Títulos restrictivos

El proyecto de ley de comunicación que se discute en la Asamblea Nacional contiene algunas disposiciones problemáticas. En esta columna, argumentaré contra la disposición que establece la obligatoriedad de que sean “profesionales en cualquier rama de la comunicación social” quienes deban estar a cargo del “proceso de la información desde la cobertura de las fuentes hasta la redacción de la noticia” (artículo 30).

Argumentaré en contra de esta disposición porque considero que viola el derecho a la libertad de expresión. Para sustentar mi argumento, recurriré al principio sexto de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó en octubre de 2001 que establece claramente que “la colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”. La razón para considerar la exigencia de títulos como “una restricción ilegítima a la libertad de expresión” la ofrece la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando interpreta ese principio sexto con fundamento en la Opinión Consultiva OC-5/85 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en noviembre de 1985 (relativa a la obligatoriedad de la colegiación de los periodistas) en la que resolvió lo siguiente:

“Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad”.

Esta opinión de la Corte Interamericana en materia de colegiación obligatoria resulta plenamente aplicable a la exigencia de títulos para ejercer el periodismo. La razón para entenderlo así, sea dicho con palabras de la propia Corte Interamericana, es porque el periodismo es “la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano”. A tiempo de enmendar, todavía.

Bonus: Mauro Cerbino, con su habitual lucidez, sobre lo que falta y lo que sobra en el proyecto de Ley de Comunicación.

Los medios de comunicación y el concepto de libertad

Le tengo mucho aprecio a mi compañero de página dominical en El Telégrafo, Mauro Cerbino. Empecé a tratarlo por algunas actividades académicas (en la UCSG, en la Flacso) en las que hemos coincidido y tengo como impresión de él la de una persona de sólida formación académica, de manifiesto y genuino interés de contribuir a la sociedad y de sentido del humor (tres atributos que tornan, para mí, entrañables a las personas). Este domingo que yo hablaba de exquisita demencia musical en las páginas de El Telégrafo Mauro refería en su columna Un informe silenciado que el informe definitivo de la Comisión para la auditoría de las concesiones de las frecuencias para radio y televisión constata “la existencia de una concentración de medios cuya propiedad está distribuida entre poderosos grupos económicos y familiares que posen radios, televisoras, diarios y revistas” y que “[t]al vez esta situación pueda explicar lo que no lograba entender: por qué el informe de la Comisión ha entrado tibiamente en la agenda de los medios y que de las implicaciones ya ni se habla”. Esa concentración de medios en pocas manos debería, por supuesto, preocuparnos a todos, pero obviamente a nuestra prensa “crítica e independiente” le ha importado un carajo. De hecho, si uno de puro curioso continúa en la ciberpágina de la Ciespal, se encuentra con este otro informe sobre Cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos, en cuyas conclusiones puede leerse lo siguiente:

“Con frecuencia, los gremios empresariales, medios y algunos periodistas tienen una mirada recortada sobre la libertad de prensa y expresión, las miran como un derecho que les pertenece casi exclusivamente a ellos, suelen reclamar vehementemente (desde luego, muchas veces con justicia) cuando las de ellos son afectadas de una u otra forma, pero con la misma intensidad callan o minimizan cuando las víctimas son las libertades de otros. […Las] amenazas [contra la libertad de expresión] no provienen con mayor intensidad del gobierno, como algún discurso mediático dominante trata de que la sociedad así lo piense, sino de factores internos y externos al propio medio. En este sentido, el 38% de periodistas sacrifican principios profesionales por temor a perder su trabajo, y en la TV es más de la mitad; el 44% se autocensura por presión de los dueños y directores de medios y el 30% por los grupos de poder. Además, la mayor intensidad de la amenaza a la libertad de prensa proviene de los grupos de poder (78%) y de los dueños y directores de medios (32%)”.

Lo que nos refiere este informe debería preocuparnos a todos pero no le preocupa a los medios de comunicación. Precisamente por esa razón debería preocuparnos a todos mucho más en la medida en que a los medios de comunicación no les preocupa: este detalle nos revela el tamaño de su cinismo y de su irresponsabilidad.

Por supuesto, para muchos esta última práctica de autocensura que refiere el Informe de la Ciespal solo es un detalle sin importancia, la simple, pura y lógica consecuencia del control al que tienen derecho las corporaciones en nombre de su “libertad” –la libertad del individuo sometido a la libertad de la corporación no tiene ninguna importancia. Este discurso liberal suele responder cuando se le pretende plantear la libertad del individuo en esos casos, “eh, pero esa persona es siempre libre de no trabajar en esa corporación, siempre puede decidir trabajar en cualquier otra, o decidir de plano no trabajar y morirse de hambre, esa persona siempre mantiene de manera formal –digamos, ontológica, si nos ponemos kantianamente jodidos- su libertad de decidir, es libre” (1). Esta es una hermosa, casi poética y profundamente miserable manera de definir el concepto de “libertad”, con total desentendimiento de las condiciones sociales que son necesarias para su ejercicio real (no formal, lo que podría decirse y así lo he llamado aquí “ontológico” o, para decirlo en rotundo español coloquial local, meramente “pajero”) de ese concepto. Pero es evidente que este concepto de libertad excede los intereses de las corporaciones (los medios de comunicación, entre ellas) y en ese contexto siempre será mejor quedarse en los márgenes del pensamiento y defender las puras formas (después de todo, es probable que de puñeta en puñeta les aterrice un billete, todo es tan funcional y tan cool). Pero debería llamarnos la atención el cómo quienes defienden la libertad en este sentido “corporativo” son incapaces de pensar en la opresión que ciertas formas corporativas implican (como introducción al tema, The Corporation) pero horrorizarse con regulaciones que el Estado (entidad cuyo propósito legal y que legitima su existencia no es la maximización del beneficio de unos pocos, sino la regulación de la conducta de los individuos en sus relaciones sociales para la promoción del bien común) podría imponer para garantizar un ejercicio de la libertad de expresión que permita la inclusión de miembros de la sociedad que no pueden hacer escuchar su voz porque no tienen el capital económico para hacerlo, a quienes, en consecuencia, se excluye del debate público (¿les parece extraño que se excluya de manera sistemática del ejercicio de sus derechos a los más pobres? Nah, si esa es la historia de la humanidad, ni se diga del capitalismo en su vertiente clásica). Por cierto, sobre la distinta naturaleza y fines entre las corporaciones y el Estado volveré en otra entrada. Básteme señalar en ésta la miseria conceptual de estos liberales de morondanga, en general, y la miseria y la hipocresía de los corporativos medios de comunicación social en particular.

P.S.- Visto lo visto, ¿qué podría sensatamente esperarse de los medios de comunicación social locales? ¿Autocrítica? ¿Autorregulación? No, pero, ¿qué dices Flores, cómo se te ocurre, qué no entiendes? Si los medios locales siempre dicen la verdad (visualícese aquí un guiño tramposo y cómplice).

(1) Uno podría decir que eso es ser tan libre como el estar amarrado a un poste y poder mover los deditos. Una variación sobre este tema, en relación con un artículo de Gabriela Calderón, puede leerse aquí.