La elle resiste

13 de septiembre de 2019


El profesor Ángel del Río (Soria, 1901-Nueva York, 1962), en su “Historia de la Literatura Española” (1948) advirtió algunas de las “innovaciones fonéticas” que caracterizan al castellano y lo diferencia de otras lenguas neolatinas y dialectos peninsulares: “por ejemplo, el cambio de la f latina en h (filium > hijo); la diptongación de las vocales breves acentuadas ê > ie (bene > bien), ô > ue (porta > puerta); y algunas palatizaciones como la ñ, la ll y ch” (p. 74).

Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Tomo XIII.

La elle fue considerada como una letra separada desde la cuarta edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1803. Fue la décima cuarta letra y la undécima consonante en el diccionario hasta su remoción el año 2010, tras aprobarse una nueva edición de la Ortografía de la lengua española.

En algunas partes, como en esta versión sureña de la palabra encebollado, la elle se muestra gallarda y orgullosa:

Calle Rosa Borja de Ycaza, al lado de la Librería Nacional Salesiana.

A jealous guy

6 de septiembre de 2019



Jesús (celoso, como su taita) parece preguntarse: ¿quién es este indio musculoso que está con Diana Atamaint?

Visto en Guayaquil, intersección de Junín y Panamá.

La Corte Canguro y la presunción de inocencia

5 de septiembre de 2019


En su último día como órgano de evaluación, el Consejo Transitorio resolvió el 6 de septiembre de 2018 rechazar los recursos de revisión presentados en contra de su cese de funciones por los tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral. En la resolución que cesó en sus funciones  al juez Miguel Pérez Astudillo, el Consejo Transitorio le había imputado a éste un conflicto de intereses por haber sido parte del equipo técnico del concurso para designar el Tribunal Contencioso Electoral y luego haber sido designado como juez de este organismo.

De esta imputación, Miguel Pérez protestó en el recurso de revisión que presentó el 3 de septiembre ante el Pleno del Consejo transitorio (que era el mismo órgano que lo había cesado), porque él sostenía que se valoraba de manera injusta un hecho, sin probar ninguna injerencia concreta:

“De ninguna manera, mi intervención en la selección de los Comisionados Ciudadanos ha influido en la valoración de mis méritos y los resultados de la prueba de oposición; […] solicito comedidamente se sirvan revisar y rever dicho pronunciamiento, ya que como dirigente indígena y ciudadano probo, como así justifico con mi gestión, no puedo retirarme del TCE con estigmas que dañan severamente mi integridad personal y familiar”.

La respuesta del Consejo Transitorio demuestra cuán canguro fue este órgano, pues tenía ya tomada su decisión: “Este Pleno recalca que el juez Miguel Pérez no ha presentado pruebas que permitan identificar su no participación en el proceso de designación de la Comisión Ciudadana de Selección que, a su vez, lo designó como juez” (Párr. 68).

El argumento de Pérez era que ese vínculo, por sí mismo, no probaba nada. La respuesta del Consejo Transitorio fue que ese vínculo, por sí mismo, lo jodía mucho a Pérez con independencia de lo que opine Pérez. La decisión ya la tenía tomada, por eso el Consejo Transitorio no sintió la necesidad de investigar nada en la revisión que le propuso Pérez. Y salvo que el inculpado pueda probar en la revisión ante el Pleno del Consejo Transitorio que no es culpable, será el culpable. Lo fue Pérez, y lo fueron todas las autoridades que presentaron su recurso de revisión (un total de 24) y no pudieron probarle al Pleno del Consejo Transitorio su no culpabilidad.

Esto fue una inversión brutal y sistemática de la presunción de inocencia en perjuicio de un grupo específico de autoridades. Pero como lo hizo el heroico Consejo Transitorio y esto es el Salvaje Oeste sudamericano, ha pasado de alivio.

Estamos pintados

3 de septiembre de 2019


Desde que se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el año 2008 ha habido tres maneras de designar a sus consejeros: 1) El “malvado correísmo” de entre los de su grupete; 2) La Asamblea Nacional de unas ternas que envió el Traidor Cuántico; 3) El pueblo ecuatoriano por votación popular. 

Supongamos, para seguirle la corriente a la estrategia de “envenenamiento del pozo” típica del “anti-correísta”, que todo lo que podía hacer Correa, lo hizo mal (fue como una Ley de Murphy con rango presidencial, por así decirlo). Y, por ende, que todos los designados para el CPCCS en su decenio malvado, etc., no podían sino ser malos, malísimos. Y todo lo hecho por ellos, hasta lo bueno, igual malo, malísimo. Así funcionó el CPCCS desde el 2008 al 2018.

Pero hete aquí que una porción del “anti-correísmo”, enriquecida por traidores de última hora y en silla de ruedas, emprendió la designación de un nuevo y transitorio CPCCS a fin de reinstitucionalizar la Patria. Este fue el segundo modo de designación del CPCCS: la Asamblea Nacional eligió a siete consejeros de las ternas enviadas por el Cuántico Traidor (los términos son intercambiables, pero se refieren al mismo despreciable sujeto). El problema es que este nuevo y transitorio CPPCS que presidió el célebre Notario Cabrera de la Política desde marzo de 2018 hasta el mismísimo día de su muerte (¡qué homenaje involuntario al original orense, oh hermanos!) hizo con la institucionalidad de la Patria una fiesta loca, re-loca y descontrol, por lo que si hubo una chance para reinstitucionalizar, el Notario y su muchachada feroz la desperdició del todo.

Pero no había ningún problema, porque al menos ese CPCCS era transitorio y todo lo que se buscaba con él era cumplir “funciones transitorias que viabilicen los cambios que han sido exigidos”, que no eran otros que la elección popular de los consejeros del CPCCS, en una tercera forma de designación de estas autoridades. Ese fue el cambio que el pueblo aprobó en el referéndum del 4 de febrero de 2018, convocado por el Gobierno de Lenin Moreno.

Y llegó el día en que se verificó la voluntad expresada en febrero de 2018 y el pueblo debió escoger por voto popular a los consejeros, y votó y escogió el 24 de marzo de 2019, entre otros, a estos cuatro: José Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá. Pero a pesar de que su elección popular era la obra cumbre de este Gobierno patuleco (no offense, despicable sir), como no les gustó que el pueblo haya escogido a esos cuatro sospechosos de “correísmo”, sus aliados en la Asamblea Nacional se los fumaron como un desesperado se fumaría un dedito de ahogao’.

Fueron 84 legisladores los que destituyeron a los cuatro consejeros, con un juicio político chapucero que se propuso con muchos adjetivos y muy escasas pruebas (todo lo que es, y viene siendo, el “Fabricio Villamar Style”). Y ahora, la existencia misma del CPPCS está bajo amenaza: en el horizonte del Gobierno se avizora un referéndum para su eliminación.

Repasemos: desde el 2008, se han elegido los consejeros del CPCCS de tres maneras: por los “correístas”, por los “anti-correístas” y por el voto popular. Ni la última, que se supone que era la buena y definitiva, ha gustado, así que para el próximo año se avizora un posible referéndum para su eliminación, al que es importante recordar cómo se llega: 1) Se convoca al pueblo para reformar la Constitución y crear una nueva forma de designación del CPPCS; 2) Se ejerce el derecho al voto de acuerdo con el cambio propuesto y el pueblo expresa su opinión en las urnas el 24 de marzo de 2019; 3) A los del Gobierno de Lenin Moreno no les gusta el resultado de esas elecciones populares y lo boicotean a través de sus aliados en la Asamblea Nacional vía un juicio político; 4) Finalmente, se nos piensa solicitar que vayamos a votar para eliminar lo que antes se nos había pedido que reformemos, pero como su resultado ya no les gustó a los políticos, ahora nos piensan pedir otra cosa distinta, que bien pudieron habérnosla pedido desde un principio, so cabrones.

Se gastan millones de dólares y todo es tongo. Nos mean y nos dicen que llueve (para peor, muchos les creen). Como pueblo, la verdad que estamos pintados.

Roberto Peña Durini (Naipe Centralista)

2 de septiembre de 2019


El “Depredador Forestal del Litoral”. An environmental killer machine.

La odisea de Revelles

1 de septiembre de 2019


El martes 2 agosto del año 1994 cuatro extranjeros cayeron presos por la Policía Anti-Narcóticos en el barrio La Mariscal, en Quito. Dos eran colombianos, uno español, y otro, francés o español. A tres de ellos los detuvieron en Amazonas y Robles; al restante, en Veintimilla y Páez (a unas cuadras de donde quedaba el mítico Gato).

Su suerte fue distinta. Uno de los colombianos, Jorge Herrera, se fugó de la cárcel el 15 de diciembre de 1994; el francés o español Emmanuel Cano lo siguió el 12 de mayo de 1995. El otro colombiano, Luis Alfonso Jaramillo, salió libre el 4 de agosto de 1997, mientras el español Eusebio Revelles, recién logró salir el 4 de diciembre de 1998. La siguiente tabla ilustra estos hechos:

Nombre
Inicio
Fin
Tiempo
Razón
Jorge Herrera
2 de agosto de 1994
15 de diciembre de 1994
135 días
Fuga
Emmanuel Cano
2 de agosto de 1994
12 de mayo de 1995
283 días
Fuga
Luis Alfonso Jaramillo
2 de agosto de 1994
4 de agosto de 1997
1.098 días
Cumplimiento de sentencia
Eusebio Revelles
2 de agosto de 1994
4 de diciembre de 1998
1.585 días
Cumplimiento de sentencia

¿Cuál es la lección de esta tabla? Si alguna: desconfía del Estado.

La explicación es sencilla: el que más rápido se fugó (el colombiano Herrera) pasó el menor tiempo en la cárcel. El otro que también fugó (Cano), fue el segundo que pasó menos tiempo en la cárcel. Y es aquí cuando se pone interesante. La diferencia en el tiempo de cárcel entre Jaramillo y Revelles, se debió a que Jaramillo confió menos en el Estado.

El hecho es que a los dos que se fugaron (Herrera y Cano) les suspendieron la causa y desde que se fugaron, jamás volvieron a la cárcel. Hasta ahora no se sabe nada de ellos, simplemente que huyeron de las garras del Estado. Pero a los dos que no tuvieron la suerte de fugarse, un juez les dictó un “auto de llamamiento a juicio” el 14 de junio de 1996 (ya cuando llevaban casi dos años presos), el que Revelles decidió apelar, pero Jaramillo no. Esto fue lo que jodió a Revelles.

Porque pasó el tiempo y Jaramillo, que no había apelado, recibió sentencia y, por el tiempo que ya llevaba preso, salió libre el 4 de agosto de 1997. Esta sentencia no lo pudo beneficiar a Revelles, porque confió en una alternativa que le ofrecía el sistema penal (la apelación del auto) pero el hecho cierto fue que su apelación se resolvió recién en noviembre de 1997, cuando ya Jaramillo gozaba de libertad. Y para colmo, catorce meses después de presentada, su apelación fue rechazada.

Entramos al año 1998 y el español Revelles, de los cuatro detenidos el martes 2 de agosto de 1994, era el único que seguía preso. El 1 de abril de ese año, el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha lo condenó a 6 años de prisión como cómplice del delito de tráfico de cocaína. La sentencia se la confirmó el 24 de noviembre, pero por unas rebajas concedidas por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, Revelles salió libre a los pocos días, el 4 de diciembre de 1998, casi 500 días después de Jaramillo. Debe haber lamentado el día que presentó la apelación que le hizo perder un año y medio de vida en la cárcel.

La lección de esta historia parecería ser clara: desconfía del sistema penal del Estado, y si puedes, huye (porque huyendo te va mejor).

Pero lo que no lamentó Revelles es que su caso se lo haya presentado el 31 de octubre de 1994 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Elsie Monge, porque finalmente el suyo y el de los otros tres detenidos en agosto de 1994, se convirtió en el Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos un día como hoy, 1 de septiembre, pero del año 2016. En la sentencia se condenó al Estado ecuatoriano por la detención abusiva de los cuatro extranjeros el 2 de agosto de 1994, por su tortura durante la investigación policial, por la prisión preventiva arbitraria a la que fueron sometidos y por la omisión estatal de conducirlos de forma inmediata ante juez o autoridad competente.

Con relación a Revelles, la Corte condenó al Estado ecuatoriano por no haberle dado a él razones para su detención y por la falta de efectividad de un hábeas corpus que él interpuso cuando quedó ya como el último de los detenidos, además de por la duración excesiva de la prisión preventiva y del proceso en su contra (un total de 4 años y 3 meses) y por algunas violaciones concreta a sus garantías judiciales. La ventaja de Eusebio Revelles fue ser la única de las víctimas que se presentó en el proceso llevado ante la Corte IDH, pues de Herrera, Cano y Jaramillo, no se tiene noticia.

La Corte Interamericana sentenció al Estado ecuatoriano el 1 de septiembre de 2016 a pagar en equidad 10.000 dólares a los ausentes Herrera, Cano y Jaramillo, en el plazo de un año; como nunca los encontraron, esos 30.000 dólares se acreditaron, por orden de la Corte IDH, al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana. Por las violaciones adicionales demostradas en su proceso, la Corte IDH sentenció al Estado ecuatoriano a pagar 80.000 dólares a Eusebio Revelles, más otros 10.000 dólares en razón de costas y gastos.

Pero a pesar de ganar, estoy seguro que si le dieran a escoger a Revelles entre otro curso de su vida desde el 1 de agosto de 1994 que prescinda de la cárcel o este dinero compensatorio después de pasar la experiencia de 4 años y 3 meses de cárcel en el Ecuador, él escogería, sin dudarlo, lo primero.

O imbéciles, o nos toman por imbéciles

31 de agosto de 2019


La “Justificación” del Gobierno “anti-correísta” a la pregunta 3 de la consulta popular y el referéndum del 4 de febrero de 2018 concluía con el siguiente párrafo, en el que se elogiaba la reforma a la Constitución para pasar a elegir por voto popular a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los siguientes términos:

“Esto hará que la designación sea hecha por autoridades que tienen la misión de cumplir la voluntad popular, partiendo desde ya de un método de selección más acorde a las aspiraciones del pueblo y no a concursos y arbitrariedades que tanto se han puesto en tela de duda por la opinión pública”.

Y sin embargo, ya puesto en práctica, el resultado electoral de la reforma constitucional no fue del gusto de los “anti-correístas” (una forma descriptiva de decir “Gobierno Nacional y sus aliados en la Asamblea Nacional”) hoy en el poder, así que cuatro de los consejeros elegidos por la voluntad popular fueron sometidos a un juicio político y destituidos por la fracción “anti-correísta” de la Asamblea Nacional.

Según esta “Justificación” del “anti-correísmo”, el voto popular es “acorde a las aspiraciones del pueblo” pero eso no evitó la “arbitrariedad” de 84 legisladores en la Asamblea Nacional, los que decidieron destituir a quienes fueron votados por millones de ecuatorianos. Es claramente un abuso lo hecho por este puñado, pero el “anti-correísmo” no ha nacido para mirar hacia el futuro: actúan cegados por su odio al pasado “correísta” y su propósito de Patria es cojudear al resto lo más posible.

En fin, que se hizo un referéndum para reformar a una institución (costó sus buenos 60 millones de dólares) y, dado que no les resultó como querían ellos (pues son una manga de incompetentes), ahora quieren convocar a un nuevo referéndum (previsiblemente, otros 60 millones o más) para eliminar lo que hace un rato reformaron. Esto es muy absurdo (o es muy lógico, pero hay tongo).

Es decir, sólo hay de dos sopas: O son imbéciles, o nos toman por imbéciles.

El derecho de reunión

29 de agosto de 2019


La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 28 de noviembre de 2018 en el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. El caso versó sobre la responsabilidad del Estado mexicano por la conducta de sus agentes policiales antes, durante y después de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador de Atenco en mayo de 2006. La panoplia habitual de violaciones de derechos humanos de cuando abusa la Fuerza Pública en América latina se desarrolló, entonces, en estos municipios mexicanos: detenciones arbitrarias, un chapucero proceso en contra de los detenidos, una nula protección judicial posterior y la consecuente impunidad total (o casi) de los autores de las violaciones de derechos humanos. Con el agravante, en este caso, que los integrantes de la Fuerza Pública (todos varones y ninguno capacitado para detener los abusos que fueron incluso transmitidos en vivo por la TV) abusaron sexualmente de las once víctimas del caso, todas mujeres, en lo que la Corte calificó como “tortura sexual”.

En este caso contra México, la Corte Interamericana tuvo ocasión de interpretar el derecho a la protesta social, por la interpretación de un derecho muy rara vez analizado en su amplia jurisprudencia: el derecho de reunión. La Corte IDH decidió hacerlo en aplicación del principio iura novit curia (“la Corte conoce el derecho”): es decir, la Corte vio en el caso una oportunidad para decir algo sobre el derecho de reunión, y se abalanzó sobre ella, como chancho pa’ los choclos.

Esta oportunidad que aprovechó la Corte Interamericana resulta de suma relevancia para el Ecuador, pues por sentencia de la nueva Corte Constitucional (que también sacraliza dictaduras, ¡ejem!) todas las autoridades públicas del país deben tomar en consideración las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ellas forman parte del “control de convencionalidad”, por el que “todo operador judicial, y eso debe incluir no solo a jueces y juezas, sino también a fiscales y a personas que se dedican a la defensa pública, deben conocer y aplicar, en lo que corresponda, los estándares desarrollados por la Corte IDH del mismo modo que lo harían con los preceptos constitucionales” (Sentencia No.11-18-CN/19, Párr. 269). En razón del control de convencionalidad, “las autoridades del Estado en general, y los operadores de justicia en particular, están obligados a realizar control de convencionalidad en el marco de sus competencias y procedimientos. Esto es, cuando en el ejercicio de sus funciones, encuentren normas más favorables o estándares internacionales en los tratados, instrumentos internacionales, opiniones consultivas, observaciones generales y más, deberán aplicar la norma que efectivice el ejercicio de derechos” (Ídem, Párr. 282). Si la interpretación que ha hecho la Corte IDH de un derecho protege mejor a las personas, esa debe ser la opción preferida por todas las autoridades públicas en el Ecuador.

En pocas palabras: toda aplicación del derecho de reunión por toda autoridad pública que se haga en el territorio ecuatoriano debería (muy idealmente) incorporar estos estándares que sobre dicho derecho ha desarrollado la Corte IDH en el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México del año 2018, porque están pensados para la mejor protección de las personas en el continente.

El derecho de reunión, dice la Corte Interamericana, comprende el derecho a protestar en la vía pública, sea de manera estática o con desplazamientos. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente “es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos”. Es por ello, “un derecho fundamental en una sociedad democrática” (Párr. 171).

La Corte IDH obliga a que todas las restricciones al derecho de reunión deben cumplir con que “las injerencias no sean abusivas o arbitrarias, por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo (los cuales están limitados por el artículo 15 de la Convención a la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás) y ser necesarias y proporcionales” (Párr. 174). Ni abusivas, ni arbitrarias; deben ser “necesarias y proporcionales”. Habrá que recordárselo a Pochorromo la próxima vez que defienda patear a un esposado en el piso.

En el caso, la Corte responsabilizó al Estado de México por la violación del derecho de reunión en perjuicio de siete de las once víctimas, quienes habían acudido a Textoco o San Salvador de Atenco para cubrir la protesta como periodistas (dos de ellas), para documentar los hechos como parte de sus estudios (tres de ellas) o para brindar asistencia de salud a los manifestantes heridos (dos de ellas). Las otras cuatro simplemente tuvieron la mala fortuna de encontrarse en el lugar de los hechos, cuando la Policía empezó a detener a personas de forma indiscriminada. Por las circunstancias particulares de las siete primeras personas aludidas, la Corte IDH resolvió que “estas siete víctimas estaban ejerciendo su derecho de reunión”. La Corte reconoció, además, que el comportamiento de ellas había sido pacífico, de lo que derivó una clara distinción con los manifestantes que recurrieron a medidas violentas: “Los actos de violencia esporádica o los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento tienen un carácter pacífico” (Párr. 175), por lo que se hace necesario y proporcional que la Fuerza Pública individualice y retire a las personas violentas de la multitud, a fin de que las demás personas puedan seguir ejerciendo sus derechos (esto bien podría llamarse: “Doctrina Anti-Infiltrados”).

En tiempos que deberían ser de protesta social, es bueno saber de derechos.

Justificar el maltrato

27 de agosto de 2019


Los datos del Latinobarómetro del 2018 son escalofriantes. En primera instancia, sobre un hecho tan importante como la respuesta a la pregunta: ¿Para quién se gobierna?, la situación en el Ecuador rezuma desesperanza. El 81% de los ecuatorianos respondió que eran “grupos económicos en su propio beneficio” (p. 38). Al menos 8 de cada 10 de entre nosotros, no nos comemos ese amague.

Pero, en cambio, Ecuador encabeza un indicador de vergüenza: es el país de América latina que responde a la pregunta: ¿Cuán justa es la distribución de la riqueza?, que la distribución de riqueza en su territorio es “Muy justa” o “Justa”. Es decir, que en el país se gobierna en beneficio de unos pocos (así lo cree una amplia mayoría), pero somos los primeros en la región en justificar esta distribución de la riqueza claramente abusiva.

Corolario: Las élites de este país han sido de mucha crueldad y han acostumbrado a la base popular al maltrato. Un país de gente, en su mayoría, abandonada a su suerte.

El Estado contra sí

26 de agosto de 2019


El Estado ecuatoriano, si fuera una persona, sería un tipo incoherente. Uno que te dice un día algo para unos días después hacer su opuesto. Un dador incesante de promesas sin futuro. Un fulano en quien no se puede confiar.

Para comprobar la incoherencia del Estado del Ecuador, basta mirar su expediente en el Caso del Tribunal Constitucional vs. Ecuador, que la Corte Interamericana sentenció el 28 de agosto de 2013. En ese entonces, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad internacional por la destitución de los jueces de la Corte Constitucional, acaecida por una resolución del Congreso Nacional que ocurrió el 25 de noviembre del 2004. En ese proceso, el Estado alegó que “se encuentra viviendo una era de transformación iniciada a partir de la Constitución de la República de 2008” y que “existe un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargado de la selección de los nuevos jueces y juezas de la Corte Constitucional”, que se encuentra “desarrollando los procesos efectivos para la designación de los nuevos jueces y juezas de la Corte Constitucional” (Párr. 268). A mayor abundamiento, el Estado “señaló que la actual Corte Constitucional posee total independencia administrativa, económica, y que se ha eliminado la disposición de que sus miembros sean sujetos de un juicio político” (Párr. 269).

Cinco años después, a esa joyita de Corte Constitucional que el Estado ecuatoriano le presentaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fruto de una “transformación”, se la descabezó en un proceso que, si bien es menos brutal que una resolución que de un solo tajo los destituya, fue igual humillante y llevado a cabo por una Corte Canguro presidida por su Notario que buscó escarnio, jamás justicia.

En el Caso del Tribunal Constitucional del año 2013, la Corte Interamericana condenó al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a ser juzgado por juez independiente e imparcial, a la protección judicial y a los derechos políticos. El proceso de destitución de los jueces de la Corte Constitucional durante el año 2018 (basta leer la sentencia y trazar elementales analogías), a cargo del reemplazo transitorio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social replicó esas violaciones del 2013, pero las enriqueció con otras nuevas: la vulneración de sus derechos a la comunicación detallada al inculpado de la acusación formulada (Art. 8.2.b) y el derecho a la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa (Art. 8.2.c), además del principio de legalidad y de retroactividad, por un juzgamiento hecho con normas ad-hoc y posteriores a los hechos evaluados.

Es decir, con el paso del tiempo, el pobre Estado se pone peor.

Quito, la empleomaniaca

25 de agosto de 2019


Contaba el afamado periodista cuencano Manuel de Jesús Calle lo siguiente de la capital, a principios del siglo pasado:

“No hay ciudad más empleomaniaca que Quito. Allí la mitad de la gente propiamente urbana, que no tiene sobre qué caerse muerta, vive del fisco; una tercera parte, de ricos, hacendados, comerciantes y pulperos, explota las necesidades del pobre, como es natural que suceda; y el resto, se dedica la mitad a la vagancia, en pleno ‘chullalevismo’, y la mitad al agio y la usura, con el concurso a veces de la tesorería de hacienda y la municipal […] Y por ello la pobreza es formidable. Quito entero quiere ser empleado. […] Y las artes del ‘palanqueo’ revisten en ocasiones, el serio carácter de una... ¿cómo diré? de una amable condescendencia. El que tiene una vecinita linda, unas primas donosas, unas hijas simpáticas, una mujercita bonita, a ellas envía en son de súplica, aunque corran el peligro de que las atiendan en forma, y tal vez por eso mismo. Lo he observado durante larguísimo tiempo, y es una vergüenza.” (‘Charlas de Ernesto Mora’, 24 de septiembre de 1911)

Lo de las “artes del palanqueo” que comercia con mujeres es historia antigua (esperemos). Pero que Quito es una ciudad empleomaniaca, claro que lo es. Si le quitas a la burocracia, como bien supo advertirlo la Guadalupe Mantilla, se parecería a Machachi.

Tema del traidor y del héroe (variante andina)

24 de agosto de 2019


En memoria de Borges, a 120 años de su nacimiento.

Trujillo Not Dead.

Bajo el notorio influjo de Borges, no me resulta extraño concebir este argumento. A día de hoy, 24 de agosto de 2019, esta idea aún inacabada, la prefiguro así.

La acción transcurre en un país tenaz y oprimido: proponer a la República del Ecuador es una alternativa muy verosímil. La historia ocurre en unos meses de los años 2018 y 2019. Un conservador de tomo y lomo, un tipo que inventó a un partido de derechas nefasto, un amigo del infame Hurtado; un traidor a las causas democráticas que participó de las tronchas cuando la Asamblea Nacional se llamaba Cámara Nacional de Representantes, que apoyó la sucretización, que firmó la Disposición 42 en la Asamblea Constituyente de 1998 que terminó por convertir en agua de borrajas los ahorros de millones de personas. Esta rémora conservadora, en los últimos años de su vida se dio aires de tipo progre junto a los Yasunidos y a algunos profesores de incuestionable progresismo como Ramiro Ávila Santamaría y David Cordero Heredia. Sus aliados de la derecha conservadora nunca le perdonaron este travestismo.

En los anales de la hipocresía serrana acaso nunca se llegue a saber si fue el mismo Trujillo el que buscó su redención, o si ésta le fue ofrecida como una dádiva por el mandamás de la derecha. Es rara la vida: en su ocaso Trujillo tuvo la posibilidad de hacer triunfar a su vieja causa conservadora pero revestida de progresismo. “Ya eres un travestí”, le espetó un emisario del mandamás, “pero ahora estás en la dirección correcta”. Se urdió el plan en Mocolí, se lo refrendó en Carondelet.

Trujillo sabía que la vida le sería breve. El cúmulo de enfermedades que arrastraba (diabetes melitus tipo 2, cardiopatía hipertensiva y nefropatía diabética) no le auguraban una larga duración al resto de sus días. Menos aún con este trueque de la paz de su entorno familiar y del calor de su hogar, por los fragores de la lucha política. Consciente de que su misión era casi un suicidio, Trujillo se comprometió. El 6 de marzo de 2018 empezó su tarea: desde esa tarde gris, Julio César Trujillo fue el Presidente del llamado “Consejo Transitorio” hasta su muerte, es decir, fue un hombre laboriosamente dedicado a un triunfo oscuro y su personal redención.

Desde marzo, la sucesión de hechos es vertiginosa: el Consejo Transitorio destituyó a 28 funcionarios del régimen anterior, a los que sometió a variados excesos tales como iniciar los procesos en su contra sin informarles de lo que se los acusaba y con la investigación en reserva, evaluarlos con unas normas dictadas con posterioridad a los hechos que se evaluaron y sin respetar el principio de legalidad y, además, hacer dichas evaluaciones con unos juzgadores que tenían una decisión tomada de antemano y que no dudaban en omitir las garantías del debido proceso para llegar a dicha decisión. Una muestra grosera de ello es que la apelación de sus destituciones, los evaluados la debían presentar ante el mismo órgano que los había destituido. Previsiblemente, todas las apelaciones fueron rechazadas.

Con todos estos antecedentes, recién estábamos en los arrabales del abuso. Después de las destituciones en masa, el Consejo Transitorio se atribuyó la facultad de nombrar a las autoridades de reemplazo a placer, a través de unas “facultades extraordinarias” por las que sometía a las autoridades así designadas a su pleno control. Sin advertirlo, el Ecuador entró a una etapa de dictadura civil, por una concentración de poderes en un grupo selecto sin necesidad de sujetar su actuación a normas previas, ni de rendir cuentas de sus actos (todo lo que es y viene siendo una dictadura desde los tiempos de Roma).

A diferencia del irlandés Kilpatrick en la Irlanda del siglo XIX, Trujillo contó con un mayor número de días para la ejecución de su plan de redención. No debió recurrir a las citas del Julio César de Shakespeare, a pesar de llevar su nombre, como sí debió hacerlo Kilpatrick en su oprimida Irlanda de 1824. Pudo omitir al bardo inglés y a Jorge Carrera Andrade de sus alocuciones, que al final se tornaron cada vez más breves e ininteligibles (fragmentos de ellas parecían un cassette rebobinándose), como si preanunciaran el fallo cerebral que estaba por ocurrirle. En todos esos días (fueron alrededor de 14 meses), Julio César Trujillo sirvió cumplidamente a los intereses que lo ungieron.

Como la República del Ecuador es un país especial y consagrado al Corazón de Jesús desde 1871, es sospecha que un designio divino acompañó esta epopeya conservadora. La bomba de tiempo humana que era Julio César Trujillo explotó cuando todavía era el Presidente del dictatorial Consejo Transitorio: la perfección del momento de su ACV fue tal, que ocurrió al día siguiente del día en que la institución por él presidida decidió auto-prorrogarse en sus funciones, en un ilustre abuso final. Fue este abuso el que cumplió un rol determinante en el relato conservador, pues le permitió a Trujillo morir en olor republicano de santidad, en aras de convertirlo, como dijo uno de los beneficiarios de sus tantos abusos, Pablo Celi, en un “mártir de la democracia”.

Como la muerte de Kilpatrick en agosto de 1824, como las Festspiele en Suiza, la muerte de Trujillo fue una representación masiva. Se le rindieron honores, se le impuso post-mórtem la “Orden de San Lorenzo”, ese invento de unos fallidos de un lejano agosto; el Canciller acotó que “Julio César Trujillo estuvo a la altura de esos próceres”. El Presidente ordenó el luto nacional por cuatro días y las banderas en las instituciones públicas ondearon a media asta. En la misa de cuerpo presente en La Dolorosa estuvo el Presidente en su silla de ruedas y los representantes de las más importantes funciones del Estado. Casi era una plenaria de la derecha conservadora (menos el mandamás: él no salió de su isla). También estuvo la inefable María Paula Romo, otrora promesa de cambio devenida en bulldog de esta derecha conservadora desde su cargo de Ministra de Gobierno, acompañada de su marido, el hijo de aquel a quien el mandamás declaró no poder sino miccionar sobre él (pues pegarle era muy poquito). Unánimes, todos cumplieron su parte en exaltar y honrar una mentira llamada Trujillo.

Gente cercana lo recuerda a Trujillo, en privado, diciendo que cincuenta años después lo había comprendido a Velasco Ibarra cuando se declaró dictador en 1970, diciendo que en este país había la necesidad de un gobierno fuerte pues es “ingobernable”. Era lo que le faltaba a su notable historial conservador: añorar y ser un émulo de la última dictadura civil de la república. El cargo de Presidente del Consejo Transitorio fue su último retroceso, su final travestismo progresista rumbo a la redención conservadora, al que se le prestó un muy conveniente y colectivo disfraz por parte de nuestra demacrada clase política. 

En esta República del Ecuador, apenas un trasunto de Costaguana, la oferta de las ideas para comprender la realidad que se vive es mínima, pero principalmente y mucho peor, es falsa. No resulta ni inverosímil ni trivial que también se busque fabricar esta idea de que a Julio César Trujillo, ese inveterado traidor redimido por la derecha conservadora en sus últimos días, se lo pretenda convertir ahora en héroe nacional. Tal vez nos lo merezcamos.

De Trujillo se han publicado y aún se publicarán más editoriales, entrevistas, recuerdos y anécdotas; seguirán más artículos de opinión, acaso libros y especiales de Ecuavisa, devotos todos de destacar su luciente y renovada estatura moral. Es apenas lógico suponer que esto último también, el mandamás, ya lo haya tenido previsto.

Nuestro himno nacional, explicado

22 de agosto de 2019


En ‘Ecuador, señas particulares’, Jorge Enrique Adoum cita la campaña del músico cuencano Luis Pauta Rodríguez de más de treinta años contra la música del himno que compuso el corso Neumane, a la que descalificaba como “propia para un romance nocturno y nunca para una poesía de versos pindáricos”. A mí lo que me interesa en esta entrada de mi bitácora no es la música (que también es un problema, como bien lo advirtió Adoum en su libro), sino la letra del himno, la historia que en él se cuenta, la que explico a continuación:

Himno
Explicación
Coro:
¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria!
¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti!
Ya tu pecho, tu pecho rebosa,
gozo y paz ya tu pecho rebosa,
y tu frente y tu frente radiosa
más que el sol contemplamos lucir.
Para que la Patria se salve, se ofrece la imagen estúpida de contemplar más la frente de la Patria que al mismo sol, siendo que contemplar al sol es una idea nefasta. Esto no empieza bien.

Primera estrofa:
Indignados tus hijos del yugo
que te impuso la ibérica audacia,
de la injusta y horrenda desgracia
que pesaba fatal sobre ti,
santa voz a los cielos alzaron,
voz de noble y sin par juramento,
de vengarte del monstruo sangriento,
de romper ese yugo servil.
Los hijos de la Patria están indignados con el “yugo” impuesto por la conquista de los españoles, por lo que decidieron vengar a la Patria y romper dicho “yugo”.
Segunda estrofa:
Los primeros los hijos del suelo
que, soberbio; el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora
y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo
de otros héroes que, atónito, el mundo
vio en tu torno a millares surgir.
Los primeros que lo intentaron fueron los quiteños, quienes aclamaron a la Patria “por siempre señora” (?) y, enseguida, empezaron a “verter” sangre por ella. A Dios le dio por mirar lo que pasaba en Quito pero aceptó la matanza de sus habitantes (el “holocausto” del 2 de agosto) cuya sangre originó que, alrededor de ellos, surgieran “millares” de otros héroes en América, los que fueron mirados por el resto del mundo, “atónito” por su surgimiento. Lo último, pura paja.
Tercera estrofa:
De estos héroes al brazo de hierro
nada tuvo invencible la tierra,
y del valle a la altísima sierra
se escuchaba el fragor de la lid;
tras la lid la victoria volaba,
libertad tras el triunfo venía,
y al león destrozado se oía
de impotencia y despecho rugir.
Los héroes americanos destrozaron a España.
Cuarta estrofa:
Cedió al fin la fiereza española,
y hoy, oh Patria, tu libre existencia
es la noble y magnifica herencia
que nos dio, el heroísmo feliz;
de las manos paternas la hubimos,
nadie intente arrancárnosla ahora,
ni nuestra ira excitar vengadora
quiera, necio o audaz, contra sí.
Sometida España, se reconoce a  la libertad como una herencia de la generación anterior.
Quinta estrofa:
Nadie, oh Patria, lo intente. Las sombras
de tus héroes gloriosos nos miran,
y el valor y el orgullo que inspiran
son augurios de triunfos por ti.
Venga el hierro y el plomo fulmíneo,
que a la idea de guerra, y venganza
se despierta la heroica pujanza
que hizo al fiero español sucumbir.
Pero si España intenta años después recuperar la América, igual el recuerdo de las jornadas heroicas de los años de la independencia hará que España vuelva a perder.
Sexta estrofa:
Y si nuevas cadenas prepara
la injusticia de bárbara suerte,
*gran Pichincha! prevén tú la muerte
de la patria y sus hijos al fin;
hunde al punto en tus hondas extrañas
cuando existe en tu tierra: el tirano
huelle sólo cenizas y en vano
busque rastro de ser junto a ti.
Pero si perdemos, el autor le pide al volcán Pichincha que mate a todos los habitantes de la Patria y a ella misma (?).

La letra del himno, como se sabe, la compuso el bardo ambateño Juan León Mera en 1865, en circunstancias en que una flota española había atacado a los países del Pacífico Sur. Esa es la razón para sus estrofas finales. Y Como corresponde a una historia que involucra a Quito, el himno lo escribió un funcionario público: Juan León Mera era el secretario del Senado cuando compuso esta obra de tono anti-español. 

Verdad es que es muy sufridor nuestro himno nacional. Para empezar, Dios acepta la matanza de los quiteños sin ningún problema. Probable diálogo:

- San Pedro: “Dios, Dios, que están matando quiteños por docenas”.
- Barbas: “Let those bastards die”.
- San Pedro: “¡Pero Dios, por Dioooos!”
- Barbas: “I said let the bastards die!” (se echa a reír de manera histérica).

El diálogo es apócrifo, pero posible para cualquier creyente*. Lo peor, sin embargo, llega después porque el himno patrio se pone muy perdedor. Ante la posible invasión española para recuperar sus antiguos dominios, los hijos de los patriotas blanden los recuerdos de las glorias pasadas de los tiempos de la independencia, pero avizoran que ello podría resultar insuficiente y que los españoles podrían someter de nuevo este territorio. Frente a lo cual, los hijos de los patriotas no se plantean la resistencia y la recuperación del territorio, como se lo hubiera planteado cualquier pueblo digno, sino el suicidio colectivo vía el recurso de que el volcán Pichincha se trague toda la tierra de sus alrededores. A todo esto, España prentedió atacar a la madre que es la “patria”, identificada con el territorio. Así, el himno cuenta que si finalmente España vuelve, ellos prefieren morir con su madre asesinados por un volcán. Una tragedia andina.

En resumen: es el “prefiero morir, pero no me harás tuya” de los himnos nacionales. El secretario Juan León Mera es la Amanda Miguel del siglo XIX.

Pero incluso peor que sufrido, nuestro himno nacional falsea la historia. El relato se centra en los sucesos del 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810, cuando la fecha de nuestra independencia es otra, muy posterior (23 de septiembre de 1830). Además, supone que el origen de los movimientos de independencia de los demás países de América se originaron a partir de la sangre vertida el 2 de agosto de 1810, lo que confunde la simiente con la propaganda. Y, finalmente, desconoce que la lucha que recuerda fue llevada a cabo por una de las partes que hoy integran el Ecuador (la provincia de Quito) y que en su contra estuvieron (y la vencieron) las otras dos partes que constituyeron el Ecuador en 1830 (las provincias de Cuenca y de Guayaquil; el Gobernador de esta última, Bartolomé Cucalón, fue quien pidió el envío de las tropas peruanas que ejecutaron la masacre del 2 de agosto), por lo que tenemos un himno regional, de una historia falseada y que concluye en un rotundo fracaso, como nuestro himno nacional. Con el agravante cobarde de su total admisión de que si nos llegaba a invadir España, era mejor el suicidio colectivo que la resistencia (?).

El único consuelo que queda es que esa idea de Patria a la que se traga el Pichincha, era una idea de Patria regional, por lo que el nuevo “holocausto” únicamente afectaría a los confines de la provincia de Quito, y las provincias de Cuenca y Guayaquil habrían sobrevivido a la catástrofe de su provincia vecina. Seguro que en esa época (sesentas del siglo XIX) habrían hecho como hizo antes Dios (v. diálogo supra), y aceptado nomás el holocausto quiteño.

Y tal vez, con los años, les habría ido mejor. Pero esa ya es otra historia (propiamente: una ucronía).

* Se sabe: Credo quia absurdum.