Catorce días de furia

            Publicado en diario Expreso el viernes 07 de julio de 2023.

Fueron catorce días de furia, entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre del 2004. Catorce días que costaron 13.021.144,90 millones de dólares, pagados a un total de treinta y seis autoridades destituidas en aquellos días de harta demencia estatal.

Quien ordenó el pago fue un órgano del derecho internacional porque a la harta demencia del Estado le da por pensar que las estupideces, absurdos y abusos que comete son jugadas magistrales que exige el momento. Este órgano (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es uno que el Estado del Ecuador le ha reconocido (en un rapto de lucidez y de autoflagelación) la competencia para conocer las violaciones a los derechos humanos que se cometan en su territorio. Y allí entran estos catorce días de furia, vía tres casos resueltos por la Corte Interamericana.  

El primero de ellos (Quintana Coello y otros) fue resuelto el 23 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de veintisiete jueces de la Corte Suprema de Justicia; el segundo (Camba Campos y otros) fue resuelto el 28 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional; el tercer caso (Aguinaga Aillón) fue resuelto el 30 de enero de 2023 y trató sobre la destitución de un juez del Tribunal Supremo Electoral. En todos ellos, el denominador común fue la violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

Ocurrió que esos días finales del 2004 el Congreso Nacional (así se llamaba entonces la hoy Asamblea Nacional) tenía un gran plan político y no iba a permitir que nadie le impida su concreción. El gobierno de la época, presidido por Lucio Gutiérrez, para salvarse de un inminente juicio político pactó con el PRE, cuyo líder máximo (el exPresidente Abdalá Bucaram) se encontraba exiliado en Panamá. El gran plan político era el retorno de Bucaram, que ocurrió el 2 de abril de 2005. Unos días después, los militares le retiraron su apoyo al Presidente Gutiérrez. Cayó el 20 de abril. El gran plan le explotó en la cara. 

La parte de que nadie le iba a impedir al Congreso Nacional la concreción de su gran plan es la que lo convirtió a este órgano del Estado en el furioso agente de las violaciones a los derechos humanos de las treinta y seis autoridades que destituyó. El 25 de noviembre de 2004, el Congreso destituyó en una sola resolución (No. R-25-160) a los vocales del Tribunal Constitucional y a los jueces del Tribunal Supremo Electoral. Acto seguido, nombró a sus reemplazos. El nuevo Tribunal Constitucional dictó una resolución por la cual impidió que se presenten recursos contra la Resolución No. R-25-160, blindando así lo actuado por el Congreso Nacional. 

Unos días después, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus reemplazos (la recordada “Pichicorte”), que iban a allanar el camino judicial (vía anulación de juicios) para el retorno de Bucaram. 

Parecía una jugada magistral y resultó una furiosa estupidez. En el foro internacional, el Estado del Ecuador es un hazmerreír.  

La harta demencia del Estado cuesta millones. Y vuelve cada cierto tiempo (es recurrente) para tropezar con esta misma piedra de los abusos sin cuento.

Aguinaga contra el dictamen de la CC

            Publicado en diario Expreso el 28 de abril de 2023.

El dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional fue emitido el 7 de mayo de 2019 a petición del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Julio César Trujillo. Con este dictamen, la Corte Constitucional blindó lo actuado entre marzo y septiembre de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo, cuando evaluó y destituyó a las autoridades nombradas durante el gobierno de Rafael Correa. Estas destituciones incluyeron a los nueve jueces de la Corte Constitucional, cuya caída habilitó la integración de una nueva Corte Constitucional, que es la que emitió el dictamen No. 2-19-IC/19.  

En la jurisdicción ecuatoriana, este dictamen No. 2-19-IC/19 es interpretado como una barrera infranqueable para la revisión de lo decidido por el Consejo transitorio. Así se lo interpretó en la Acción de Protección que interpuso la destituida jueza de la Corte Constitucional, Marien Segura, resuelta el 10 de julio de 2019 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La Sala declaró que la acción constitucional de la exjueza era improcedente debido a la existencia del dictamen de la Corte Constitucional. Algunas otras autoridades destituidas han corrido una suerte similar.

Pero en la jurisdicción internacional el dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional será interpretado como un abuso, uno más de los tantos disparates del Estado ecuatoriano. Esto se infiere tras leer la sentencia del caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero de 2023.

El contexto del caso Aguinaga Aillón es la destitución de un juez electoral resuelta por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004, seguida de una resolución del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2004, por la que impidió a los jueces ecuatorianos conocer acciones para revisar lo decidido por el Congreso Nacional el 25 de noviembre. En esa misma resolución, el Congreso Nacional destituyó también a los integrantes del Tribunal Constitucional. La resolución del 2 de diciembre fue dictada por un nuevo Tribunal Constitucional que reemplazó al Tribunal Constitucional destituido por el Congreso Nacional.  

Así, el dictamen de la Corte Constitucional del 2019 es como la resolución del Tribunal Constitucional del 2004: cambian los nombres, algunas formas, pero en lo sustancial es la misma arbitrariedad. En ambos casos, un órgano de justicia constitucional impidió (por auto-interés) la revisión de lo actuado, en el 2019 por el Consejo transitorio, en el 2004 por el Congreso Nacional. En ambos casos, en la práctica, los jueces negaron las acciones que las autoridades destituidas presentaron para proteger sus derechos.

Tras constatar “la ausencia de un recurso judicial efectivo que le permitiera la posibilidad de protección de sus derechos violados”, la Corte Interamericana resolvió condenar al Estado del Ecuador por la violación del derecho a la protección judicial de Aguinaga Aillón. Y una tras otra, esa condena se reiterará en cada uno de los casos de las autoridades que destituyó el Consejo transitorio, si llegan a ser juzgados en la jurisdicción internacional. 

El banquero Arosemena

 

            Publicado en diario Expreso el 16 de septiembre de 2022.

La revolución Juliana la hicieron en 1925 oficiales jóvenes del Ejército ecuatoriano para derrocar el régimen político que defendió los intereses de la banca guayaquileña por encima de los intereses colectivos. El producto jurídico de la revolución, la Constitución de 1929, cambió el sistema de gobierno de presidencialista a semiparlamentario. Bajo su imperio, ningún Presidente pudo concluir su período de cuatro años.

 

El rol del Congreso ecuatoriano fue clave para la inestabilidad política. A Neptalí Bonífaz, elegido Presidente en las elecciones de octubre de 1931, el Congreso lo descalificó por peruano. A Juan de Dios Martínez Mera, elegido Presidente en las elecciones de octubre de 1932, el Congreso le impidió gobernar, pues le destituyó varias veces su gabinete de gobierno y, finalmente, el Congreso lo destituyó. Velasco Ibarra, elegido Presidente en diciembre de 1933, quiso declararse dictador para desconocer la Constitución y evitar así los controles del Congreso, pero las tropas no lo apoyaron y fue orillado a renunciar.

 

A partir de este momento, fines de 1935, el Ecuador empezó a ser gobernado por dictaduras (el ingeniero Páez, el general Enríquez) y breves gobiernos civiles de encargo (Pons, Borrero, Mosquera, Arroyo del Río, Córdova, Moreno). La Constitución de 1929 ya no rigió. Se reunió una Convención Constitucional en 1938, pero la Constitución que produjo no entró en vigor. El Ecuador volvió a realizar una elección popular en enero de 1940. Triunfó Arroyo del Río, quien tampoco concluyó su período de gobierno por la irrupción de la revolución Gloriosa.

 

Volvió entonces Velasco y, por aclamación popular, empezó un gobierno de facto el 31 de mayo de 1944. La Asamblea Constitucional que se reunió tras el triunfo de la Gloriosa lo declaró Presidente el 10 de agosto de 1944 y elaboró una nueva Constitución, de cuño liberal. Velasco se negó a gobernar con esta Constitución y se declaró dictador y organizó una nueva Asamblea Constitucional, que lo eligió Presidente el 10 de agosto de 1946 y que elaboró otra Constitución, de cuño conservador y a gusto suyo. Velasco tampoco terminó su período, pues lo destituyó un golpe militar.

 

El golpe militar resultó un “blooper”, pues duró pocos días. Asumió la Presidencia el Vicepresidente de Velasco y se reunió en seguida un Congreso Extraordinario para nombrar un nuevo Vicepresidente de la República, designación que recayó en el banquero guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola. Entonces el Presidente renunció para que el Vicepresidente Arosemena asuma la Presidencia, con el propósito de reestructurar las finanzas del agobiado país y organizar unas elecciones libres.

 

Justo es decir que en su casi año de gobierno (16 de septiembre de 1947-31 de agosto de 1948) el Presidente Arosemena cumplió dignamente su encargo. Las elecciones que en su gobierno se organizaron, inauguraron desde 1948 un nuevo período de estabilidad política en el Ecuador.

 

La revolución Juliana abrió una etapa de inestabilidad política que duró 23 años y se hizo para derrocar un sistema que beneficiaba a la banca guayaquileña. Paradójicamente, este período de inestabilidad política por ella abierto, un banquero guayaquileño lo clausuró.     

 

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Fuentes:

* Para una perspectiva de la revolución juliana y su lucha contra la “bancocracia”, v. Paz y Miño, Juan, “La revolución juliana. Nación, ejército y bancocracia” (2002), en especial, pp. 7-11 (“Introducción”).

* El cambio de presidencialismo a semiparlamentarismo en la Constitución de 1929 recibió numerosas críticas, como ésta, hecha por el político e historiador Alfredo Pareja Diezcanseco: “Esta nueva Constitución resultó un curioso y fracasado ensayo de régimen seudoparlamentario, inoperante en nuestro país. Según la Constitución de 1929, aunque no consagraba el régimen parlamentario, el poder legislativo prácticamente era omnímodo (…). Un país como el nuestro, con otros problemas, sin cultura política esencial entre el pueblo, con otra tradición en su estructura administrativa, no podía ser gobernado con la Constitución de 1929. El Poder Ejecutivo, independiente de la influencia del legislativo y bastante fuerte, es la tradición americana, proveniente de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica…”, en: “Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas ideas” (pp. 66 y 68), artículo publicado en el tomo VII de la “Historia del Ecuador” impresa por Salvat en 1982 (Juan Salvat y Hernán Crespo Toral, editores).

* Sobre la descalificación de Bonifaz y la destitución de Martínez Mera, v. Raúl Martínez Torres y Héctor Martínez Torres, “Martínez Mera. Las verdades que no quiso decir” (dos tomos, 1983). Para la descalificación de Bonifaz, pp. 66-80 (tomo I, “I, El origen”), para la destitución de Martínez Mera, pp. 216-226 (tomo I, “IX. El congreso de 1933”). Los autores también criticaron a la Constitución de 1929, llamándola “nefasta Constitución Política que tantos males hizo al país; producto híbrido del régimen presidencial y parlamentarismo incompleto, que trajo tantas y tan graves consecuencias para la normal marcha administrativa; que ataba indefenso al Poder Ejecutivo para entregarlo maniatado a la demagogia y ambición política” (tomo I, p. 54).

* Sobre la caída de Velasco Ibarra en 1935 y sus dos Presidencias nombrado por una Asamblea Constitucional en 1944 y 1946, v. Norris, Robert, “El gran ausente” (2004), pp. 227-245 del primer tomo, para su caída en 1935, y pp. 9-109 del segundo tomo, para sus dos Presidencias entre 1944 y 1947 (i.e., el Capítulo VI “El gobierno revolucionario, 1944-1947”).

* Sobre la Constitución de 1938 y su falta de eficacia, v. Gómez López, David, “La Constitución perdida. Una aproximación al proyecto constituyente de 1938 y su derogatoria” (2012), pp. 158-159. De acuerdo con el autor del artículo: “El problema es que el texto constituyente no estaba redactado del todo, y no se publicó en el Registro Oficial” (p. 159). En la práctica, nadie se sintió obligado a respetar lo ordenado por la Constitución. El propio Mosquera diría que “él juró como Presidente en base a la Constitución, vigente según él, de 1906, y no de 1938” (p. 158).

* Un buen resumen del “Manchenazo” y su gobierno inane, disponible en línea: “Carlos Mancheno”, publicada por Ecured.

* Para una semblanza biográfica del Presidente Arosemena disponible en línea, v. “Carlos Julio Arosemena Tola”, escrita por Rodolfo Pérez Pimentel. Agradezco a Guillermo Arosemena por el envío de varias notas de prensa de época para la redacción de esta columna.

El revival de Fabián Alarcón

Cuando empezó su Presidencia, el 10 de agosto de 1996, Abdalá Bucaram estaba contento de que el experimentado político quiteño Fabián Alarcón sea el Presidente del Congreso Nacional. Ni seis meses después, Bucaram se iba del país (‘vuelvo el martes’) y Fabián Alarcón era el nuevo Presidente del Ecuador. Ocurrió un pateo, con bendición socialcristiana (v. ‘La ingenuidad y las farsas’).

 

Como ahora, al Presidente lo apoyaron PK y los independientes

A por el récord [v. 'El Fabiolo']

 

La genialidad está en la parte superior izquierda

 

La primera movida de Lasso tiene un aroma a pito futuro con PK y los demás. En términos prácticos, Lasso cuenta con 12 de 137 votos. Los otros 125 votos en la Asamblea son, en estricto rigor, sus posibles enemigos. Y su primera movida fue costosa, pues se enemistó con 65 votos (49 de UNES, 16 del PSC). A cambio, Lasso se alió con PK y otros para obtener un éxito coyuntural en la elección de autoridades en la Asamblea Nacional, pero esta es una alianza sin mucha perspectiva de futuro.

Primero, porque más allá de su primer chispazo hasta ahora la alianza no ha sido funcional (a fecha de este escrito, ni siquiera ha podido elegir secretario para la Asamblea Nacional y se instaló el viernes pasado) y, segundo, porque estos aliados de Lasso empezarán a jugar a la política ecuadorian style (un do ut des muy primario) con un país que está exangüe en su economía (v. ‘La ecuatorianidad al palo (it aint’t good)’). Cuando el gobierno de Lasso no pueda satisfacerlos, o cuando los haga cabrear a estos panas, ellos se le van a voltear como lo hizo Alarcón con Bucaram. Hoy, Alarcón es legión.

Estas son las matemáticas: 65 + 26 votos (sólo de PK) es igual a 91. El número mágico. Es, por ejemplo, el número con el que la Asamblea Nacional puede aprobar una muerte cruzada.

Sólo uniendo fuerzas entre Correa, Nebot y Fabián Alarcón es legión, Lasso estaría fuera en poco más de un año.

 

Por supuesto, las cosas pueden variar y puede que sean muchos más, o puede que Lasso los contente a todos en sus costosos caprichos y llegue siempre a los 70 votos para gobernar con viento en popa. Pero en esta política del Ecuador hay muchos canallas, gobernar con viento en popa es una fantasía, y defenderse con 12 asambleístas del acecho de los colegas-canallas es como pretender defenderse de una explosión abriendo un paraguas.

 

Lasso es un gran candidato para el estreno de la muerte cruzada. Con bendición socialcristiana.

Médicos en la Presidencia

El Ecuador ha tenido cuatro médicos que han alcanzado la Presidencia de la República. Su denominador común es que ninguno fue elegido Presidente por el voto popular.

 

El primer médico en la Presidencia fue el lojano Isidro Ayora Cueva (1879-1978). Después de la Revolución Juliana de 1925 y sus experimentos de gobierno colectivo, el 1 de abril de 1926 el Ejército decidió otorgarle la dirección del país a un único individuo, el rector de la Universidad Central, que era el doctor Isidro Ayora. Entre 1926 y 1928, el doctor Ayora fue un dictador. Cuando el 9 de diciembre de 1928 se instaló una Asamblea Constitucional, ella lo designó Presidente Interino. El 27 de marzo de 1929, al día siguiente de haber aprobado nuestra décima tercera Constitución, la Asamblea Constitucional designó Presidente Constitucional al doctor Ayora. El 17 de abril de 1929, él se posesionó del cargo y debió gobernar hasta 1933, pero ante el Congreso Nacional renunció al ejercicio de su cargo el 24 de agosto de 1931 (1).

 

El segundo médico en la Presidencia fue el guayaquileño Antonio Pons Campusano (1897-1980), quien gobernó por unos pocos días (37) de 1935. Este hombre fue el Ministro de Gobierno del Presidente José María Velasco Ibarra en su primera Presidencia. Cuando Velasco Ibarra decidió declararse dictador el 20 de agosto de 1935 (2), los militares no aceptaron su dictadura y en la noche le propusieron al doctor Antonio Pons, quien hasta la mañana de ese día 20 se había desempeñado como Ministro de Gobierno, que él asuma la Presidencia. La descripción de este episodio hecha por el doctor Pons consta en un libro que él publicó en Buenos Aires en 1936, ‘Contra el zarpazo de la ‘garra política’’. El doctor Pons renunció a la Presidencia el 26 de septiembre de 1935, aunque no ante el Congreso Nacional, pues lo hizo ante los milicos. En su reemplazo, ellos escogieron al filofascista de Federico Páez.

 

El tercer médico en la Presidencia fue el quiteño Aurelio Mosquera Narváez (1883-1939) quien, tras la renuncia del Presidente Interino Manuel María Borrero, fue designado Presidente por una Asamblea Constituyente, el 2 de diciembre de 1938. El doctor Aurelio Mosquera disolvió la Asamblea que lo eligió y gobernó con mano dura, hasta la madrugada del 17 de noviembre de 1939 cuando falleció de una manera súbita. Este quiteño tiene el opaco honor de ser el único Presidente en funciones que se suicidó, se supone que por una decepción amorosa (3).

 

El cuarto y último médico en la Presidencia fue el guayaquileño Alfredo Palacio González, nacido el año en que se mató el anterior médico en la Presidencia (1939) y todavía vivo. El doctor Palacio fue elegido Vicepresidente de Lucio Gutiérrez por el voto popular en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre de 2002. Cuando Gutiérrez fue derrocado el 20 de abril de 2005, el doctor Palacio fue promovido a Presidente de la República en una ceremonia en el edificio de la Ciespal, en Quito, comandada por la actual alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, vestida con chaqueta jean.

 

 

Sepsi, yeah.

El doctor Palacio gobernó lo que restaba del período de Gutiérrez, hasta el 15 de enero de 2007. Lo reemplazó en la Presidencia uno que fue elegido por la voluntad popular y que había surgido a la vida política como Ministro de Economía de su gobierno, Rafael Correa Delgado. Al doctor Palacio, a pesar de ser uno de los últimos tres Presidentes que ha tenido este país (contando hasta el actual lerdo infame de Lenin Moreno) se lo percibe insignificante y lejano.

 

(1) Lo hizo en los siguientes escuetos términos: ‘Sr. Presidente del Honorable Congreso Nacional, en vista de la situación política del momento, presento a usted, con el carácter de irrevocable, mi renuncia del cargo de Presidente Constitucional de la República’. La ‘situación política del momento’ era la zozobra causada por la insurrección de un batallón del Ejército.

(2) Episodio que originó su célebre frase ‘Me precipité sobre las bayonetas’.

(3) Otro Presidente, concluido ya su momento presidencial, también se suicidó: se botó de una azotea para quedar como oblea en el pavimento. Fue el quiteño Francisco Javier León, quien pegó su salto el 10 de agosto de 1880.  

Un Congreso arrecho

Eran otros tiempos. Antes, cuando un político débil e impopular, por esos azares de la vida, llegaba a la Presidencia de la República, un contrapoder se activaba: el arrecho Congreso, hoy devenido en una delicada y hospitalaria Asamblea (no por lo que recibe, pero por lo que reparte).

 

Eran los años treinta y el Congreso, fortalecido por la Constitución de 1929, nuestra décima tercera, se encontraba en el cénit de su poderío. Esta Constitución, según Arízaga Vega en su obra sobre las asambleas constituyentes, ‘establece la virtual preeminencia del Legislativo, dándonos una especie de régimen parlamentario, con votos de censura y de desconfianza a los ministros, pero sin la facultad al Ejecutivo de disolver las cámaras, requisito esencial de todo régimen parlamentario.’ (1)

 

Así estaba el Congreso del 33, olímpico en su arrechera. Un político de la época, vinculado a las élites económicas de Guayaquil y elegido en circunstancias sospechosas, Juan de Dios Martínez Mera, estaba de Presidente del Ecuador desde diciembre de 1932 (2). El Presidente de la Cámara de Diputados, Velasco Ibarra, el 15 de agosto de 1933, resumió su oposición a este Presidente: ‘su gobierno se basaba en el fraude electoral; había perdido todo respaldo político y popular, dando lugar a desórdenes y descontento; no había hecho nada para aliviar la desastrosa situación económica; y la posición internacional del Ecuador se había deteriorado’.

 

Ese mismo día se presentó una moción en el Congreso, la que resultó aprobada por 49 votos a 22. La moción fue la siguiente:

 

‘El Congreso de la República del Ecuador deplora hondamente que el Poder ejecutivo por carecer de favor y base democrática, y por ineficacia administrativa no haya resultado ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación ecuatoriana, y, en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, con un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional’.

 

¡Esto es un Congreso PLGP! Además, esa frase ‘abra los cauces democráticos’ es chepísima. Tomando en cuenta que es ‘del querer nacional’, es casi erótica.

 

Dos meses y monedas después de aprobada esta moción, el Congreso destituyó al Presidente Martínez Mera. Si esto hubiera pasado con el Presidente Mojón Moreno nos habríamos ahorrado algunos años de soportar a este idiota profundo que malvive en Carondelet.

 

Pero esos eran otros tiempos. Esta Asamblea estuvo más atenta al nuevo reparto disfrazado de feroz ‘anti-correísmo’ (eso del anti-correísmo es efusión de sangre en el teatro, es para divertir a la gilada). La Asamblea actual nunca tuvo el afán de protagonismo del arrecho Congreso de 1933 (el líder del derrocamiento, Velasco Ibarra, fue el siguiente Presidente Constitucional elegido por la voluntad popular en las elecciones de ese mismo año), pues a esta Asamblea le gustó medrar a la sombra de un gobierno impopular, obligado al reparto para (malamente) subsistir.

 

¡Salud al Congreso arrecho del 33! (3)

 

(1) Arízaga Vega, Rafael, ‘Las Constituyentes’, Editorial Fraga, Quito, 1998, p. 159. Todas las citas en el texto corresponden al capítulo VII de este libro, ‘la transformación de Julio y la inestabilidad política posterior’.

(2) Como lo describe Norris, en su biografía de Velasco Ibarra: ‘El número de votantes sobrepasó en unos 20.000 al de las elecciones anteriores y un hombre impopular entre las masas había ganado con una mayoría enorme. No quedaba duda de que había fraude.’, v. Norris, Robert, ‘El gran ausente. Biografía de Velasco Ibarra’, Tomo I, Ediciones Libri Mundi, 2004, Quito, p. 147. Martínez Mera fue el candidato oficialista en las elecciones presidenciales de 1932, en un país en el que las elecciones las solía ganar el candidato oficial. Martínez Mera fue el primer Presidente cesado por el Congreso Nacional, hecho que no volvería a repetirse hasta la destitución de Abdalá Bucaram en febrero de 1997. Las siguientes citas hechas en el texto corresponden al libro de Norris, pp. 151-152.

(3) Cachondeo aparte, el Congreso ecuatoriano durante la vigencia de la Constitución de 1929 produjo una invariable inestabilidad política: ninguno de los presidentes elegidos por la voluntad popular (que fueron cuatro) terminó su período de gobierno. Pero la plena que estas ganas de bajarse a un Presidente se las hubiera agradecido en estos aciagos tiempos del Mojón Moreno.