero siempre dentro del Reino de España. Era una independencia frente a los otros territorios americanos y la concreción de la antigua aspiración de Quito al autogobierno (a la manera de una capital de Virreinato o de Capitanía General). 

El artículo 5 de este Pacto Solemne de 1812 descarta dudas acerca de la pertenencia de Quito al Reino de España: “En prueba de su antiguo amor, y fidelidad constante a las personas de sus pasados Reyes; protesta este Estado que reconoce y reconocerá por su Monarca al señor don Fernando Séptimo”. Constituye un real absurdo pensar que Quito reconoció a un rey, pero que fue independiente de su reino. 

Quito tampoco se pensó fuera del Reino de España en agosto de 1809, pues en su acta del 10 de agosto consta que se instituyó una Junta de Gobierno para que “gobierne interinamente a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo”. Por contraste, en el acta que se levantó el 9 de octubre de 1820 se puede leer que para Guayaquil aquel día fue el “primero de su independencia” y el artículo 1 del Reglamento de Gobierno declaró a la provincia de Guayaquil “libre e independiente”.   

La principal diferencia entre los cuerpos normativos de 1812 en Quito y de 1820 en Guayaquil: el objeto del Pacto Solemne de Quito era la regulación de una independencia administrativa en el seno del Reino de España, frente a otros territorios (Lima y Santafé), mientras que el objeto del Reglamento de Gobierno de Guayaquil era la regulación de una total independencia, por fuera del Reino de España. Es decir, en el caso de Guayaquil sí fue efectivo el tránsito de un régimen monárquico a un régimen republicano.  

El Reglamento de Gobierno adoptado el 11 de noviembre de 1820 en Guayaquil rigió los destinos de la provincia por 609 días, hasta que el 13 de julio de 1822 el Presidente de Colombia, a la cabeza de un ejército de 1300 soldados, declaró el cese del autogobierno de la provincia de Guayaquil y, por ende, la vigencia de su Constitución.