Leer el Acta del 10 de agosto

En su primera línea, el Acta del 10 de agosto de 1809 afirma que unos “diputados del pueblo”, invocando “las presentes críticas circunstancias de la nación” (debe entenderse que se trata de la nación española, atacada por los franceses) declaran la cesación de funciones de los “magistrados actuales de esta capital y sus provincias”. Esto significa que ocurrió un efectivo golpe de Estado en el territorio de la Gobernación de Quito.

Porque, acto seguido, el Acta describe que son electores de seis barrios de la capital quienes han nombrado a los integrantes de la Junta Suprema que se instituye ese día en reemplazo de aquellos “magistrados actuales” que fueron cesados en funciones. Intervienen treinta y cinco electores (que son los firmantes de esta Acta) para nombrar a siete representantes. Cuatro de los siete son parte de la nobleza (marquesados de Selva Alegre, Solanda, Villa Orellana y Miraflores). La Junta nombra a uno de estos nobles (Selva Alegre, AKA Merry Jungle) como su Presidente, con el título de “Alteza Serenísima” y un sueldo de seis mil pesos (un escándalo de sueldo). Con razón, decía John Horace Parry que la revolución de Quito fue obra de magnates.

El Acta dice que se procurará atraer a representantes de las provincias de “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe”, para conformar la Junta Suprema. Así, Quito se propuso como una alternativa para la administración de estos amplios territorios, con ella a la cabeza. Es notable la ausencia de Cuenca en su planteamiento, pero entendible porque Quito siempre miró al Norte, hasta que la obligaron a mirar al Sur después de la derrota de 1832.

Dice el Acta claramente que la Junta Suprema se instituye para gobernar “interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando Séptimo, y mientras su Magestad recupere la Península o viniere a imperar en América”. La Junta tiene el tratamiento de “Magestad” por representar a la voluntad real y debe prestar un “juramento solemne de obediencia y fidelidad al Rey en la catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos así eclesiásticos como seculares”. La Junta es una celosa defensora del Reino, que se compromete a sostener “la pureza de la religión, los derechos del Rey y los de la Patria”, que no es otra que España.

La Junta también es una guerrera que se compromete a hacer una “guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose de cuantos medios y arbitrios honestos le sugiriesen el valor y la prudencia para lograr el triunfo”. Y en seguida se propone organizar una “falange compuesta de tres batallones de infantería”, porque se necesitaba “una fuerza militar competente para mantener el Reino”. Con España en el corazón.

Pero con un ojo en el botín. A continuación, en el Acta se nombra a varios funcionarios, con títulos rimbombantes y jugosos sueldos. La siguiente tabla describe todos los nombramientos de autoridades para una Junta Suprema con título de “Magestad” y para un Senado con título de “Alteza” y para otros cargos, con los títulos y sueldos constantes en el Acta:

Tabla de nombramientos, títulos y sueldos otorgados a los varones constantes en el Acta del 10 de agosto

Varones	Nombramiento	Título	Sueldo anual
Marqués de Selva Alegre	Presidente de la Junta Suprema Elegido por el barrio del Centro	Alteza serenísima	6.000 pesos
Marqués de Solanda	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio del Centro	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Zambrano	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Sebastián	Excelencia	2.000 pesos
Marqués de Villa Orellana	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Roque	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Larrea	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Blas	Excelencia	2.000 pesos
Marqués de Miraflores	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de Santa Bárbara	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Matheu	Miembro de la Junta Suprema  Elegido por el barrio de San Marcos	Excelencia	2.000 pesos
Juan de Dios Morales	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Negocios Extranjeros y de la Guerra	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Quiroga	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Gracia y Justicia	Excelencia	2.000 pesos
Juan de Larrea	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Hacienda	Excelencia	2.000 pesos
Vicente Álvarez	Miembro de la Junta Suprema Secretario particular	Señoría	1.000 pesos
Juan Salinas	Jefe de la Falange con rango de coronel	NS/NC	NS/NC
Juan Pablo Arenas	Auditor de guerra, con honores de teniente coronel	Señoría	1.500 pesos
José Javier Ascázubi	Gobernador de la Sala de lo Civil del Senado	Usía Ilustrísima	2.000 pesos
Pedro Jacinto Escobar	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
José Salvador	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Ignacio Tenorio	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Bernardo León	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Mariano Merizalde	Fiscal de la Sala de lo Civil	NS/NC	NS/NC
Felipe Fuertes Amar	Regente de la Sala de lo Criminal	Señoría	2.000 pesos
Luis Quijano	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
José del Corral	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Víctor de San Miguel	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Salvador Murgueitio	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Francisco Javier de Salazar	Fiscal de la Sala de lo Criminal del Senado	NS/NC	NS/NC
Tomás Arechaga	Protector General de Indios	Señoría	1.500 pesos
Antonio Solano de la Sala	Alguacil Mayor	Conserva su tratamiento anterior	Conserva su sueldo anterior

Al final, el Acta se pone represiva y amenaza con dos sanciones. La primera: si uno de los sujetos nombrados por el Acta decide renunciar a su encargo “sin justa y legítima causa”, se podrá admitir su renuncia pero quedará “excluido para siempre de todo empleo público”. La segunda: si alguno disputare la legitimidad de la Junta Suprema, “tendrá toda la libertad, bajo la salvaguardia de las leyes, de presentar por escrito sus fundamentos y una vez que se declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará a prestar obediencia, lo que no haciendo se lo tendrá y tratará como reo de Estado”. Tiene toda la libertad, pero sólo para hacer caso (?).

Después de esta emergencia de un gobierno represivo si se desafía sus decisiones o se disputa su legitimidad, el Acta cierra con la firma de los treinta y cinco electores de los barrios. 

En total, en el Acta del 10 de agosto de 1809 se expidieron un total de 27 cargos, a los que correspondieron 23 títulos (una Alteza Serenísima, una Usía Ilustrísima, nueve Excelencias y doce Señorías) y se les asignaron un monto total de 44.000 pesos en calidad de sueldos. Y si hemos de creer al historiador ibarreño Ayala Mora, su actuación como revolucionarios estuvo teñida por la corrupción: “Los protagonistas del proceso fueron poderosos latifundistas, para cuyo manejo político la burocracia española era un impedimento. Una vez instalados en el mando, suprimieron las contribuciones de los blancos, manteniendo las de los indios, e hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras. Los notables criollos fueron los usufructuarios de la libertad” (Ayala Mora, Enrique, ‘Resumen de historia del Ecuador’, Corporación Editora Nacional, Quito, 2008 [Tercera edición]). Según Ayala Mora no fue tanto una revolución de magnates como decía Parry, como de magnates y pillos.

En cualquier caso, una lectura atenta del Acta del 10 de agosto de 1809 evidencia un gusto por los fastos de la monarquía y una idealización del rol de Quito como defensora de un reino europeo. Este documento dice todo lo contrario de aquello en lo que se ha convertido de manera oficial a este acontecimiento, porque de independencia del Reino de España, no hay nada.

Una capital diferencia

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de agosto de 2026.

Quiero destacar una capital diferencia entre dos fechas muy importantes para la historia del Ecuador: el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820.

La diferencia: a partir del 10 de agosto en Quito se luchó contra las demás provincias de la Audiencia de Quito, mientras que a partir del 9 de octubre en Guayaquil se luchó a favor de las demás provincias de la Audiencia de Quito. Es justo lo opuesto.

La lucha de Quito en contra de las demás provincias era para que se reconozca su primacía administrativa en el ámbito de la Audiencia de Quito, es decir, que las autoridades de Popayán, Cuenca y Guayaquil se sujeten a las decisiones de las autoridades quiteñas. Quiso dejar de ser una audiencia subordinada: este movimiento fue de corte autonomista, a fin de romper la sujeción de Quito a una audiencia superior situada en la capital de un virreinato y empezar a comportarse como una capitanía general del Reino de España, a la manera de Guatemala, Venezuela y Chile.

La lucha de Quito se hizo contra los franceses, en defensa del rey español Fernando VII, cautivo en Valençay. Para los quiteños, la lucha contra el “Tirano de Europa” (así llamaban a Napoleón) debía tener un carácter continental, orientado “al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posterioridad”, como se puede leer en la proclama firmada en Quito y dirigida a los pueblos de América, del 16 de agosto de 1809. La posterioridad recuerda el 10 de agosto de 1809 como una lucha contra los españoles, que no lo fue.  

La lucha de Quito para imponer su primacía dentro de una porción del Reino de España terminó en un rotundo fracaso. Ni Popayán, ni Cuenca, ni Guayaquil, consintieron su idea. Todo lo contrario: resistieron, rechazando a sus emisarios y haciéndole la guerra. Pronto (fueron 76 días de un gobierno presidido por una “Alteza Serenísima” en defensa de su rey y “señor natural”), el 24 de octubre de 1809, Quito claudicó. 

El 9 de octubre de 1820 es diferente, porque fue una lucha por la independencia y por el cambio a un régimen republicano y electivo, que marcó el inicio de la lucha de Guayaquil por independizar a sus provincias vecinas del yugo de los españoles. A raíz de su independencia, Guayaquil constituyó una milicia para luchar por la libertad de otros. Su lucha sí fue contra los españoles, sin nombres rimbombantes y con el apoyo de un pueblo reunido en el cabildo abierto que se convocó la mañana del 9 de octubre (el 10 de agosto se hizo prescindiendo del cabildo quiteño). 

La lucha que emprendió Guayaquil por la libertad de sus provincias vecinas se fundió en un gran empeño colectivo, con fuerzas del Norte y del Sur, que fue coronado por el éxito en 1824, año que marcó la expulsión de los españoles de sus dominios conquistados el siglo XVI. El gran cantor de esta gesta fue un guayaquileño, José Joaquín Olmedo.

Unos años antes, en 1822, se había independizado a Quito de España. En Guayaquil, apenas se conoció la noticia del triunfo en Pichincha, se mandó a publicar un bando que avisaba del magno hecho a la población: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

El informe del 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 31 de julio de 2026.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2024 ilustra claramente un escenario de uso de las instituciones del Estado para beneficio del poder oficial que “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias y discriminaciones” (Párr. 3). 

En sus páginas, se describe el uso de las instituciones del Estado que se pusieron a disposición para cumplir el reprobable objetivo y que incurrieron en decretar las inhabilitaciones administrativas de personas opositoras, imponer obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras y ejecutar detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales. 

Este informe de la CIDH del año 2024 describe, por ejemplo, las inhabilitaciones de origen administrativo para impedir la participación de opositores y recordó que el estándar internacional es que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución” porque ese tipo de sanciones “sólo puede ser impuesta mediante condena por juez competente, en el marco de un proceso penal” (Párr. 21). En el Ecuador, hoy, el estándar es mucho más bajo que una condena penal. 

En ese informe del año 2024 se criticó el trato desigual en la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen y las oficialistas, lo que en palabras de la CIDH “sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral” (Párr. 23). También criticó el uso de detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales, en una represión que “no sólo estuvo dirigida contra personas opositoras, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas” (Párr. 30) y cuya ejecución incluyó “omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares”, todo lo cual demostró, en palabras de la CIDH, “un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones” que “socavan los principios básicos del Estado de Derecho y la democracia” (Párr. 36-37).

Y eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador: se trata de manera desigual y se impone obstáculos a la participación de los partidos de oposición, y se ha llegado a encarcelar y amedrentar a los opositores, en un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Es claro que se está instrumentalizando a órganos del Estado (principal, pero no exclusivamente, a los órganos de justicia y electorales) para marcar la cancha electoral a favor del partido del gobierno. Es inobjetable que las reprobables prácticas descritas en el informe de la CIDH del 2024 están ocurriendo en el Ecuador del 2026.

El título del informe de la CIDH del año 2024 es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” y describe en detalle las etapas de la persecución y la represión política sufridas en ese país. Tal parece, alguien les está calcando su receta. 

De cómo tratar a una mascota en tres escenas

Escenario: entrevista al presidente Noboa en Radio Centro a cargo de Carlos Vera et alii.

Carlos Vera le critica a Noboa su decisión de escoger a Viteri como candidata para la Alcaldía de Guayaquil. Ocurre la primera escena:

Vera: “Ella desarmó el modelo exitoso que levantó Guayaquil, comenzó con Febres-Cordero y consolidó en diecinueve años Nebot, a esa persona va a poner usted en la Alcaldía de Guayaquil.”

Noboa: “A ver, pero… yo sé que usted es cheerleader de Jaime Nebot (risas de Vera). Pero la mano derecha, Jota Jota, ¿dónde está? Nadie sabe, anda como una sombra. Y la mano izquierda, que es Muentes, está en la cárcel del encuentro. ¿Usted me está hablando que eso es exitoso?”

Vera: “El modelo de administración del Municipio.”

Noboa: “La… (con fastidio) la mano izquierda de ese modelo está preso y la mano derecha está desaparecida.”

Vera: “OK. Yo no voy a contar lo que Jaime Nebot dice que soy, porque no me veo con él tres años.”

Noboa: “Pero… mano izquierda y mano derecha.”

Vera: “Está bien, está bien.”

Le dicen cheerleader de otro (con el único objeto de burlarse de él y descalificarlo) y la única reacción de Vera fue hacerse el tonto, vía una risotada*. En otra época tal vez se habría hecho respetar, pero ya no está para eso.

Viene la segunda escena, donde Noboa está hablando de las mejoras que hay que introducir en la comunicación gubernamental:

Noboa: “Ahora hay que comunicar mejor. Carlos nos va a ayudar.” (risas de Vera)

Vera: “Cuente con eso de paso.”

Noboa: “Hay que decir las cosas como son.”

Vera: “Cuente con eso, sí, sí.”

Lo vende sin asco, para advertirle quién manda y paga.

Finalmente, la tercera escena. En ésta, ya Noboa lo invita a Vera a formar parte de su proyecto político. 

Noboa: “Ahorita, ahorita está… eh, bueno Zaida. Zaida es una. Está Toto Reyes. De hombre está Villarroel.”

Vera: “Fernando Villarroel me faltaba, eso.”

Noboa: “Fernando Villarroel. Y… en la parte rural tendremos una joven figura nueva.”

Vera: “¿Todavía no les ha confirmado José Delgado?”

Noboa: “Eh, no.”

Vera: “Ya.”

Noboa: “No nos ha confirmado.”

Vera: “OK.”

Noboa: “Por eso, si quiere usted puede también venir y ser parte del cambio, unirse al proyecto.” 

Vera: “Usted quiere rematarme, señor presidente.”

Noboa: “Unirse, unirse al proyecto.”

A pesar de este amago de resistencia, ya se ha dejado en claro en estas tres escenas lo casi nada que Vera le importa a Noboa, lo mal que lo puede tratar si así le provoca. Primero Vera quiso hacerse el tonto, pero Noboa lo expuso como un tonto, peón del poder. Sólo ahí se detuvo.

Pobre Vera, para lo que ha quedado. Un monito de organillero bailando por unas monedas.

* Noboa atacó el “modelo exitoso” de una forma inédita: por corrupción. Su asociación fue evidente: primero habló de una “troncha de la carpeta” (por asociación con una carpeta que Nebot le entrega a Roche) y de contratos vinculados al período del PSC (agua, basura) y de cómo Nebot era un hombre sin manos (una presa, otra desaparecida). Vera no ensayó ni una mínima defensa de un modelo al que por décadas defendió, ni tan siquiera por la sugerencia implícita de que él, como un cheerleader de Nebot (a Vera no se le ocurrió rebatir esto), habría sido en este relato hipotético de un PSC corrupto que administró Guayaquil a través de las dos manos de Nebot (hoy mochadas durante el gobierno de Noboa), o el defensor de un sistema corrupto, es decir, un tonto, peón del poder, o un tipo corrupto él mismo. Demostrando que a rey muerto, rey puesto, Vera se limitó a informar que no se había visto con Nebot en tres años. Nebot como periódico de ayer. 

Guayaquil, pionera de dos independencias

            Publicado en diario Expreso el viernes 24 de julio de 2026.

En el proceso de independencia de los territorios de la Audiencia de Quito, la situación de la provincia de Guayaquil es singular. Su capital, Santiago de Guayaquil, fue la primera ciudad en independizarse del Reino de España el 9 de octubre de 1820 y se mantuvo independiente hasta que fue agregada por la fuerza a la República de Colombia. Durante casi dos años, desde esta capital se administró un territorio de alrededor de 53.000 kilómetros cuadrados (toda la Costa, menos Esmeraldas) por un gobierno elegido por representantes de los pueblos de la provincia y compuesto por tres guayaquileños, Olmedo, Ximena y Roca, reunidos en una Junta presidida por un poeta.

A diferencia del resto de los otros territorios de la Audiencia de Quito, que fueron libertados por el ejército patriota en lucha con los españoles, la ciudad de Guayaquil se independizó a sí misma en una sola jornada, con un certero golpe de Estado y la reducción a prisión del Gobernador español de la provincia, Pascual Vivero. Un cabildo popular reunido la mañana del lunes 9 de octubre en la Casa Consistorial (en el mismo sitio donde hoy se levanta el Palacio Municipal) refrendó la independencia. Se firmó un acta aquel día, que reconoce a ese 9 de octubre de 1820 como el día “primero de su independencia”. 

La Junta presidida por Olmedo duró hasta un siguiente golpe de Estado, que vino en forma de la ocupación militar de la ciudad por unas tropas lideradas por el Presidente de Colombia (no actuante, por su permiso para ir a guerrear por el Sur). El jefe de esta ocupación militar, Bolívar, por el peso que le daba la compañía de 1.300 soldados, el 13 de julio de 1822 decidió que la Junta presidida por el poeta debía cesar en funciones. 

La agregación por la fuerza de la provincia de Guayaquil a Colombia en 1822 se acompañó de la agregación de las provincias de Cuenca y Quito para conformar un territorio colombiano con una administración común. Desde 1822, la administración de estos tres territorios recayó de manera principal en extranjeros, tanto en los años de pertenencia a Colombia (1822-1830) como en los primeros años de vida independente del Ecuador (1830-1845). 

En 1830, año de su muerte, Bolívar le escribió una carta a Flores, en tanto primer presidente del Ecuador, en la que describió a los ecuatorianos como “colonos y pupilos de los forasteros: unos son venezolanos, otros granadinos, otros ingleses, otros peruanos, y quién sabe de qué otras tierras los habrá también”, y le advirtió a su amigo venezolano: “Esté V. cierto, mi querido General, que V. y esos Jefes del Norte van a ser echados de ese país”.

Bolívar tuvo razón y los “Jefes del Norte” finalmente fueron expulsados. Ocurrió en 1845, y nuevamente Guayaquil fue la ciudad pionera, la que encendió la llama de la independencia del territorio, en esta ocasión para tener “un Gobierno propio y una representación verdaderamente ecuatoriana”, como se puede leer en una proclama de la Junta de Gobierno, compuesta por tres guayaquileños (Roca, Noboa y Olmedo) y presidida por el mismo poeta: José Joaquín Olmedo.

Así, Guayaquil ha sido la ciudad pionera de las dos independencias: de los jefes españoles en 1820 y de los jefes del Norte en 1845.

Virreinatos despedazados

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de julio de 2026.

En la medalla que en 1825 entregó el Congreso de Colombia a Bolívar se puede leer la siguiente inscripción: “A Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú”. Estos son los dos grandes territorios de su gesta libertaria: los dos virreinatos españoles (Nueva Granada y el Perú) en el Sur de América, que él hubiera querido reunir en una federación con la capital en Guayaquil o Quito, según confesó en carta a Antonio José de Sucre, del 12 de mayo de 1826. 

Pero como el propio Simón Bolívar lo advirtió en otra carta, escrita al final de sus días (el 9 de noviembre de 1830) y dirigida a Juan José Flores, en tanto gobernante del Ecuador: “la América es ingobernable para nosotros” (para “nosotros” los criollos burgueses, quiso decir el Libertador). Y, por ser ingobernable, profetizaba Bolívar, América iba a quedar en manos de “tiranuelos de todos los colores y razas”. Como una consecuencia de esta ingobernabilidad, no se tardó en trizar el sueño bolivariano de reunir a los dos virreinatos en una sola masa republicana, en seis países independientes: Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En rigor, Bolívar detuvo un proceso que estaba ocurriendo desde 1803 en el territorio americano de España, por una orden real: el desprendimiento del Sur del Virreinato de la Nueva Granada para convertirse en el Norte del Virreinato del Perú. En las elecciones de 1809 para integrar la Junta Suprema Central, se votó en circunscripciones distintas: Quito vinculada a Santafé y Guayaquil, a Lima. Por esos días, la designación de las autoridades para Guayaquil y Cuenca (no así para Quito) empezó a decidirse en Lima.

Pero la independencia revirtió este proceso de agregación al Perú. De las tres capitales de provincia, Guayaquil se independizó por su propia cuenta el 9 de octubre de 1820, pero no fue así con Cuenca y Quito, que fueron ganadas por la fuerza para la causa republicana en 1822. Ellas se agregaron sin chistar a la causa de Colombia, porque le debían su independencia de los españoles. Pero a la provincia de Guayaquil, que quiso decidir su propio destino en un Colegio Electoral pues ella misma se había libertado sin deber nada a Colombia o Perú, el llamado El Libertador (o, para esta ocasión: El Opresor) lo impidió, ocupando la ciudad acompañado de 1.300 soldados y cesando en sus funciones a una Junta Superior de Gobierno elegida por los representantes de 27 pueblos de la provincia para asumir, en su reemplazo, el gobierno unipersonal y anexar por decreto la provincia de Guayaquil a su proyecto colombiano. 

Por la fuerza, Bolívar integró a todo lo que él comprendía que era el Virreinato de la Nueva Granada en su República de Colombia, a partir de 1822. Su integración de territorios se rompió de forma definitiva menos de ocho años después, en 1830, cuando de su gigante República de Colombia sólo quedó el Distrito del Centro. Demostrando la ingobernabilidad del territorio, los otros dos distritos se separaron para conformar, el Distrito del Norte, Venezuela, y el Distrito del Sur, el Ecuador. Con una mayor pena que gloria. En el caso ecuatoriano al menos, muchísima pena.

El sueño de Bolívar fue unir Virreinatos. La realidad se los terminó despedazando.  

Casal y el año 1534

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de julio de 2026.

El año 1895, Manuel Alfredo Casal publicó en Santiago de Guayaquil un libro que contenía unas refutaciones a ciertos dichos de la ‘Gran Guía Estadística Sud-Americana’ acerca de la República del Ecuador. Este libro se había publicado en Génova en 1892 y entre sus tantas refutaciones, Casal explicó que Guayaquil se debió haber fundado el año 1534, no el año 1535 como se sostenía en el libro. 

Esta refutación hecha por Manuel Alfredo Casal no se la basó en la continuidad que existe entre la ciudad de Santiago de Quito fundada en 1534 en las cercanías de la laguna de Colta y la ciudad de Santiago de Guayaquil donde Casal publicó su libro en 1895. La continuidad entre estas dos ciudades (una serrana y otra costeña) es la base del argumento que avanzó por primera vez Miguel Aspiazu Carbo en un libro publicado sesenta años después, en 1955. 

Es importante destacar que este argumento de Aspiazu no lo podía Casal desarrollar en 1895 porque el argumento de Aspiazu surge a raíz de la atenta y razonada lectura de un documento (el acta de fundación de la ciudad de Santiago de Quito, hecha el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro) que se publicó recién en 1934, con ocasión de los 400 años de fundación de San Francisco de Quito, hecha el 28 de agosto de 1534 (y fundada, justamente, en la ciudad de Santiago).

El argumento de Manuel Alfredo Casal para concluir que Guayaquil se fundó el año 1534 implicó la referencia a un documento no tan conocido y un ejercicio de pura lógica. Por su lectura del libro de Francisco Campos, ‘Compendio histórico de Guayaquil desde su fundación hasta el año de 1820’, él conoció de la existencia de una Cédula Real de Carlos I de España, emitida el 6 de octubre de 1535, en la cual se consideraba a Guayaquil como “la segunda ciudad fundada en los dominios del Reino de Quito”. 

Entonces, dedujo Casal, “acordes en que la ciudad de Lima fué fundada por Pizarro en enero de 1535, mal puede admitirse que Guayaquil fuese la segunda fundación de los españoles, si ella hubiese tenido lugar el 25 de julio de 1535, en cuyo caso hubiese sido la tercera, tomando por base sólo las fundaciones de San Miguel, hoy Piura, fundada en 1532, y de Lima, en enero de 1535”. Finalmente, Casal concluyó: “la fundación de Guayaquil tuvo lugar en 1534.”

Aquel año 1534, justamente, es el que consta en el acta de fundación de la ciudad. Miguel Aspiazu, los esposos Ádam Szászdi y Dora León, Julio Estrada, son historiadores que han demostrado que existe una continuidad entre la ciudad de Santiago de 1534 (fundada en la provincia de Quito) y la ciudad de Santiago de 1547 (que se asentó en el cerro Lominchao -hoy, Santa Ana-, en un área vinculada al cacique Guayaquile). El tránsito de esta ciudad española de la Sierra a la Costa para servir mejor a los propósitos de la conquista y sus varios traslados en la Costa hasta encontrar su lugar definitivo en el cerro Lominchao, son materia de minuciosos estudios por Ádam Szászdi y Dora León.

A los nombres de estos historiadores ilustres para dilucidar la fundación de una ciudad y su tránsito hasta un asentamiento definitivo, en cuanto al año de su fundación, se debe agregar a un precursor del siglo XIX: Manuel Alfredo Casal.

Del poema a la Constitución

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de julio de 2025.

En 1825, el guayaquileño José Joaquín Olmedo escribió un poema que exaltaba como héroe a un Simón Bolívar guerrero, con recomendaciones para el Simón Bolívar político. Tras el triunfo en Ayacucho (diciembre de 1824) menguó el Bolívar de la guerra y emergió el grave momento de administrar el fruto de sus tantos años de lucha por separar a los españoles del gobierno del Sur de América. 

El poema de Olmedo se llamó “La victoria de Junín. Canto a Bolívar” y se escribió en diálogo con su héroe. Olmedo le hizo saber a su héroe que los dominios de la poesía le eran ajenos: “¿Qué, le ha parecido a usted que, porque ha sido dictador dos o tres veces de los pueblos, puede igualmente dictar leyes a las Musas? No, señor.”

La principal crítica de Bolívar al poema de Olmedo fue su uso del inca Huayna-Cápac; según él, un inca, “a la verdad, no sabría cantar más que yaravís”. Para Olmedo, en cambio, la aparición en el cielo de un inca que habita en el empíreo (en “las regiones de luz y verdad”) era un recurso útil para hacer un juicio profundo y de largo alcance, que engloba el pasado de la conquista y que se proyecta a un futuro sin los vencidos.  

Al inca Huayna-Cápac, Simón Bolívar lo criticó por considerarlo “un poco hablador y embrollón” y porque parecería que él “es el asunto del poema: él es el genio, él la sabiduría, él es el héroe en fin”. También le debe haber incomodado algunas recomendaciones del inca para el gobierno de los nuevos países, en especial, las que contrariaban su ideal centralista: “Será perpetua, ¡oh pueblos! esta gloria / y vuestra libertad incontrastable / contra el poder y liga detestable / de todos los tiranos conjurados / si en lazo federal, de polo a polo / en la guerra y la paz vivís unidos; / vuestra fuerza es la unión. Unión, ¡oh pueblos! / para ser libres y jamás vencidos.” (vv. 707-714)

Esta idea de un “lazo federal” inscrita en el poema la pudo convertir Olmedo en propuesta constitucional. Cinco años después, en 1830, Olmedo integró el Congreso Constituyente de Riobamba, fue parte de su Comisión de Redacción y escribió de su puño y letra el texto de la Constitución, que fue aprobado el 11 de septiembre. En sus artículos iniciales, la primera Constitución ecuatoriana le proponía a otros Estados sudamericanos que se acuerde la unión de una confederación que lleve por nombre República de Colombia: la concreción del “lazo federal” de unión “para vivir libres y jamás vencidos”.  

Los primeros artículos de la Constitución ecuatoriana de 1830 proponían una reunión “con igual representación” de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, “cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión” (Art. 3). 

Ninguno de los Estados a los que el Ecuador dirigió su propuesta (Colombia y Venezuela) hizo caso a esta idea de unión y confederación. La siguiente Constitución ecuatoriana, aprobada en Ambato el 13 de agosto de 1835, se olvidó del tema y nunca se ha vuelto a ensayar. Quedó como una rareza: la inspiración de un poeta convertida en prosa constitucional, que no funcionó.