A raíz de este artículo, mi amigo Jorge Baquerizo me remitió un texto con algunas de sus observaciones sobre el mismo tema. JB (hombre de lúdica cabeza y propicias iniciales que recuerdan el whisky favorito de García pre-té de boldo) lo pulió y semi-calentito (porque estaba desde el almuerzo, pero mi almuerzo vino largo, ja) lo pongo a disposición de ustedes. Que les aproveche.
Sobre burdeles y razonamientos burdos (A propósito del caso “Teleamazonas”)
Jorge Baquerizo Minuche
En el nutrido historial de exabruptos oficiales llama poderosamente la atención una cultivada perla, proferida hace muy poco por un alto funcionario del Poder Ejecutivo. Según este funcionario, la clausura temporal de un conocido canal de televisión ecuatoriano, obedece a “una decisión administrativa común y corriente”; actuación que viene a significar –siempre en su criterio- algo tan natural como “clausurar un burdel o cualquier cosa”.
Pues bien, no es que sorprenda mucho el notable grado de torpeza en la cita de la referencia: convengamos en que tales manifestaciones son moneda común por estos pagos. No. Lo que verdaderamente asombra es que tales expresiones provengan de quienes hoy fungen como autorizados pontífices de la supuesta transformación jurídica del Ecuador, de quien hoy se dice que es un auténtico “Estado Constitucional de Derechos y de Justicia”.
Porque si este inspirado funcionario comprendiera bien los rasgos del paradigma constitucional contemporáneo, supiera entonces que tal actuación administrativa no versa sobre cualquier cosa, sino sobre un derecho fundamental de prístina tradición en los Estados Constitucionales: la libertad de pensamiento y de expresión, de la que dimana la libertad de prensa. Pero, sobre todo, tendría que tener en cuenta que la propia Constitución (Art. 11, numeral 8, segundo inciso) califica como inconstitucional a cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
La cuestión central, pues, no es simplemente constatar si ciertos hechos se encuadran o no en una infracción establecida en la Ley (como repetidamente argumentan quienes trabajan para el Gobierno y lo defienden) sino determinar si la sanción correspondiente se vincula (o no) con otro principio constitucional que sea tan importante como para justificar el menoscabo del derecho a la libertad de prensa del canal suspendido. Esto es lo que se conoce como principio de proporcionalidad: toda medida restrictiva de un derecho debe ser proporcional al valor constitucional que persigue.
Sin embargo, en la Resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones ni siquiera se identificó ese enigmático fin constitucional que ha sido tan determinante. Consecuentemente, tampoco se ha procedido al análisis de la idoneidad, de la necesidad y de la estricta proporcionalidad de la sanción administrativa. Podrán decir luego que aquella finalidad constitucional no es otra que el respeto al “orden público” pero es que, aun salvando todas las complejidades de tan impreciso concepto, resulta notorio que desde la fecha de la supuesta infracción (más de 7 meses atrás) no ha habido ninguna alteración pública por la difusión de la cuestionada noticia. La medida administrativa, como se ve, ni responde expresamente a algún valor constitucional, ni tampoco resulta adecuada para proteger un supuesto orden público que no se ha visto alterado. Se trata de una sanción evidentemente injustificada y, en consecuencia, inconstitucional.
Claro está que ningún análisis puede oponerse a quien identifique en perfecta analogía a un burdel con una televisora. Quizás su capacidad de razonamiento tampoco le permita discernir entre atropellos ciudadanos y actuaciones administrativas, ni entre violaciones constitucionales y ejercicio del Poder. O, lo que es lo mismo: entre lo que es razonable y lo que es sencillamente burdo.
