Impedir la letra muerta

En el Ecuador, cuatro ministerios se comprometieron el año 2018 a una Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes que empezó ese año y culmina el 2025, cuyo objeto principal es que la niñez y la adolescencia en el Ecuador, “especialmente los que se encuentran en mayor vulnerabilidad, vivan una vida libre de violencia, ejerzan plenamente sus derechos, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente” (Art. 3). Para cumplir con este fin, crearon un Comité Nacional Interinstitucional, el que tenía a su cargo la creación de un plan operativo.   

Para sostener una política pública de esta envergadura, el presupuesto general del Estado ecuatoriano para el ejercicio fiscal del año 2019 (todavía corriendo) estableció la asignación presupuestaria “123200000.616.2453 – PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES” por la que se dotó con 11.666.585,00 USD a la ejecución de esta política pública. Sin embargo, en el presupuesto general del Estado que actualmente se discute en la Asamblea Nacional para el ejercicio fiscal del año 2020, se ha suprimido esa partida. Ha reducido el presupuesto asignado a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes de 11.666.585,00 a cero.

El primer año hay financiamiento para la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, pero el segundo año ya no lo hay. En una política pensada para ejecutarse en siete años, el mensaje que mandaría esta decisión es nefasto: equivale a convertir en letra muerta a una política con un objeto tan noble, matarla apenas nació. Es claro que con un presupuesto en cero, sólo quedan las buenas intenciones.

Y esto, aunque el embarazo infantil y adolescente en un grave problema porque “afecta de manera seria el desarrollo personal, social y económico no solo de las propias niñas y de sus familias, sino de los países en su conjunto, pues tiene impactos negativos en el desarrollo y el futuro de los adolescentes, reproduciendo círculos de exclusión y pobreza” (CIDH 2017, Párr. 114). Y el Ecuador es uno de los países con las cifras más escandalosas de América latina: a la semana, 40 niñas entre 10 y 14 años dan a luz, y en el rango etario entre 10 y 19 años, es el tercer país con la más alta tasa de embarazos, después de Nicaragua y República Dominicana.

Y sin embargo, el Estado ecuatoriano está pensando reducir a cero el presupuesto asignado para prevenir que estos embarazos ocurran. Así lo contempla la Proforma que fue enviada por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, que ella empezará a debatir desde mañana, 17 de diciembre.

Por ello, como abogados de La Komuna, hemos decidido solicitar que un juez aplique una garantía jurisdiccional de medidas cautelares (Art. 87 CRE) dirigida a la Asamblea Nacional para que le ordene a ella el respeto del principio de no regresividad (Art. 11.8 CRE), y así evitar que se apruebe esta supresión del presupuesto asignado a la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, pues ello amenaza con vulnerar, de manera grave e inminente, los derechos de las niñas y las mujeres adolescentes a vivir una vida libre de violencia y a decidir en libertad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, contenidos en los artículos 66.3.b y 66.9 CRE.

Es lo que nos hemos propuesto hacer para evitar que la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes aprobada el 2018 se convierta en letra muerta.

Pinche Fybeca

Entendamos, primero, que el problema con la decisión de la red de farmacias Fybeca de no vender la pastilla del día después es de índole moral. La mencionada pastilla es un producto de medicina, y esta red de farmacias, muy esperablemente, se dedica a la venta de fármacos. ¿Tiene que tenerlos todos a disposición? No, tiene una amplia libertad para disponer de su oferta. El problema, en este caso, no es que por razones de mercado no tenga X producto, sino que ese X producto está excluido de la venta por otras razones. En este caso, su razón para excluirlo es de índole moral: por su moral basada en su religión.

¿Qué es lo que prohíbe la moral de Fybeca? En concreto, el acceso de los consumidores a una pastilla. Una que debe ser muy importante, porque no en vano se excluye del mercado algo que no tendría mala venta para privilegiar su postura moral. Pierde dinero (poco, en el contexto de sus pingües ganancias) por ser una farmacia que defiende la moral. Lo grave de impedir el acceso a esa pastilla es que contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que medicamentos esenciales, entre ellos la anticoncepción oral de emergencia, deben estar a disposición de la población. Es también una política de Estado, como puede observarse en este comunicado del Ministerio de Salud Pública, firmado por la Ministra Verónica Espinosa:

Bien parada, la Ministra.

Para mí, la decisión de no comprar en Fybeca (y su red asociada Sana Sana) hasta que revise su política con respecto a este tema de salud sexual y reproductiva, es sencilla de tomar. Si un establecimiento da un buen trato, cuenta con la seguridad de mi regreso; si da un trato malo, nunca vuelvo: así ha sido, desde chiquito. Y este es, para mí, el equivalente a un “trato malo”: una empresa farmacéutica renuente a cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, da un “trato malo”. Pone en dificultades (no insalvables, es cierto, pero jode al fin y al cabo) a mujeres en asuntos de salud pública. Eso, desde mi punto de vista, es ofrecer un “trato malo” a la sociedad en la que está inserta esta empresa, que es el segundo grupo de farmacias más grande del Ecuador. Y mucho más con las cifras vergonzosas que tenemos en materia de embarazo de adolescentes en este pequeño país de remilgos hipócritas.

La Ley no dispone una obligación en cabeza de Fybeca para tener en venta la pastilla del día después. Esta no es una lucha legal.

Es una lucha en desigualdad de condiciones entre dos fuerzas del mercado: una empresa que factura 490 millones anuales versus sus consumidores. Sin nosotros, la empresa no es nada. Pero atomizados, los consumidores no somos nada frente a ella. Es manido, pero real: únicamente nuestra unión hará la fuerza.

Esta unión (esta fuerza) sería un creciente montón de decisiones individuales, elocuentes o silentes, de que así como la red de farmacias Fybeca y Sana Sana colocan su moral por encima de las recomendaciones de la OMS y de las políticas públicas del Estado, los consumidores que pensamos que el respeto a esos estándares internacionales y nacionales es un requisito para comprar en dichos establecimientos, nos comprometemos a no comprar en ellos nunca más, a optar por otras alternativas en el mercado. Es decir, juzgar a Fybeca (y por extensión, a Sana Sana) como ellos se atreven a juzgarnos a nosotros: seremos fuertes, si somos muchos los comprometidos a someter a estas farmacias a nuestros estándares morales. Tenemos cómo justificar nuestra acción: será nuestro esfuerzo por civilizarlas.

Porque si por una decisión generalizada de unos consumidores dispuestos a sujetar a altos estándares morales a una corporación que factura 490 millones de dólares al año, las ventas de ella se llegaran a reducir en un porcentaje que preocupe a sus administradores y dueños, su moral arderá en las brazas de la economía, como suele suceder cuando el ideal de las empresas (máquinas para hacer billete, al fin y al cabo) hace crash bum bang con la realidad de los números.

Y la realidad podría ser: si nos comprometemos como consumidores, le torcemos la voluntad a la pinche Fybeca, a la que buena falta le hace un baño de Siglo XXI.