Roberto Peña Durini (Naipe Centralista)

El “Depredador Forestal del Litoral”. An environmental killer machine.

Lo bonito que se ve

En estos días ha surgido un escenario a favor del litigio del “derecho a la ciudad” en Guayaquil.

No todos conocen la norma constitucional que establece este nuevo derecho:

Constitución de la República

Título II “Derechos”

Capítulo II “Derechos del buen vivir”

Sección sexta

Art. 31.- […] El ejercicio del derecho a la ciudad se base en la gestión democrática de éste, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

El caso de los cuatro árboles en la ciudadela Puerto Azul es ideal para litigar el “derecho a la ciudad”, lo que se haría (hasta donde tengo conocimiento) por vez primera en el país.

El caso se compone de tres actores: el propietario, la autoridad y los ciudadanos.

* Los 3 actores

1) El Propietario

El gerente de la constructora, un señor Solines, quiere que se haga lo que al dueño del terreno le plazca:

“El terreno donde va a desarrollarse el centro comercial Costa Pacífica es privado y en esos terrenos uno hace lo que cree y considera conveniente. No hay ninguna ley que me prohíba poner o sacar un árbol. Yo voy a poner 20 o 50 árboles más”.

B) La Autoridad

La autoridad pública todavía no recibe los documentos de la constructora de Solines. Pero la autoridad es la Alcaldía de Guayaquil, quien tiene un récord terrible en la protección de árboles. Hace poco se cargó sin drama a un ceibo gigante, por lo que es de suponer que este samán y sus tres “compinches arbóreos” le parecerán cosa de rutina.

En todo caso, es una autoridad muy proclive a pensar como el señor Solines que, como eso es de propiedad de alguien, que ese alguien tire o conserve el árbol es asunto enteramente suyo. Lo raro sería otra cosa.

C) Los ciudadanos.

Por de pronto, hay una comunidad movilizada en defensa de los cuatro árboles. En la ciudadela Puerto Azul se han recogido más de 300 firmas para detener la tala de los árboles y una fundación ha hecho un estudio sobre su condición (“Evaluación de árboles ubicados en área de construcción del centro comercial Costa Pacífica, urbanización Puerto Azul”). Incluso se dijo que la directiva de Puerto Azul iba a presentar “una acción de protección para evitar que la empresa constructora tale el árbol que está dentro del terreno”.

Todo esta información se extrajo de: ‘La construcción de un nuevo “mall” inquieta a Puerto Azul’, Diario Expreso, 30 de octubre de 2018.

El Gran Samán. Fuente.

* El juez y el derecho a la ciudad

La petición ante el Juez es sencilla. Hay que pedirle, vía acción de protección, que aplique la función social y ambiental del derecho a la propiedad, porque lo que se contiene en ese pedazo de propiedad privada (los 4 árboles) no es únicamente del dueño del terreno donde ellos están plantados: pertenecen, por la relación que durante daños han cultivado con los habitantes de la ciudadela, también a ellos. Y es por eso que los habitantes de la ciudadela se han auto-convocado para su conservación.

La petición ciudadana debería ser que el juez declare que, con la posible tala de los árboles en el terreno donde se construirá el centro comercial “Costa Pacífica”, se está amenazando la vulneración de su derecho a la ciudad, porque se perdería la función social y ambiental que esos árboles les han prestado por años, y con los cuales han generado un vínculo.

Por aplicación del derecho a la ciudad, el juez debería declarar la amenaza de vulneración de dicho derecho y ordenar que se la evite con la imposición de la obligación al Municipio de Guayaquil (porque este es arboricida y necesita ayuda) de condicionar la aprobación de la construcción del centro comercial “Costa Pacífica” a la conservación de los cuatro árboles. El mensaje a la constructora de Solines sería: o conservas los árboles en el terreno, o no hay permiso.

Además, lo bonito que se ve.

Dos gringuitos jipis

El primer caso en la historia del mundo mundial en el que se acreditó la vulneración de los “derechos de la naturaleza” (Constitución, Art. 71) fue en una Acción de Protección que el 7 de diciembre de 2010 presentaron dos esposos gringos, Richard Frederick Wheeler y Eleanor Norie Huddle, representados por el abogado Carlos Bravo, en contra de las acciones del Gobierno Provincial de Loja y para defender los derechos del río Vilcabamba, porque en la construcción de una carretera (la Vilcabamba-Quinara) el Gobierno Provincial de Loja depositó el material resultante de su construcción en el río. Los gringos vinieron a residir el 2007 en las afueras de Vilcabamba y compraron una propiedad a la que llamaron Garden of Paradise, que lindaba con el camino a Quinara y el Río Vilcabamba. Los gringos vinieron a demostrar que es posible crear una vida en convivencia con la naturaleza y la comunidad que fuera un paradigma para el resto del mundo (cosas de jipis). Pero el 2008 el Gobierno Provincial de Loja empezó a construir la carretera Vilcabamba-Quinara y a tirar los escombros de su construcción al río, por lo que la propiedad inmueble y el proyecto holístico de la pareja de gringuitos resultaron afectados.

Tras una inspección judicial y un trámite administrativo previos, los propietarios de “Garden of Paradise” y su abogado Carlos Bravo empezaron a discutir nuevas estrategias para resolver la contaminación del río que afectaba a su propiedad y a su empeño holístico. Emergió entonces la idea de utilizar los derechos de la naturaleza, que habían sido incorporados en la Constitución vigente desde el 20 de octubre de 2008, aunque advertidos por su abogado que ellos no recibirían ninguna compensación económica si se aceptaba la vulneración de estos derechos. Por fortuna, Wheeler y Huddle no son únicamente dos gringos: son dos gringos jipis. Le dijeron a su abogado que el dinero era irrelevante, que lo suyo era la protección del río. Nadie de los propietarios ecuatorianos igualmente afectados por la contaminación ambiental del Gobierno Provincial de Loja acompañaron a Wheeler y Huddle en la Acción de Protección. Aparentemente, vieron esto más como una fuente de problemas con el Gobierno Provincial de Loja que como una posibilidad de remediación ambiental.

La Acción de Protección que presentó el abogado Bravo en nombre de los dos gringos propietarios de “Garden of Paradise” fue rechazada en primera instancia, por un tema de notificación. Le cupo a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja aplicar por primera vez en la historia de la humanidad unos derechos constitucionales de la naturaleza y resolver, el 30 de marzo de 2011, que el Gobierno Provincial de Loja estaba violando “el derecho que la Naturaleza tiene de que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” por el depósito de los escombros de la carretera Vilcabamba-Quinara en el río Vilcabamba. La sentencia de este tribunal la firmaron Luis Sempértegui, Juez Provincial, Galo Arrobo, Juez Provincial interino, y Galo Celi, Conjuez.

El caso era realmente grosero: el Gobierno Provincial de Loja no tenía siquiera permiso ambiental para la construcción de la carretera. Osó, de todas maneras, apelar a la falacia populista: “la población del Quinara, Vilcabamba, Malacatos, etc., necesita carreteras”, lo que el tribunal de Sempértegui, Arrobo y Celi resolvió desechar por no existir una colisión de derechos pues “no se trata de que no se ensanche la carretera Vilcabamba-Quinara, sino que se la haga respetando los derechos constitucionales de la Naturaleza” y que aún “tratándose de un conflicto entre dos intereses colectivos, es el medio ambiente el de mayor importancia”. Por ende, el tribunal ordenó al Gobierno Provincial de Loja casi una obviedad: que cumpla en el término de cinco días con las recomendaciones de remediación ambiental que el Subsecretario de Calidad Ambiental del MAE le había dirigido al Gobierno Provincial de Loja en mayo de 2010, casi un año antes. Por cierto que el cumplimiento de esta resolución es otra historia truculenta de ineficacia estatal.

El caso es doblemente asombroso. Lo es por ser el primer caso en el mundo peleado y ganado por los derechos de la naturaleza. Y lo es también porque desde la vigencia de los derechos de la naturaleza el 20 octubre de 2008, recién sea el 30 de marzo de 2011 que se haya resuelto el primer caso que los alegaba. Es mucho tiempo. Y que lo hayan presentado dos gringuitos jipis* en uso del “Principio de Jurisdicción Universal”, en vez de unos ecuatorianos amantes de su territorio, dice mucho de nuestra cultura política y de nuestra civilidad. Con el agravante de que han sido muy pocos ecuatorianos los que, después de este caso pionero, han alegado en juicio la vulneración de los derechos de la naturaleza, a pesar de los cotidianos ultrajes en contra de ella. Tenemos mucha innovación en la teoría, pero muy escasa aplicación en la práctica.

O puesto de otra manera, en Ecuador: mucho derecho, poca ciudadanía.

* This is Norie.

En Guayaquil, ¿Quién litigará por los árboles?

Uno al que han llamado el “padre de los derechos de la naturaleza”, Christopher D. Stone, cuando era profesor de derecho en la University of Southern California publicó un artículo seminal para los derechos de la naturaleza (o “wild laws”) que se tituló Should Trees Have Legal Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. Este artículo de 1972 se hizo famoso porque apenas unos días después de su publicación fue citado en un voto disidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el caso Sierra Club v. Morton, en el que la Corte Suprema decidió que este club no tenía legitimación para impugnar un permiso del servicio forestal a la empresa Disney World para la construcción de un centro de esquí en el área denominada “Mineral King Valley”, pues no demostró ser un afectado directo. (De todas maneras, Disney nunca construyó el centro de esquí: el Sierra Club corrigió la demanda para incluirse como afectado directo y los juicios siguieron por años, hasta que en 1978 el Congreso de los Estados Unidos de América agregó el área en disputa a un área ambiental protegida –al “Sequoia National Park”).

La de este abogado norteamericano fue una reflexión pionera y pragmática, orientada a resolver un problema concreto de representación de la naturaleza en juicio. Una reflexión que propugnaba un cambio en la legitimación activa a fin de que se pase de una acción subjetiva (restringida a un afectado) a una acción popular para la protección del ambiente (es decir, por cualquiera).

Ecuador es la vanguardia del mundo: nuestra legislación reconoció desde los tiempos de la dictadura, en 1976, lo que el abogado Stone empezaba a propugnar por esos mismos años. En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental dictada por el Consejo Supremo de Gobierno, los militares pusieron la acción popular para los reclamos por daños al ambiente (Art. 29). En 1998 se constitucionalizó la acción popular (Art. 91) y en el 2008 se volvió a constitucionalizar la acción popular y se reconocieron los derechos de la naturaleza, lo que implica mucho más que un cambio procedimental de acción subjetiva a popular (como lo sugería el pionero abogado Stoned en 1972) pues implica un cambio mucho más profundo, un cambio en la forma de interpretación del derecho: de antropocéntrica a biocéntrica.

Representación gráfica de "naturaleza" para la Alcaldía de Guayaquil.

Por la Constitución de Montecristi, cualquiera puede exigir los derechos de los árboles:

Constitución, Art. 71, segundo inciso:

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

Constitución, Art. 397:

[…] Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio […].

Legalmente, cualquiera puede reclamar y argumentar muchísima protección, como ningún otro país en el mundo. Nuestro Código Orgánico del Ambiente establece incluso la protección concreta del arbolado urbano (en una disposición que se incorporó a este código por la lucha de algunos activistas guayaquileños) que impone graves obligaciones a las autoridades municipales:

Art. 155.- Remoción de árboles. Toda práctica silvicultural de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos que pueda disminuir el número de árboles, deberá considerar un análisis técnico que justifique su acción y contemple una propuesta alternativa, que entre otros criterios incluya actividades de repoblación de la misma cantidad de árboles reubicados o eliminados. Para estas actividades se priorizarán las especies nativas y que su reubicación, de ser posible, sea en el mismo sector o los colindantes.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y Metropolitano tendrá la obligación de consultar a los ciudadanos a quienes esta medida afecte.

Mucha protección en las leyes, mucho activismo de internet y alguno de calle, pero poco, muy poco litigio para la protección de la naturaleza.

En parte por eso, en Guayaquil, tumban los árboles que les da la gana.

El incorregible ecocidio

Un cambio se registra en la protesta por el ecocidio en Guayaquil: un cambio de tono. Cuando en tiempos del alcalde Febres-Cordero, Guido Chiriboga protestó por el ecocidio guayaco (“Réquiem por nuestros árboles”, títuló su columna) lo hizo de una manera mucho más comedida que la del artículo de Andrea Fiallos “¡El ceibo eres tú!” que publicó hoy diario El Universo. 

Guido goin' soft

En el artículo de Andrea Fiallos, el reclamo no pide permiso: ella escribe como quien ejerce un derecho. El derecho a expresar lo que está mal en su ciudad y pedir que la administración pública lo cambie. Si hubiera habido muchos como Fiallos exigiendo a la administración de Jaime Nebot desde su inicio (el año 2000, allá por los tiempos aún del Sucre) por las tantas cosas que esta Alcaldía hace tan mal, Nebot no pasaba del 2004. Pero hay pocos como ella, aún hoy.

Sin embargo, Andrea Fiallos comete el mismo error que cometió antes Guido Chiriboga: asumir que estos son errores de subalternos. Cuando, en realidad, esto está mal desde la cabeza.

Y el resultado de Chiriboga y de Fiallos fue una misma inutilidad. A la lejana petición de Chiriboga, Febres-Cordero no le dio ni cinco de bola. Y la petición de hoy de Andrea Fiallos, nació póstuma. Todavía no se la publicaba en diario El Universo, que el Municipio de Nebot ya destruyó el Ceibo que Fiallos buscaba proteger.

Puede cambiar el tono, pero hay cosas que no cambian. El ecocidio socialcristiano en Guayaquil no cambia: tiene cuarto de siglo con estas prácticas.

Al final del día, los del Municipio socialcristiano son como decía Borges de los peronistas: no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Ya es hora de mudarlos.

Nebot y los esteros: nace un héroe póstumo

La entrevista de Radio Sucre (¡guau, guau!) del 27 de junio depara más sorpresas todavía: el alcalde le entró con enjundia a la limpieza del estero Salado.

* La evolución del PSC

El alcalde Nebot explica lo que él llama la “evolución” de la limpieza del estero Salado:

1) 15 años atrás: Se empieza a recoger la basura en el estero. De acuerdo con el propio Alcalde, en los tiempos de Febres-Cordero no se hizo nada para remediar la contaminación del Estero.

2) La próxima semana (o “esta misma”): Se va a iniciar “un operativo”. El alcalde le ha dicho al director de Ambiente, Bolívar Coloma, que “clausure irreversiblemente las empresas, no me importa si grandes, pequeñas y medianas, que no entienden que tienen que mitigar y que siguen con este asunto contaminante”. Y reiteró: “Vamos a poner más empeño del que le hemos puesto”.

La evolución del PSC es como sigue: durante la administración de Febres-Cordero no se hizo nada, durante los primeros tres años de Nebot tampoco, en los últimos 15 años de su administración se empezó a recoger la basura, aunque sin mayor efectividad, pues se ha seguido contaminando. Por eso, recién esta semana (al PSC le tomó 26 años darse cuenta y tomar medidas) va a iniciar unos implacables “operativos” para detener la contaminación.

* Los contaminantes de los esteros

Nebot explica también quiénes son los contaminantes, a los que va a combatir de manera tan implacable:

1) La gente: según Nebot, ahora son menos.

2) Los negocios intermedios y grandes, desde los que se descargan químicos y “cuestiones contaminantes”.

3) Las empresas de la construcción que ponen escombros a las orillas de los esteros.

* El negocio de la recolección

Por diseño, el negocio de la recolección de basura en el estero Salado se paga por tonelada recogida. Así que el negocio, tal como lo plantean los del PSC (piénsalo, no te comas los amagues) es conservar los esteros contaminados: Ahí está la plata.

* El héroe póstumo

Nebot, como héroe contra la contaminación de los esteros, ha nacido muy tarde: a los 18 años de su administración se le ocurre lo que es lo mínimo, esto es, hacer cumplir la ley. (El periodismo lambiscón de Guayaquil se lo celebra, por supuesto). No es difícil prever que Ramita es un héroe más efectivo que nuestro Alcalde.

PSC = PRE (believe it or not)

En el imaginario popular de la clase media y alta de Guayaquil, el socialcristianismo es una superación radical del roldosismo. Algunos socialcristianos todavía se animan a lanzar, a manera de una defensa ante cualquier crítica a la gestión del PSC en la Alcaldía de la ciudad, la pregunta de si uno se acuerda de cómo era Guayaquil en los ochentas roldosistas.

Yo sí me acuerdo. Pero ese no es el punto.

El punto es que hacer esa defensa de la crítica a la gestión del PSC es asombroso, pues implica: A) aceptar que el parámetro para comparar la actuación del PSC durante su gestión en la Alcaldía de Guayaquil es lo que ellos consideran una gestión “de postración y de abandono” (1); B) continuar el uso de este “argumento” por un cuarto de siglo.

La “B” es un clarísimo abuso: si se trataba de rescatar a una ciudad de su postración y de su abandono, es claro que el compararla con aquello que se desea dejar atrás (desde 1992) debería tener una pronta fecha de caducidad. Una ciudad no busca compararse con un desastre: debe compararse, para ser cada vez mejor, con los estándares de excelencia urbana (2). Hacer como aquel socialcristiano que usa todavía este argumento resulta tan absurdo como enorgullecerse, siendo un equipo grande (un Boca Juniors, por ejemplo), de haberle ganado al Deportivo Quevedo en su reducto fluminense (¡?). Absurdo, rayano en la estupidez.

Ahora, bien se puede concordar con que el PSC es una superación parcial del PRE. Esto, porque sus formas son distintas. Muy distintas, como el agua y el aceite: aniñado vs. cholo, conservador vs. disruptivo, elitista vs. popular. Pero es únicamente una diferencia en las formas, en cuya comparación resultan “mejores” las formas del PSC. En lo realmente importante (al menos, para quienes no nos comemos los amagues), ambos estilos esconden una misma sustancia.

La misma sustancia del socialcristianismo y del roldosismo se cifra en lo siguiente:

1) Crecimiento urbano sin planificación.

2) Ineficacia en los controles de aspectos básicos de la administración.

3) Descuido grave en la protección del ambiente.

El crecimiento urbano de Guayaquil se ha hecho sin planificación municipal de ningún tipo (3). Los controles básicos a cargo de la Alcaldía de Guayaquil en las edificaciones y en la protección del ambiente, son incumplidos de manera escandalosa (4). Las consecuencias de esta ineficacia en los controles es que Guayaquil es hoy una ciudad vulnerable a terremotos e inundaciones (5).

Por supuesto, ni la falta de planificación, ni la ineficacia en controles básicos, ni la vulnerabilidad frente a terremotos e inundaciones son desastres que hayan empezado Nebot o Febres-Cordero, o incluso los Bucaram y sus secuaces. Son problemas que hemos arrastrado por varias décadas, y que se han vuelto particularmente graves desde el crecimiento urbano de Guayaquil como una mancha gris a partir de los años cincuenta del siglo pasado. El PSC no solo no corrigió este estado de cosas: las ha decisivamente empeorado. El resultado es un crecimiento urbano que (de no enderezarse de forma oportuna) tendrá consecuencias nefastas para el futuro de Guayaquil.

Alguna vez se dirá de este período socialcristiano de nuestra historia, que hemos guardado (hasta ahora, por casi un cuarto de siglo) un silencio bastante parecido a la estupidez.

(1) Esa fue la descripción que utilizó el alcalde Febres-Cordero en el video de 1992 en el que denunció “la forma cómo se manejaron los destinos de la ciudad en los últimos años”. 

(2) Los estándares a utilizar para juzgar la gestión del PSC deberían ser, por ejemplo, los de la organización de las Naciones Unidas especializada en ciudades, ONU Hábitat. Acerca de esos estándares, el Municipio de Guayaquil hace todo lo contrario: v. ‘Guayaquil y los espacios públicos (a la luz de ONU Hábitat)’, ‘La ciudad de papel’ y ‘Urbanismo responsable vs. Guayaquil (o tres desastres urbanos)’. De hecho, ONU Hábitat propone "todo aquello que Guayaquil no es", v. 'El mundo del revés: la Alcaldía de Guayaquil y Hábitat III'.

(3) La falta de planificación se explica por el modus operandi de la Alcaldía de Guayaquil: v. ‘Explicando el negocio de la Alcaldía socialcristiana’.

(4) El incumplimiento de las normas de construcción de las edificaciones se debe a que “el Municipio, lamentablemente, no teniendo el personal suficiente, no realiza los controles de los procesos constructivos, más allá de al final de la obra establecer si los metros cuadrados que se reportaron son los correctos”, según sostiene el Presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Ing. Enrique Pita. De resultas de esta ineficacia, el 70% de las edificaciones de Guayaquil se han construido “de manera informal, sin un plano o estudio de por medio” y del restante 30%, “en la mayoría de casos no se ejecutaron los planos presentados”  (v. ‘Guayaquil: el terremoto de 1942 y nuestra situación actual’ y ‘¿Caso fortuito? El terremoto del 16 de abril en Guayaquil y la responsabilidad civil’). El incumplimiento de las normas de protección del ambiente se ha puesto en evidencia con un artículo reciente que publicó diario Expreso: Blanca Moncada, ‘475 empresas, en el Estero y sin licencia ambiental’, Diario Expreso, 4 de junio de 2017. En materia de áreas verdes, el discurso de la Alcaldía es simple y llanamente mentiroso: v. ‘La Alcaldía de Guayaquil y las áreas verdes’.

(5) En relación con las inundaciones a consecuencia del cambio climático, v. ‘Guayaquil a la deriva’ y ‘La posibilidad de una ciudad verde’.

Desmentir al Alcalde

Ayer el diario Expreso publicó un interesante artículo de autoría de Blanca Moncada sobre la contaminación ambiental que permite la Alcaldía de Guayaquil dentro de su jurisdicción, en el que constan las siguientes declaraciones del alcalde Jaime Nebot:

“Tenemos un problema serio en lo que respecta a los vertidos, especialmente con ciertos industriales pequeños en el sector de la Tarqui popular. Se ha sancionado y se sigue sancionando a mucha gente. Se ha obligado a muchísimos de ellos a hacer planes de mitigación, que se han cumplido en inmensa mayoría; pero ese es un tema pendiente” (1).

Al Alcalde Nebot le preguntaron por las 475 empresas que operan en la ribera de los esteros y contaminan con sus vertidos (de un total de 640 empresas: es decir, casi el 75%). ¿Y cómo se la saca de esta muestra de notoria incompetencia? Pues con una afirmación rotunda: “Se ha sancionado y se sigue sancionando a mucha gente”. Y si son reincidentes, Nebot embiste de nuevo: “Los volvemos a sancionar y los seguimos sancionando” (2).

En estas afirmaciones de la máxima autoridad de la ciudad debe abrevar el periodismo de investigación (3). En este caso, para comprobar si hubo mentira en los dichos de Jaime Nebot hay una forma simple, aunque trabajosa: consiste en publicar la lista de las 475 empresas que no han cumplido con los permisos ambientales y/o los planes de mitigación, con un detalle de las veces que la Alcaldía de Guayaquil las ha sancionado, las veces que dichas empresas han reincidido y las veces que la Alcaldía de Guayaquil las ha vuelto a sancionar (4).

A nadie debería sorprender que el resultado de esa investigación desmienta la retórica punitiva del Alcalde de Guayaquil. Que esto sea así no tendría nada extraño: el modus operandi de la Alcaldía de Guayaquil es la connivencia con el empresariado (especialmente con el gran empresariado) en desmedro del ciudadano. En este caso, este modus operandi consiste en que 475 empresas (en su propio beneficio económico) pueden contaminar un bien público como los brazos de mar que atraviesan la ciudad. Y la Alcaldía, mirar a otra parte.

La ocasión para desmentir al Alcalde de Guayaquil está entonces servida. Es una oportunidad para construir conciencia de que en los problemas de contaminación de los esteros de Guayaquil, tiene una enorme responsabilidad la notoria aunque solapada incompetencia de esta alcaldía socialcristiana.

(1) Blanca Moncada, ‘475 empresas, en el Estero y sin licencia ambiental’, Diario Expreso, 4 de junio de 2017.  

(2) Ibíd.

(3) No hay goce cívico mayor que pillar a una autoridad pública en una mentira. O dicho desde la perspectiva del oficio de periodista: la tarea de un periodismo honesto y comprometido con los ciudadanos es eliminar el mayor número de mentiras que se hayan admitido en la esfera pública. A Nebot se le han permitido demasiadas. Por demasiado tiempo.

(4) En adición, la investigación podría comprobar qué tanto se ajusta el perfil de los infractores al de “ciertos industriales pequeños de la Tarqui popular”. Probablemente, el perfil de los infractores sea mucho más complejo (sería otra mentirijilla de nuestro alcalde).

El mundo del revés: la Alcaldía de Guayaquil y Hábitat III

El procedimiento para desmentir esta afirmación hecha por el alcalde Jaime Nebot en la red social Twitter es leer el documento que se aprobó en la Conferencia Hábitat III (la “Declaración de Quito”) y contrastarlo con la realidad de una Guayaquil administrada casi 25 años por el PSC. Así, voy a contrastar los “objetivos” de Hábitat III, consagrados en el párrafo 13 de la “Declaración de Quito”, con las “prácticas” del Municipio socialcristiano de Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil:

Declaración de Quito, fragmentos del párrafo 13:

13. Pensamos en ciudades y asentamientos humanos que:

(a) “cumplan con su función social, incluyendo la función social y ecológica de la tierra…”. Práctica: El Municipio de Guayaquil fomenta un crecimiento de la ciudad en beneficio de los empresarios de la construcción, lo que atenta contra la “función social y ecológica” de la ciudad. Un informe de expertos encargado por el propio Municipio de Guayaquil reveló que el crecimiento de la ciudad “ha privilegiado la densidad en términos de áreas impermeables, con lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano  –inclusive en las divisorias y laterales de calles y avenidas en fechas recientes. Este tipo de ocupación aumenta notablemente la temperatura en la ciudad, incrementa significativamente los picos y la velocidad del escurrimiento de las aguas pluviales. Esta situación se observa tanto en la parte central de la ciudad, como en la zona de expansión al norte. En ambos casos se aprecia la transferencia de impactos sobre el macro drenaje de la ciudad que pueden llegar a aumentar en seis (6) veces los costos de conducción cuando se compara con una estrategia que utiliza la laminación (amortiguación) de los picos de escorrentía mediante áreas verdes, pavimentos permeables, reservorios y otras medidas que ayuden la gestión del drenaje pluvial, el alcantarillado sanitario y la recolección y disposición de residuos sólidos” (pp. 24-5). Un desarrollo urbano como el del Guayaquil socialcristiano atenta contra la “función social y ecológica” de la ciudad. Y aunque resulte seis veces más costoso que una estrategia de crecimiento urbano más eficaz y respetuosa de la “función social y ecológica” de la ciudad, el beneficio a los empresarios de la construcción pesa más en la balanza municipal. 

(b) “sean participativas, promuevan el compromiso social…”. Práctica: El municipio ha cooptado la participación ciudadana: en la Asamblea de Participación, el alcalde y un concejal tienen el 51% de la representación y las organizaciones de la sociedad civil que pueden participar son aquellas que el Municipio de Guayaquil ha designado de manera expresa en Ordenanza; buena parte de ellas reciben dineros del Municipio de Guayaquil. Nebot, en su salsa autoritaria: “A mí no vengan teóricos de la participación ciudadana a enseñar sobre lo que eso significa”.

(c) “logran la equidad de género y empoderen a todas las mujeres y niñas…”. Práctica: La directora de turismo del Municipio de Guayaquil ha llamado a su antiguo –y también actual- jefe, Jaime Nebot, “machista”. En realidad, es una conclusión a la que cualquiera que haya escuchado a Nebot llega sin mayor dificultad: Nebot exuda Vieja Guardia.

(d) “estén a la altura de los desafíos y oportunidades del crecimiento económico sostenido…”. Práctica: El economista guayaquileño Walter Spurrier, en nada sospechoso de afinidad al oficialismo, ha explicado que la economía de Guayaquil se ha rezagado frente a la economía de Quito, ciudad que se ha convertido, durante la administración del alcalde Jaime Nebot, en “capital económica indiscutible” en reemplazo de Guayaquil.

(e) “cumplan sus funciones territoriales más allá de sus demarcaciones administrativas…”. Práctica: En Guayaquil es todo lo contrario. Su Municipio ha decidido –mejor dicho, el Alcalde Nebot, de manera inconsulta y unilateral- negar la prestación de servicios al oeste de la Sergio Toral, en sectores marginales de Guayaquil: “Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado de agua potable más allá de la Sergio Toral” –Sesión del 7 de octubre de 2010, p. 12. Esta trampa contable (de excluir y no atender a sectores marginales) le ha servido al Municipio de Guayaquil para mentir sobre las cifras de los beneficiarios del servicio de alcantarillado, lo que fue evidenciado por el periódico inglés The Guardian en el artículo “Ecuadorians tired of waiting for a clean up of Guayaquil’s filthy waters”.

(f) “promuevan una planeación e inversión sensibles a la edad y al género de las personas para una movilidad urbana sostenible…” Práctica: Guayaquil es una ciudad pensada para los vehículos, por lo que la idea de una “movilidad urbana sostenible” está ausente de su escasa planificación. El fracaso de la Metrovía (un servicio que el año 2020 debería tener siete troncales y en el 2017 apenas tiene tres), las deficiencias de una escueta y mal planificada red de ciclovías y la ausencia de un sistema multimodal de transporte son evidencia de este fracaso.

(g) “adopten e implementen acciones para el manejo y la reducción de riesgos de desastre…”. Práctica: Guayaquil es una ciudad que es vulnerable a los riesgos de las inundaciones –por efecto del cambio climático- al punto de ser la cuarta ciudad en el mundo con mayor riesgo de pérdidas económicas por ello; asimismo, es una ciudad de extrema vulnerabilidad a los terremotos, de acuerdo con la información del proyecto RADIUS. En general, el Municipio de Guayaquil ha sido ineficaz en la gestión de los riesgos de la ciudad –la caída de ese paso a desnivel el 16 de abril fue una voz de alerta. 

(h) “protejan, conserven, restauren y promuevan sus ecosistemas, agua, habitantes naturales y su biodiversidad…”. Práctica: los esteros que atraviesan la ciudad y los ríos Guayas y Daule han agravado su contaminación en el curso de la administración socialcristiana. Esta contaminación proviene de empresas (como Balsasud S.A.) que no son debidamente controladas por el Municipio de Guayaquil. La dirección de ambiente del Municipio de Guayaquil es generalmente ineficaz para cumplir su rol de control ambiental.

El alcalde Jaime Nebot miente. Las “prácticas” de la ciudad de Guayaquil son totalmente contrarias a los “objetivos” que persigue Hábitat III. Todos los literales del párrafo 13 de la declaración de Hábitat III, del “a” al “h”, son incumplidos por el Municipio de Guayaquil.

Enhorabuena que Nebot no ha podido dañar al Ecuador de la manera en que ha retrasado el desarrollo de Guayaquil. Porque una cosa es hacerlo mejor que el extinto PRE (que es apenas hacerlo mejor que no robar de una forma descarada) y otra muy distinta hacerlo en aplicación de los estándares internacionales que procuran una ciudad verde, inclusiva y sustentable.

Es decir, todo aquello que Guayaquil no es.

El Salado, sin control municipal

Este sábado 18, diario Expreso publicó una noticia titulada “Casi la mitad de empresas del Salado, sin permiso ambiental” (1). Puesto en números: 312 de las 640 empresas situadas a orillas del estero Salado carecen de los permisos ambientales obligatorios de la Alcaldía de Guayaquil (2).

El Subsecretario de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, Nelson Zambrano, es la autoridad del Gobierno central encargada de la recuperación del estero Salado. Después de las investigaciones de técnicos a su cargo, Zambrano declaró: “La contaminación no se ha erradicado. Y menos aún si esas empresas no se encuentran regularizadas y están en el aire ambientalmente hablando. Posiblemente viertan al estero y no sabemos qué”.

Fuente: Diario Expreso

¿La respuesta de la Alcaldía de Guayaquil? El miércoles pasado, el alcalde Jaime Nebot reconoció la existencia de empresas que vierten sus residuos tóxicos al estero Salado. En la noticia del 18, el Director de Medio Ambiente, Bolívar Coloma, se ofreció a cumplir con su responsabilidad de control para que las empresas cumplan con obtener los permisos ambientales. Coloma afirmó que, “a petición del ministerio”, regularizará los 312 permisos ambientales de las empresas incumplidas a lo largo de este año.

Este ofrecimiento de control de la Alcaldía de Guayaquil tiene toda la pinta de convertirse en un futuro incumplimiento (3). Si en 15 años de competencias ambientales no se han decidido a controlar a las empresas contaminantes del Salado (actuando contra norma expresa), es improbable que empiecen ahora.

(1) Gorka Moreno, ‘Casi la mitad de empresas del Salado, sin permiso ambiental’, Diario Expreso, 18 de marzo de 2017.

(2) La Alcaldía de Guayaquil tiene competencias ambientales desde el 12 de abril de 2002, cuando suscribió el Convenio de Transferencia de Competencias, que le transfirió varias competencias ambientales. El año 2014, el Concejo Cantonal aprobó la “Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de manejo ambiental, control y seguimiento ambiental en el cantón Guayaquil”, en cuyo artículo 7 se atribuye a la Alcaldía, entre otras responsabilidades, “realizar el seguimiento y control del cumplimiento de parte de los regulados, respecto de las obligaciones previstas en la presente ordenanza, normas técnicas, Planes de Manejo Ambiental, obligaciones contenidas en las autorizaciones administrativas ambientales o incluidas en ellas y las demás previstas en las ordenanzas vigentes en el cantón Guayaquil”. La existencia de 312 empresas incumplidas da una perspectiva para entender cuán poco le ha importado a la Alcaldía esta norma. Sobre esto, v. '7 horas sin agua en Guayaquil, ¿por qué es culpable el operador?', Xavier Flores Aguirre, 12 de agosto de 2016.

(3) La ineficacia de los controles es moneda común en la Alcaldía de Guayaquil. Además de la ineficacia de los controles ambientales, está el grave y preocupante caso de la falta de control en las construcciones de la ciudad, v. ‘Guayaquil: el terremoto de 1942 y nuestra situación actual’, Xavier Flores Aguirre, 2 de agosto de 2016.