Publicado en diario El Telégrafo el 15 de agosto del
2014 como "Una
propuesta fijaba que era 'ok' ser intolerante".
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“La gente tiene el derecho a ser intolerante,
¿saben? En un país libre, la gente tiene derecho a decir cosas que otras
personas consideran ofensivas, insultantes o intolerantes”. Así se expresó George
Brandis, Attorney-General
(especie de Procurador General) de Australia, designado en su cargo por un
representante de la Reina Isabel II a recomendación del Primer Ministro
australiano Tony Abbott (siendo la recomendación del Primer Ministro la parte
decisiva de este proceso).
La frase de George Brandis fue dicha en el contexto
de la defensa en el Senado de su propuesta de reforma a la Ley de Discriminación
Racial. El Procurador Brandis, quien en razón de su cargo es la más alta
autoridad jurídica en Australia, propuso que en la sección 18C de la Ley de
Discriminación Racial (referida a “comportamiento ofensivo en razón de raza,
color u origen nacional o étnico”) se reemplacen los términos “ofender,
insultar, humillar” por “incitar al odio”. La modificación de esta ley había
sido una promesa de Tony Abbott, líder del Partido Liberal, quien en campaña
había ofrecido que una vez en el gobierno (a cuyo mando está desde septiembre
del 2013) derogaría esa sección de la ley.
La propuesta del Procurador Brandis implicaba una
evidente reducción de la protección a las minorías, dispuesta desde 1975 en la Ley
de Discriminación Racial. De allí que Brandis dijera en el Parlamento que
sí, que estaba OK ser intolerante con las minorías, que se podía ser
verbalmente ofensivo o insultante contra un miembro de alguna de ellas siempre
que no se incite al odio. Más contundente, Brandis dejó en claro que ser
ofensivo e insultante contra una minoría era, además, un derecho de la
“comunidad australiana”.
Porque una cuestión llamativa de la propuesta de ley
del Procurador Brandis era que fijaba los “estándares” para juzgar lo que
resultara ofensivo, insultante o humillante (aunque nunca en grado suficiente
como para incitar al odio racial) en el pensamiento de un “miembro ordinario
razonable de la comunidad australiana”, definido “ordinario” por oposición a
los distintos “grupos particulares” (o sea, minorías) que puedan existir dentro
de la “comunidad australiana”. En resumidas cuentas, la propuesta de ley del
Procurador Brandis le restaba protección a las minorías en Australia porque
ofensas e insultos contra las minorías prohibidos por la ley dejarían de
estarlo, así como desdeñaba de plano su opinión a la hora de determinar
responsabilidades, por ser personas “no ordinarias” en la “comunidad
australiana”. Esto último, al menos en la visión del Procurador Brandis y de
sus co-idearios en la coalición de los partidos Liberal y National.
El fundamento del Procurador Brandis y de sus
co-idearios de la coalición Liberal-National para la reforma de la Ley de
Discriminación Racial era la libertad de expresión. “Esta es una reforma
importante y una parte clave de la agenda de libertad del Gobierno” puede
leerse en los antecedentes de la reforma propuesta, titulada oportunamente “Libertad
de expresión” y puesta a circular el 25 de marzo del 2014.
Pero este martes 5 de agosto, el Primer Ministro
Abbott anunció la decisión de su gobierno de no proseguir con estas reformas.
Cuando le preguntaron si era una decisión temporal, Abbott respondió: “Se
han ido. Han desaparecido”. Las reformas pasaron de importantes a nulas.
¿Las razones para este giro? Una fue que la apelación a una mayor libertad de
expresión no persuadió a la población australiana. Las encuestas demostraban
que siete
de cada ocho australianos se oponía a la reforma de la ley. No existió
apoyo para la reforma por parte de la llamada “comunidad australiana”.
Otra razón fueron las reacciones que provocó la
propuesta de ley. El que el propósito de la ley haya sido el reducir la
protección a las minorías, provocó reacciones en los miembros de grupos
minoritarios. Representantes de las comunidades aborigen, griega, judía, china,
árabe, armenia y coreana presionaron en el Parlamento en contra de esta posible
reforma. Ken Wyatt, aborigen australiano y parlamentario de filas del partido
del Primer Ministro Abbott, había anunciado su desobediencia a la disciplina
del partido si se proseguía con la discusión de la ley. Las reacciones de los
sectores afectados en su nivel de protección no iban sino a complicarse con el
paso del tiempo. El Primer Ministro Abbott y su equipo habrán presentido un
futuro nefasto y cortaron por lo sano. En particular, Abbott quiso evitarse una
“complicación innecesaria” (así la denominó en una entrevista radial) con la
comunidad musulmana.
Una comentarista del periódico Canberra Times,
Mariam Veiszadeh, escribió en un artículo titulado “Por
qué la intolerancia no es OK, Sr. Brandis” que a los australianos los
debería aterrar el que su máxima autoridad jurídica “parezca más apasionada por
la protección de los derechos de los intolerantes que por los derechos de los
más marginados de la sociedad”. Frase a la que muy bien podría tomársela como
un corolario crítico de un hecho que fue, además, una torpeza argumentativa y
un paso en falso para el gobierno que lidera Tony Abbott.
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