¿De qué libertad hablamos?

29 de diciembre de 2007

En su libro El Sentido del Derecho el profesor español Manuel Atienza explica que el término “ideología” tiene una acepción descriptiva o neutral (cuando se refiere a los “sistemas de ideas, las concepciones del mundo que funcionan como una guía para la acción en el campo de la política, del Derecho o de la moral”) y una acepción peyorativa (cuando se refiere “al conocimiento deformado de la realidad, a un fenómeno de falsa conciencia”). Utilizaré este término en su última acepción para fundamentar la crítica al Municipio local que me propongo hacer en esta columna.

El Municipio de Guayaquil suele afirmar la supuesta condición “libérrima” de quienes habitamos esta ciudad. Yo sostengo, sin embargo, que el uso que las autoridades del Municipio local hacen de la palabra libertad es ideológico en su acepción peyorativa y expongo dos argumentos en este sentido:

El primero: las Ordenanzas del Cantón Guayaquil son pródigas en términos tales como “orden público”, “bien común” y “buenas costumbres”. Estos anchos términos permiten la aplicación de graves restricciones al uso ciudadano de los espacios públicos que directamente coartan varios derechos civiles que la Constitución nos garantiza (los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de reunión, de expresión, de circulación, a la igualdad, a la protesta) en parte debido a la escasa formación jurídica, cultural y cívica de la Policía Metropolitana y de los guardias privados que aplican esas restricciones (cosa que, por supuesto, no es tanto responsabilidad de ellos como de la propia Municipalidad de Guayaquil y de sus fundaciones adláteres, las que, sea por negligencia o porque sencillamente no les interesa hacerlo -me temo mucho que la verdadera razón sea la segunda- no los instruyen de manera debida en el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos) pero también porque así lo desean las políticas públicas que la Municipalidad nos impone. El derecho en el marco de una sociedad democrática no debe tolerar estas restricciones a la libertad: los derechos de los individuos, como sostuvo el lúcido filósofo Ronald Dworkin en su libro Los derechos en serio, sirven para proteger su autonomía individual y deben ser vistos como “cartas de triunfo” frente a las restricciones que contra su ejercicio pretendan imponerse. Así, la Municipalidad de Guayaquil, más allá de su retórica ideológica-peyorativa, en materia de libertades individuales tiene una enorme deuda para con nosotros, los ciudadanos.

El segundo: ninguna de las Ordenanzas del Cantón Guayaquil establecen la obligación de las autoridades del Municipio local de consultarnos sobre la política y la obra públicas cuya aplicación pretenden, como tampoco instituyen ningún canal de comunicación para que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a expresarnos con relación a éstas. Así, el Municipio local nos coarta nuestra libertad de participar en la construcción de la ciudad en que vivimos y revela pretender un absurdo: una ciudad que, como su lema, sea Más Ciudad pero con la Menos Ciudadanía posible. (Algunas aristas de este absurdo se exploraron en el excelente artículo que Leila Guerriero publicó el 2 de diciembre de 2007 en Diario La Nación de Argentina) Yo me resisto a creer que un despropósito de esta naturaleza merezca justificarse en una sociedad democrática.

En conclusión: la libertad de la que habla el Municipio de Guayaquil es retórica, es ideológica en el peor sentido de la palabra. Ojalá que esta columna les espolee algunas cívicas meditaciones para este fin de año.

Luca not dead

22 de diciembre de 2007

En un conventillo al número 400 de la calle Alsina de Buenos Aires, muerto a causa de una cirrosis hepática y hace exactos veinte años, se encontró el cuerpo de Luca George Prodan. Nacido en Roma el 17 de mayo de 1953 en el seno de una familia de clase alta, Luca inicia sus estudios en el Gordonstown College, el colegio de la aristocracia y de la familia real inglesa (cuenta la leyenda que en una ocasión le partió su madre al mismísimo Príncipe Carlos) pero no los termina: abandona el colegio, viaja por Europa, se engancha con el rock, el punk, el reggae, las drogas (en particular con la heroína: “con ella”, decía Luca, “no se jode. Por algo es la segunda droga en importancia. La primera es el poder”). Sufre en 1977 un coma hepático y se salva de milagro. El Estado italiano lo declara demente y le quita sus derechos a votar y ser empleado público: “¡Qué éxito!” se burlaba Luca, con su habitual sonrisa irónica.

Una postal. Una postal nomás. Una postal tenía Luca en su cabeza: la de su viejo amigo del colegio aristocrático, Timmy McKern, su esposa, sus dos hijitas, un perro, el sol y las sierras cordobesas argentinas como fondo. Esa imagen lo llevó a Argentina, sin hablar ni papa de español, hacia 1981. Al poco tiempo forma una banda que la suerte (una hija de Timmy saca el nombre de un sombrero) quiso que se llame Sumo y que la historia reconoce como una de las mejores y más influyentes del rock argentino. (Mi favorita y para mí, la mejor. Y los propios rockeros argentos votaron que la canción más admirable de sus cuarenta años de rock es Mañana en el Abasto, de Luca.) Luca era el vocalista: un tipo calvo que bebía ginebra y usaba gafas “para el sol y para la gente que me da asco”.

Luca pudo venderse a la lógica de la sociedad de consumo, vender muchos discos, tener mucha guita, hacer un me verás volver y envejecer con presunto decoro. Nunca le interesó: este confeso admirador de Bukowski sabía jugar el juego de vivir con sus propias reglas, sin pelos en la cabeza ni en la lengua, investido de su sonrisa irónica. Una anécdota lo ilustra: Sumo hace un concierto en el mítico Obras en Buenos Aires y 10.000 personas lo corean (Luca dijo, “pareciera que tengo mi dosis de poder con todas las nenas gritándome, pero no es cierto, mi vida no ha cambiado ni va a cambiar porque gane más plata o porque un montón de idiotas me griten: ´Luca, Luca´ cuando me ven”) y al día siguiente Luca, ese mismo de las diez mil almas coreándolo, dormía la tarde en la banca de un parque después de comerse un mísero sándwich de salami. En sus palabras, como en una línea de Bukowski: “puedo estar con mi familia en Italia, comer a la una y a las ocho de la noche, no tener problemas, ir en el yate en el verano y a las montañas en invierno. Pero no lo quiero. Y el futuro no me importa. Solo me importan cosas afectivas”. (¿Cómo no recordarlo al cronopio Cortázar?: “feliz, ergo, sin futuro”.)

En su edición especial sobre Luca la revista Rolling Stone escribe: “‘Luca vive’ es una frase que se ha repetido con insistencia desde que la muerte del músico dio lugar al nacimiento del mito”. Yo prefiero, sin embargo, recordarlo con esas tres palabras que todavía pueden encontrarse pintadas en algunas paredes de Buenos Aires, esas tres palabras que son el título de esta página y que recuerdan que su leyenda y obra no mueren: Luca not dead.

Estados de excepción

15 de diciembre de 2007

Los recientes sucesos en Dayuma pusieron en evidencia varias cosas: que Correa carece de empacho alguno para solapar con pobres argumentos los abusos de la fuerza pública, que el chantaje no es práctica ajena a este Gobierno, que el término terrorismo es funcional a los intereses de las autoridades públicas (lo saben en Guayaquil quienes protestaron contra la Metrovía)… Estos sucesos también evidencian una práctica común del Poder Ejecutivo: dictar estados de emergencia como mecanismo para combatir la delincuencia común. Será esta abusiva práctica gubernamental, tan generosa en excesos y en violaciones de derechos humanos y contraria a las obligaciones internacionales del Estado, mi objeto de análisis en esta columna.

Ya en su Informe Anual de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó que “combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales, en virtud del estado de emergencia, no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana para que sea procedente su declaración” y que el Estado “tiene y debe contar con otros mecanismos para canalizar el malestar social y combatir la delincuencia que no signifiquen la derogación de garantías esenciales de la población”. Más reciente y precisa, en julio de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el último caso que sentenció contra Ecuador, el Caso Zambrano Vélez y otros (que se refiere a la ejecución extrajudicial de tres personas por parte de la fuerza pública con ocasión de un estado de emergencia que Durán-Ballén declaró en 1993) estimó “absolutamente necesario enfatizar el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, situaciones excepcionales y criminalidad común” y citó su jurisprudencia del Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), en la que con suma sensatez consideró que “los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

Se supone que el Estado quiere hacerse cargo de estas críticas de los órganos internacionales de derechos humanos. En la audiencia del Caso Zambrano Vélez y otros en la que estuvo presente el procurador general del Estado, Xavier Garaicoa, el Estado expresó su supuesta voluntad de “democratizar el régimen de excepción” el que será “debidamente regulado y estrictamente monitoreado en la próxima Asamblea Constituyente” para “que se restrinja el uso indiscriminado que en ciertas ocasiones se puede dar del estado de excepción, de esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo para decretar un estado de emergencia”. La cita es textual y no solo que lo señaló el Procurador, sino que también lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el punto resolutivo noveno de su sentencia del Caso Zambrano Vélez y otros, en los siguientes cabales términos: “El Estado debe adecuar su legislación interna en materia de estados de emergencia y suspensión de garantías, en particular las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Los hechos, sin embargo y hasta ahora, contradicen de manera manifiesta esta orden y la supuesta voluntad que el Estado expresó en la audiencia. Me pregunto si la Asamblea Constituyente tendrá la estatura moral suficiente para cumplir con esta demanda de derechos humanos, que constituye asimismo una obligación de derecho internacional. Yo tengo mis dudas: hasta ahora la Asamblea Constituyente no prueba sino estar a la altura del más ramplón autoritarismo del Poder Ejecutivo. Y eso, señores, es un pésimo síntoma.

¡Arriba las manos!

8 de diciembre de 2007

¡Arriba las manos!… Esto es el Estado. Así se llama el disco que el grupo argentino Las Manos de Filippi editó en 1998. (Alguno de ustedes puede, muy lícitamente, entenderlo como el subtítulo de la Constitución que ese año se aprobó. Y sí, también.) Las letras de Las Manos de Filippi las definió el periodista Cristian Vitale como una “diatriba visceral contra el sistema, las instituciones, y los hombres que la representan”. Casi no se los conoce fuera de Argentina; sí se les conoce, en voz de Gustavo Cordera, vocalista de la Bersuit, la célebre canción Sr. Cobranza. La escribieron ellos.



¡Arriba las manos!... Esto es el Estado también son palabras adecuadas para describir la omnipotencia que se endilgó para sí la Asamblea Constituyente. Los artículos 2 y 3 de su Mandato Constituyente No 1 consolidan esa omnipotencia, ante la cual inútil resulta el recordatorio a los asambleístas de mayoría de que tan grandilocuente redacción no la autoriza el Estatuto que nosotros les aprobamos; inútil, porque los asambleístas se han probado impermeables, en este punto, a los argumentos de derecho: su discurso fuerte es la legitimidad que el pueblo ecuatoriano les otorgó en elecciones. (Y legitimidad, en el diccionario de uso del asambleísta de mayoría, significa “regalada gana”. ¿Les suena?)

Legitimidad: en su nombre, los asambleístas de mayoría olvidan las sensatas palabras de Manuel Villarán (que las escribió hacia 1923 pero están más vigentes que nunca): “Toda mayoría, cualquiera que sea el partido a que pertenezca, se entiende que debe abstenerse de violar ciertas garantías comunes que forman un terreno vedado y cuya intangibilidad es la regla aceptada del juego político”. Olvidan también, más concisa y precisa, más directa en su mensaje para este absurdo omnipotente de la Asamblea Constituyente, esta certera frase del francés François Fénelon: “El poder sin límites es un frenesí que arruina su propia autoridad”

No se me malinterprete: yo coincido con la necesidad de realizar profundos cambios en las instituciones del Estado (porque habría que ser imbécil o masoquista para añorar el retorno del gobierno de esos partidos políticos); pero no puedo coincidir con las formas con las cuales hoy se manifiesta esta necesidad (y estoy seguro que muchos de los asambleístas de mayoría tampoco coincidirían, si fueran minoría u oposición: tal es la embriaguez del poder). Por eso, el ¡Arriba las manos! de esta columna evoca un acto reprochable: la toma por asalto de las instituciones del llamado “poder constituido”, que se traduce en el hecho cierto de que los plenos poderes terminan por negar en la práctica el Estado de derecho que afirman garantizar.

Cierro: si a Hugo Chávez, supuesto campeón latinoamericano de la legitimidad electoral, las mayorías ya le negaron sus favores este domingo 2, el Presidente Correa (que tal parece es lampiño, pero concédaseme la metáfora) y su elenco de co-asambleístas harían bien en poner sus barbas en remojo: porque es probable que estos vientos de omnipotencia sacudan unos polvos que, en el futuro, podrían convertirse en aquellos lodos que empantanen el proceso de cambio que aprobamos la mayoría. Y más que recordar al numinoso Alfaro (como lo sentenció lúdica y lúcidamente Alfonso Reece en su columna de este lunes), o mejor, debajo de su cara tallada que pende sobre la cabeza de Alberto Acosta, yo aconsejo que coloquen para recordarla siempre, la sensata frase de François Fénelon: porque incluso los cambios radicales necesitan, para su ejecución, la justa ponderación que les conceden el equilibrio y la mesura. Y todavía no estamos tarde para comprenderlo.

Razones para la unión homosexual

1 de diciembre de 2007

Mi argumento de esta columna apela a la filosofía liberal; quien mejor la formula es el ex Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Carlos Gaviria Díaz. Él nos enseña que “lo que cada persona puede hacer es reclamar del Estado un ámbito de libertad que le permita vivir su vida moral plena, pero no exigirle que imponga a todos como deber jurídico lo que una persona vive como obligación moral” cuyo lógico corolario es la evidente constatación de que “hay comportamientos que solo al individuo atañen y sobre los cuales cada persona es dueña de decidir”. Con fundamento en tales antecedentes se construyen sólidos argumentos para admitir, en el seno de una sociedad democrática y en nombre de las libertades individuales, la unión de parejas homosexuales. (Sugiero la consulta, para ilustrarse con la lucidez de su filosofía liberal, del libro Sentencias. Herejías Constitucionales, de autoría de Carlos Gaviria Díaz.)

Desde una postura conservadora puede contraargumentarse que la homosexualidad es inmoral y atenta contra la religión dominante (Católica, Apostólica y Romana) y otras confesiones. Varias personas, desde su fe y su moral, repudian la homosexualidad. La tolerancia (valor fundamental de toda sociedad democrática) obliga a respetar esta particular creencia. Pero cabe argumentar en contrario de esa postura que lo que una sociedad democrática no puede permitirse es mezclar el ámbito privado de las creencias personales con el ámbito de las políticas públicas: el derecho a profesar una religión es distinto a la pretensión de convertir esa religión en una política pública (recuérdese a Gaviria: no puede exigírsele al Estado que imponga a todos como deber jurídico lo que una persona –en este caso, desde su moral religiosa- vive como su obligación moral). Una sociedad democrática tampoco puede permitirse un único concepto de moralidad: como sugiere el filósofo checo Ernst Tugendhat “un concepto de la moralidad que no deja abierta la posibilidad de concepciones variadas de lo moral tiene que parecernos hoy inaceptable”.

Muy bueno para el argumento liberal es contar con curiosos apoyos (matiz verbal mediante): el Arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, en una entrevista que realizó Rubén Darío Buitrón y que se publicó en Diario Expreso el lunes 5 de noviembre declaró que a la unión de parejas homosexuales la pueden llamar “de cualquier forma, menos matrimonio”, y recalcó: “Que arreglen con alguna fórmula legal el problema de la convivencia, la unión libre, por ejemplo, pero no cabe que se institucionalice con el sacramento matrimonial”. Por esa misma fecha, en una entrevista televisiva que María Josefa Coronel realizó al Presidente de la República éste sostuvo un criterio análogo: que se regule la convivencia de la pareja homosexual, sin llamarla matrimonio.

No creo que exista problema, porque el membrete de la unión homosexual es irrelevante: lo importante es garantizar que no se les discrimine el acceso a los beneficios propios de una convivencia en pareja. Por lo demás, satisface saber que las más altas autoridades eclesiásticas y civiles concuerdan en la posibilidad de regularlas y adhieren a una tendencia de respeto e inclusión de enorme predicamento: hoy, en territorios de distintas latitudes (Canadá, España, Holanda, Bélgica, Sudáfrica, y puede sumarse una decena más) y también en clave regional y cercana (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2002 y la provincia argentina de Río Negro; la Ciudad de México D.F. desde 2006 y el Estado mexicano de Coahuila) se reconoce la unión de parejas homosexuales. Ecuador tiene la ocasión, en este proceso constituyente, de hacerse cargo de este reclamo que se formula desde la no discriminación y el respeto a la libertad de los otros y desde la filosofía liberal más ilustrada.

25 de noviembre

24 de noviembre de 2007

Pensé escribir sobre el recital de Sabina y Serrat del sábado pasado y titularlo, con justa razón, El gusto fue nuestro. Pero la inmediatez de una efeméride y su urgente tema justificaron mi cambio de planes. La efeméride sucede cada 25 de noviembre desde que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró ese día el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en memoria de que esa misma fecha, en 1960 y en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó el asesinato de las hermanas Miraval, que combatieron su oprobioso régimen. (La extraordinaria novela En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez relata su heroísmo y su muerte atroz)

No hay duda: la violencia contra la mujer afecta su salud, su seguridad personal y la de su comunidad, e impide el desarrollo integral de las personas inmersas en estas relaciones y el desarrollo humano integral (económico, cultural, productivo, educativo, afectivo) de la población en general. Se manifiesta, la violencia contra la mujer, no solo en las agresiones físicas (que la padecen una de casa siete mujeres en el mundo y que constituyen la principal causa de muerte de las mujeres entre 15 y 44 años) sino también, por ejemplo, en el uso del lenguaje: desde las bromas sexistas (una lectura de El chiste y su relación con el inconsciente de Sigmund Freud les revelaría a sus autores la gravedad de sus frustraciones) hasta el discurso atestado de testosterona de ciertos políticos locales, que piensan todavía que tener (es textual) cojones es necesario para la actividad política y que sirve para revelar, en definitiva, la pobreza de su masculinidad.

Ante este escenario, que se precisa en detalle en el Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, de Yakin Ertürk, y en clave local en las estadísticas que publica el Consejo Nacional de las Mujeres, es importante destacar el trabajo que ejecuta la Campaña Cantonal contra la Violencia hacia la Mujer e Intrafamiliar que se organiza desde la Mesa de Concertación por la Equidad de Género con Énfasis en la Violencia Intrafamiliar compuesta por varias entidades públicas y privadas (entre las que figuran la M.I. Municipalidad de Guayaquil y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer –Cepam). Los objetivos generales de esta campaña son comunicarle a la ciudadanía “que la violencia hacia las mujeres e intrafamiliar existe en nuestra ciudad y que no debe ser considerada como algo natural, por el contrario, afecta su desarrollo integral y el de los niños que viven con ellas” y lograr “que las personas afectadas sepan que su situación puede cambiar si buscan apoyo”; uno de sus cuatro objetivos específicos (que suscribo plenamente) es contribuir a que los ciudadanos de Guayaquil “se cuestionen sobre sus concepciones y prácticas en torno a la relación de pareja, a la relación de adultos/niños, niñas”. Esa es, precisamente, la razón de ser de mis líneas.

No escribí El gusto fue nuestro, ese breve inventario de placeres de una noche de verano: troqué ese placer por la urgencia de proponer una discusión sobre este urgente tema y la difusión de un necesario trabajo, cuyo propósito puede resumirse en el sencillo y poderoso eslogan de la campaña: “Callar la violencia no la detiene. Busca apoyo”. Puede que este eslogan le resulte oportuno a más de una persona que lea esta columna. Ojalá. Ya esa mínima contribución, tanto como el discutir en público este asunto, justifican mucho esta página.

El gusto será nuestro

17 de noviembre de 2007

Les sucedió a Ana Belén y Víctor Manuel: con ocasión de un recital que la pareja ofreció en Quito, se les acercó un señor de bigote y les preguntó si tenían amistad con Joan Manuel Serrat; ellos asintieron. El señor de bigote les contó entonces que era fanático ultra de Serrat.

(La prueba: viajó de luna de miel a Barcelona para conocer la calle Poeta Cabanyes, en el Poble Sec, donde Serrat nació.) Les contó que en un recital de Serrat en Quito, él fue quien compró el primer boleto y estuvo, literal, “con las narices prácticamente pegadas al escenario”. El señor de bigote le solicitó con febril insistencia a Serrat que cantara Elegía y Serrat no hizo caso; cuando Serrat presentó a sus músicos, omitió a su compañero de piano de siempre, Ricard Miralles (porque no estaba presente en la gira); ante esta omisión, el señor de bigote le grito a Serrat: ¿Y Miralles? El buen Serrat perdió su natural calma, lo miró furioso, lo aleccionó y lo echó del recital. En palabras textuales del señor de bigote: “Yo me volví hacia mi asiento como un perro apaleado, le hice un gesto a mi esposa y salimos a la calle, les juro que iba llorando”. (La historia se narra en Diario de Ruta. El gusto es nuestro, pág. 48-50).

Estaremos, precisamente, en sus antípodas: esta columna se publica el sábado 17, el mismo día en que un perito agrícola (tal es su oficio), este primo de todos, El Nano Joan Manuel Serrat, y su íntimo cofrade, aquel que iba para profesor de literatura en provincias, de nombre Joaquín Ramón Martínez, pero más conocido por su segundo apellido, Sabina, brindan un recital del cual tengo la muy irrefutable convicción de que encandilará aquello que algunos llaman alma pero que puede reducirse, sin ningún perjuicio, a aquello que es lo más íntimo de todos nosotros. Es imposible abarcar lo que Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina significan para muchos, lo que significan para mí; sería barroco el inventario de cuántas ocasiones ellos han auxiliado la (mi) existencia: el universal primo El Nano ha sido la educación sentimental de tres generaciones de españoles e hispanoamericanos que cultivaban o cultivan su espíritu; el exquisito y bohemio Joaquín ha sido el compañero irrefutable de las descorazonadas noches de bares y borracheras con las chicas sorprendidas (que no lo conocen) o las cómplices (la inversa) de su carnal verbo. Tantas canciones, tantas, que nos han marcado y yo aprovecho y proclamo mis favoritas: las de Sabina (Y sin embargo, Contigo, A la orilla de la chimenea, y podría seguir y sumar) y las de Serrat (De vez en cuando la vida, Mediterráneo, Donde quiera que estés, y podría, también, por supuesto, seguir y sumar), y si las cantan esta noche, contribuirán estos excelsos canallas cantaescritores a mi sencilla y poética felicidad. Yo he disfrutado recitales de Serrat y de Sabina, aquí y en el extranjero, pero nunca los he visto juntos: hoy será, sin duda, para todos los que asistamos, un día especial e irrepetible. Ojalá que esté presente el señor de bigote que abre esta historia, para que vindique el placer de escuchar a Serrat, en conjunto con este ubetense maestro. Yo estoy seguro que, apropiándome del título del libro que reseñó la gira de cuatro amigos para los que Sabina compuso un soneto (que dice: “gracias por perfumar con emociones / el sueño de una noche de verano”, y es tan oportuno), el gusto será nuestro, muy y deliciosamente nuestro.

Control de armas

10 de noviembre de 2007

El filósofo rumano Emil Cioran declaró que la historia no era sino una masacre; casi lo mismo da, para en general validar esta severa sentencia, que la masacre la haya cometido hace poco menos de tres milenios el rey asirio Tiglat-Pileser III en contra de los urartianos o hace poco más de un decenio los radicales hutus contra los tutsis y hutus moderados en aquel febril y brutal abril ruandés de 1994. Digo casi, y procedo a justificar el uso de este adverbio de cantidad y matiz: la historia sí es una masacre, pero difieren en el tiempo las armas que se utilizaron y utilizan para su ejecución (Tiglat-Pileser III era fanático de los arcos, las flechas y las picas y no conoció, como es común y atroz hoy, la devastación que provoca el fusil AK-47 o –ni se diga- la bomba atómica) y la oposición que una sociedad civil organizada puede ejercer para prevenirlas, censurarlas o mitigar sus daños (Tiglat-Pileser III no conoció sino su omnímoda voluntad en feroz disputa con la de sus enemigos).

Pero abandonemos a Tiglat-Pileser III en los anales de la historia bárbara del siglo VII a.C. y hablemos de los albores de la historia bárbara del siglo XXI d.C.: hablemos de las propuestas que una sociedad civil organizada puede desarrollar para ejercer control sobre la venta de las armas pequeñas y ligeras que propician las tan actuales como ubicuas masacres. Hoy, ante la desoladora estadística que enseña que cada minuto muere una persona a consecuencia de la violencia armada, que el comercio de armas pequeñas y ligeras es tan pingüe negocio que mueve 40.000.000.000 de dólares como sangriento que provoca 5.000.000 de muertes y el dato cierto de que no se tiene ninguna regulación específica y vinculante en el derecho internacional, varios órganos de la sociedad civil (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y Amnistía Internacional, entre tantos otros), precedidos por la iniciativa de varios Premios Nobel de la Paz y auspiciados por el apoyo de varios Estados propician en las Naciones Unidas la discusión del borrador de un Tratado sobre Comercio de Armas, esto es, un tratado que no impida la producción de armas pero que limite su comercio en aras de que éste se realice de manera responsable y evite las violaciones de normas de derecho internacional. La Resolución 61/89 de la Asamblea General refleja el inicio de esta discusión; Ecuador la apoya. Consúltese la posición del Estado ecuatoriano y los válidos principios del Tratado sobre Comercio de Armas en www.armstradetreaty.org

No es, por supuesto, el ámbito internacional el único en el que se puede actuar para controlar el comercio de las armas. Cabe la ejecución, en el ámbito del derecho interno, de varias acciones: actualizar la ley que regula la materia (que data de tiempos de la última dictadura), implementar una sólida política de desarme, hoy insuficiente y débil (el exitoso ejemplo de Argentina puede ser referencial), constitucionalizar (y le hablo en este momento a los asambleístas electos) normas efectivas sobre control en el comercio y la tenencia de las armas (como sucede en varios países hispanoamericanos –España, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile –y este último país, en sus artículos 22 y 92, es el que tiene la mejor y más completa redacción). El principio es sencillo: actuar de manera responsable en el comercio y la tenencia de armas. Y la obligación del Estado es evidente: mediante sus distintos órganos (Presidencia, Ministerios de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores, Asamblea Constituyente) garantizar ese principio de manera debida.

Reflexiones (urgentes) de Gargarella

3 de noviembre de 2007

La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) invitó al jurista argentino Roberto Gargarella para que dicte una conferencia magistral en la ceremonia de su cuadragésimo noveno aniversario. Gargarella desarrolló el propicio tema “El juego de la democracia. Los límites de la coerción”. Me permitiré, en esta columna, resumir sus urgentes y sensatas ideas.

Para hablar de democracia, Gargarella nos propone revisar la historia: sugiere que pensemos la coyuntura actual a partir de las tradiciones políticas que han imperado desde la fundación de la República. Gargarella destaca los efectos de las tres tradiciones que, con distinto énfasis, han ejercido el poder en la región: las tradiciones conservadora, liberal y radical. (Vale decirlo: en Ecuador, en general y en el siglo XIX en particular, predomina la tradición conservadora: de hecho, acaso nadie en América latina represente de manera más perfecta -y atroz- que García Moreno la fanática unión de la espada y la cruz.) La tradición conservadora suprime la libertad (valor característico de la tradición liberal) y la igualdad (valor característico de la tradición radical) en nombre de sus dioses y de sus arcanos. Las tradiciones liberal y radical, de su parte, de imperio menos estable y más efímero, han sacrificado en nombre de la imposición de su valor característico, el valor de la otra tradición en disputa.

Es ante este escenario histórico que Gargarella nos invita a reflexionar sobre la propuesta de una tradición distinta, que respete tanto la libertad como la igualdad, defienda la solidez de la democracia y los derechos de los individuos y sirva, en definitiva, para fortalecer “nuestra autonomía individual y nuestro autogobierno colectivo”. Esta tradición puede precisarse en el respeto de los siguientes cuatro compromisos: 1) la resistencia a la imposición del presidencialismo y sus maniqueas consecuencias (“o están conmigo o están contra mí”): el Presidente debe aceptar las críticas que se le formulen, aunque le pesen; 2) la separación del ámbito privado de las creencias personales del ámbito de la vida pública: el derecho de profesar una religión es distinto (muy distinto) a la pretensión de convertir esa religión en una doctrina pública; 3) el entendimiento de que un gobierno democrático debe apoyarse en la expresión de la mayoría de los miembros de su sociedad pero tomando en muy debida cuenta que esa expresión mayoritaria no debe manejarse mediante encuestas (¡Vinicio Alvarado!) sino mediante discusiones críticas y, en particular y dicho sea con énfasis, escuchando la voz de los disidentes: en este ejercicio reside la esencia de la auténtica democracia participativa; 4) el énfasis en la concreción del valor igualdad (tan cercano en nuestra retórica, tan lejano en nuestra práctica) guardando, eso sí, el debido respeto hacia los derechos de los individuos.

Gargarella concluye con una reflexión que proviene del “Padre de la Constitución” norteamericana, James Madison, quien afirmó que para la creación de sólidas instituciones no se debe pensar que éstas serán ocupadas por ángeles sino por demonios: la pregunta a responder, entonces, es “¿estamos preparados para resistir que en nuestras instituciones quien ocupe el puesto sea nuestro enemigo?” Gargarella nos entrega las claves para una serie de reflexiones hechas a partir de la historia, desde la teoría política y para la solidez democrática de nuestra sociedad, cuya necesidad de discusión es evidente y cuya urgencia está en su contraste con los actos de este Gobierno de numerosos rasgos conservadores y autoritarios. Cierro satisfecho: en esta columna solo quise ser el modesto salieri de un gran maestro y transmitirles algunas de sus interesantes ideas para propiciar esta necesaria discusión.

El derecho al agua

27 de octubre de 2007

La Observación General No 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante, “El Comité”) establece que el derecho humano al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico”. Esta Observación General No 15 instituye las siguientes tres obligaciones para los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ecuador lo es desde el 24 de enero de 1969): la de respetar, que exige que los Estados “se abstengan de injerir de manera directa o indirecta en el ejercicio del derecho al agua”; la de proteger, que exige que los Estados “impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el derecho al agua” y la de cumplir, que se subdivide en la obligación de facilitar, que implica que los Estados “adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho”, la de promover, que implica que los Estados adopten “medidas para que se difunda información adecuada”, y la de garantizar, que implica que el Estado haga efectivo el derecho “en el caso en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición”. El Comité no está solo: varios tratados y declaraciones reconocen este derecho y Relatores de Naciones Unidas desde sus propios ámbitos (Jean Ziegler desde el derecho a la alimentación, Miloon Kothari desde el derecho a una vivienda adecuada y El Hadji Guissé desde el derecho al agua potable y saneamiento) confirman también sus dichos y observaciones.

Utilizar esas referencias del derecho internacional para discutir el derecho al agua es un asunto no menor: solo el 2.5% del agua que en el mundo existe es dulce (o sea, de uso humano), 1.200.000.000 personas no tienen acceso al agua potable (y se estima que en el 2025 serán 3.000.000.000) y el 85% del agua potable lo consume solo el 12% de la humanidad. Hoy en muchos países se compran ominosas “tarjetas prepago” para su consumo y las empresas tienen el “derecho de cortar” su suministro (sucede en Nigeria, Tanzania, Ghana y Australia, por ejemplo). La tendencia a privatizar, que se concentra en pocas empresas (Suez, Vivaldi, Siemens, Unión Fenosa, Iberdrola, Bechtel –cuya cara en Guayaquil es Interagua, con no pocos cuestionamientos desde, por ejemplo, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y el Observatorio Ciudadano de Servicios Básicos) entiende al agua como un bien económico cuando, en realidad, como reconoce el Comité el agua “debe tratarse como un bien social y cultural”.

Las estrategias ante esta preocupante realidad principian por constitucionalizar el derecho al agua (existen varios antecedentes: Uruguay, Etiopía, Sudáfrica, Uganda, Irán y Zambia). Esta constitucionalización servirá como parámetro para el establecimiento de la legislación secundaria y políticas públicas correspondientes, y con base en estos antecedentes, se permitirá la adecuada defensa judicial del derecho al agua para quienes sientan que se les viola este derecho humano.

La inclusión del derecho humano al agua en la nueva Constitución es, entonces, trascendental para efectos de tornar efectiva su exigibilidad y su garantía. Ojalá que los asambleístas electos discutan la precisión de sus términos y sus alcances (la Observación General No 15 puede servirles de válida referencia) y lo incorporen en el texto constitucional, en debida forma.

Bijari ('Galinha')

20 de octubre de 2007

El escritor mexicano Juan Villoro declaró que Tokio o México son ciudades tan inabarcables que descalifican cualquier afán totalizador; toda incisión en su realidad puede hacerse solo desde una parte, siempre incompleta y transitoria. De México doy fe (Tokio me aguarda todavía en algún recodo del camino); doy fe, en tiempo presente y en Brasil, que el análisis de Villoro puede aplicarse también a Sao Paulo y Río de Janeiro.

Me ocuparé en esta columna de Sao Paulo. Situaré lejos de mí todo afán totalizador: decir que Sao Paulo tiene 10’886.518 habitantes (si incluimos su zona metropolitana, 19’949.261), que cubre un espacio de 1.524 km², que su lema es Non Ducor, Duco (que significa, "No soy conducido, conduzco"), que su altitud media es 769 metros o que se fundó en 1554 por padres jesuitas para la catequización de los indios del sector, son solo predicados de un sujeto genérico y triste. Me acercaré a su intensa vitalidad y a su compleja trama social desde la perspectiva, particular pero lúcida, de un grupo de urbanistas, artistas y arquitectos paulistas que se interesan en “las poéticas relacionadas con la existencia humana en el contexto urbano”, cuyo oficio es realizar intervenciones urbanas, perfomances, videos y diseños gráficos y de web que sirvan como herramientas útiles “para establecer posibilidades de experiencias con las que cuestionar la realidad”. (Excúsenme, por cierto, mi pobre traducción del portugués). Este grupo se llama a partir de la calle donde empezaron a crear sus obras: su nombre es Bijari, opera en Sao Paulo desde 1996, e información amplia sobre sus actividades puede hallarse en su generosa ciberpágina www.bijari.com.br

Podría, tras la visita que les hice a su lugar de trabajo, escribir largamente sobre sus obras (la generosidad de Geandre Tomazoni y de Rodrigo Araújo validaría esa intención) y de cómo se interpela su ciudad a partir de las mismas: cómo cuestionan los usos del espacio público, la represión de las autoridades locales, el afán desmedido de los grupos privados y la indiferencia ante la realidad de los otros (obras como Estão vendendo nosso espaço aéreo, Splac - Salão de Placas, Fashion Vive son ejemplos interesantes, se consultan en su ciberpágina). Pero me valdré solo de una obra, sencilla pero efectiva, titulada simplemente Galinha (Gallina) para destacar este particular acercamiento a la complejidad social de Sao Paulo: con el objeto de observar las diferentes reacciones que provoca, se suelta una gallina en Largo de Batata, zona depauperada de la ciudad; y en breve, la misma gallina se suelta frente al shopping Iguatemi, que dista un kilómetro del lugar anterior y es frecuentado por las personas pudientes de la ciudad. Se registraron en video sus reacciones: en Largo de Batata las personas interactuaron con la gallina, hicieron bromas de su presencia, disfrutaron su aparición; en el shopping, las personas se asustaron, se sintieron incómodas y apareció finalmente la policía para terminar el espectáculo y retornar a la normalidad. Dos reacciones distintas que posibilitan la reflexión... ¿qué pasaría con Galinha en nuestra ciudad? Lo sospechan y es cierto: se trata, para aproximarse a esta megalópolis, solo de una mirada, entre las millones posibles. Pero este tipo de miradas que Bijari propone, esto es, las miradas de la duda y la pregunta, que provocan y proponen diálogos y reflexión, son las miradas necesarias y críticas, que debemos, como un jardín de las dudas, cultivar.

Guayaires

13 de octubre de 2007

Hace varios años, todavía en sus tiempos de ficticia economía boyante, recorrí por vez primera las calles de Buenos Aires. Me fascinó: su vida cultural y nocturna, su arquitectura, el mate, el culto de la amistad, su comida (¡aguanten los asaditos!), su bebida (los tintos, el amargo fernet), sus minas (con su imposible dosis de histeria), su tango, su rock y la inefable sensación de participar de un delirio colectivo teñido de afanes, exilios, fracasos, y revestido (sea dicho con palabras de Joaquín Sabina, el más porteño de los gallegos) del “tango añil de la melancolía”. Hice entonces dos juramentos: el primero, siempre volver (que lo cumplo con fervor cívico y periodicidad anual) y el segundo, que cuando mi situación económica lo permita, le compraré un departamento a mi madre, sea en Palermo o en Recoleta. Sé bien que ahora este juramento toma estado público.

Ya entonces me impresionó mucho constatar que quienes de mi ciudad tienen la posibilidad de viajar al exterior prefieran una ciudad tan desangelada como lo es Miami y no prefieran (por las razones que tanto me fascinan a mí y por tantas otras) esta delirante metrópoli austral. Una serie de hechos (la dominación cultural de los EE.UU., la dependencia económica de nuestro país, la frecuencia de los vuelos) podrían intentar una justificación de esta preferencia; mucho menos justificable es el intento de convertir a Guayaquil en su pobre simulacro: de hecho, el llamado proceso de “Regeneración Urbana” crea unos pocos retazos de esa simulación, en los cuales la noción de “espacio público” es una cosa que administran otros, con un silbato y muy pocas ideas. He escuchado, con una mezcla ambigua de risa y de horror, que a esta vana pretensión algunos la denominan guayami.

A pesar de la anterior constatación y del título de esta columna, no intentaré la vana pretensión de su antípoda, esto es, de convertir a Guayaquil en un sucedáneo de Buenos Aires, en Guayaires: esa es, por supuesto, una notoria imposibilidad. Fui yo mismo, además, quien reivindicó en un artículo reciente ("Citámbulos", del 8 de setiembre de 2007) el que aprendamos a “asombrarnos de los detalles que singularizan (a despecho de las intenciones de convertirla en “genérica”) a nuestra ciudad, que la tornan única y que le conceden, en real definitiva, su entrañable y extraña belleza”. Pero sí quiero en esta columna enfatizar que mirar hacia este puerto (“junto al río inmóvil”, como dijera Borges) es útil para aprender a disfrutar de nuestra ciudad, de manera distinta y más intensa. El espacio de esta columna es diminuto para decirlo, pero valga admirar de Buenos Aires la apropiación de los espacios públicos que hacen sus ciudadanos y las iniciativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (por ejemplo, la exquisita “Noche de los Museos”, en la que gustoso participé el sábado pasado) para promover diversas actividades culturales y ciudadanas. Solo son botones de muestra, que bien podríamos imitar: el énfasis que quiero transmitir, en definitiva, es la necesidad de propiciar en Guayaquil la búsqueda, creación y exhibición de sus matices y de sus riquezas culturales, la apropiación de los espacios públicos por parte de nosotros, sus ciudadanos, y la discusión pública de las políticas de las autoridades que nos administran. Son unas cuantas reflexiones (que espero contribuyan a una necesaria discusión) que remito desde un café de esta fascinante ciudad.

In(ter)versión en la obra de Alfaro

6 de octubre de 2007

El término inversión admite varias acepciones. Una de tantas se refiere a la posibilidad, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, de “emplear, gastar, colocar un caudal” y de “emplear u ocupar el tiempo”. Estas acepciones, en estos días que corren y con relación a la obra de Eloy Alfaro, tienen enorme predicamento: hoy se cita a Alfaro con corajudo entusiasmo y para todos los efectos, desde la derecha y desde la izquierda, se proclama con insistencia la viva herencia de su obra y se construye una obra en Montecristi de su rostro en la sede de la Asamblea… Se invierte, en definitiva, caudales y tiempo en, dicho sea con términos borgianos, “fatigar la infamia” en el supuesto ejercicio de homenajear su memoria.

El término inversión significa también “cambiar, sustituyéndolo por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de las cosas”. Y esta acepción se la puede aplicar también a la obra de Alfaro, en concreto y con crítica lúcida: este es, precisamente, el propósito de la intervención urbana que realizó el artista Óscar Santillán, con su obra titulada El arrastre. Repetición de un monumento que no se ha hecho, en la que Santillán repite en resina la escultura de Alfredo Palacio (el célebre “No me empujes”) que representa a Eloy Alfaro en cabeza de las masas, con la inversión, eso sí, de la posición que tiene Alfaro: en la obra de Santillán, Alfaro no aparece a la cabeza de esas masas, sino que es arrastrado por ellas. Como bien destaca Xavier Andrade, en los tiempos que corren “Alfaro está siendo nuevamente arrastrado, sugiere directamente la nueva obra de Oscar Santillán”: lo arrastramos, en uso de entre otros hostiles métodos, mediante el oportunismo ramplón de su invocación continua y la retórica vacía de los carajazos que lo adornan.

La intervención urbana de Santillán se realizó los días 27, 28 y 29 de septiembre en las calles Villamil y Alberto Reina, en pleno sector de la Bahía, y consistió en colocar sobre un precario mesón blanco la imitación de la escultura de Alfaro con la inversión anotada de su posición y permitir que la obra interactúe con las gentes que transitan en ese populoso sector de la ciudad y motive la reflexión, porque en palabras de Santillán, “los predicadores y los políticos profesionales afirman, siempre afirman; yo he decidido tomar la posición del que pregunta, como que nada sabe”. El Universo y El Comercio realizaron una cobertura de la intervención de Santillán y la excelente ciberbitácora de Rodolfo Kronfle Chambers registra varias fotos, un video y los textos de Xavier Andrade ‘Arrastrando a Alfaro’ y el de justificación de la obra, escrito por el propio Santillán. También pueden ustedes consultar la ciberbitácora de Santillán y realizar sus comentarios.

“Existe la sospecha de que nos complace una imagen del pasado como una postal memorable, congelado, para evitar descubrirnos cómplices de un delito prolongado”, escribe Santillán en el texto que justifica su obra. Y ese delito, me permito agregar yo, lo encubrimos a diario mediante la vacía retórica de ocasión. La intervención urbana de Santillán intenta develar esa sospecha mediante la provocación, la interacción con las gentes y la discusión pública. Solo resta desear que esta experiencia visual y reflexiva sea fecunda y se multiplique.

Los conjurados (ojalá)

29 de septiembre de 2007

Jorge Luis Borges denunció, hacia 1985, la existencia de una feliz y antigua conjura: “En el centro de Europa están conspirando”, escribió Borges y apostilló: “El hecho data de 1291”. Borges evoca el llamado Pacto de Grütli, que acordado en las praderas de ese nombre, originó la Confederación Helvética (Suiza), montañoso territorio que se lo reconoce en razón de su constante ejercicio de la tolerancia y de la sensatez.

Quiero expresar en esta columna mi sincero deseo de que la Asamblea Constituyente se convierta en un proceso análogo a esta conjura que reseñó Borges, quien en su descripción de la misma destacó los reflexivos atributos que tuvieron las medievales personas que tornaron la conjura posible: “Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades”. Ojalá que nuestros asambleístas actúen de manera razonable y se enderecen a la sensata discusión de las modificaciones de verdad necesarias de incorporar en la nueva Constitución Política, mismas que, en mi opinión y en esencia, pueden reducirse sin mayor omisión a cuatro: 1) reformas y creación de nuevos mecanismos de participación democrática para los ciudadanos (reformas en la consulta popular y en la revocatoria del mandato que amplíen sus alcances y faciliten su aplicación, y creación de los cabildos abiertos); 2) reformas a los partidos políticos (democratización de sus elecciones internas, mediante la implementación de la rotatividad de los cargos y de las elecciones primarias, capacitación permanente de sus miembros) y creación de distritos electorales que permitan el acercamiento de los votantes con las personas que elegimos y que nos permitan ejercer el necesario y debido control sobre aquellas; 3) reformas a los mecanismos de elección y vigilancia de las autoridades de control que involucren la participación activa de los ciudadanos en los procesos de elección de estas autoridades y su eventual impugnación; 4) reformas y creación de nuevos mecanismos que nos permitan la exigibilidad del amplio elenco de derechos que la Constitución Política se supone que nos garantiza (reformas a las acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data, que amplíen sus actuales alcances y creación de las acciones de inconstitucionalidad por omisión y de cumplimiento, y constitucionalización de la acción de acceso a la información pública).

En definitiva, la Asamblea Constituyente debe servirnos para fortalecer, en palabras de Roberto Gargarella, “nuestra autonomía individual y nuestro autogobierno colectivo”: la Asamblea Constituyente tiene la alta misión, entiéndase muy bien, de otorgarnos a los ciudadanos los instrumentos necesarios para que esta nueva Constitución Política no sea aquel lejano objeto ornamental que históricamente siempre ha sido y se convierta en la necesaria herramienta de trabajo para que nuevos ciudadanos críticos y participativos exijamos de todos aquellos que dicen representarnos el cumplimiento de sus promesas y de sus obligaciones. Si todo este proceso constituyente no sirve para crear esta nueva ciudadanía, aceptemos (con responsabilidad compartida) la garantía de su fracaso.

Vuelvo a Borges: “En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe”; y concluye el bardo este poema, que se llama Los Conjurados, con la siguiente sentencia: “Acaso lo que digo no es verdadero. Ojalá sea profético”. Una torre de razón y de firme fe, la tolerancia, la sensatez. Sí, “ojalá sea profético”. Lo suscribo.

M.P.B.N.

22 de septiembre de 2007

La modelo argentina Nicole Neumann (espigada y curvilínea, rubia y ojizarca, 26 añitos: divina) se comprometió en un programa de televisión a desnudarse en pleno microcentro de Buenos Aires (avenidas Corrientes y Florida) , a escasos metros del simbólico Obelisco, porque prefiere más “andar desnuda que usar pieles” y porque quiere crear conciencia, de esta calata manera, del daño que la industria de las pieles provoca; su inspiración la encontró en “personalidades de otros países que lo hicieron”. El 29 de agosto, sin embargo, día en que debía cumplir su compromiso, la rubia falló. Surgió, entonces, la inmediata respuesta: el M.P.B.N., Movimiento Ponete en Bolas Nicole, que le exige a la modelo algo tan elemental como que honre su promesa de desnudarse en la vía pública, tal como lo ofreció, y le concedió plazo hasta el 15 de septiembre para que lo haga; en caso de que no, los miembros del M.P.B.N. convertirían en “abrigo para el frío” a un perrito border collie que alegaban que le pertenecía a la modelo (uno de los 40 que tiene).

La respuesta del M.P.B.N. repercutió: en la prensa argentina, en el diario español El País, en los videos de YouTube o en las bitácoras de internet, como la excelente que publica el escritor Marcelo Figueras en las que se reseñó la lúdica exigencia de este peculiar movimiento. (Por cierto, un detalle tangencial pero no menor: mientras en Buenos Aires y otras ciudades del mundo la desnudez pública es una forma de expresión válida –e incluso artística, como en el caso del fotógrafo estadounidense Spencer Tunick–, aquí, en Guayaquil, sucede lo contrario: cuando el 6 de octubre del 2006 Karen Minda intentó marchar desnuda por otra causa justa –la educación sexual– las autoridades locales no le concedieron el permiso y la Policía no solo que impidió con mantas la marcha sino que detuvo a Karen Minda por varias horas y –según sus declaraciones– la vejaron y la humillaron: una muestra evidente de la cultura represiva que se impone en la ciudad, que siente pánico ante la eventual desnudez pública de un cuerpo).

El 21 de abril de 2007 publiqué la columna ‘’, con referencia a la “persona del año” que la revista Time eligió el 2006, que recayó precisamente en “You” [Tú], con el siguiente subtítulo: ‘Sí, tú. Tú controlas la era de la información. Bienvenido a tu mundo’, en la que enfaticé la importancia de que tú, o sea, todos nosotros, utilicemos las herramientas de la tecnología para intervenir en la próxima Asamblea Constituyente; manifesté mi convicción de que se puede “utilizar la tecnología actual, blogs, YouTube, podcasts, correos electrónicos y mensajes de móvil, entre otras crecientes posibilidades, para influenciar en la construcción de una sociedad más crítica y participativa”. El ejemplo de la amplia difusión de las críticas del M.P.B.N., o la difusión e inmediata (y merecida) crítica de los abusos policiales en contra de Andrew Mayer por formularle unas preguntas incómodas a John Kerry o, en clave local, la difusión (que implicó la destitución) de la corrupción de funcionarios de la aduana son ejemplos recientes de la creciente importancia mediática y política de estos mecanismos para presionar y criticar a quienes ejercen funciones públicas.

Por cierto, en su último comunicado el M.P.B.N. anunció la liberación de su prisionero político, el border collie. Nicole Neumann les entregó a cambio unas rojas prendas íntimas, que se subastarán a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales. Nosotros podemos obtener incluso resultados mejores, a saber: la participación activa para construir una sociedad crítica que, por estos y otros mecanismos, sepa exigirles a quienes dicen representarnos el necesario cumplimiento de sus ofrecimientos y promesas.

Misioneros y caníbales

15 de septiembre de 2007

Refiere Jorge Luis Borges en el libro de entrevistas que publicó María Esther Vásquez la sensata frase que el literato irlandés George Bernard Shaw profirió cuando una delegación de su país lo visitó para contarle lo mucho que ellos habían sufrido; Shaw les contestó: “Ser maltratado no es un mérito”.

Esta frase es propicia para una porción de la crítica que comporta este artículo. No seré yo, por supuesto, que el 1 de abril del 2006 escribí una columna intitulada ‘Chacol’ (“cuando alguien pierde a su cónyuge se lo denomina viudo; cuando pierde un padre o una madre se lo llama huérfano; pero ninguna lengua tiene una palabra para nominar el sufrimiento que ocasiona la muerte de un hijo. El único idioma que tiene un término que califica esta situación es el hebreo, con la palabra chacol, cuya traducción más aproximada corresponde a la idea de abatimiento del alma”) el que desconozca el inefable sufrimiento que provoca la pérdida de un hijo; pero sí seré quien enfatice, sin embargo, que ese inefable sufrimiento no constituye por sí mismo, y en este punto hago expresa referencia al candidato Juan Fabara, mérito político alguno para participar como candidato a la Asamblea Constituyente, ni mucho menos puede constituir ese inefable sufrimiento un fundamento para validar su propuesta de que en la Asamblea Constituyente se constitucionalice la cadena perpetua.

Me explico: el partido al que Fabara pertenece, el Partido Social Cristiano (PSC), hace de esta propuesta uno de sus principales caballos de batalla para la Asamblea Constituyente (la llama, pomposamente, “seguridad”). Esta propuesta presupone, de manera errónea, que la aplicación de la cadena perpetua concederá seguridad a la ciudadanía. Este razonamiento es falso porque es evidente que la seguridad ciudadana es materia mucho más compleja, que puede obtenerse mediante la implementación continuada y sistemática de un conjunto de reformas a la función Judicial, a la Policía nacional y al régimen penitenciario, porque solo cuando los ciudadanos tengamos la certeza de que la comisión de un delito del que seamos víctimas se sancionará de manera debida mediante una investigación y un proceso judicial rápidos y efectivos realizados por autoridades competentes, independientes e imparciales, gozaremos nosotros de una auténtica seguridad, tanto jurídica como personal. Por supuesto, no debería extrañarnos que el partido al cual se acusó durante largos años de secuestrar a la función Judicial escamotee esta discusión de fondo del asunto y pretenda salírsenos por la tangente con esta propuesta falaz.

Para mayor inri, la razón de ser de esta propuesta, según lo admiten los propios candidatos del PSC, es la existencia de encuestas de opinión que la declaran popular: una manera patética de admitir su clara renuncia a razonar el complejo problema de la seguridad y una declaración oficial de su condición de aliados de la demagogia. Nos quedan, entonces, los pocos restos de un naufragio intelectual: un populismo ramplón y vengativo, impropio de cualquier discusión civilizada. Me permito cerrar esta otra porción de mi crítica y esta columna en general, citando, de nuevo, al irlandés Shaw, quien declaró: “ciertamente no está bien que los caníbales se coman a los misioneros, pero sí que es mucho peor que los misioneros empiecen a comerse a los caníbales”: a decir verdad y para peor, en razón de la notoria pobreza de su contenido, esta propuesta del PSC solo puede parecer digna de estos últimos y muy, pero muy lejana de los misioneros, quienes (justo como el PSC) se supone que representaron, en algún momento de la historia, una idea de civilización.

Citámbulos

8 de septiembre de 2007

Toda ciudad solía construirse antaño a partir de necesidades colectivas o simbólicas; hoy, no es extraño que se la construya desde la imposición de la rentabilidad y el lucro que las convierte en acumulaciones de individuos cuyo casi único vínculo es el consumismo. Los ideólogos de este tipo de ciudad tienen como aliado al arquitecto holandés Rem Koolhaas, quien en su célebre obra S, M, X, XL acuñó el concepto de “ciudad genérica”. Rubén Gallo perfila las ciudades genéricas como los “espacios urbanos indistinguibles entre sí, sitios inertes en donde las fuerzas de la modernización terminarán por suprimir toda diferencia cultural y arquitectónica. El aeropuerto, nos dice Koolhaas, es el modelo de toda ciudad genérica: todos los aeropuertos del mundo son idénticos –tienen las mismas tiendas, la misma organización, los mismos espacios fríos e impersonales– y poco o nada reflejan de la cultura local. Llegará el día en que todas las ciudades del mundo serán como los aeropuertos: espacios genéricos”. El propio Koolhaas declaró que la ciudad genérica es “igual de emocionante –o de aburrida– que un estudio de Hollywood; se puede crear una nueva identidad cada semana” y que “la tranquilidad de la ciudad genérica es el resultado de la total evacuación del espacio público; es como si hubiera sonado una alarma de incendio”. En efecto, en el tránsito de convertirse en ciudad genérica, la ciudad en cuestión pierde su personalidad propia y su arquitectura se torna una permanente forma de control.

El proceso de Regeneración Urbana presenta atributos de ciudad genérica: la imposición continua de una disciplina sobre los usos públicos (de sentarse, circular, besarse, vestirse, de “reservarse el derecho de admisión”) y de regulaciones inconsultas (la estética que se impone, la eliminación de bancas, la implementación de disfuncionales áreas verdes) promueven un uso del espacio público sujeto a controles extremos (propicios a la comisión de violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos) y la conversión de estos en turistas (entiéndase: consumidores) de su propia ciudad. Que la rentabilidad y el lucro son el supuesto norte de los guayaquileños lo explicita un archiconocido cofrade del partido político cuya relación con el proceso de Regeneración Urbana es íntima, el señor Miguel "Cleclé" Orellana, quien en su libro fotográfico Santiago de Guayaquil. Una Ciudad Abierta, nos presenta dos fotos aéreas de La Puntilla y Samborondón con el siguiente decidor pie de página: “Metas geográficas y personales de quienes viven en una ciudad abierta”. Así de simple.

Pero Guayaquil y las ciudades de América Latina en general, se resisten a estas imposiciones. Expongo este argumento mediante la obra Citámbulos. Guía de Asombros de Ciudad de México. El Transcurrir de lo Insólito, que se halla justo en las antípodas del libro de Orellana: esta “guía para perderse en Ciudad de México” (Citámbulos: ambulantes de ciudad) ofrece 121 retratos de la vida contemporánea de esa delirante metrópoli que constituyen irónicas resistencias contra la homogeneización del espacio público y una “invitación a abandonar el sillón de lectura, deambular por la ciudad y convertirse en citámbulo, dejando que los viejos bostezos y muecas de desesperación se transformen en refrescantes bocanadas de asombro” (háganme ustedes el favor de favorecerse con unos ejemplos de su ciberpágina y transpórtelos en feliz uso de su imaginación a Guayaquil: es posible y exquisito.) Ante las vastas imposiciones (arbitrarias muchas) en los espacios públicos de Guayaquil y las burdas simplificaciones que se hacen de sus ciudadanos, aprendamos nosotros a asombrarnos de los detalles que singularizan (a despecho de las intenciones de convertirla en “genérica”) a nuestra ciudad, que la tornan única y que le conceden, en real definitiva, su entrañable y extraña belleza.

Más del derecho a la protesta

1 de septiembre de 2007

El 14 de agosto de 2006 la Policía Nacional apresó a dos periodistas y tres civiles. A los dos periodistas (para evitar el escándalo, supongo) los liberaron de inmediato; a los tres civiles los mantuvieron en prisión y se los acusó de la comisión del delito de sabotaje y terrorismo que consagra el artículo 158 del Código Penal, que establece una sanción de máximo 12 años de reclusión.

Una sanción de 12 años pretendían las autoridades locales para tres personas cuyos solos hechos eran la protesta pacífica porque la entrada en funcionamiento de la Metrovía obligaba a los moradores de su sector a caminar varias cuadras (en virtud de la eliminación de la línea 57) en condiciones inseguras para llegar a su estación más cercana, siendo que varias personas habían sido víctimas de la delincuencia en el intento. Cuando comenté en un curso en Lovaina, Bélgica, que 20 minutos de protesta pacífica podían convertirse por obra y gracia del autoritarismo local en 12 años de reclusión, mi profesor de sistema europeo de derechos humanos me balbuceó su comentario en un castellano fulero transido de carcajadas: “Ustedes en su país están locos”.

Esta locura continúa, aunque atenuada. Hacia finales de agosto, al Fiscal le asomó un poco la racionalidad cuando consideró que era aplicable el artículo 129 del Código Penal, que establece de uno a tres años de prisión por obstaculizar el tránsito en la vía pública. Este cambio de acusación implicó la libertad de los tres civiles; el proceso, sin embargo, continuó su curso. El 17 de noviembre del 2006 el Fiscal absolvió a dos y acusó a uno (Jorge Gilbert) por la presunta comisión del delito que establece el citado artículo 129.

Ya el dictamen fiscal que acusa a Gilbert es risible (lo tengo ante mis ojos, mientras escribo): las dos razones para involucrarlo son las declaraciones de una persona que afirma que él “se encontraba en compañía de otras personas” y de otra que lo reconoce “por su calvicie”, siendo que Gilbert no es calvo. O sea, una razón espuria y otra falsa. Pero mi crítica fundamental a que se mantenga a Gilbert como acusado es de fondo: la manifesté en una columna que escribí a los cinco días de su detención (‘El derecho a la protesta’, 19 de agosto del 2007), que amplié para un artículo que publiqué en la revista Íconos (‘Criminalización de la libertad de expresión: protesta social y administración local en Guayaquil’) y que argumenta que cuando colisionan el derecho de circulación con el derecho a la libertad de expresión (aclaro que para este análisis pueden agregarse otros derechos y que debe hacérselo caso por caso) el derecho que debe privilegiarse es el de libertad de expresión. No es mi ocurrencia, sino el resultado de los estudios hechos en sentencias de tribunales internacionales, informes de órganos regionales de derechos humanos, sentencias de tribunales nacionales (de Estados Unidos, Argentina, España, Colombia) y de sólida doctrina… Para cerrar, citaré a quien mejor formula en castellano estas ideas, Roberto Gargarella, quien enfatiza que el deber más importante de las autoridades judiciales es “proteger al que habla, sobre todo, si se trata de una voz que pretende presentar una crítica contra quienes ejercen el poder. Esa voz es la que más necesita ser protegida”. Esto lo escribió Gargarella en un pequeño libro llamado Carta Abierta sobre la Intolerancia, cuyo solo título parece dedicárselo a ciertas prácticas autoritarias de las autoridades locales y cuyo contenido constituye toda una lección para estas y un sólido argumento para exculparlo a Gilbert, acusado todavía de manera absurda por ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Participación ciudadana

25 de agosto de 2007

La Asamblea Constituyente es la histórica oportunidad para los ciudadanos de implementar las necesarias reformas que acerquen el Estado a nosotros y nos permitan exigirles a sus autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, con el evidente propósito de fortalecer, sea dicho con las precisas palabras del jurista argentino Roberto Gargarella, “nuestra autonomía individual y nuestro autogobierno colectivo”.

En esta columna ofrezco tres ideas útiles para este propósito, que se relacionan con reformas al Título IV de la actual Constitución, denominado ‘De la Participación Democrática’: las dos primeras se refieren a reformas a las instituciones de la consulta popular y de la revocatoria del mandato y la última a la implementación constitucional de la institución del cabildo abierto. Dicho sea en breve:

1) Sobre la consulta popular sugiero, primero, que se diferencie entre plebiscito (consulta popular sobre asuntos de reforma política) y referéndum (la consulta popular sobre asuntos de reforma jurídica); segundo, que se precisen en el texto de la nueva Constitución las facultades del presidente de la república, de los órganos seccionales y de los ciudadanos para convocar a la consulta popular; tercero, que se refiera de manera detallada a la facultad de los ciudadanos de convocar tanto a plebiscito como a referéndum, ambos tanto a nivel nacional como seccional y que se disminuyan los porcentajes de representación de los ciudadanos que permitan convocar la consulta, para facilitar su ejercicio.

2) Sobre la revocatoria del mandato, sugiero, primero, que se amplíe su ejercicio a todas las personas elegidas por voluntad popular (desde miembros de Junta Parroquial hasta presidente de la república) y, segundo, que se establezcan mecanismos de sanción (como la inhabilitación de participación en elecciones futuras) para todos aquellos a quienes se les revoque el mandato.

3) Sobre el cabildo abierto, sugiero su implementación en términos en que se constituya como una reunión pública de los ciudadanos de un territorio que corresponda a un órgano seccional para que discutan de manera directa en su seno los asuntos que son de interés para su respectiva comunidad. El único requisito previo sería el envío a la secretaría del órgano seccional de una solicitud que la avale un porcentaje mínimo de ciudadanos (en Colombia, por ejemplo, es el 0,05% de los empadronados en el respectivo territorio); el asunto que se proponga entonces en la solicitud se discute en audiencia pública en el órgano seccional, y éste, dentro de un plazo razonable (en la siguiente sesión del órgano seccional, por ejemplo) debe responder de manera escrita, precisa y razonada sobre la solicitud que se discutió.

Estas sugerencias merecen pulirse, por supuesto, y discutirse de una manera crítica, lúcida y prolija. Yo recordé en una columna anterior ‘Las Galeras’, (del 30 de junio del 2007), que escribí en relación con las políticas del gobierno local de Guayaquil, la distinción de John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de 1690, entre el poder del padre sobre los hijos, el poder del capitán de una galera sobre los remeros (la forma de esclavitud habitual de esa época) y el poder del gobierno civil. Él sostuvo que el primero descansa en una cuestión generacional (ex natura), el segundo en el derecho de castigar (ex delicto) y el tercero en el consenso (ex contractu). Las reformas que sugiero y su adecuado ejercicio por parte de una ciudadanía participativa y crítica hará el tránsito de la actual ciudadanía obediente (como en las galeras) a una ciudadanía de gobierno civil, que proponga y consensue, como único mecanismo legítimo y efectivo para la creación de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

El derecho de reunión

18 de agosto de 2007

El 14 de agosto del 2006 un número reducido de personas de la urbanización La Floresta protestaba de manera pacífica; la Policía Nacional no omitió los “errores de procedimiento de un oficial” (como lo reconoció en rueda de prensa el propio Jefe del Comando Guayas) para reprimirlos y detener de manera arbitraria a cinco personas (dos periodistas y tres ciudadanos). El 14 de agosto del 2007 dos de esos ciudadanos y otras personas de la urbanización pretendieron realizar una jornada para conmemorar esos hechos, que merecen el calificativo de oprobiosos. El trámite que se siguió ante el Municipio de Guayaquil para obtener el permiso necesario para realizar esa conmemoración no merece uno muy distinto.

El derecho de reunión lo reconoce y garantiza la Constitución en el artículo 23 numeral 19 y su única regulación para ejercerlo es su realización “con fines pacíficos”. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce en términos análogos, le añade “sin armas” y enfatiza que su ejercicio “solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

Una ley que regule el ejercicio del derecho de reunión no existe en Ecuador. Pero tenemos, eso sí, para el caso de Guayaquil, el pésimo sucedáneo de la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública cuyos artículos 105 y 107 establecen la amplísima discrecionalidad del Concejo y del Alcalde para conceder los permisos para desfilar y ocupar de manera ocasional la vía pública. Su artículo 113 obliga a que si se rechaza la solicitud de permiso se la devuelva con el sello de “negada”. La arbitrariedad de los funcionarios del Departamento de Uso del Espacio y Vía Pública contrarió, en el caso, esta última redacción: se entregó una solicitud pero su respuesta negativa se la obtuvo solo de manera verbal porque, según ellos, se trataba de un mero “trámite interno”. Por supuesto, la discrecionalidad de la ordenanza habilita cualquier excusa. En el caso concreto, la excusa verbal que les negó el permiso fue el expendio de unas viandas de comida que los funcionarios suponían que ensuciarían el parque.

El derecho de reunión, sin embargo, debe interpretarse de manera distinta. Por razones de espacio citaré solo las consideraciones que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vía su Relatoría para la Libertad de Expresión, la que en su Informe del año 2005 consideró el derecho de reunión como “un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar una limitación a este derecho” y, en específica relación con la notificación previa a una autoridad para ejercerlo, señaló que esta notificación “no debe transformarse en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente con facultades ilimitadamente discrecionales” porque “las limitaciones a las manifestaciones públicas solo pueden tener por objeto evitar amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual”. Supongo que coincidirán conmigo en que unas simples viandas de comida no pueden cumplir con estos atroces atributos.

La creación de una ley que regule el derecho de reunión y la modificación de la discrecionalidad de esta ordenanza del Municipio de Guayaquil son tareas urgentes para garantizar de manera adecuada el ejercicio de este derecho. Y deben realizarse porque son estos, entre otros, los lógicos requerimientos de una sociedad que merezca llamarse “democrática”.

Razones para la eutanasia

11 de agosto de 2007

El Diccionario de la Real Academia Española define eutanasia como la “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él” y desahuciar que, en su médica acepción, significa “admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación”.

Propondré en esta columna razones para que la eutanasia se legalice en el Ecuador. Primera, la vida no es intangible de manera absoluta: la clásica excepción es la legítima defensa (y podrían invocarse también los reprochables casos de los conflictos bélicos y de la pena de muerte). No toda muerte, entonces, que una persona le provoque a otra viola el principio de intangibilidad de la vida, y la eutanasia muy bien podría considerarse como una excepción adicional a este principio.Segunda, en el estado de desahucio de un paciente puede llegarse a la comprensión de que carece de sentido que permanezca en este estado alguien de quien ya no puede esperarse razonablemente que se recupere y solo produzca en otros sentimientos de compasión o de piedad. La carga, en un sentido no solo económico sino emocional, de padecer el paciente este estado o de atestiguarlo sus familiares en una persona querida, puede que sea tal que no justifique el beneficio acaso imposible de su recuperación.Tercera, la legalización de la eutanasia debería regularse de manera precisa y detallada para que se eviten los abusos: es mucho mejor su regulación, por supuesto, que su eventual práctica clandestina o sujeta a las interpretaciones equívocas de personas no competentes. Puede tomarse como referencia la legislación de los Países Bajos, vigente desde el 1 de abril del 2002, en la que el médico que practica la eutanasia debe cumplir con los siguientes requisitos: “haber llegado al convencimiento de que la solicitud del paciente es voluntaria y ha sido bien pensada; haber llegado al convencimiento de que el sufrimiento del paciente es insoportable y que no tiene perspectivas de mejora; haber informado al paciente sobre la situación en que se encuentra y sus perspectivas de futuro; haber llegado al convencimiento junto con el paciente de que en la situación en que se encuentra no existe otra solución razonable; haber consultado al menos con otro médico independiente que también haya visto al paciente y haya emitido un dictamen sobre los requisitos mencionados en los cuatro primeros puntos; haber terminado la vida del paciente o haber ayudado a su suicidio, con la máxima diligencia médica”. Para el caso de quienes ya no pueden expresar su voluntad pero que cuando podían hacerlo realizaron una valoración razonable de sus intereses a este respecto y redactaron una petición escrita de que se les practique la eutanasia, la ley establece que se les apliquen de manera análoga los requisitos en cita.

En conclusión, para la legalización de la eutanasia en el Ecuador deben analizarse de manera profunda los deseos del paciente desahuciado y las circunstancias propias de la insoportabilidad de su sufrimiento y de la irreversibilidad de su daño. La legalización de la eutanasia implica una discusión en torno a varios valores fundamentales de la persona humana en el contexto de una sociedad democrática: la vida, la libertad, la autonomía, el respeto y la tolerancia a las decisiones de los otros. En todo caso, esta es una discusión que no debe hacerse nunca desde las falacias y los prejuicios de común uso y sí desde las razones y los valores que suponen los límites lógicos de su regulación.

'Vietato introdurre biciclette'

4 de agosto de 2007


El cronopio lector sabe que el título de esta columna (cuya traducción del italiano al español es: 'Prohibido ingresar con bicicleta') copia el de una historia que Julio Cortázar escribió para Historia de Cronopios y de Famas. Sabrá también que copio risueño su primer párrafo: 
 
“En los bancos y en las casas de comercio de este mundo a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo, o con un tucán, o soltando de la boca como un pioloncito las canciones que me enseñó mi madre, o llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta se produce un revuelo excesivo, y el vehículo es expulsado con violencia a la calle mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa”.
Esta cortazariana descripción (lo constata quien escribe esta columna) en Guayaquil no es privativa de “bancos y casas de comercio”: pedalee usted desde cualquier entrada del llamado “Malecón 2000” a los estacionamientos de bicicletas situados dentro y recibirá “admoniciones vehementes” de los guardianes privados de este espacio público, que suponen que debe usted entrar caminando, bicicleta a un lado, cual si fuera un perrito de metal. No es por cuidar los adoquines (pues, ¿cuánto daño podría causarles una bicicleta?), y entonces, ¿por qué este miedo a la libertad de pedalear unos metros? La compleja psicología de las simples mentes en guardianía (“yo solo cumplo órdenes superiores”) no ayuda a dilucidar este patético drama.

Yo supongo, entre otras cosas, que se debe a nuestra escasa cultura ciclística, misma que debe fortalecerse. Para ello no es necesaria la imitación de los lejanos estándares europeos con sus ciclovías, estacionamientos para bicicletas y efectiva regulación… sencillamente porque tales atributos no son para nada privativos de Europa: en varias ciudades de América Latina (Lima, Antofagasta, Buenos Aires, Cúcuta, etcétera) los gobiernos centrales y seccionales los comparten.Ejemplos: Chile, con el Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) o la vecina Bogotá, con su Alcaldía Mayor mantienen exitosas políticas públicas a este respecto, con cientos de kilómetros de ciclovías implementadas. En Ecuador, el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres establece la obligación de construirlas; en Quito, existen políticas públicas que favorecen el uso de bicicletas y también algunos cantones ya tienen ordenanzas que propician su creación: los orientales Napo y Pastaza, el cantón Quito… ¡y el cantón Guayaquil! La Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil que firmó el alcalde Nebot el 8 de febrero del 2001, que se publicó el 22 de marzo de ese año, establece en su artículo 10: “Ciclovías.- El Concejo Cantonal podrá establecer en la vialidad de la ciudad carriles para uso exclusivo de bicicletas […]”. Estamos expectantes de que la M.I. Municipalidad cumpla entonces con la palabra que empeña.

Porque sobran, por supuesto, las razones para hacerla realidad: vialidad, ecología, ahorro, rapidez, salud. En Vietato…, ante el desprecio a las bicicletas, Cortázar fabuló lo improbable: “No ocurra que las bicicletas amanezcan un día cubiertas de espinas, que las astas de sus manubrios arremetan en legión contra los cristales de las compañías de seguros, y que el día luctuoso se cierre con baja general de acciones, con luto en veinticuatro horas, con duelos despedidos por tarjeta”. Improbable y también innecesario: hoy existen en el Municipio de Guayaquil los planes para fortalecer la cultura ciclística mediante la implementación de bicivías (nombre local para las ciclovías) y bicipaseos (como aquel que organizó el Municipio en septiembre del 2006) y solo falta que se aplique esa latente voluntad para que empecemos a recorrer el camino que va desde la retórica a la bicicleta.