Este es un resumen del Informe Preliminar de la Misión de la
OEA para las elecciones del 24 de marzo de 2019, del que se extraen algunas
conclusiones.
La Misión de la OEA para
estas elecciones, presidida por el tico
Kevin Casas Zamora, presentó su Informe Preliminar sobre dicho proceso
el martes 26 de marzo. El documento que se presentó a la opinión pública puso en
un debido contexto las graves negligencias que afectaron el normal desarrollo
de las elecciones del domingo 24.
Vamos a los bifes:
Primero, enumeraré los fracasos que
constató la Misión de la OEA en estas elecciones.
A. LOS FRACASOS DEL PROCESO ELECTORAL
1) En la organización electoral
* El CPCCS transitorio y los órganos de la Función
Electoral: El CPCCS transitorio, creado
por la voluntad popular manifestada en las urnas el 4 de febrero de 2018 y
presidido por el Notario Cabrera de la Política, Julio César Trujillo,
evaluó a los órganos de la Función Electoral, los destituyó y nombró a dedo a
sus reemplazos transitorios, sin tener una facultad normativa para hacerlo como
no sea otra que las “facultades extraordinarias” que ellos se atribuyeron
a sí mismos, por las que se han atribuido incluso una capacidad de control por
sobre las autoridades por ellos nombradas a dedo. Ello justifica este criterio
de la Misión de la OEA en su informe: “De cara al futuro, es importante que las
autoridades electorales gocen de la estabilidad necesaria para desempeñar sus
tareas, con independencia y sin presiones externas” (p 2).
La consecuencia de la
intervención del CPCCS transitorio en los órganos electorales es que, como lo
observó la Misión de la OEA, en poco menos de dos años, “el CNE tuvo cuatro
cambios de presidencia y tres cambios en su integración” (p. 2) mientras que sobre
el TCE, la Misión declaró estar preocupada “por la tardía e incompleta
constitución del TCE, con fecha posterior a la convocatoria a elecciones y
estando pendiente la designación de los jueces y juezas definitivos, y el
nombramiento de tres de los cinco suplentes” (p. 4). Para mayor inri, los
propios jueces del TCE le dijeron a la Misión que carecen “de recursos
financieros suficientes para el ejercicio de sus funciones” (p. 4).
* Retrasos en los procedimientos: La Misión constató que “el calendario electoral
aprobado por el CNE no contempló suficiente tiempo para la atención y
resolución de los distintos recursos, apelaciones e impugnaciones previstas en
la legislación ecuatoriana” (p. 2). Por este hecho, se produjeron “retrasos en
la calificación de candidaturas, así como en la atención de los recursos contenciosos
presentados” (p. 2).
2) En el día de las elecciones
* Desconocimiento de los miembros de las juntas
receptoras del voto: La Misión
reportó el desconocimiento existente en los funcionarios electorales. En los
centros de votación, los observadores de la Misión de la OEA “reportaron
desconocimiento por parte de los MJRVs [Miembros de la Junta Receptora del Voto]
en el manejo del material electoral y en los procedimientos que debían seguir” (p.
3), así como también lo observaron durante la fase de escrutinio: “la Misión
volvió a constatar la confusión de los MJRVs sobre el procedimiento a seguir y
su desorganización al clasificar las papeletas por dignidades” (p. 3).
* Difusión en la web: La Misión observó que “la página web de
divulgación de resultados falló alrededor de las 8:00 pm y hasta la madrugada”
(p. 6).
3) Sobre el derecho a elegir
* Voto de los extranjeros: La Misión consideró que la decisión administrativa
de depurar el padrón electoral de los extranjeros debió “ser ampliamente
comunicada, de forma que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de
ponerse en regla (en este caso, inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo
las decisiones adoptadas” (p. 5). La depuración debió reflejar el número real
de personas habilitadas para votar en la elección, pero la eliminación del
registro de alrededor de 43.000 extranjeros inscritos desde el 2009 se la hizo
sin mantener una debida comunicación con las comunidades de extranjeros
residentes en el Ecuador. En su visita, la Misión recibió “numerosas
comunicaciones” relacionadas con esta privación del derecho a elegir (p. 5).
* Voto de los pueblos y nacionalidades indígenas: La Misión recibió información sobre las “distancias
considerables en algunas localidades, donde los votantes deben recorrer varios
kilómetros a pie o por vías fluviales para ejercer su derecho al voto, lo cual
afecta desproporcionadamente a adultos mayores, personas con discapacidad y
mujeres” (p. 7).
* Voto secreto: Por la concentración de ciudadanos en espera de votar se improvisaron
medidas “como habilitar pupitres sin biombos para agilizar la votación. Si bien
esto facilitó que se pudiera votar con más rapidez, en algunos casos pudo
comprometer el derecho al voto secreto” (p. 3)
4) Sobre el derecho a ser elegido
* Financiamiento político-electoral: La Misión de la OEA refirió que en el caso de un
entorno político “altamente fragmentado” como el ecuatoriano, “la ausencia de
barreras para acceder al financiamiento público genera una enorme atomización
de la contribución estatal” (p. 8). También indicó que, si bien la Ley
contempla “la posibilidad de asignar recursos para formación y capacitación, no
establece un monto o porcentaje para ello” (p. 8).
La Misión advierte, sin
embargo, que: “Más problemática es la situación del financiamiento privado, que
no es fiscalizado durante la campaña y está sujeto a un débil escrutinio
posterior, con un retraso de hasta dos años en la presentación de reportes”, lo
que “reduce seriamente la eficacia del control existente” (p. 8).
* Propaganda electoral: La Misión de la OEA constató “varios casos donde
las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas fueron rechazadas
con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en algunos casos,
se exigió el uso de palabras específicas” (p. 9). La Misión destacó la
ineficacia de los órganos electorales: “aunque las autoridades electorales
disponen de 48 horas para aprobar la publicidad propuesta por los candidatos y candidatas,
el proceso de revisión y aprobación de propuestas revisadas puede demorarse varios días, afectando
en la campaña de los actores” (p. 9).
Asimismo, la Misión de la
OEA señaló que “los medios nativos digitales tuvieron dificultades para
inscribirse como proveedores de publicidad electoral” (p. 9). La OEA no cuenta
el detalle, pero hubo hasta un proceso que llevó el medio digital Ecuadorinmediato
que llegó al TCE, pero cuya sentencia favorable a Ecuadorinmediato fue burlada por el CNE en su aplicación.
* Violencia en contra de algunas candidatas: La Misión de la OEA destacó que se informó “de
algunos incidentes de violencia política contra las mujeres durante la campaña
electoral, incluyendo una denuncia pública de dos candidatas al CPCCS por haber
sido objeto de un ataque personal inaceptable por parte de un expresidente de
la República” (p. 7).
N.B.:
Es ese reiterativo momento de la vida política del Ecuador en la que el
expresidente Bucaram te causa vergüenza.
* La problemática elección popular de los
consejeros del CPCCS: La Misión de
la OEA observó, desde su introducción, que la elección popular de las
autoridades del CPCCS “ha presentado un conjunto particular de desafíos, que
requieren de atención prioritaria”
(p. 1). Primero, por los requisitos y las prohibiciones que se introdujeron
para la participación como candidato al CPCCS, pues hasta las propias
autoridades electorales le reconocieron a la Misión que “restringían la
participación plural” (p. 10). La Misión de la OEA notó, en particular, “el
requisito de haber renunciado a funciones públicas dos años y medio antes de la
fecha de inscripción de candidaturas, dado que esta ley fue reformada apenas un
año antes de la celebración de los comicios” (p. 10). La Misión se guardó de
decirlo, pero es justo enfatizar que esta disposición es una abierta discriminación contra las personas que ejercieron
autoridad en el anterior Gobierno y que el efecto que tuvo fue la restricción
de su participación política.
La Misión de la OEA se
refirió a la promoción electoral para los candidatos al CPCCS. Destacó el
malestar de los candidatos con el hecho de que la información sobre ellos era “tardía
y limitada” (p. 11). La Misión reconoció que: “El esquema de comunicación
utilizado para la difusión de estas candidaturas no permitió que la ciudadanía
conociera a los aspirantes y que pudiera votar de manera informada” (p. 11). Y
constató una grave inconsistencia que afectó el derecho a elegir: “la Misión
observó que el material que se utilizó para difundir a las y los candidatos
utilizaba números de casilleros que, al momento de votar, no estaban en la papeleta. Contar con esos números hubiera dado a
los electores un elemento más para reconocer a los candidatos/as” (p. 11).
Es destacable, asimismo,
que la Misión reconoce que, por tratarse de una elección de tipo nacional, los
candidatos incurren “en gastos asociados a la búsqueda de votos” y que “ante la
ausencia de financiamiento público para este propósito y la prohibición de
acceder a financiamiento privado, los candidatos a éste [sic] órgano se ven forzados a conseguir recursos propios o de
terceros, convirtiéndose en fondos que
no son visibilizados” (p. 11). En pocas palabras, el diseño es tan estúpido,
tan digno de “La Isla del Tirano Castro”, que su único efecto puede ser la
trampa vía “fondos que no son visibilizados”. Pero no la trampa de unos: de TODOS.
Además de este grosero problema
de diseño, la Misión constató un problema de control, pues “existió una campaña
que claramente movilizó recursos para el voto nulo, sin que esto estuviera
regulado. Por ejemplo, autoridades y actores políticos llamaron al voto nulo,
incluso en período de silencio electoral, lo cual distorsionó la equidad en la elección” (p. 11). Esta distorsión fue
el resultado, sin mencionarlo expresamente, de las varias peroratas del Notario
Trujillo, Presidente del CPCCS transitorio, además de otro consejero, Pablo
Dávila, y otras autoridades de Gobierno. El Presidente Moreno no dijo nada,
porque ya está en fase de arresto: “todo
lo que diga podrá ser usado en su contra”. Y mejor sobrevive lo poco que le
queda calladito.
Sobre el voto nulo, la
Misión indicó que la etapa pre-electoral “estuvo marcada por la incertidumbre
sobre la calificación de los votos nulos en la elección de consejeros y
consejeras del CPCCS” (p. 2) por lo que incluso el Jefe de Misión de la OEA
intervino para exhortar “al CNE a explicar con claridad las reglas relativas al
conteo” (p. 3) pero la incertidumbre se mantuvo “hasta la misma jornada
electoral” (p. 3). La Misión criticó esta incertidumbre, sobre la que constató el
día de la elección “la confusión de la ciudadanía (votantes y miembros de
juntas receptoras del voto) respecto a la modalidad que se usaría para contar
los votos nulos de la elección del CPCCS” (p. 12).
En materia del
procedimiento de descalificación que el CNE inició en contra de cinco candidatos
a integrar el CPPCS (Walter Gómez, Juan Dávalos, Carlos Espinoza, Graciela
Mora, Victoria Desintonio), la Misión destacó que “considera problemático que
se le dé curso a un procedimiento de este tipo, cuando ya incluso estaba en
marcha la votación. Las autoridades deben velar por garantizar la certeza
jurídica a las y los candidatos previamente habilitados, así como a la
ciudadanía para que su voto pueda ser reflejado de manera fiel en los
resultados electorales” (p. 13). De hecho, en una recomendación sobre este
punto, la Misión de la OEA recalcó el deber de: “Aplicar criterios universales
en cualquier proceso que derive en potenciales inhabilitaciones. La Misión
considera que, ante iguales circunstancias, deben seguirse iguales
procedimientos” (p. 13). Es decir, advirtió de manera sutil sobre una posible
vulneración del derecho a la igualdad en perjuicio de estos cinco candidatos
singularizados en una investigación irregular (que todavía no concluye).
Todo se hizo tan mal, que
la recomendación de la OEA fue “que la legislación y los procedimientos
aplicables a la elección del CPCCS, sean integral
y profundamente revisados, para evitar que se repitan en el futuro los numerosos problemas que afectaron este
primer ejercicio electoral” (p. 13). Fue un proceso hecho a la medida de la Ley de Murphy: “Si algo puede salir mal,
saldrá mal”. Y si detrás está Trujillo, invariablemente mal.
Por supuesto, todos estos fracasos trajeron consecuencias, afectaciones a los derechos.
B) AFECTACIONES A LOS DERECHOS
Por todos estos fracasos en la organización de un
proceso electoral, en palabras de la propia Misión de la OEA, los siguientes derechos fueron afectados:
1) Derecho a la equidad en la participación electoral: La Misión de la OEA constató el hecho de que el
CNE fue incapaz de concluir los procesos de calificación de candidaturas y los
recursos presentados al respecto antes de que las candidaturas tuvieran acceso
al financiamiento público, por lo que esta negligencia del CNE comportó “que
algunos candidatos y candidatas accedieron de forma tardía a la posibilidad de
promocionarse”, con lo que, advirtió la Misión, “se vio afectada la equidad en
la contienda” (p. 2).
2) Derecho a la transparencia del proceso: La situación del conteo del voto nulo (explicada
en detalle en este escrito cuando se habló de la elección de los candidatos al
CPCCS en el Punto A.4) provocó una
situación de marcada incertidumbre, la
que a pesar de los exhortos de la Misión de la OEA, se mantuvo hasta el día de
la elección. La Misión de la OEA destacó que era fundamental lo que
precisamente faltó en este proceso: “que en todo momento, los ciudadanos y los candidatos
tengan certeza y claridad sobre una parte tan transcendental como es el conteo
de votos” (p. 3), pues “una correcta divulgación es fundamental para la
transparencia del proceso, la generación de confianza y la información que se
le brinda a la ciudadanía” (p. 4).
3) Derecho al voto secreto: La solución improvisada de resolver la
concentración de ciudadanos en espera de votar a través de medidas “como
habilitar pupitres sin biombos para agilizar la votación” facilitó que la gente
vote más rápido, pero “en algunos casos pudo comprometer el derecho al voto
secreto” (p. 3). Lo que muestra una solución de este tipo es la mala
planificación, la ausencia de protocolos y el desparpajo de adoptar una
alternativa irrespetuosa de un derecho constitucional, pues el artículo 62 de
nuestra Constitución, además del artículo 23.1.b de la Convención Americana, establecen
que el voto debe ser “secreto”.
4) Derecho al voto de los extranjeros: La eliminación de extranjeros del padrón
electoral, mostrada en el Punto A.3
de este escrito, es una vulneración del derecho de las personas extranjeras de
ejercer su derecho al voto, protegido en el artículo 63 de nuestra Constitución,
pues la falta de comunicación a las comunidades de extranjeros impidió “que
quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla (en este
caso inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas” (p.
5).
5) Derecho a la libertad de expresión: La Misión de la OEA constató “varios casos donde
las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas fueron rechazadas
con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en algunos casos,
se exigió el uso de palabras específicas” (p. 9) por lo que sostuvo que “la
intervención del CNE en ese sentido trasciende el control mínimo de legalidad y
podría constituir censura previa, incidiendo
sobre la libertad de expresión y la protección del discurso político de los
actores del proceso electoral” (p. 9).
6) Derecho a la participación política de las mujeres: La Misión de la OEA destacó que se informó “de
algunos incidentes de violencia política contra las mujeres durante la campaña
electoral, incluyendo una denuncia pública de dos candidatas al CPCCS por haber
sido objeto de un ataque personal inaceptable por parte de un expresidente de
la República”, sin embargo, este comportamiento no mereció ninguna atención por
parte de las autoridades del CNE.
7) Derecho a la participación política de los
candidatos a integrar el CPCCS: En
el Punto A.4 de este escrito, en la
parte relativa a la “problemática elección popular de los consejeros del CPCCS”,
la Misión de la OEA observó una abierta discriminación en contra de las
autoridades del anterior Gobierno para participar en este proceso, destacó las graves
deficiencias en la promoción electoral de los candidatos, señaló la implicación
lógica de un pésimo diseño que deriva a “fondos que no son visibilizados” (es
decir, a un fraude a la Ley), criticó la falta de control a la campaña por
promover el voto nulo que distorsionó la equidad de la elección, lamentó que se
haya llevado a cabo el proceso con incertidumbre sobre cómo contar los votos para
elegir a los candidatos hasta el mismísimo día de las elecciones y estimó como “problemático”
que, con las elecciones en curso (por el voto en cárceles) se haya iniciado un
proceso de descalificación contra cinco candidatos, que aún no concluye. La
Misión advirtió, en concreto, que este comportamiento que singulariza la sanción
en contra de algunos candidatos podría estimarse discriminatorio.
Estas afectaciones fueron
materia de varias recomendaciones de la Misión de la OEA.
C. RECOMENDACIONES DE LA OEA
Entre otras, pero dichas
de corrido: capacitar a los miembros de mesa, adoptar medidas para agilizar la
votación (reducir número de votantes por Junta/aumentar el número de biombos),
regresar al sistema de “una urna para cada dignidad”, comunicar de manera
efectiva las decisiones de depuración del registro electoral, considerar la
creación de un Registro Civil autónomo del Poder Ejecutivo que confeccione el
padrón electoral, fortalecer la comunicación con los partidos y movimientos
políticos y capacitarlos, institucionalizar la Comisión Técnica por la
Transparencia del Sistema Informativo, adoptar medidas para que la web no se
caiga hasta completar la transmisión del total de las actas, aumentar el número
de digitadores, adoptar medidas de paridad horizontal en la participación
política de hombres y mujeres, adoptar una legislación para prevenir y
sancionar la violencia contra las mujeres que participan en política (y ofreció
a la “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres”
como un marco referencial) así como un protocolo de actuación frente a hechos
de violencia política contra las mujeres, incluir la variable de “etnia” en la
confección del padrón electoral, acercar los centros de votación a los lugares
de residencia de pueblos y nacionalidades indígenas, elaborar manuales de
capacitación en lenguas kichwa y shuar, robustecer las facultades para la
detección y la sanción de infracciones en el financiamiento público y privado,
considerar la introducción de una barrera de acceso al financiamiento público
electoral y la posibilidad de un reembolso si el beneficiario no alcanza un
resultado electoral mínimo, indicar una cantidad exacta de recursos a destinar
a la capacitación por parte de los partidos y organizaciones políticas, reformar
el Reglamento de Promoción Electoral para garantizar el artículo 13 de la
Convención Americana relativo al derecho a la libertad de expresión, actualizar
la normativa para incluir a los medios nativos digitales como proveedores de
publicidad política, revisar la normativa sobre restricciones a la participación
política de los candidatos del CPCCS, regular el financiamiento privado para
garantizar las condiciones de igualdad en la competencia electoral, establecer
reglas y aplicar las normas y sanciones del Reglamento para la Promoción
Electoral a quienes hagan campaña por el voto nulo, así como aplicar criterios
universales en el caso de unas posibles inhabilitaciones a candidatos. Es mucho
lo que hay que mejorar.
Aunque no sea exhaustiva
la lista, sí que deja exhausto a quien la lee de corrido: son tantas las cosas
a corregir, que es casi como si los integrantes del CNE se hubieran coludido para hacerlo tan mal. Son
tantas, que se las podría resumir en la frase: “Es mejor empezarlo de nuevo”*.
El fracaso rotundo en la organización de estas elecciones ha sido muy notorio.
D. RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS
Sobre el comportamiento de
los partidos y las organizaciones políticas la Misión dice que ellas deben
canalizar “sus reclamos a través de los medios institucionales, en lugar de
mediatizar los conflictos” (p. 4) y que debe sujetarse el uso que hacen de los
recursos que les otorga el CNE a mayores controles, porque hoy se tiene “un débil
escrutinio posterior” (p. 8).
El nivel de
irresponsabilidad del CNE frente a los partidos y movimientos políticos es tal,
que únicamente resta por conocer si finalmente harán su último acto de magia y le
insuflan capacidad jurídica a un muerto, que pasaría a ser “Lázaro Gonzabay”. Sería de Ripley, pero
Ecuador no es ajeno a este tipo de estupideces.
E. EL ÚNICO RECONOCIMIENTO
Por cierto, el único reconocimiento
rotundo que hizo la Misión de la OEA fue que “tuvo la oportunidad de presenciar
la coordinación institucional que se lleva a cabo en el Servicio Integrado de
Seguridad ECU911 con el fin de garantizar la seguridad en la jornada electoral,
una práctica que la Misión celebra y que
sería deseable ver replicada en otros países” (p. 3). Es una lástima que el
único mérito que encuentra la Misión de la OEA en todo este desmadre es el
ECU911, un laurel que le corresponde al Gobierno de Correa.
F. CONCLUSIONES
Hicieron bien como ni una. Somos una vergüenza
continental.
Porque por todas partes
hacemos agua cuando de votar se trata: el TCE está mal, pero el CNE está
incluso peor. Los partidos y las organizaciones políticas son ignorantes de
cómo proceder ante los órganos electorales y tienden a “mediatizar” la
política, los integrantes de las juntas electorales no conocen los procedimientos
que tienen que cumplir y los votantes no saben cómo votar, o son excluidos
irregularmente del padrón. TODOS los actores del proceso electoral en Ecuador
están viciados, lo que garantiza que
el proceso sea anómalo: se necesita, como dice la Misión de la OEA, hacerle una
“revisión integral” (p. 1).
Y, como lo he advertido en
otras ocasiones (incluso en presencia de un par de consejeros), las
irresponsabilidades de las autoridades de este Gobierno (electorales y de otro
tipo, pues no hay que olvidarse del vergonzoso papel que ha desempeñado el Notario
Cabrera de la Política, por ejemplo)
traerá cola en la arena internacional. Esto resulta particularmente cierto en
el caso de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, pues fue contra ellos (en particular contra los cuatro que se iniciaron
procesos durante el silencio electoral) que se ha evidenciado que se echó a
andar una (fracasada) maquinaria del
Estado para afectar su oportunidad real de ser elegidos.
—
* El
CNE podría ponerse cortazariano y
mientras se recompone y se hace unos afeites, un extreme makeover, un verdadero overhaul,
un rescate de sí mismo y de lo bajo que ha caído, podría adoptar esta frase de
Julio Cortázar como lema: “No todo está perdido, si tenemos el valor de admitir
que todo está perdido, y empezarlo de nuevo”. Pero no, eso no va a pasar: esta
gente está muy cerca del PSC, muy lejos de la poesía.
