Huecos de responsabilidad municipal

Alguna vez, camino a conseguir un encebollado, noté un descomunal hoyo en la obligada virada del tránsito de la calle Limberg para incorporarse al tráfico de la avenida Domingo Comín, en el barrio Cuba. El asunto llegó a las noticias con un titular jurídico: “Municipio de Guayaquil indaga si paga por daños causados por huecos”.

Recuerdo haber leído esta noticia y, unos días después, encontrarme con esta precaria solución municipal. Cosas como estas, son distintivos del subdesarrollo:

Pasó un poco más de tiempo, y la precaria reparación del hueco se la corrigió a como se la debió haber hecho desde un principio:

Lo cierto es que el Municipio de Guayaquil jamás indagó si debía pagar “por los daños ocasionados por los huecos” a los vehículos. Para empezar, el titular de diario El Universo es una mentira: debió decir realmente que “el Municipio no responde”, pues nunca respondió lo que se había comprometido a indagar y a este diario tampoco le interesó hacerle seguimiento a su noticia (esto es típico). Con su titular palurdo le bastó.

Antes de esta intervención municipal en dos partes, recuerdo que una vez que yo volvía de la picantería observé a un carro que venía sobre la calle Limberg derechito a hundir su llanta delantera derecha en el hoyo. Sin soltar la funda con los encebollados, le hice gestos al conductor, un dedo al ojo a modo de advertencia y luego señalé al hoyo. Entendió de una, maniobró bien y lo esquivó. Debió advertir su tamaño, pues el veterano que conducía y su señora me hicieron gestos aspaventosos de agradecimiento por haberlos advertido, los que fueron debidamente correspondidos. Fue una típica escena guayaca: todo este jolgorio, sin nadie soltar su funda de encebollados ni salir de la comodidad de su aire acondicionado.

Con mi encebollado en la mano y haberle ahorrado a esa pareja una visita a la mecánica, me sentí un buen ciudadano. Pero a todos los que no lograron advertir el hoyo y no tuvieron la fortuna de que un buen samaritano se los haya advertido para evitarlo, no deberían albergar ninguna duda, ni esperar ninguna “indagación” del Municipio de Guayaquil, a fin de hacer responsable de la reparación de sus vehículos a dicho órgano del Estado, por estricta aplicación de la norma constitucional que dispone que “el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos…” (Art. 11. 9).

Tráfico de influencias: Sofía Espín vs. Elizabeth Cabezas

Es notorio el contraste, el doble rasero: Por una parte, la asambleísta Sofía Espín fue a una cárcel a visitar a una detenida el 24 de septiembre de 2018 y por la imputación de que en esa visita intentó “influir” en la persona que visitó para que declare de una cierta manera en el juicio en el que la detenida estaba (y está todavía) involucrada, se la destituyó de su curul de asambleísta y se la acusó penalmente por “tráfico de influencias”. El argumento contra Espín fue un supuesto combate de la corrupción, pues su visita a la detenida (autorizada por las autoridades de la cárcel) fue un supuesto delito, acusación que realmente es un adefesio. Hoy Sofía Espín se encuentra fuera del país.

Por otra parte, Elizabeth Cabezas, la Presidenta de la Asamblea Nacional, fue captada en el momento en que llamaba a una autoridad de la Función Ejecutiva (la Ministra del Interior María Paula Romo) para que gestione los votos de la bancada socialcristiana, a fin de evitar una investigación de corrupción relativa al Presidente Lenin Moreno. Si los socialcristianos no eran llamados al orden por Romo, la cosa se pudría: “Nos joden”, decía Cabezas en el audio.

Es decir, en el caso de Cabezas, se para una votación sobre un tema de corrupción porque si no se “joden”, por lo que debió intervenir la Ministra Romo (una expromesa de cambio devenida en bulldog de la derecha reaccionaria) y evitar in extremis que todo se pudra.

Así, el “delito” por el que se acusó a Espín fue visitar a una detenida y que ella diga que le dijeron (algo totalmente subjetivo, es el jueguito del teléfono devenido en prueba judicial) que la quisieron convencer para que no declare en contra de Rafael Correa, pero no hubo ninguna consecuencia jurídica de este hecho (no produjo ningún efecto en la realidad, no cambió la opinión del juez, ni de la testigo, ni de nadie, fue palabrería pura). Lo hecho por Elizabeth Cabezas, en cambio, sí tuvo consecuencias e influyó en un resultado concreto: evitó una investigación de corrupción al Jefe de Estado y de Gobierno, el Señor Presidente Mojón en la Marea. Esta consecuencia sí debería investigarse a fondo, o es que estamos todos pintados.

Porque a una (a Espín) le caen con todo, mientras que a otra (Cabezas) la dejan pasar de alivio, pues hasta se ha dado el lujo de retrucar: ella dice que el audio no es el problema, que el problema es que lo hayan obtenido pues se vive un “Estado de espionaje” (?). Nos toma el pelo, y la gente, tan campante.

Verdad es que los ecuatorianos, frente a las acciones de nuestra clase política, las más de las veces parecemos, y en algunas hacemos gala de ser, un pelotón de cojudos pintados en la pared.