'Por la patria'

 

            Publicado el 29 de abril de 2022.

 

El guayaquileño José Joaquín de Olmedo fue uno de los fundadores del Estado del Ecuador porque fue uno de los representantes en la Convención Constituyente de agosto-septiembre de 1830, reunida en Riobamba, que elaboró la primera Constitución del Estado. Olmedo fue Vicepresidente de la Constituyente y fue parte de su comisión de redacción, en conjunto con el quiteño Manuel Matheu y el guayaquileño Vicente Ramón Roca. El 12 de septiembre de 1830, Olmedo fue elegido el primer Vicepresidente del Estado del Ecuador. Renunció al año siguiente.

 

Esta Constitución de 1830 no resistió la inestabilidad política del primer Gobierno del Ecuador. Cuando en septiembre de 1834 concluyó el período presidencial del general venezolano Juan José Flores, el Ecuador era un país a punto de enfrentarse en la primera guerra civil de su historia. Por una parte, la Jefatura Suprema de Vicente Rocafuerte, proclamada en Guayaquil; por otra, la Jefatura Suprema de la Sierra, liderada por el lojano José Félix Valdivieso. El exPresidente Flores se alió con Rocafuerte.

 

Las tropas de estos Jefes Supremos se enfrentaron el 19 de enero de 1835 en Miñarica, cerca de Ambato. Triunfaron las tropas de Rocafuerte, comandadas por Flores. En seguida se convocó a una Convención para que se reúna en Ambato y redacte una nueva Constitución.    

 

El guayaquileño José Joaquín de Olmedo fue uno de los fundadores de la República del Ecuador porque fue uno de los representantes en la Convención del año 1835 que elaboró la primera Constitución que declaró que el Estado del Ecuador era una República. Olmedo presidió esta Convención, que designó como el primer Presidente de la República a su coterráneo Rocafuerte. Esta Constitución estuvo vigente por dos períodos de gobierno consecutivos, hasta que en 1843 el Presidente Flores convocó a una Convención en Quito, a la que pobló de adictos suyos que elaboraron una nueva Constitución, que pasó a la historia como la ‘Carta de la Esclavitud’. Fue la forma del Presidente Flores para perpetuarse en el poder.

 

En 1845, la revolución marcista sacó a Flores del país. Un Gobierno Provisorio compuesto por Olmedo y otros dos guayaquileños, Diego Noboa y Vicente Ramón Roca, convocó a una Convención para que se reúna en Cuenca y redacte una nueva Constitución. Olmedo formó parte de ella. Ya para esta época, tenía 65 años y había sido constituyente de España, de Perú, del Ecuador. Ya está curtido y desengañado.

 

La Convención de Cuenca debía elegir al Presidente de la República para el período 1845-1849. A Olmedo se lo postuló para Presidente, pero él no quería ser candidato. Quienes lo postulaban, sin embargo, decían que era necesario postularlo a él ‘por la patria’. Y Olmedo se preguntaba con desdén, en carta dirigida a un pariente: ‘¿Qué significarán estos nombres, patria, libertad, derechos del pueblo, convención, etc.?’. Olmedo se candidatizó y perdió. Lo venció Vicente Ramón Roca.     

  

Olmedo murió en febrero de 1847. Esta última Constitución en la que él contribuyó, acabó tras un golpe de Estado de Diego Noboa que, para afianzarse, promulgó una nueva Constitución (quinta del Estado, cuarta de la República) en febrero de 1851. De seguro, también hecha ‘por la patria’.

Quito, 1812

 

Detengamos la historia en Quito, el año de N. S. de 1812. Supongamos que Quito hace su famosa Constitución de 1812 y TRIUNFA. Impone esa Constitución en el territorio de su provincia y perdura por siglos. Las provincias vecinas se confederan y progresan sin la provincia de Quito. Quito, por su cuenta, vive a plenitud bajo el imperio de su Constitución. Es un pueblo montañés y católico. Muy católico.

 

Porque el artículo 4 de su Constitución de 1812 dispone lo siguiente “La Religión Católica como la han profesado nuestros padres, y como la profesa, y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, será la única Religión del Estado de Quito, y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni permitirse la vecindad del que no profese la Católica Romana”.

 

Entonces, tenemos a un pueblo andino habitado ÚNICAMENTE por católicos. Así, la reproducción exclusivamente entre católicos por siglos, encajonados todos en un hermoso paisaje montañés, iba a producir un escenario terrible: una desigualdad pavorosa, pobreza generalizada, censura a las críticas a las autoridades (en especial a las eclesiásticas), represión violenta a los homosexuales, prohibición total del aborto, el Syllabus del buen quiteño y el Índex Quitorum Prohibitorum, los impuestos para los de abajo y la policía para los que desafíen el orden impuesto. Las tasas de alcoholismo y de suicidio estarían por las nubes (ir al Puente del Chiche sería más popular que ir al Panecillo –cuya calle de acceso se llamaría Melchor de Aymerich, triunfador en Pichincha). Todos los errores del sistema se atribuirían a la falta de virtud de los dominados, la caridad sería la única política pública. La religión de la conquista seguiría mandando. Y todavía habría toros porque así lo quiere Dios.

 

Conclusión: un pueblo aislado, poblado únicamente por católicos, sería el infierno en la Tierra. Al menos para los que no mandan, que son la mayoría (para los que mandan, bocatto di cardinale)

 

Alabado sea el Jebús, vea.

El final de la ilusión

 

Publicado en diario Expreso el 22 de abril de 2022.

 

El 20 de diciembre del año que se fundó el Estado del Ecuador (1830), su Presidente, el caribeño Juan José Flores, decretó la anexión del Departamento del Cauca al naciente Estado. Esta anexión de una amplia región al Norte del río Carchi tenía un fundamento histórico.

 

En el tiempo de los españoles, una parte del Departamento del Cauca había estado sometida a la jurisdicción de la Audiencia de Quito, que era un tribunal de justicia compuesto de cinco jueces (un Presidente y cuatro oidores), cuyas sentencias se las podía apelar a una Audiencia superior (la de Quito fue siempre una Audiencia subordinada). Con algunas partes del Cauca (en especial con Pasto y Popayán), la Quito española había labrado unos profundos vínculos en el curso de los siglos entre la conquista y la independencia.

 

En la jurisdicción de la Audiencia de Quito convivieron varias Gobernaciones: la de Quito y las de Cuenca, Guayaquil y Popayán. La Gobernación de Quito limitaba al Norte con la Gobernación de Popayán. El revolucionario 10 de agosto de 1809 fue un intento quiteño de extenderse al Norte: en el Acta que ese día se redactó se habló de una eventual unión de Quito con ‘Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá’.

 

Pero el 10 de agosto de 1809 no fue bien recibido por ninguno de los territorios vecinos a Quito, ni al Norte ni al Sur. En particular, la Gobernación de Popayán repelió a las tropas quiteñas en la batalla de Funes. Cuenca y Guayaquil enviaron tropas contra Quito. A esta ciudad le demoró 76 días claudicar su experimento de autonomía y expansión.

 

Cuando llegó la independencia en 1822 tras la batalla del Pichincha, se la quitó a Quito de España para transferirla a Colombia y convertirla en uno de los doce Departamentos colombianos (la provincia española de Quito se pasó a llamar ‘Departamento del Ecuador’). Este cambio no le sentó bien a Quito: en 1824, mientras era colombiana, se aprobó la Ley de División Territorial de la República de Colombia, que fijó los límites por el Norte del Departamento del Ecuador en el río Carchi.

 

Por ello, el decreto del 20 de diciembre de 1830 fue una reivindicación del viejo anhelo de Quito de que se la reconozca como la ciudad rectora de una parte del Departamento del Cauca, aquella sometida a su jurisdicción como Audiencia (o al menos los Pastos). Después de 1809, éste era el segundo intento de Quito, ahora como Estado ecuatoriano. El Congreso de 1831 lo apoyó al Presidente Flores y aprobó una ley de anexión del Departamento del Cauca. El ejército ecuatoriano había ocupado Popayán. Estábamos en guerra.

 

Pero ni Colombia (en ese entonces llamada Nueva Granada) era tan débil, ni el Ecuador era tan poderoso. La guerra se saldó a favor de la Nueva Granada, que impuso al Ecuador el Tratado de Pasto, firmado el 8 de diciembre de 1832, que fijó los límites del Estado del Ecuador al Norte en el río Carchi, que es donde los había fijado la ley colombiana de 1824 para el Departamento del Ecuador.

 

Así, también el segundo intento falló. Y tras el Tratado de Pasto se la orilló a Quito, de manera definitiva, a clausurar su ilusión de gobernar los territorios allende el río Carchi sobre los que había administrado justicia en nombre del rey de los españoles.

Corran por su vida

 

El informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 17 de marzo de 2022 sobre ‘Personas privadas de libertad en Ecuador’ es una elocuente descripción de la derrota del Estado ecuatoriano en la administración de los 36 centros de detención que tiene en su territorio. El primer párrafo del Resumen ejecutivo del informe irrumpe así:

 

‘Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral’. (Párr. 1)

 

O sea, el Estado es como un gran nuay, el naiden de la institucionalidad.

 

Más adelante en su informe, la Comisión Interamericana enumera los factores que han causado la actual crisis penitenciaria en el Ecuador: ‘debilitamiento de la institucionalidad del sistema penitenciario; aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento; la política contra las drogas; uso excesivo de la prisión preventiva; obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios e indultos; y deplorables condiciones de detención’. (Párr. 12)

 

La suma de estos factores produce una consecuencia nefasta: ‘el Estado ecuatoriano está colocando a la población penitenciaria en una situación inminente y permanente de riesgo, y exponiéndola a altísimos actos de violencia carcelaria sin precedentes, que está resultando en que cientos de personas pierdan la vida aún estando bajo la custodia del Estado’. (Párr. 65)

 

Y he aquí la cereza de este pastel catastrófico:

 

‘En particular, llamó la atención de la Comisión que durante su visita al Centro Guayas No. 4, al consultar sobre la existencia de protocolos de actuación en casos de violencia, la autoridad penitenciaria indicó que no habría una política, y en ese sentido, las personas privadas de libertad debían correr hacia las oficinas administrativas en busca de refugio’. (Párr. 71 –el resaltado no es del original)

 

No hay imagen más perfecta para escenificar el fracaso del Estado ecuatoriano.

La derrota del Estado

 

Publicado en diario Expreso el 15 de abril de 2022.

 

Este año se cumplen 25 años de la publicación del ‘Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador’ elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo capítulo VI trató sobre ‘La situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario’. En el primer párrafo de dicho capítulo, la CIDH sintetizó que los problemas del sistema penitenciario ecuatoriano a mediados de los años noventa derivaban ‘primero: de los retrasos en el sistema de justicia penal, lo que conduce a la sobrepoblación en las cárceles y, segundo: el inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas’. En un cuarto de siglo, la situación en las cárceles empeoró: hoy el Estado luce derrotado.

 

Este año 2022 la CIDH publicó un informe temático titulado ‘Situación de personas privadas de libertad en Ecuador’, elaborado a partir de la visita de trabajo que ella realizó al Ecuador del 1 al 3 de diciembre de 2021. En su primer párrafo, la CIDH destacó la renuncia del Estado a cumplir su rol de control y de rehabilitación de la población carcelaria: ‘Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral’. Abandono y ausencia como las bases de la derrota del Estado.

 

En estos 25 años lo que ha ocurrido es que hemos pasado de los abusos cometidos en prisiones controladas por el Estado a los abusos que ocurren en prisiones que el Estado ya no controla. El reciente informe de la CIDH es elocuente: ‘En las cárceles del Ecuador, el control efectivo de los pabellones lo tienen los propios internos’, que tienen sistemas de auto-gobierno en los que los líderes de las bandas criminales ‘cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a Internet y teléfonos, y otros servicios’. Los internos, constató la CIDH, tienen las llaves de sus pabellones.  

 

Con el paso de los años, los dos problemas que había detectado la CIDH en su informe del año 1997 se han agravado. El primero, los retrasos en el sistema de justicia penal han degenerado en ‘políticas que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad, a través de privilegiar la aplicación de prisión preventiva y de la obstaculización de imposición de beneficios penitenciarios dirigidos a la excarcelación’. Se ha ido de mal en peor.

 

Sobre el segundo, el ‘inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas’, el informe de la CIDH del 2022 presenta números que lo documentan: ‘el presupuesto para el sistema penitenciario era de 153 millones de dólares en 2017, de 131 millones de dólares en 2018, de 90 millones de dólares en 2019, de 88 millones de dólares en 2020, y de 54 millones de dólares en 2021’. Y es que disminuyó el presupuesto, pero en ese mismo período aumentó el número de presos (?). Todo es una receta para que las cosas salgan mal.

 

Que es como han venido saliendo por más de 25 años, y contando.

El Sur ganó

En el Ecuador, el Estado siempre ha estado capturado. Lo tradicional es que lo hayan capturado delincuentes de cuello blanco. Pasa ahora que hay nuevas personas que han capturado al Estado: es la gente del Sur, que vive y opera en las cercanías del Puerto Marítimo.

 

Los delincuentes de cuello blanco, esencialmente, roban a la población. Son altos funcionarios y grandes empresarios, que han capturado al Estado para administrarlo a su gusto, para repartirse el dinero público a través de contratos, prebendas y variopintas corruptelas (además de comprar u ordenar impunidad). Ello va de Dhruvs a medicinas, en un país que tiene junto a Paraguay (sede de la Conmebol, que ya es mucho decir) el triste título de ser los más corruptos de Sudamérica. 

 

La captura del Estado hecha por los del Sur es diferente. Son (como fueron los conquistadores) unos empresarios de altísimo riesgo. Pero tienen unas enormes ventajas frente a los delincuentes de cuello blanco. Tienen dinero a millares surgir (por obra de inversores mexicanos y de su negocio boyante), burocracia flexible y ningún escrúpulo (si tienen que trocear a alguien, lo hacen). Frente a ellos, tienen a un Estado que ha sido sometido bajo la conocida consigna Pabloescobariana: plata o plomo. Con esa sencilla/sangrienta consigna han sometido a autoridades administrativas, de la Fuerza Pública y judiciales, representantes de un Estado torpe y esclerótico-burocrático.

 

Un reconocimiento oblicuo del triunfo de los del Sur es la alerta que emitió, en septiembre del año pasado, la Embajada de los Estados Unidos de América a sus funcionarios de que se abstengan de circular al Sur de la avenida Portete, porque allí es un sector inseguro [hic sunt leones]. Es una manera de decirle a su gente que el Estado en el que se encuentra no está (ni en su versión local ni en la nacional) en la capacidad de garantizar su seguridad en ese sector de Guayaquil. Es una zona de otros.

 

El del Ecuador es un Estado siempre capturado, rumbo raudo a convertirse en un narcoestado.  

Los 'Años de la Libertad'

            Publicado en diario Expreso el 8 de abril de 2022.

La Constitución de 1845 fue la cuarta Constitución del Estado del Ecuador en poco más de quince años de convulsa existencia. Esta Constitución reemplazó a la Constitución de 1843, que había sido hecha a la medida del general venezolano Juan José Flores por varios de sus adictos, reunidos en una Convención Nacional celebrada en Quito. La Constitución de 1843 estableció las reuniones ordinarias del Congreso cada cuatro años, un gran poder de veto y de designación de autoridades para el Presidente de la República y la duración de su cargo por ocho años, la duración del cargo de senador por doce años y su reelección indefinida. Centralista y autócrata, esta Constitución pasó a la historia como la ‘Carta de la Esclavitud’.

 

El 6 de marzo de 1845 se levantó en armas el puerto de Guayaquil en contra del gobierno constitucional de Flores. Se conformó un gobierno provisorio, compuesto por los guayaquileños José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. En el campo militar, el general guayaquileño Antonio Elizalde y sus insurgentes tomaron Guayaquil y atacaron a las fuerzas del general Flores, que se habían atrincherado en la hacienda La Elvira, en las cercanías de Babahoyo. Tras un asedio de varios días, dos incursiones que costaron alrededor de un millar de muertos y de conocer que desde Manabí venían refuerzos para el enemigo comandados por su antiguo edecán José María Urbina, el general Flores llegó a un acuerdo por el que aceptó abandonar el Ecuador, dejando vacante la Presidencia de la República.

 

El triunvirato de Olmedo, Roca y Noboa convocó a una Convención Nacional que se reunió en Cuenca y que el 3 de diciembre de 1845 puso en vigencia una nueva Constitución en reemplazo de la ‘Carta de la Esclavitud’. El año 1845 pasó a conocerse, en los documentos oficiales, como el ‘Año I de la Libertad’. Se adoptó una nueva bandera nacional, de colores celeste y blanco.

 

Tras una reñida competencia entre los triunviros Roca y Olmedo, la Convención Nacional eligió Presidente de la República a Vicente Ramón Roca, para que ejerza su cargo hasta el 15 de octubre de 1849. Concluido el período presidencial de Roca, el Congreso debió proceder a la elección de su sucesor, ahora entre el general Antonio Elizalde y el otrora triunviro Diego Noboa. Como tras 105 votaciones del Congreso ninguno de los dos candidatos había obtenido los dos tercios de los votos que requería la Constitución de 1845, el Congreso se disolvió no sin antes nombrar Encargado del Poder Ejecutivo al quiteño Manuel de Ascázubi, quien había ejercido la Vicepresidencia de la República durante el gobierno de Roca, entre 1847 y 1849.

 

Ascázubi era débil y duró poco. Si hemos de creer a la nomenclatura oficial, él cayó durante el ‘Año VI de la Libertad’ (1850). El extriunviro Noboa perpetró un golpe de Estado y organizó una Asamblea Constitucional que dictó una nueva Constitución, que entró en vigor el 25 de febrero de 1851. En menos de 20 años ya eran cinco Constituciones para el atribulado Estado del Ecuador. Y vendrían más (la siguiente en 1852), en un país de perpetua lucha sin acuerdos.  

 

En julio de 1852, un golpe de Estado encumbró al general José María Urbina. Era el ‘Año VIII de la Libertad’.

El crimen que ubicó a Guayaquil

 

Publicado en diario Expreso el 1 de abril de 2022.

 

Los conquistadores de América cruzaron el océano Atlántico para someter a los naturales del territorio conquistado y ponerlos a trabajar (explotarlos) en su provecho. Este sistema de explotación se llamó ‘encomienda’. Los conquistadores querían que las encomiendas a ellos otorgadas por sus sacrificios sean hereditarias, pero la Corona de Castilla quiso limitar su duración y, en efecto, así lo hizo en las llamadas Leyes Nuevas, dictadas por el Rey Carlos I en 1542. En la América del Sur, Gonzalo Pizarro capitaneó las demandas de los conquistadores de explotar a su gusto a los nativos. El asunto desembocó en una guerra civil entre conquistadores.

 

Para esta época, Guayaquil era una ciudad española bajada de la montaña, buscando asentarse a la orilla de un río grande. Y se había asentado en la margen oriental de un río, pero sin suerte, pues los ataques de los nativos en 1536, 1537, 1542 y 1543 obligaron a los europeos a trasladar la ciudad una y otra vez, aunque siempre sobre la margen oriental, es decir, en la margen del río más cercana a Quito, villa (ciudad desde 1541) a la que Guayaquil debía servir como puerto.

 

La guerra civil entre los conquistadores es el escenario del crimen ocurrido en Guayaquil que determinó su ubicación definitiva. En Guayaquil gobernaba un portugués, Miguel de Estacio, nombrado Teniente de Gobernador de Guayaquil por Gonzalo Pizarro. En Puerto Viejo gobernaba Francisco de Olmos, Teniente de Gobernador también nombrado por Pizarro. Pero Olmos se cambió al bando realista tras conocer que el Rey había enviado a un sacerdote miembro de la Inquisición, Pedro de la Gasca, a pacificar en su nombre estos ariscos territorios.

 

En abril de 1547, para someter a los sublevados a la autoridad del rey, fue a Guayaquil Francisco de Olmos acompañado de otros ocho españoles. El 6 de abril de 1547, Olmos y compañía sacaron al gonzalista Estacio a conversar al fresco y lo cosieron a puñaladas. También mataron a otros gonzalistas, Alonso de Gutiérrez y un tal capitán Marmolejo. Consumadas estas muertes, la incipiente Guayaquil volvió al redil del Rey.

 

Y consumadas estas muertes, los habitantes de Guayaquil temieron la venganza de Pedro de Puelles, Teniente de Gobernador en Quito nombrado por Gonzalo Pizarro. Para ponérsela difícil a Puelles, los guayaquileños decidieron trasladar la ciudad a la margen occidental del río y ubicarla en la cima de un cerrito, para su mejor defensa.  

 

Pedro de Puelles nunca pudo concretar la temida venganza, porque el 29 de mayo de 1547 lo fueron a visitar unos españoles a su casa en Quito y lo cosieron a puñaladas. Pero ya Guayaquil no se movió del cerro que pasó a llamarse Santa Ana. Fruto del temor, la ciudad había llegado a su ubicación final. Y a pesar de los reclamos de Quito a la Audiencia de Lima para que Guayaquil regrese a la margen oriental (‘para ir y venir [a Guayaquil] se ha de ir con balsas y por ser puerto desta cibdad le viene daño’), ello ya nunca ocurrió.

 

423 años después, en 1970, el ‘Puente de la Unidad Nacional’ acercó Guayaquil a Quito, salvando una distancia que se había creado en 1547. El temor a la venganza por un crimen separó a estas ciudades por mucho (demasiado) tiempo.

Muerte en Puná

 

Publicado en diario Expreso el 25 de marzo de 2022.

 

Vicente de Valverde fue un fraile dominico que participó en la conquista española del Perú comandada por el Adelantado Francisco Pizarro. En 1532, Valverde fue quien le dio una biblia al inca Atahualpa, que el indígena arrojó lejos de sí (después de lo cual, Valverde lo calificó de ‘perro’). También él lo bautizó, él firmó su sentencia de muerte y él celebró la misa por el eterno descanso de su alma cristiana. Tras la muerte de Atahualpa, la conquista era cuestión de tiempo.

 

Por los éxitos de la conquista, Valverde llegó a ser en 1537 el primer Obispo de Cusco (cuando ése era el único obispado en Sudamérica entera) y fue un gran consejero del ahora Marqués Francisco Pizarro, un hombre ennoblecido por su ambición y pariente lejano de Valverde. Pizarro, siendo el Gobernador del Perú, murió en un episodio de venganza protagonizado por otros españoles (es fama que le atravesaron una espada en la garganta), el 26 de junio de 1541, en Lima.

 

Enterado del asesinato de Pizarro, Vicente de Valverde temió por su vida. Huyó, entonces, para salvarla pero en su huida iba a perderla. Le ocurrió como en aquel cuento persa en que la Muerte hace una advertencia a un individuo y él decide huir lejos, únicamente para encontrarse con la Muerte en el lugar al que él huyó (en el cuento persa, ese lugar es la ciudad de Isfahán). Para el Obispo Valverde, su Isfahán fue la isla Puná. Allí él encontró la muerte, pero no a manos de los españoles vengativos de los que estaba huyendo, sino de los indígenas que allí habitaban y que aún lo recordaban.

 

Porque antes de la captura y muerte de Atahualpa y aún antes de penetrar al continente por Tumbes, el Adelantado Francisco Pizarro y su hueste, incluido el fraile dominico Vicente de Valverde, permanecieron unos meses en la isla Puná, a la espera de unos refuerzos que vendrían desde Panamá para acometer la conquista en el continente. Fueron a la isla Puná por invitación de su cacique, pero estos invitados europeos no tardaron en comportarse como la rudimentaria gente de conquista que era, por lo que no tardaron en producirse desconfianzas y rumores que lo llevaron a Pizarro a apresar a los jefes punáes y a entregarlos a sus enemigos de Tumbes, que los decapitaron.

 

Los isleños, entonces, se sublevaron. Se enfrentaron a los españoles y aunque eran mucho más numerosos, perdieron. Los españoles, como lo destacó William Prescott en su Historia de la conquista del Perú, tuvieron a su favor ‘armas y disciplina’. Eran buenos y curtidos soldados, llenos de ambición, luchando contra tribus de infieles que no conocían a Cristo. Así lo aseguraba en su prédica el fraile Valverde, un entusiasta del sometimiento de los no cristianos.

 

En ocasiones, los pueblos no olvidan. Diez años después de la derrota de los sublevados de Puná, en plena huida de la muerte segura a manos de los españoles vengativos, el fraile Vicente de Valverde regresó a la isla. Iba de paso, pues su idea era aprovisionarse y seguir su camino. La idea de los punáes fue una muy distinta. Es fama que lo detuvieron mientras oficiaba una misa y que tuvo una muerte atroz: lo desollaron en tiritas y se lo comieron.

 

En Puná encontró la muerte el primer Obispo sudamericano, como festín de los isleños.

Nació la República del Ecuador

            Publicado en diario Expreso el 18 de marzo de 2022

 

El pensamiento de Simón Bolívar sobre el naciente Estado del Ecuador quedó expresado en una carta fechada 9 de noviembre de 1830 y dirigida a su fiel amigo Juan José Flores, quien desde septiembre de 1830 se desempeñaba como Presidente del ‘Estado del Ecuador’. Bolívar le advirtió que, en ese territorio por él conocido como el Sur, los hombres eran ‘unos orgullosos, otros déspotas y no falta quien sea también ladrón; todos ignorantes, sin capacidad alguna para administrar’.

 

Y anduvo certero el Libertador, porque administrar no pudieron ese remedo de Estado que se lo suponía, en su primera Constitución, como confederado en la República de Colombia. En su artículo 3, la Constitución disponía el camino a seguir: ‘El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la Unión.’

 

Este artículo presuponía que los otros dos ‘Estados de la Unión’, Colombia y Venezuela, iban a estar interesados en conformar un Colegio de Plenipotenciarios en igualdad de representación con el Ecuador. Este presupuesto fue un craso error. Jamás se reunió un Colegio de Plenipotenciarios para fijar los límites del Estado del Ecuador. En su parte norte, esos límites fueron fijados tras una breve guerra.

 

En lo que se conoce en Colombia como ‘La guerra del Cauca’, el ejército del Estado del Ecuador cruzó el Río Carchi y entró en territorio colombiano, hasta ocupar la ciudad de Popayán (capital de una Gobernación que había integrado la Audiencia de Quito en tiempos de la administración española). Pero Colombia se recompuso y terminó por ganar la guerra y por obligar al Estado del Ecuador a reconocer que su límite por el Norte era el río Carchi, que era el mismo límite que se había fijado en una ley grancolombiana de 1824. El Ecuador fue a por el territorio que supuso suyo por una tradición de siglos, pero Colombia arrebató este territorio por lo dispuesto en una ley republicana. El Tratado de Pasto, firmado el 8 de diciembre de 1832, es el testimonio de su triunfo.

 

En 1834, Flores le entregó el poder a Rocafuerte, que lo asumió en calidad de Jefe Supremo para enfrentarse con otro Jefe Supremo en la primera guerra civil ecuatoriana, que se saldó con el triunfo del ejército financiado por Rocafuerte y comandado por Flores en la batalla de Miñarica. En estos tiempos convulsos, se reunieron los representantes de los Estados para decidir acerca de los pagos a los ingleses por la deuda de las guerras de independencia. El Ecuador, ocupado en su guerra civil, no pudo mandar a nadie. Colombia y Venezuela le clavaron un injusto 21.5% del total.

 

Tras el triunfo en Miñarica se reunió una Convención Nacional para redactar una nueva Constitución que ya no insistió en confederar el Ecuador con nadie. Fue con la entrada en vigor de esta Constitución, el 13 de agosto de 1835, que nació la República del Ecuador. Así, despojada de su territorio histórico al Norte y endeudada hasta el cogote, así nació la República del Ecuador.

Las legaciones quiteñas de 1809

            Publicado en diario Expreso el 11 de marzo de 2022.

 

Un episodio poco conocido de la revolución quiteña de agosto de 1809 fue el envío de unas legaciones diplomáticas de la Suprema Junta Gubernativa de Quito a las provincias vecinas de Popayán, Guayaquil y Cuenca. A ninguno de estos improvisados diplomáticos le fue bien en su cometido de informar a las autoridades de Popayán, Guayaquil y Cuenca de la revolución hecha en Quito para sostener “la pureza de la Religión, los Derechos del Rey, los de la Patria”, como se lee en el Acta del 10 de agosto.

 

Cada legación se compuso de dos personas. De la legación que la Suprema Junta propuso para viajar a Popayán, Antonio Tejada declinó su participación en ella por considerar que lo actuado el 10 de agosto era sedicioso. Manuel Zambrano, por su parte, se trasladó a Tulcán, entabló conversaciones con las autoridades de Pasto y ellas le dieron largas para, finalmente, impedirle a él su entrada a la provincia de Popayán por considerar su actuación peligrosa y contraria a la ley.

 

La legación de la Suprema Junta a Guayaquil la conformaron Jacinto Sánchez de Orellana y José Fernández-Salvador. Emprendido el viaje, desde Guaranda, ellos decidieron enviarle una carta al Gobernador de la provincia de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, para informarle del propósito de su visita a la ciudad. En su respuesta, a lo único que se comprometió Cucalón, si ellos se adentraban en la provincia de Guayaquil, era a tratarlos “sin impropiedad”. Con unas garantías tan pobres, Jacinto Sánchez de Orellana, II marqués de Villa Orellana, desistió de continuar el viaje. Por su parte, José Fernández-Salvador sí viajó a Guayaquil, pero no para el cumplimiento de su encargo, sino para dar unas “declaraciones circunstanciadas acerca del estado de los rebeldes, sus hechos y armamento”, según se relata en ‘Revolución y diplomacia: el caso de la primera junta de Quito (1809)’, del historiador Daniel Gutiérrez Ardila. Es decir, Fernández-Salvador fue a Guayaquil en calidad de delator.

 

A la legación de la Junta de Gobierno a Cuenca no le fue mejor que al resto. Emprendieron camino y, desde Riobamba, Salvador Murgueitio y Pedro Calisto, escribieron al Gobernador y al Obispo de Cuenca para que les sea garantizada la seguridad y se los ponga “a cubierto de gente torpe y ruda”. Pero sólo recibieron negativas, pues las autoridades de Cuenca nunca aceptaron que ellos entren en la provincia. Y tampoco fueron estos delegados muy de fiar, de acuerdo con el citado artículo del historiador Gutiérrez Ardila: “El regidor Pedro Calisto, pocos días después, se unió a las autoridades regentistas y trabajó activamente para disolver el gobierno revolucionario. Murgueitio, entre tanto, desempeñó un destacado papel en la contrarrevolución en Riobamba y, particularmente, en la destitución del corregidor Javier Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre”. Es decir, fueron traidores a la causa que se les encomendó.

 

La revolución del 10 de agosto de 1809 demoró 76 días en caer. Sin el apoyo de las provincias vecinas, sin fuerza para sostenerse, el 24 de octubre de 1809 se reculó y se devolvió el poder a la autoridad española a quien el 10 de agosto se había cesado en sus funciones, el conde Ruiz de Castilla.

Noguchi y la fiebre amarilla

            Publicado en diario Expreso el 4 de marzo de 2022. 

En el Ecuador se suele afirmar que un japonés, Hideyo Noguchi, fue quien descubrió el agente causal de la fiebre amarilla en el curso de las investigaciones que realizó en la ciudad de Guayaquil. Esta afirmación es falsa, porque también fue falsa la hipótesis de Noguchi. Su hipótesis era que el agente causal de la fiebre amarilla es una Leptospira icteroides y, como es bien conocido, su agente causal es un mosquito, el Aedes aegypti.

 

Entre 1842 y 1844, la fiebre amarilla asoló Guayaquil. La fiebre amarilla volvió a golpear entre 1853 y 1856, entre 1867 y 1869, y desde 1877 fue un problema de todos los años casi sin excepción y siguió siéndolo hasta bien entrado el siglo XX. En estos años, muchos buques evitaron Guayaquil por temor a contagiarse. Un director de la Fundación Rockefeller, Wickliffe Rose, en un informe acerca de la factibilidad de la erradicación de la fiebre amarilla, consideró a Guayaquil como un ‘hoyo pestífero’ (pest-hole) en el que la fiebre amarilla era ‘siempre endémica’.

 

Por la apertura del Canal de Panamá en 1914, ese ‘hoyo pestífero’ que era Guayaquil dejó de ser un problema localizado para convertirse en un problema global. Por la apertura del canal, Guayaquil pasó a ser un puerto desde el que se podía llevar la fiebre amarilla a poblaciones no-inmunes a ella, principalmente en Asia. Y es aquí donde entran en la historia de Guayaquil la Fundación Rockefeller y el japonés Noguchi.

 

El año 1918 la Fundación Rockefeller envió dos grupos a Guayaquil para erradicar la fiebre amarilla. El primero llegó en junio y estuvo presidido por el Dr. Arthur Kendall, a quien lo acompañó el bacteriólogo Hideyo Noguchi para investigar el agente causal de la fiebre amarilla. El segundo grupo llegó en noviembre, presidido por el Dr. Michael Connor. Este grupo aplicó en Guayaquil las medidas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti.

           

En Guayaquil, Noguchi estudió la hipótesis de que la bacteria Leptospira icteroides sea el agente causal de la fiebre amarilla. A los pocos días de empezar sus investigaciones, él asumió que su hipótesis era correcta. Por esto, en el Ecuador se lo celebró y se lo nombró Coronel honorario del Ejército. Con base en las investigaciones de Noguchi, la Fundación Rockefeller produjo una vacuna inmunizante que distribuyó hasta 1927, cuando la descontinuó por habérsela probado ineficaz. Así mismo, nuevas investigaciones demostraron que la hipótesis de Noguchi era falsa.

 

Por contraste, las medidas que se adoptaron por el grupo del Dr. O’Connor fueron exitosas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti. El 27 de mayo de 1920, el Dr. José María Ayora, Ministro del Interior y Sanidad, declaró que la fiebre amarilla había sido totalmente erradicada de Guayaquil.  

 

En cuanto a Noguchi, él continuó con sus investigaciones en Acra, capital de la actual Ghana. Noguchi, contagiado de la fiebre amarilla, murió en Acra el 21 de mayo de 1928.

La batalla de Tarqui

            Publicado en diario Expreso el 25 de febrero de 2022.

Un acontecimiento poco conocido de la historia de la América hispana es la celebración de unas elecciones generales a escala continental, convocadas el 22 de enero de 1809 por la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino de España. Esta Junta Suprema Central convocó a los territorios americanos en posesión del Reino de España a la elección de un total de nueve diputados, uno por cada virreinato (Nueva España, Perú, Nueva Granada y Buenos Aires) y uno por cada capitanía general (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela). Las elecciones se realizaron (en el Virreinato de Lima se escogió a José de Silva y Olave) pero los diputados americanos nunca llegaron a integrar la Junta Suprema Central, debido a su disolución en enero de 1810. 

 

El caso relevante para la batalla de Tarqui es que, para estas elecciones del año 1809, el actual territorio del Estado del Ecuador (entonces contenido en la Audiencia de Quito) se dividió en dos: la provincia de Quito votó en el Virreinato de Nueva Granada, mientras que las provincias de Guayaquil y Cuenca votaron en el Virreinato del Perú. Este hecho electoral evidencia que, desde los inicios del siglo XIX, la provincia de Quito y las provincias de Guayaquil y Cuenca se encontraron en diferentes jurisdicciones.

 

La batalla de Tarqui, ocurrida el 27 de febrero de 1829 en un portete en las cercanías de Cuenca, fue el enfrentamiento entre los Estados sucesores del Virreinato de Nueva Granada y del Virreinato del Perú, esto es, entre la República de Colombia y la República del Perú. Para Colombia, todavía gobernada por Bolívar, este enfrentamiento ocurrió para defender y mantener los territorios que ella había obtenido en tiempos ya republicanos (incluida una ocupación manu militari de Guayaquil, comandada por el propio Bolívar) mientras que, para el Perú, este enfrentamiento bélico era una oportunidad para recuperar los territorios que habían pertenecido al Virreinato del Perú en las postrimerías del período colonial (en tiempos en que los documentos oficiales en Cuenca se los firmaba como ‘Cuenca del Perú’). Por ello, resulta apenas natural que el Presidente del Perú que comandó el ejército de su país para la recuperación de estos territorios haya sido un nativo de Cuenca, José Domingo de Lamar.

 

En la batalla de Tarqui, los peruanos de Lamar conocieron la derrota. En consecuencia, las provincias de Guayaquil y Cuenca (la que, para esta época, estaba ya renombrada como Azuay) siguieron perteneciendo a la República de Colombia (en específico, al Distrito del Sur de dicha república).

 

Ahora, sostener los territorios del Sur le duró poco a Colombia. Al año siguiente, 1830, el Distrito del Sur se desmembró de la República de Colombia y se constituyó como Estado independiente con el nombre raro de ‘Estado del Ecuador en la República de Colombia’. Con el tiempo, este Estado adoptó el nombre ‘República del Ecuador’ y decidió que la fecha de la batalla de Tarqui (una batalla en la que su Ejército no tuvo ni arte ni parte, ni podía tenerla puesto que ni existía) sea la fecha fundacional de su Ejército. Así, esta extravagancia histórica resulta, cuando menos, un claro indicador de una ausencia de gestas heroicas propiamente ecuatorianas. 

Fe de erratas.- Una edición anterior de este artículo (que salió en prensa) indicaba que José Joaquín de Olmedo fue el escogido en la elección del año 1809. El escogido en 1809, como se lo ha aclarado, fue José de Silva y Olave, tío de Olmedo y quien lo designó a él como su Secretario para que lo acompañe en el viaje a España.

Por otra historia

Publicado en diario Expreso el 18 de febrero de 2022.

 

Esta columna de opinión cuyo primer artículo es éste que Ud. lee, como su nombre lo indica, versará sobre la historia del Ecuador. Su propósito es contar una historia del Ecuador que sea diferente (alternativa, e incluso contraria) a la historia oficial, reinterpretando los hechos que dieron origen a esta amalgama de antiguas provincias españolas que se convirtieron en un Estado independiente el año 1830 y recordando episodios que en la historia oficial se los suele ningunear. Creo que este propósito de contar una historia ecuatoriana que difiera de la oficial merece una explicación.   

 

En principio, el propósito mencionado se debe a un desencanto personal por el tiempo presente. Considero que el Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia: es un país claramente disfuncional, en el que sus autoridades son incapaces de hacer cumplir las leyes (salvo que se trate de perseguir -con saña- a sus rivales políticos), en el que la población desconfía de las autoridades y donde la corrupción campea a sus anchas. El resultado de esta mezcla de ineficacia, desconfianza y corrupción es un Estado disfuncional y discriminador en un país pobre, desigual y violento.

 

Pero, sobre todo, el propósito mencionado de contar una historia ecuatoriana diferente a la oficial busca una explicación a esta deriva que nos ha conducido a la espantosa situación actual. En las circunstancias actuales, elegir a una persona u otra para el ejercicio de un cargo público en el Ecuador resulta irrelevante, porque el sistema político y electoral es el que está corrompido. De igual forma, el culpar a una persona u otra de la situación actual del Ecuador es equivocar el punto (es cometer el facilismo de endilgar la culpa a un chivo expiatorio).

 

Así, la explicación que busco ensayar en esta columna de opinión no pasa por formular un análisis acerca de la coyuntura que vivimos; por el contrario, la explicación que propongo se relaciona con las condiciones estructurales (sometidas a los rigores de la geografía, la historia y la cultura) que se produjeron a raíz de la conquista, la colonización y la formación de una república independiente en esta porción del territorio sudamericano y de cómo ellas siguen influyendo en la forma cómo en el Ecuador actuamos en la esfera pública.

 

El pasado pesa y condiciona nuestra conducta como sociedad. De allí la necesidad de revisitarlo y reinterpretarlo, para aprender de él y corregir lo que haga falta que se corrija para intentar un camino al desarrollo.

 

En resumidas cuentas, ahora la República del Ecuador es un Estado fallido. Así lo evidencia la forma cómo nos comportamos en la esfera pública y así lo evidencia la notoria incapacidad del Estado para satisfacer los fines mínimos que se supone que todo Estado debe procurar a sus habitantes, esto es, seguridad y un mínimo de bienestar (educación y salud). Asumiendo este triste hecho, el propósito de esta columna de opinión debería quedar meridianamente claro: es una propuesta de indagación en la historia del Ecuador para comprender el cómo y el porqué hemos llegado a ser este Estado fallido que actualmente somos y bosquejar alternativas para, eventualmente, poder dejar de serlo.

Guayaquil sin plan

Desde la Alcaldía de Guayaquil se dice que la inseguridad en la ciudad no es su problema. Pero para ella sí es problemático que unos colegios abran sus puertas para que VOLUNTARIAMENTE acudan algunos niños a sus instalaciones. Es decisión de las familias si los niños van al colegio, pero la Alcaldía decidió interferir con esas voluntades, clausurando los colegios que recibieron a los niños. Dice la Alcaldía que se corre un riesgo innecesario, por lo que impone la clausura (¡ah, pero no hay riesgos en los buses y en la Metrovía! –allí hay plata). En Guayaquil, desde la perspectiva de su Alcaldía, el problema es que niños acudan al colegio. El resto que haga lo que le da la gana, incluidos los pillos.

 

El problema de Guayaquil es que desde la Alcaldía no hay un plan para administrar la ciudad. Si se reduce a la mitad el número de vehículos del transporte público, el plan de la Alcaldía es no hacer nada, mirar a otra parte, buscar culpables en las montañas (es la vieja y confiable para un electorado provinciano y bobalicón: el gobierno central). Si la gente muere a borbotones por la desbordada inseguridad en Guayaquil, desde la Alcaldía no hay plan, porque eso no es de su competencia. Tampoco era de su competencia la clausura de los colegios, pero es mucho más fácil someter a dóciles instituciones educativas que a peligrosas bandas criminales.

 

Creo que se viven los peores momentos de Guayaquil, ciudad insegura, violenta, en modo sálvese quien pueda. Son tiempos de empezar a pagar (con obvio deterioro en la calidad de vida) el costo social y ambiental de haber sido administrados por décadas por un gobierno socialcristiano, es decir, un gobierno que ha sido devoto de la acumulación económica (en el marco del ‘Capitalismo de Amigos’) a costa de altísimos perjuicios sociales y ambientales. Y que, en la que ya es para el gobierno del PSC su fase decadente, su autoridad en la Alcaldía es una estrellita pop, una mujer sin otro proyecto de Alcaldía que lucir bien y proyectar una imagen empoderada en tiempos del Tik-Tok. Ella es inútil pero bella, sea en su look de Punky Brewster o de Gatúbela o de Alcaldesa desorientada, que es su habitual.

 

Sure shot: en Guayaquil, lo peor está por venir. 

De cuándo el Ecuador sufrió la mayor pérdida de su territorio dos veces

 

Un día como hoy, pero de 1835, ocurrió la batalla de Miñarica en las cercanías de Ambato. El triunfo del ejército de la Costa (comandando por el venezolano Flores) sobre el ejército de la Sierra (comandado por el colombiano/novogranadino Barriga) condujo, a mediados de 1835, a la instalación de una Asamblea Constitucional, a la fundación de la República del Ecuador, a la creación de la primera Constitución de dicha república (pues la anterior Constitución gobernó sobre un Estado que se quiso confederar con otros Estados, sin éxito) y a la elección del primer Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el guayaquileño Vicente Rocafuerte. Todo esto pasó en Ambato.

 

Esta batalla de Miñarica también condujo a un acontecimiento rocambolesco: la aprobación por dos veces del tratado internacional que condujo a la mayor pérdida territorial del Estado del Ecuador.   

 

El Ecuador tuvo la primera guerra civil de su ajetreada y fútil historia en 1834-1835. La batalla de Miñarica, hace 186 años, fue la conclusión militar de esta guerra civil de carácter regional. El ejército de la Costa representaba los intereses de su más grande hacendado, Vicente Rocafuerte, en ese momento declarado Jefe Supremo del Ecuador. El ejército de la Sierra representaba los intereses de su más grande hacendado, José Félix Valdivieso, también declarado Jefe Supremo del Ecuador. La persona clave, sin embargo, no era ninguno de los dos jefes supremos, sino el primer Presidente del Estado del Ecuador entre 1830 y 1834, el general venezolano Juan José Flores. La batalla de Miñarica, desde la perspectiva de Flores, era el enfrentamiento entre su antiguo enemigo y nuevo aliado, Vicente Rocafuerte, y su antiguo aliado y nuevo enemigo, José Félix Valdivieso, quien se había desempeñado como su Ministro de Gobierno a inicios de su Presidencia del Estado. Y el aspecto clave era que él, Flores, comandaba el ejército de Rocafuerte y de la Costa, que triunfó sobre el ejército de Valdivieso y de la Sierra y que obligó a que pudientes serranos paguen una contribución de 100.000 pesos por los gastos ocasionados para derrotar al ejército de la Sierra. Desde la perspectiva de Flores, la victoria de Miñarica era indispensable para que él se mantenga vigente en la política ecuatoriana. Lo estuvo por otros diez años, hasta que la Revolución Marcista lo sacó del país.  

 

La aprobación por dos veces de un tratado internacional se debió a que durante la Jefatura Suprema de José Félix Valdivieso se instaló una Asamblea Constitucional para dictar una nueva Constitución, re-organizar el Estado y, previsiblemente, elegir Presidente Constitucional a José Félix Valdivieso. Esta Asamblea Constitucional se reunió en Quito en 1834 y fue ella quien, para congraciarse con Colombia (que en ese entonces vacilaba el nombre de Nueva Granada), aprobó el Tratado de Pasto, que es el tratado que se le impuso en 1832 al Estado del Ecuador tras su derrota en la guerra.

 

El Tratado de Pasto lo firmaron el 8 de diciembre de 1832 los representantes de Nueva Granada, José María Obando y Joaquín Posada, y el representante del Ecuador, Pedro José Arteta. Por este tratado internacional se impuso la renuncia del Ecuador a su aspiración máxima (toda la región del Cauca hasta llegar a Panamá) y a su aspiración mínima (Pasto y Buenaventura), su renuncia a todo. Lo había firmado P. J. Arteta, pero lo tenía que ratificar el Congreso del Ecuador o un órgano equivalente. El primero en hacerlo fue la Asamblea Constitucional convocada por Valdivieso.

 

Cuando se perdió la batalla de Miñarica, los notables de la Sierra centro-norte se mandaron a cambiar a Tulcán, declararon la disolución del Estado del Ecuador y la anexión de la sierra Centro-Norte a la República de la Nueva Granada, e incluso enviaron a un emisario, el quiteño Roberto de Ascázubi, para comunicarles a los novogranadinos la buena nueva de la anexión de su tierra misérrima a la Nueva Granada*. En la Nueva Granada, sin embargo, el representante del bando perdedor resultaba el representante de un gobierno ficticio, que ni podía aprobar tratados ni disolver nada que no sea a sí mismos, apenas un loquito con un papel a quien lo mandaron de regreso con viento fresco y sin multiproductos.

 

Tiempo después, a instancias de la presión y las amenazas de la Nueva Granada, durante el gobierno de Vicente Rocafuerte, que tenía la enorme ventaja de existir, el Congreso ecuatoriano aprobó el Tratado de Pasto. Fue el segundo órgano representativo ecuatoriano que lo aprobó y esta vez sí de manera válida y efectiva**. Desde entonces, en el Ecuador no se discute la pérdida de los cientos de miles de kilómetros cuadrados (depende de si la aspiración máxima o mínima) que, por muchos años, tuvieron vínculos intensos y profundos con Quito y que constituyen la mayor pérdida de territorio en su ajetreada y fútil historia.

 

~*~

 

* Es decir, Quito y su área de influencia (la sierra Centro-Norte) quisieron ser una península mediterránea y netamente andina de Colombia, una extensión alargada y montañosa de Pasto al Sur, una mala idea.

** Un recuento de los acontecimientos entre 1830 y 1835, en: ‘Ecuador y Colombia: afirmación autoidentitaria y conflicto en la era republicana temprana’, de Tomás Uribe Mosquera.