El 25 de mayo

Al día de siguiente de la batalla del Pichincha, en la cima del Panecillo y a las 2 de la tarde, se arrió la bandera española y se izó el tricolor colombiano. Fue, para Quito, el paso simbólico de pertenecer a una monarquía europea para pasar a pertenecer a una naciente república sudamericana, la República de Colombia. 

 

El jefe militar de los españoles, quien testimonió por ellos esta derrota en uno de sus bastiones andinos, se llamó Melchor de Aymerich. Él perdió contra el ejército del héroe independentista, Antonio José de Sucre, compuesto de bravos sudamericanos y algunos mercenarios europeos.

 

Y sin embargo…

 

La fuente es Efecto Prometeo

 

Exijo una explicación.

El 10 de agosto de 1809: La celebración de una mentira

En rigor, los hechos derivados del cambio de la administración en Quito sucedido el 10 de agosto de 1809 fueron mucho más una guerra civil en una Audiencia española de América que una lucha por la independencia de España en el seno de dicha Audiencia.

De hecho, esto último sí que nunca lo fue: los hechos del 10 de agosto no buscaron independizar a la provincia de Quito del Reino de España (si algo, los hacedores del 10 de agosto quisieron que Quito sea el suelo donde no resuenen “más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”, siendo el rey, “su señor natural don Fernando VII” –eran sus fans) ni se hicieron tampoco por la Audiencia de Quito como tal. El 10 de agosto se hizo para que se reconozca la autoridad de una de las provincias constitutivas de la Audiencia de Quito, la provincia de Quito propiamente dicha, por sobre las provincias vecinas de Popayán, Guayaquil y Cuenca, que también formaban parte de esta Audiencia. 

Y en el reconocimiento de su autoridad les fue como la verga.

De ahí que haya sido una guerra civil.

Desde 1812 hasta 1822, Quito es española casi sin vacilación. Luciano Andrade Marín, bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Quito, describió este período en el que los quiteños, tras sus esfuerzos del 10 de agosto clausurados con la Batalla de Ibarra de 1 de diciembre de 1812, “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara”*. Lapidario, el Luciano.

La batalla en las faldas del volcán Pichincha del 24 de mayo de 1822 es la entrada de las tropas libertadoras (de Colombia y del Perú, representadas en la firma del Acta de la Batalla del Pichincha por un neogranadino, el coronel Antonio Morales y Galavís, y por un altoperuano, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, respectivamente) a la ciudad de Quito, ciudad considerada un bastión realista. Es una liberación de Quito sin muchos quiteños en ella y ninguno en un puesto de mando relevante. Es decir, a Quito la dieron liberando.

Y no fue este 24 de mayo para independizar a Quito tampoco: fue para anexionarlo a la que resultó una efímera República de Colombia. La Audiencia de Quito siempre tuvo un lugar reservado (aunque secundario y periférico) en el diseño institucional de la familia bolivariana, desde la aprobación de la Constitución de Cúcuta de 1821 (a la que, por cierto, no asistió ningún representante quiteño). El día después de la Batalla del Pichincha, el 25 de mayo, cuando se arrió la bandera española en Quito, la bandera que la reemplazó fue un tricolor colombiano.

El sueño bolivariano se hizo añicos finalmente en 1830, año en cuyo diciembre Bolívar se petateó en las cercanías de la caribeña Santa Marta, en cuyas playas jugarían años después Vives con el Pibe. Ese año 1830 el militar venezolano Juan José Flores autorizó, como Jefe del Distrito del Sur, el desmembramiento de esa porción de Colombia para crear un nuevo Estado independiente llamado “Estado del Ecuador en la República de Colombia”, el que todavía (de manera nominal) declaraba su pertenencia a la república colombiana aunque tenía un pleno auto-gobierno (era una nación tímida, este naciente Ecuador, casi diríase acomplejada por su pobreza y atraso). Recién en 1835, tras la segunda Convención Constitucional celebrada en Ambato, los ecuatorianos pasamos a ser una “República del Ecuador”, a secas. En esta movida de secesión de Colombia, el antiguo territorio de la Audiencia de Quito perdió sus dominios al norte del Río Carchi, tras la derrota en la Guerra contra Colombia de 1832 y la firma del Tratado de Pasto. Un inicio de país muy como la guaisa.

Este Estado del Ecuador que fundó el militar venezolano Flores en 1830 se compuso de las mismas tres provincias (Quito, Guayaquil y Cuenca) que se enfrentaron en la guerra civil de 1809. Pero en este nuevo contexto histórico, la provincia de Quito ya no buscó imponerse, ni tomar la batuta del nuevo orden administrativo. No tenía las fuerzas para ello.

El nombre y el diseño institucional del naciente país así lo demostraron: Quito resignó la primacía de su nombre y “Ecuador” fue un nombre escogido por otros para no ponerle Quito a un Estado con una identidad común débil (tanto en aquel entonces, como ahora). Los tres Departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca que decidieron unirse y confederarse para formar este nuevo Estado tuvieron desde su fundación, en 1830, cada una de estas entidades (primero como Departamentos, después como provincias) la misma cantidad de representantes en el foro político en común (Congreso Nacional) sin relación con el número de habitantes de cada territorio. Esta anomalía de diseño que tanto perjudicó a la provincia de Quito se mantuvo hasta la Constitución de 1861, en tiempos de la primera presidencia del guayaquileño Gabriel García Moreno. Caso raro, los primeros años del Ecuador no fueron impulsados por su capital administrativa, muy débil para otra cosa que dejarse hacer**.

En lo que va a esta historia, este rol pasivo que tuvo Quito en la lucha por la independencia del dominio de un reino europeo era indigno para la capital de un nuevo país americano, así que nuestros historiadores, muy patriotas ellos, le han inventado un rol mucho más digno romantizando el 10 de agosto de 1809, diciendo que su devoción por el rey Fernando VII era una “máscara”. Es decir que estos “patriotas” de Quito buscaron la independencia, pero lo hicieron de una forma taimada. Así, a lo que ya en los hechos resulta muy indigno de heroísmo, estos historiadores le han añadido una dosis tremenda de hipocresía. Sin duda, es una revuelta aserranada.

Y es que eso es lo que fue el 10 de agosto de 1809: la revuelta de una provincia serrana que era parte del territorio de la Audiencia de Quito (la provincia de “Quito”, propiamente dicha) para persuadir a sus provincias vecinas de todos los puntos cardinales a someterse a un nuevo orden administrativo dentro de la Monarquía Española con Quito en la cúspide de este nuevo diseño… y el miserable y rotundo fracaso que Quito cosechó cuando trató de convencer a estas provincias vecinas con semejante propuesta, mismo que se lo ha disfrazado de heroísmo por historiadores que tuvieron que inventar una nación, aunque sea asentados en mitos y fábulas, en mentiras piadosas.

Así, a día de hoy, como fecha nacional, el 10 de agosto de 1809 es la celebración por el país del fracaso de la lucha política de una de nuestras provincias constitutivas (Quito), que fue aplastada de manera rotunda y sin contemplaciones por las otras dos provincias constitutivas de nuestro territorio (Guayaquil y Cuenca).

Cada 10 de agosto es, en resumidas cuentas, la recordación de un fracaso y la celebración de una mentira.

* Andrade Marín, Luciano, ‘El Ilustre Ayuntamiento quiteño de 1820 y la gloriosa revolución de Guayaquil’, en: Muñoz de Leoro, Mercedes (comp.), ‘Memorias históricas de la biblioteca municipal González Suárez’, Editorial Abya-Yala, Quito, 2003, p. 75.  

** Una evidencia de la preeminencia de Guayaquil en los primeros años de la República es el número de Presidentes de origen guayaquileño en este período de representación paritaria en el Congreso Nacional (1830-1861), que “era una clara ventaja para Guayaquil y el Austro, menos poblados que Quito” (Ayala Mora, Enrique, ‘Evolución constitucional del Ecuador’, p. 28). El número de Presidentes constitucionales originarios de Guayaquil fue de cinco (Vicente Rocafuerte, Vicente Ramón Roca, Diego Noboa, Francisco Robles, Gabriel García Moreno) y, además, se debe sumar a José María Urbina, que aunque nacido en Píllaro, hizo toda su vida política en Guayaquil, ciudad donde murió. En ese mismo período, hubo un único Presidente nacido en Quito, Manuel de Ascázubi, en un gobierno encargado que cumplió un rol de transición entre dos Presidentes guayaquileños (Roca y Noboa), que es el mismo rol que está desempeñando el inepto de Moreno por estos días.  

Las batallas de Ibarra como control de insubordinaciones

San Miguel de Ibarra, la ciudad blanca, registró dos batallas en sus alrededores durante la época de la independencia americana del Reino de España. Estas dos batallas fueron parte de momentos de cierre de ciclos de lucha, que tienen un hecho en común: las dos batallas sirvieron para aplacar las insubordinaciones internas de Estados, pero ninguno de esos dos Estados fue el ecuatoriano.

La primera batalla de Ibarra sucedió en 1812, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando las fuerzas del español Toribio Montes derrotaron a las fuerzas insurgentes de Quito que comandaban Carlos Montúfar y Francisco Calderón. Vencida esta insurgencia que buscó, sin éxito, una mayor autonomía para la jurisdicción que gobernaba Quito (la Sierra centro-norte) dentro del imperio español de Ultramar, reinó en Quito una calma casi ininterrumpida hasta la batalla del Pichincha en 1822.

La segunda batalla de Ibarra sucedió en 1823. Allí, el 17 de julio, el Ejército colombiano a cargo de Simón Bolívar derrotó a las fuerzas insurgentes de Agustín Agualongo. Para esta época, la agregación de los territorios de Quito, Cuenca y Guayaquil a Colombia, con el nombre del Distrito del Sur, estaba ya consumada (habían triunfado en las faldas del volcán Pichincha las fuerzas conjuntas de Bolívar y San Martín + el decisivo apoyo de la legión británica). Pero el naciente país enfrentaba un riesgo: la insurgencia de los pastusos al norte de Quito, la capital del Distrito del Sur de la Colombia que Simón Bolívar presidía (un país que comprendía los que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y partes de Costa Rica y Brasil). Para julio de 1823 el Presidente Simón Bolívar andaba por Quito en la grata compañía de Manuela Culea cuando asomó este riesgo y él viajó a conjurarlo en la única batalla (de las nueve que conforman el ciclo independentista de la que es hoy la República del Ecuador) que él dirigió en el territorio que sería del Ecuador unos años después. Bolívar fue a Ibarra a aplacar una “insubordinación” en la República de Colombia: fue a resolverlo por la espada, en persona. Y ganó.

Kramer disfrazado de Bolívar. Obra de Hugo Chávez.

Las dos batallas de Ibarra se diferencian en varias cosas: la de 1812 cerró el período de insurgencia por un mayor autogobierno de Quito dentro de una antigua monarquía, mientras que la de 1823 contribuyó a concluir un período de insurgencia dentro de una nueva república. En la batalla de Ibarra de 1812 triunfaron los realistas, mientras que en la batalla de 1823 perdieron los realistas. Sin embargo, ambas batallas tiene un elemento en común: la batalla de 1812 concluyó una insubordinación interna de una provincia ecuatorial del Reino de España, acaecida entre 1809-1812; la de 1823, aplacó una insubordinación interna en el Distrito del Sur de la naciente República de Colombia.

Son dos batallas sucedidas en una ciudad hoy ecuatoriana, que curiosamente no se libraron por la República del Ecuador.

El país racial

Ecuador comparte con los otros países de América latina el conformar una región muy desigual. En parte, porque en América latina sus élites económicas pagan unos impuestos bajísimos.

¿Cómo llegamos a esta situación? Respuesta corta: Así empezamos, así nació el Estado impuesto por la conquista. Por esa conquista fue que unos inmigrantes de allende el Océano sometieron a los aborígenes americanos. (Es decir, los nuevos europeos contra los viejos asiáticos que llevaban miles de años por acá.) Por su superioridad tecnológica, los europeos vencieron. Arrasaron con las instituciones y las ciudades de sus conquistados, les impusieron su religión de Cristoloco y sus leyes, los explotaron. En esta porción lejana de los dominios americanos de un reino europeo, a inicios del siglo XVI se creó una administración racial, con unas pocas familias en la cúspide (los nacidos en España, o sus descendientes directos) y con miles de ellas que, por cuestión de su raza, estaban sometidas a tratamientos injustos y humillantes. Los perdedores de la conquista, los explotados.

Así, la administración española en América se dividió en dos repúblicas: la “República de los Blancos” y la “República de los Indios”.

Cuando se hizo la independencia, no se la hizo por una idea de Patria, se la hizo por una idea de grupo: en beneficio de la porción de blancos americanos con derecho a la participación política (los de la “República de los Blancos”). Si ellos habían gobernado siempre, ¿a cuenta de qué iban a dejar de hacerlo? La independencia, en todo caso, representó una oportunidad para acumular poder, por la exclusión de los españoles del gobierno, pero dentro de una estructura política racial heredada del gobierno español. Cero innovación.

En rigor, la “revolución” de la independencia fue un triunfo conservador. Los que siempre habían participado en el poder, lucharon para tenerlo todo para sí. Y lo obtuvieron, pero su lucha no benefició a casi nadie como no sea a ellos mismos. Y el resto que se joda, que los folle un pez.

La República del Ecuador fue un ejemplo de ese conservadurismo. Cuando la dejaron a la élite política ecuatoriana organizarse de una manera independiente tras la desmembración de la República de Colombia, el Ecuador adoptó una Constitución que entró en vigor un día como hoy hace 188 años, el 23 de septiembre de 1830. En esta primera Constitución, la élite política ecuatoriana impuso un sistema electoral censitario, por el que una minoría tenía derecho a participar de las elecciones y un grupúsculo podía legítimamente aspirar a las altas esferas del poder. En todo caso, los nombres de los actores principales de la política fueron casi los mismos cuando fuimos parte de una Monarquía y cuando pasamos a ser una República (o parte de otra, como cuando colombianos), con la salvedad de los funcionarios españoles que se volvieron a la Península. En ese sentido, la República independiente sancionada con la Constitución del 23 de septiembre de 1830, en cuanto a sistema electoral y composición de la administración pública se refiere, fue un triunfo racial. Más torta para los blancos americanos. 

Así, la independencia del Reino de España no fue un movimiento de liberación colectiva, fue un movimiento para asegurar los privilegios de las élites locales. Y esa ha sido su política desde entonces, en un Estado casi siempre capturado por ellas: como son los herederos de una situación de desigualdad y explotación, la han perpetuado con el diseño de una carga impositiva que demuestra que la situación ha cambiado de forma, pero no de sustancia. Ya la Constitución de 1830 sancionó la condición de República desigual con unas elecciones censitarias, donde era la posesión de riqueza la que permitía la participación política: el saldo fue que en elecciones participaba entre el 3% y 4% de la población.

En todo esto hay una constante: desde que se organizó la administración pública en los tiempos de la conquista, los que menos tienen son los que más pagan, usualmente por padecer un Estado ineficiente y obeso, que más los maltrata que los favorece. La misma queja puede escucharse hoy, que se la escuchaba ya cuando éramos parte de la Monarquía Católica.

El origen de nuestra desigualdad está en ese país racial heredado de una lejana conquista de un reino europeo, que apenas ha moderado sus formas. Y cuya independencia de ese reino europeo, lejos de desafiarla, la confirmó con creces.

¿Grito de independencia o pesca a río revuelto?

Con los términos “Grito de independencia” se alude al documento llamado “Acta de Independencia de Quito”, del 10 de agosto de 1809, documento por el cual una “Junta Suprema” declaró gobernar “como representante de nuestro legítimo soberano, el Señor Don Fernando Séptimo, y mientras su Majestad recupere la Península, o viene a imperar” al tiempo que acordó prestar “juramento solemne, de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos, así eclesiásticos como seculares”, así como su obligación de sostener “los Derechos del Rey”.

Por la contundencia de estas afirmaciones, entender a la “independencia” como una independencia del Reino de España es un notorio error, o peor aún, la convertiría en una independencia taimada, humillantemente hipócrita, y mejor que así no. Esta independencia de Quito, si es un grito, es uno de reivindicación de su oligarquía a tener un mayor espacio de autodeterminación administrativa dentro del Reino de España. En otras palabras, aprovechar la crisis en Europa para atribuirse la administración de territorios que incluían a “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Es decir que lo que se buscó en el “Acta” fue acrecentar los dominios de Quito, pues había venido a pérdida en los años recientes*. Y así Quito, la provincia de Quito, quería venirse de menos a más: más que de independencia, este quiso ser un grito de remontada.

Pero esta aspiración a un mayor dominio territorial era un sueño de perros. Esto, porque no tuvo sobre quiénes materializarse (dicho en términos coloquiales: fue un pedo mental). Sus destinatarios se pusieron en pie de guerra en contra de las órdenes emanadas por Quito de someterse al imperio de la Junta Suprema que en esa ciudad había organizado su oligarquía (que en todo caso, no dejaría de sacarle provecho a esta “revolución”, pues les sirvió a los ricos de la ciudad para licuar unas cuantas deudas** -una vieja historia en las oligarquías sudamericanas, de hoy, de ayer, de siempre).

Los dos virreyes sudamericanos con intereses en los territorios que reivindicó Quito en su “Acta” ordenaron el envío de tropas para aplacar esta “revolución”: desde el norte lo hizo el Virreinato de Nueva Granada y desde el Sur el Virreinato de Perú. Los cabildos de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca, los más próximos a la provincia de Quito, se encargaron de ejecutar las disposiciones represivas de los virreinatos, a consecuencia de las cuales se aplacó la que también se conoce como “Revolución del 10 de Agosto”***

Así, ese 10 de agosto de 1809 no se buscó independizar a la provincia de Quito del Reino de España, eso no se desprende de su “Acta de Independencia”. Lo que sí se refleja en este documento, es el afán que tuvo la provincia de Quito de adquirir la supremacía sobre sus territorios vecinos, es decir, que las provincias de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca se sometan a su imperio****. Y fracasó por ello miserablemente, pues a ninguno de estos territorios vecinos les simpatizó la idea de someterse. Y juntos le sacaron la entreputa a Quito (con masacre de sus próceres incluida).

Degradémoslo como corresponde, en atención a estos hechos: de “Grito de la Independencia”, pasemos a llamarlo “Grito de la Remontada Fallida” o “Fracaso de Quito”*****. Estas denominaciones, a buen seguro, sí le harían justicia.

* Quito iba de derrota en derrota: en 1779 la Corona española creó el Obispado de Cuenca, por el cual privó a Quito de la jurisdicción eclesiástica de Quito sobre Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, por orden del Virrey de Nueva Granada se desplazó de Quito a la jurisdicción de Popayán el dominio sobre Esmeraldas, Tumaco y La Tola; en 1802, por Cédula Real se creó un Obispado y un gobierno militar en Maynas, territorio que de Quito pasó a depender directamente del gobierno central español; y en 1803, por otra Cédula Real, se dio al Virreinato del Perú el gobierno de Guayaquil en lo militar y comercial.

** De acuerdo con Ayala Mora en su “Resumen de Historia del Ecuador”, Tomo 1: “Una vez instalados en el mando [los poderosos latifundistas] hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras”, v. “Historia…”, p. 23.

*** “Revolución” que se retomó después por la llegada de Carlos Montúfar enviado por la Corona Española con el cargo de Comisionado Regio, para ser aplacada de manera definitiva en la derrota sufrida por las fuerzas de Quito en la Batalla de Ibarra (1 de diciembre de 1812) a manos de las fuerzas realistas de Toribio Montes. De allí, a dormir hasta la llegada de las fuerzas libertadoras del Norte (Bolívar) y del Sur (San Martín).

**** Como lo ha destacado Federica Morelli, en su brillante libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”: “la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas. El conflicto fue particularmente visible en el caso de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que no sólo constituyeron un bloque económico opuesto a la capital, sino que de ahí llegaron a un verdadero estado de guerra entre ciudades. Así, el rechazo de la ciudades provinciales a reconocer a la junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como signo revelador de la lucha existente entre las élites provinciales y las de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales a los que la situación de crisis había vuelto accesibles”, v. Morelli, Federica, “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 64-5.

***** “Fracaso de Quito”, menos para los latifundistas que lograron licuar sus deudas (y que fueron los instigadores de esta “revolución”). Los que pescaron a río revuelto.

El sol de Fernández-Salvador

El Escudo de Armas que el naciente Estado del Ecuador tuvo a partir de 1830 era casi una copia del Escudo de Armas que habíamos tenido como parte de la Gran Colombia. Dicho Escudo de Armas había sido adoptado durante el Congreso de Cúcuta de 1821, sin la participación del Ecuador, pues este territorio (mejor dicho, el territorio que era de la Audiencia de Quito) se unió a la Gran Colombia recién el año siguiente, tras la Batalla del Pichincha de mayo de 1822.

Uno de los principales añadidos del escudo del naciente Estado ecuatoriano es el sol. Su incorporación fue obra del Presidente de la Convención Constituyente celebrada en Riobamba en 1830, el abogado quiteño José Fernández-Salvador (1775-1853). Fue él quien en la sesión del 17 de septiembre, con el apoyo del representante por Guayaquil, el venezolano León de Febres-Cordero, sumó el sol al diseño de Cúcuta (1).

Dos días después, un órgano que se llamaba a sí mismo “Congreso Constituyente del Estado del Ecuador en la República de Colombia” dictó la siguiente “LEI”:

Art. 1º. Se usará en delante de las armas de Colombia, en campo azul celeste con el agregado de un Sol en la equinoccial sobre las fasces, i un lema que diga EL ECUADOR EN COLOMBIA.

Art. 2º. El gran sello del Estado, i sellos del despacho tendrán grabado este blasón (2).

Y con esta “Lei” empezó su andadura el sol, contribución de Fernández-Salvador. Es el único rasgo distintivo que se ha conservado en todos los varios escudos que ha tenido el Ecuador desde que se fundó como Estado independiente en 1830.

(1) Sosa, Rex, “El escudo de armas del Ecuador y el proyecto nacional”, Corporación Editora Nacional, Quito, 2014 [Universidad Andina Simón Bolívar, Serie Magíster, V. 161], p. 22. De este trabajo se toman las imágenes para esta entrada.

(2) Ibíd., p. 23.

10 de agosto: "post hoc, ergo propter hoc".

La historia de la independencia del Ecuador del Reino de España suele ser narrada como una gran falacia “post hoc, ergo propter hoc”, que asume que dado que un acontecimiento sucedió después de otro, este segundo acontecimiento es consecuencia del primero. La falacia es muy simple: como el Ecuador se independizó del Reino de España en 1822, los acontecimientos de 1809-1812 fueron su necesario antecedente. Un “primer grito de independencia”, como le suelen decir sin razón.

Ambos episodios, lo sucedido en Quito y alrededores entre 1809 y 1812 y lo sucedido a raíz de la revuelta de octubre de 1820 hasta la batalla del Pichincha en mayo de 1822, responden a lógicas distintas.

En 1820 era claro que se buscaba la independencia del Reino de España. El contexto estaba maduro para ello. El Escudo de Armas de la “Provincia Libre de Guayaquil” no dejó lugar a dudas de esta intención:

Ni tampoco las dejaba el Reglamento Provisorio de Gobierno adoptado el 11 de noviembre de 1820 por la Junta Electoral de Guayaquil presidida por el poeta José Joaquín de Olmedo:

“Art. 1.- La Provincia de Guayaquil es libre e independiente…

Art. 2.- La Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur”.

En 1809, la independencia del Reino de España era el ideario de una minoría que nunca prosperó. Los documentos adoptados por la primera junta (de 1809) y por la segunda junta (de 1812) fueron explícitos en su voluntad de pertenecer a la Monarquía Española.

En el Manifiesto del Pueblo de Quito del 10 de agosto de 1809 se dice de este pueblo de Quito que:

“Juró por su Rey y Señor a Fernando VII…”.

Un pueblo que juramenta su sumisión a un Rey no puede nunca reclamar una ruptura con su reino. No hay lógica en ello.

En la Constitución del Estado de Quito del 15 de febrero de 1812 se pone peor:

“Art. 5.- En prueba de su antiguo amor, y fidelidad constante a las personas de sus pasados Reyes; protesta este Estado que reconoce y reconoce por su Monarca al señor don Fernando Séptimo, siempre que libre de la dominación francesa y seguro de cualquier influjo de amistad, o parentesco con el Tirano de la Europa [N. del A.: Napoleón] pueda reinar, sin perjuicio de esta Constitución”.

El ideario “autonomista” de los criollos de Quito es evidente en este artículo.

En el caso de la independencia de Guayaquil en 1820, las condiciones eran favorables para adoptar una ruptura total con el Reino de España. En el caso de los hechos del 10 de agosto de 1809, las ideas de una independencia del Reino de España eran una excentricidad. La idea que prevaleció en los aristócratas criollos de Quito (mayoría y beneficiarios directos de esta movida agostina) fue la de hacer una junta “autonomista” de criollos, que reemplace en el gobierno a las autoridades españolas mientras retorne a reinar el Rey de España Fernando VII El Deseado, preso de los franceses.

Así, son dos acontecimientos muy distintos: una revuelta independentista iniciada en la provincia de Guayaquil en 1820 y una revuelta autonomista fracasada en la provincia de Quito entre los años 1809 y 1812. 

Por el extendido uso de la falacia “post hoc, ergo propter hoc” en la construcción romántica de nuestra historia (la prevaleciente todavía: así de pobres somos) se trata de vincular el episodio de 1809 con el episodio de 1820, cuando se parecen tanto como el culo a las témporas.