Al presidente de mi club,
lo apoyo 100% en su lucha contra la Liga de Rachito y sus Amiguitos. Al
gobernador de mi provincia, en este caso que voy a narrar, lo apoyo 0%. Esos
extremos confluyen en una misma persona: “Payaso sin maquillaje”. Avatares de
cumplir doble función.
Sucede que en este año
2018 se han realizado en Guayaquil 17 llamadas falsas que decían que se había puesto una
bomba que nunca hubo. Es un hecho terrible, la mentira y la pérdida de tiempo,
pero no tanto como para que el gobernador “Las manos del Ecuador” piense que
alguien deba irse a la cárcel por trece años, por ese solo hecho. Es una
infracción, sí, desafortunada y todo, pero trece años por algo que no causó ningún
daño real como no sea una pérdida de tiempo, resulta tremendamente exagerado.
Es equipararlo a los casos más extremos de tortura y de turismo sexual, por
ejemplo, que en sus versiones agravadas se sancionan también con trece años. Es
considerarlo más grave que un caso de muerte causada por un conductor borracho,
que se sanciona con menos años de cárcel.
Porque el acusado de “tentativa
de terrorismo”, según el gobernador Cevallos y otros altos funcionarios de
seguridad, podría ser condenado a trece largos años de “rehabilitación” del grave
delito (¡?) de haber llamado por
teléfono, hecho el chistoso.
Es notoria la desproporción,
es patente la ridiculez.
¡Ataja, Cevallos! Piensa
lo que haces Gober, para que no valgas Gaver.
2 comentarios:
En este aspecto puedo añadir que no sólo se pierde tiempo, sino, en cierto sentido, recursos gastados en atender esas llamadas y el tiempo perdido de productividad en atender el falso siniestro. Claro, si pensamos en lo que realmente ocupan los recursos tampoco es que había muchas esperanzas que los usaran bien. Pero coincido que el castigo es extremo para la falta. Es más, sería más productivo para el infractor y la sociedad si se buscara conmutar su pena por trabajos comunitarios. Hasta eso serviría de réditos políticos.
De acuerdo, los trabajos comunitarios son mucho mejor alternativa que la represión penal desproporcionada.
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