La Audiencia de Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de septiembre de 2026.

Una cédula real, dada el 29 de agosto de 1563 por el rey Felipe II en Guadalajara (España), ordenó la creación de una Audiencia en los dominios americanos del Reino de España que debía residir “en la ciudad de San Francisco de la dicha provincia del Quito” del Virreinato del Perú y estableció los límites para su administración de justicia (una Audiencia es un tribunal, compuesto por un presidente y varios oidores). Fue la segunda Audiencia creada por decisión del rey Felipe II, después de la Audiencia de Charcas en 1559. 

La Audiencia de Quito fue la penúltima dentro del primer ciclo de creación de audiencias españolas en América, empezado con la Audiencia de Santo Domingo en 1511 y concluido con la Audiencia de Chile en 1565 (la tercera y última creada por Felipe II). En este período, en total, se crearon once de estos órganos para la administración de justicia en los dominios americanos del Reino de España. Con el tiempo, algunas se suprimieron (incluida la de Quito entre 1717 y 1723) y otras más se crearon.

Las Audiencias se clasificaban en virreinales, pretoriales y subordinadas. La de Quito era una Audiencia subordinada, sometida a una Audiencia virreinal. Entre 1563 y 1739, subordinada a la Audiencia de Lima; desde 1739 y hasta los tiempos de la independencia, a la Audiencia de Santa Fe. Otras Audiencias subordinadas eran Guadalajara (México) y Charcas.

Esta condición de Audiencia subordinada es importante para comprender el origen de las juntas que se crearon en Charcas (Chuquisaca y La Paz) y en Quito el año 1809. Aquel año, el Reino de España estaba en guerra con la Francia de Napoleón y desde mayo de 1808 la resistencia se había organizado en juntas (la primera, en Asturias) para la defensa de un reino sin rey legítimo (Carlos IV y Fernando VII habían abdicado en Bayona). 

En enero de 1809, la Junta Suprema Central, “depositaria de la autoridad soberana” hasta el retorno del rey legítimo, convocó a elecciones en los territorios del reino para que designen a sus representantes en dicha Junta. Participaron en estas elecciones sus dominios en América y las islas Filipinas (nombradas así como homenaje a Felipe II). 

La regla que se dictó para la ocasión ordenaba que se elija un representante por cada Virreinato y Capitanía General, un total de diez entre América y Asia. Esto dejaba a la Audiencia de Quito sometida a la jurisdicción de una Audiencia virreinal. (Con el agravante de que, para estas elecciones, algunas provincias de la Audiencia de Quito estuvieron bajo la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe y otras bajo la jurisdicción del Virreinato de Lima).

Este contexto es relevante para comprender la creación de la Junta Suprema de Gobierno (con el título de “Magestad” y presidida por una “Alteza Serenísima”) en la ciudad de San Francisco de Quito el 10 de agosto de 1809. Vista en el contexto de la lucha en Europa, fue su forma de participar en la defensa del Reino de España frente a la agresión de los franceses y la ocasión para romper su dependencia de una Audiencia superior, situada en la ciudad de Santa Fe (Bogotá).

Esta es la naturaleza del movimiento de agosto de 1809: no fue una lucha contra el Reino de España, fue en su defensa. 

El caso de Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 28 de julio de 2023.

El caso de Quito es el de un tribunal inferior devenido en república a la fuerza. Quito se convirtió en sede de una audiencia por real cédula del 29 de agosto de 1563, firmada por el rey Felipe II. Entró en funciones el 18 de septiembre del año siguiente.

Una audiencia era, en esencia, un tribunal de justicia. La monarquía española instituyó en América numerosas audiencias, compuestas de un presidente y de un número de oidores (digamos, jueces) que variaba según la importancia de la audiencia. Por una parte, las audiencias de México y de Lima (capitales de virreinato) llegaron a tener doce oidores; la de Quito siempre se mantuvo en cuatro oidores.

Ocurre que esta audiencia de Quito siempre fue una audiencia subordinada (cuando fue audiencia, porque entre 1717 y 1723 fue suprimida). Era subordinada porque si en Quito se decidía algo, siempre podía ser apelado ante una audiencia superior. Desde 1563 hasta que se fundó en 1739 el virreinato de Nueva Granada, ese órgano superior fue la audiencia de Lima. Desde 1739 hasta la extinción de las audiencias con la caída de la monarquía española, ese órgano superior fue la audiencia de Santa Fe. Todas las audiencias estaban subordinadas a la decisión del rey en Europa.  

El reconocido historiador Federico González Suárez escribió: “Por una especie de fatalidad hasta los hombres buenos y mejor intencionados, cuando venían a Quito investidos de autoridad, se dañaban”. Y explicaba como razón: “la enorme distancia a que se encontraban de la Corte y la tardía administración de justicia por parte del soberano, cuyas resoluciones se dictaban al cabo de años de cometido el delito, les daban cierta impunidad, muy perjudicial para la moral y las buenas costumbres”. 

En este ambiente, Quito resultó un bastión del gobierno español. Es un hecho que no hay héroes quiteños en la batalla del Pichincha y que su contribución a la independencia fueron unos soldados de baja graduación. Los firmantes del Acta producto de la batalla fueron un novogranadino (Morales) y un altoperuano (Santa Cruz), delegados por un venezolano (Sucre). Quito fue liberada de España pero no para darle autonomía sino para incorporarla a una república, acorde a una ley en cuya creación ningún quiteño participó: la Constitución de Cúcuta de 1821.

Por siglos, la jurisdicción de la audiencia de Quito abarcó un espacio mucho más allá del río Carchi: llegaba hasta Popayán. Una vez sumada a la fuerza a una nueva república (se llamaba Colombia, le decían “la gran”), por una ley que se decidió en 1824, cuando Quito y otros territorios se separaron en 1830 para fundar el Ecuador, resultó que Colombia le impuso al Ecuador el hecho (disputado por las armas y vencedora Colombia en 1832) que sus límites terminaban en el río Carchi. Y así es que, de aquel territorio sobre el que Quito administró justicia hasta 1822, apenas unos diez años después perdió su mayor parte por la decisión/imposición de Colombia.  

Tal el caso de Quito: una audiencia subordinada, liberada a la fuerza de España, sometida sin consenso a Colombia, que finalmente la privó de unos enormes territorios al norte con los que Quito había estrechado vínculos (económicos, políticos, familiares) durante siglos. 

Los dos 9 de Octubre

En la protohistoria de la República del Ecuador hubo dos 9 de Octubre. Este escrito es un breve relato sobre el primero de ellos, el que ocurrió en Quito en 1810, y que, en un twist raro de la historia, enlaza con el clásico de 1820.

La historia va así: desde que el Rey Felipe II la creó en 1563 hasta la independencia de España a inicios del siglo XIX, y con la sola excepción de los años entre 1717 y 1723 en que la suprimió y volvió a erigir el Rey Felipe V, la Audiencia de Quito administró justicia en un amplio territorio que incluyó a Guayaquil y a Cuenca. Fue la de Quito una Audiencia subordinada, por lo que la última palabra de sus pleitos estaba reservada a una autoridad residente en otra Audiencia mayor.

Durante años, las apelaciones fueron a la Audiencia de Lima, mientras Quito formó parte del Virreinato del Perú. Con la creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1739, Quito se convirtió en una Audiencia subordinada a la Audiencia de Santafé (actual Bogotá), que era la capital del nuevo Virreinato.

Quito nunca se quiso independizar del Reino de España en 1809, eso es una fábula que se inventó años después para darle lustre a las trafasías de algunos monárquicos. Pero en 1808 había empezado una “eclosión juntera” con el ejemplo de la Junta de Asturias del 25 de mayo de 1808. La idea cundió en América: en Montevideo se creó una Junta Gubernativa en septiembre del mismo año, y en Quito ocurrió en 1809, aunque fue pronto aplacada (un gran resumen de lo ocurrido en: ‘Los orígenes de la Revolución de Quito en 1809”, de Jaime O. Rodríguez).

Después de la masacre del 2 de agosto de 1810 en el que tropas peruanas solicitadas por Guayaquil pasaron por las armas al 1% de la población de la franciscana ciudad y de la llegada de Carlos Montúfar como Comisionado Regio en septiembre de 1810, en Quito se creó una segunda Junta de Gobierno, que es la que viene a cuento en esta historia. Dicha Junta se reconoció sometida únicamente al Consejo de Regencia de España e Indias, una institución afincada en Cádiz, representante para ella de la resistencia española frente a la invasión francesa.

Mientras tanto, en Santa Fe se había formado una Junta de Gobierno en julio de 1810 y el 2 de agosto de ese año había invitado a Quito a que forme su propia Junta, subordinada a la de Santa Fe. Pero Quito se negó en redondo a esta pretensión de subordinación y así fue que el 9 de octubre de 1810 su Junta de Gobierno proclamó a Quito como otra Capitanía General del Reino de España, a la usanza de Chile y Venezuela y Guatemala. (Un gran resumen de los hechos en: ‘Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo proyecto político’, de Federica Morelli.)

Ese día, el 9 de Octubre de 1810, San Francisco de Quito reclamó con esta figura una plena autonomía administrativa, un auto-gobierno sin rendirle cuentas a nadie en América. El detalle es que nadie estuvo de acuerdo, ni en España ni en América, con esta pretensión autonomista de las autoridades de Quito.

Para hacer corta la historia larga, todos resistieron su pretensión y las tropas de España se ensañaron con los quiteños (¡de nuevo!). En los primeros días de diciembre de 1812, todo concluyó con el fusilamiento de unos últimos “insurgentes”, tenidos como tales por quienes vinieron a pacificar estos pagos afectados por el “aquí mando yo”. Y tras esta derrota de 1812, como lo reconoció uno de los cronistas de la ciudad, Luciano Andrade Marín, los quiteños “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara.”§

Pasaron casi diez años, hasta mayo de 1822, en que unas tropas originadas en el otro 9 de Octubre, el de 1820, aunadas a tropas colombianas, peruanas y rioplatenses, y tras derrotar en el volcán Pichincha a las tropas españolas, rescataron a Quito de su triste condición.

§ Andrade Marín, Luciano, ‘El Ilustre Ayuntamiento quiteño de 1820 y la gloriosa revolución de Guayaquil’, en: Muñoz de Leoro, Mercedes (comp.), ‘Memorias históricas de la biblioteca municipal González Suárez’, Editorial Abya-Yala, Quito, 2003, p. 75. 

Juan Lanuza V y los fueros de Aragón

Miembros de la familia Lanuza ocuparon el cargo de Justicia Mayor de Aragón entre 1439 y 1591. Al último de ellos, Juan Lanuza V, lo mandaron a chupar gladiolos en una plaza de Zaragoza. El 20 de diciembre de 1591 lo decapitaron, por orden del rey Felipe II*.

Una placa colocada en la plaza de su ejecución 400 años después, en 1991, refleja cómo se componía España en el siglo XVI: como un conjunto de reinos.

El Justicia Mayor de Aragón, institución surgida en 1265, era el funcionario encargado de defender los fueros de su reino. Antonio Pérez, un aragonés, huyó de una intriga que involucraba al rey Felipe II, por la que cayó preso en el Reino de Castilla. Escapó al vecino Reino de Aragón, donde como aragonés que era, estaba protegido por la legislación de su reino y por los fueros que el Rey de Castilla debía respetar. (De acuerdo con la fórmula del historiador John Elliott, “los Austrias fueron reyes absolutos de Castilla y monarcas constitucionales de Aragón” y es que en Aragón gobernó, en nombre del Rey de Castilla un Virrey, como fueron Virreyes los que gobernaron en nombre del Rey los territorios de Castilla en América.)

Felipe II redobló la apuesta y envió a la gente de la Inquisición para atrapar a Pérez, que eran unos joputas que no reconocían fuero. Se armó entonces un motín en Zaragoza para evitar, a los gritos de “Viva la Libertad”, que la Inquisición detenga al aragonés Pérez, quien aprovechó el revolú creado para huir a Francia. Felipe II se sintió burlado. Por eso, decidió cagarse en todo y mandar a su ejército de 12.000 hombres contra el Reino de Aragón.

El Reino de Aragón tenía unos fueros que expresamente prohibían a un ejército extranjero acantonarse en su territorio, pero tenía apenas 2.000 soldados, mal pertrechados y peor disciplinados: “No hubo combates, fue una desbandada general. El 12 de noviembre el ejército real ocupó Zaragoza.”** Por eso, la placa recuerda “la invasión del reino aragonés por el ejército extranjero de Felipe II”. En esa “invasión” está implícito que los aragoneses eran distintos a los castellanos, y que los de Castilla eran “extranjeros”, tan separados uno y otro Reino de la Península Ibérica que hasta inicios del siglo XVIII conservaban todavía las aduanas en sus fronteras.

La placa evoca una “reacción desaforada” de Felipe II, puesta de manifiesto en la ejecución del Justicia Mayor de Aragón, Juan Lanuza V. Pero los cambios jurídicos a los fueros fueron pocos, pues únicamente se abolieron “los aspectos más anacrónicos de la legislación”.  

El fin de los fueros de Aragón (de sus aduanas también) correspondió a otro triunfo de los castellanos: la instalación de la casa francesa Bourbon en España. Aragón apoyó a la causa opositora, la del archiduque de la Casa de Austria (a la que perteneció el malquerido Felipe II), pero nuevamente Aragón perdió. En 1707, tras la batalla de Almansa (“Extraña batalla: un inglés naturalizado francés, el duque de Berwick, mandaba el ejército ‘español’, mientras que las tropas aliadas estaban a las órdenes de lord Galloway, un francés al servicio de Inglaterra”), Felipe V firmó el 29 de junio un primer Decreto de Nueva Planta por el que abolió los fueros de Valencia y Aragón. El 13 de abril de 1711, Felipe V dictó un nuevo Decreto de Nueva Planta, ya exclusivo para el Reino de Aragón, por el que complementó la tarea del decreto anterior y convirtió a Aragón en una nueva provincia del Estado español con cabeza en Madrid. Ese fue el fin de los históricos fueros del Reino de Aragón, esos que le costaron la cabeza (literal) a su Justicia Mayor Juan Lanuza “El Mozo” en 1591, como lo recuerda la placa instalada en la plaza zaragozana.

La lección: a Aragón (luego a la ciudad de Barcelona, foco de la resistencia a los Borbones, en septiembre de 1714***) los mató la cercanía al centro del poder, la posibilidad real de que el ejército castellano vaya y aplaste las disidencias, que lo hizo. Pero las posesiones españolas en América se beneficiaron de su lejanía: hay cómo leer su independencia como un proceso de reacción conservadora a la centralización de los Borbones.

Lo que triunfó en Aragón y Barcelona, terminó por perder a América.

* Ayer nomás decía el Presidente de “Filipinas”, Rodrigo Duterte, que quería borrar del nombre de su país toda referencia a su pasado colonial (el archipiélago fue nombrado así en 1543 en honor al futuro Rey Felipe II: de allí, “Filipinas”). Quiere renombrarlo con el término malayo “Maharlika”.

** Pérez, Joseph, 'Historia de España', Editorial Crítica, Barcelona, 2014 [Primera edición: 2000], pp. 188-191, 231-234, 312-315. Todas las citas se toman de ese libro, guía para narrar esta historia.

*** Los gritos de “independencia” de la afición en el Camp Nou al minuto 17:14 de los partidos del Barça conmemoran este episodio.