Pons se puso el quepis

30 de septiembre de 2022

Publicado en diario Expreso el 30 de septiembre de 2022.



Antonio Pons Campuzano, nacido en Guayaquil, médico, hijo de catalán y paisa, a sus 37 años se encumbró a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo por un mes y pocos días del año 1935. En esa época, la Constitución de la República (la décimo segunda, de 1929) disponía que el reemplazo del Presidente, por ausencia temporal o definitiva, era su Ministro de lo Interior. La interpretación arbitraria que de esta disposición hicieron los militares es lo que condujo a Pons a la cumbre del Poder Ejecutivo.

 

Pons era Ministro de lo Interior en la primera Presidencia Constitucional de Velasco Ibarra. El 20 de agosto de 1935, alrededor de las 9 de la mañana, él presentó su renuncia al Presidente. Según lo cuenta en su libro ‘Contra el zarpazo de la garra política’, publicado en Buenos Aires en 1936, esa mañana “fui sorprendido con la presencia de un regimiento que al compás de su banda militar se acercaba a los bajos del Palacio […] Y a poco se me dijo que su objeto era la promulgación de un Decreto asumiendo la Dictadura el doctor Velasco Ibarra”. En desacuerdo con esta dictadura, contra la que él había advertido, Pons renunció a su cargo.

 

El intento dictatorial de Velasco Ibarra fracasó. Con Velasco fuera de juego, era necesario que se designe a alguien en su reemplazo, en calidad de Encargado del Poder. El gobierno de los civiles y su beligerante Congreso, bajo la Constitución de 1929, había sido un rotundo fracaso: ningún Presidente terminaba su período y se vivía en permanente estado de pugna y zozobra. Era un buen momento para prescindir de ellos. Era el turno de los militares.

 

En Quito, Pons vivía en el hotel Savoy. Allá fue la alta oficialidad del Ejército para ofrecerle el Encargo del Poder. Antes de su caída, en la tarde del 20 de agosto, Velasco Ibarra había aceptado la renuncia de Pons. Pero esto no le importaba, ni a Pons ni a los militares, que omitieron este detalle que a Pons inhabilitaba (el designado por Velasco in extremis en reemplazo de Pons era un tal Carlos Guerrero). Pons empezó su gobierno el 21 de agosto de 1935.

 

En su gobierno, como él mismo lo reconoció en su libro, apenas pudo contemplar “el desarrollo de los acontecimientos sin poder, honradamente, contener el desbordamiento de tanta pasión política y tanta ambición desenfrenada”. Para él, nada peor que la “Garra política” (representada en Arroyo del Río) a los que definió como “Poder, Poder y Maldad”. El 26 de septiembre Pons recogió sus pasos y decidió renunciar a su Encargo.

 

Y aquí fue que el civil se puso el quepis, porque en vez de renunciar ante el Congreso para seguir el procedimiento constitucional, él decidió hacerlo ante la alta oficialidad del Ejército porque los consideraba “el mejor intérprete de los sentimientos cívicos”. Ese día de septiembre convocó en la Casa Presidencial “al Inspector General del Ejército y a los representantes de las principales dependencias del Ministerio de Guerra y de los cuerpos de línea”, y ante ellos, “es decir, ante el Ejército ecuatoriano, renuncié mi cargo después de exponerles la honradez de mis propósitos y los sentimientos patrióticos del Gobierno”.

 

El Ejército ecuatoriano decidió el reemplazo de Pons. Empezamos a vivir en dictadura.

 

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Fuentes:

* La principal fuente de este artículo es el opúsculo de Pons ‘Contra el zarpazo de la “garra política”’. Las citas corresponden a las siguientes páginas: “fui sorprendido con la presencia de un regimiento…” (p. 7); “el desarrollo de los acontecimientos…” y “Poder, Poder y Maldad” (p. 16); “el mejor intérprete…” (p. 10); “al Inspector General del Ejército…” y “es decir, ante el Ejército ecuatoriano…” (p. 20). Una sucinta biografía en: ‘Antonio Pons’ (Ecured).

* Los artículos de la Constitución del año 1929 que disponían el reemplazo del Presidente o del Encargado del Poder por su Ministro de lo Interior son los siguientes:

Título VI

Sección I. Disposiciones generales

(…)

Art. 79.- En caso de falta del Presidente de la República, de enfermedad u otro impedimento accidental que pase de diez días te subrogará el Ministro de lo Interior, y, en el orden cronológico de sus nombramientos, los demás Ministros.

Por falta o impedimento accidental de cualquiera de los subrogantes, hará sus veces el que le siga, según el orden expresado, mientras asuma el ejercicio del Poder Ejecutivo el llamado por la Ley.

Art. 80.- El Presidente de la República cesa en sus funciones por terminación del período fijado en la Constitución, y deja vacante el cargo por muerte, destitución, admisión de renuncia o incapacidad física permanente declarada por el Congreso.

Art. 81.- Cuando, por cualquiera de las causas expresadas en el Artículo anterior, vacare el cargo de Presidente de la República, el Ministro subrogante, con arreglo al Artículo 79, se encargará del Poder Ejecutivo, y, dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido la vacante, convocará a elecciones, las que deberán estar terminadas en el plazo de dos meses, a lo

más, contados desde la misma fecha. Efectuadas las elecciones, el Congreso ordinario siguiente practicará el escrutinio hasta el veinte de Agosto, a más tardar, y el primero de Setiembre inmediato el Encargado del Poder Ejecutivo cesará en sus funciones y empezará el nuevo período constitucional.”

* Un libro que contiene un relato bien documentado sobre la caída de Velasco en su primera presidencia es: Norris, Robert, ‘El gran ausente’, Tomo I, Ediciones Libre Mundi, 2004, Quito, pp. 227-245.  


Sobreviviendo

23 de septiembre de 2022

            Publicado en diario Expreso el 23 de septiembre de 2022. 


El 23 de septiembre de 1830 el Presidente Juan José Flores puso el ejecútese y entró en vigor la primera Constitución del Estado del Ecuador, siendo este Estado una de las dos secesiones que en 1830 sufrió la República de Colombia que se montó el Libertador. La secesión del Ecuador fue incruenta: actas, elecciones, reunión en Riobamba de los representantes de tres Departamentos (Azuay, Guayas, Quito) y el paso del militar caribeño Flores de Prefecto de un Distrito de la República de Colombia a Presidente del Estado del Ecuador. Él debió gobernar hasta el 10 de septiembre de 1834. Y no sólo que lo hizo, sino que logró sobrevivir y acomodarse.

 

El Estado del Ecuador, durante el gobierno de Flores, fue ultraviolento. Al final de su gobierno, el Ecuador estaba partido en dos. Por una parte, la Jefatura Suprema de los Departamentos de Quito y Azuay, cuyo Jefe Supremo era un antiguo colaborador del gobierno de Flores, José Félix Valdivieso. Sus tropas ocuparon Quito el 13 de julio y Cuenca el 25 de agosto de 1834. Esta Jefatura Suprema convocó a una Asamblea Constitucional que se reunió en Quito y que empezó a funcionar el 7 de enero de 1835. En Cuenca se instaló una Jefatura Superior, subordinada a Quito, a cargo de José María Borrero.

 

Por otra parte, el Jefe Superior del Departamento del Guayas era Vicente Rocafuerte, aliado con el Presidente Flores. En principio Flores lo combatió a Rocafuerte, pero cuando supo de la sublevación de Valdivieso en la Sierra, comprendió que su alternativa para mantenerse en las altas esferas del poder ecuatoriano era apoyar que Rocafuerte se eleve a la Presidencia. Él comandaría sus tropas en esta guerra civil.

 

Llegó el 10 de septiembre de 1834 y concluyó el período de gobierno de Flores, sin poder seguirse un procedimiento constitucional para su sucesión. En Guayaquil, ese mismo día se reunió una Junta para designar a Vicente Rocafuerte como Jefe Supremo del Departamento del Guayas.

 

Ocurrió entonces la batalla entre las Jefaturas Supremas. Sus tropas se enfrentaron en Miñarica, en las cercanías de Ambato, el 19 de enero de 1835. Triunfaron Rocafuerte y Flores. El Ecuador estuvo a punto de echarse a perder, porque enterados en Quito de la derrota en Miñarica se disolvió la Asamblea Constitucional y, según cuenta el historiador quiteño Salvador Lara, los quiteños “cayeron en el absurdo de proclamar la muerte del estado ecuatoriano […]. En Tulcán, presididos por el general Matheu, decretaron la anexión a Nueva Granada; el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito. Don Roberto Ascázubi, comisionado para ello, pasó por la vergüenza de que el gobierno de Bogotá rechazase tal acta”.

 

El Ecuador sobrevivió porque a Quito la rechazaron. Los triunfadores de Miñarica convocaron a una Asamblea Constitucional que volvió a reunir a representantes de los Departamentos de Azuay, Guayas y Quito, para aprobar una nueva Constitución que regule sus relaciones.

 

Esta Asamblea Constitucional de 1835 decidió que el Estado del Ecuador iba a ser República y que su primer Presidente iba a ser Rocafuerte. Y Flores sobrevivió y se acomodó: la Asamblea lo nombró General en Jefe de los ejércitos de la República del Ecuador.

 

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Fuentes:


* Las fuentes principales de esta columna son: Van Aken, Mark, ‘El rey de la noche’, Banco Central del Ecuador, Quito, 2005 [segunda edición] y las introducciones históricas de los libros recopilatorios de las actas del Congreso Constituyente de 1830 y de la Asamblea Constitucional de 1835, de autoría de Francisco Ignacio Salazar Arboleda.


* La cita de Jorge Salvador Lara sobre el rechazo de Bogotá a Quito consta en: ‘Los comienzos de la República (1830-1845)’, en: ‘Historia del Ecuador’, Vol. 6, Salvat, Barcelona, 1980, p. 26

El banquero Arosemena

16 de septiembre de 2022

 

            Publicado en diario Expreso el 16 de septiembre de 2022.



La revolución Juliana la hicieron en 1925 oficiales jóvenes del Ejército ecuatoriano para derrocar el régimen político que defendió los intereses de la banca guayaquileña por encima de los intereses colectivos. El producto jurídico de la revolución, la Constitución de 1929, cambió el sistema de gobierno de presidencialista a semiparlamentario. Bajo su imperio, ningún Presidente pudo concluir su período de cuatro años.

 

El rol del Congreso ecuatoriano fue clave para la inestabilidad política. A Neptalí Bonífaz, elegido Presidente en las elecciones de octubre de 1931, el Congreso lo descalificó por peruano. A Juan de Dios Martínez Mera, elegido Presidente en las elecciones de octubre de 1932, el Congreso le impidió gobernar, pues le destituyó varias veces su gabinete de gobierno y, finalmente, el Congreso lo destituyó. Velasco Ibarra, elegido Presidente en diciembre de 1933, quiso declararse dictador para desconocer la Constitución y evitar así los controles del Congreso, pero las tropas no lo apoyaron y fue orillado a renunciar.

 

A partir de este momento, fines de 1935, el Ecuador empezó a ser gobernado por dictaduras (el ingeniero Páez, el general Enríquez) y breves gobiernos civiles de encargo (Pons, Borrero, Mosquera, Arroyo del Río, Córdova, Moreno). La Constitución de 1929 ya no rigió. Se reunió una Convención Constitucional en 1938, pero la Constitución que produjo no entró en vigor. El Ecuador volvió a realizar una elección popular en enero de 1940. Triunfó Arroyo del Río, quien tampoco concluyó su período de gobierno por la irrupción de la revolución Gloriosa.

 

Volvió entonces Velasco y, por aclamación popular, empezó un gobierno de facto el 31 de mayo de 1944. La Asamblea Constitucional que se reunió tras el triunfo de la Gloriosa lo declaró Presidente el 10 de agosto de 1944 y elaboró una nueva Constitución, de cuño liberal. Velasco se negó a gobernar con esta Constitución y se declaró dictador y organizó una nueva Asamblea Constitucional, que lo eligió Presidente el 10 de agosto de 1946 y que elaboró otra Constitución, de cuño conservador y a gusto suyo. Velasco tampoco terminó su período, pues lo destituyó un golpe militar.

 

El golpe militar resultó un “blooper”, pues duró pocos días. Asumió la Presidencia el Vicepresidente de Velasco y se reunió en seguida un Congreso Extraordinario para nombrar un nuevo Vicepresidente de la República, designación que recayó en el banquero guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola. Entonces el Presidente renunció para que el Vicepresidente Arosemena asuma la Presidencia, con el propósito de reestructurar las finanzas del agobiado país y organizar unas elecciones libres.

 

Justo es decir que en su casi año de gobierno (16 de septiembre de 1947-31 de agosto de 1948) el Presidente Arosemena cumplió dignamente su encargo. Las elecciones que en su gobierno se organizaron, inauguraron desde 1948 un nuevo período de estabilidad política en el Ecuador.

 

La revolución Juliana abrió una etapa de inestabilidad política que duró 23 años y se hizo para derrocar un sistema que beneficiaba a la banca guayaquileña. Paradójicamente, este período de inestabilidad política por ella abierto, un banquero guayaquileño lo clausuró.     

 

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Fuentes:

* Para una perspectiva de la revolución juliana y su lucha contra la “bancocracia”, v. Paz y Miño, Juan, “La revolución juliana. Nación, ejército y bancocracia” (2002), en especial, pp. 7-11 (“Introducción”).

* El cambio de presidencialismo a semiparlamentarismo en la Constitución de 1929 recibió numerosas críticas, como ésta, hecha por el político e historiador Alfredo Pareja Diezcanseco: “Esta nueva Constitución resultó un curioso y fracasado ensayo de régimen seudoparlamentario, inoperante en nuestro país. Según la Constitución de 1929, aunque no consagraba el régimen parlamentario, el poder legislativo prácticamente era omnímodo (…). Un país como el nuestro, con otros problemas, sin cultura política esencial entre el pueblo, con otra tradición en su estructura administrativa, no podía ser gobernado con la Constitución de 1929. El Poder Ejecutivo, independiente de la influencia del legislativo y bastante fuerte, es la tradición americana, proveniente de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica…”, en: “Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas ideas” (pp. 66 y 68), artículo publicado en el tomo VII de la “Historia del Ecuador” impresa por Salvat en 1982 (Juan Salvat y Hernán Crespo Toral, editores).

* Sobre la descalificación de Bonifaz y la destitución de Martínez Mera, v. Raúl Martínez Torres y Héctor Martínez Torres, “Martínez Mera. Las verdades que no quiso decir” (dos tomos, 1983). Para la descalificación de Bonifaz, pp. 66-80 (tomo I, “I, El origen”), para la destitución de Martínez Mera, pp. 216-226 (tomo I, “IX. El congreso de 1933”). Los autores también criticaron a la Constitución de 1929, llamándola “nefasta Constitución Política que tantos males hizo al país; producto híbrido del régimen presidencial y parlamentarismo incompleto, que trajo tantas y tan graves consecuencias para la normal marcha administrativa; que ataba indefenso al Poder Ejecutivo para entregarlo maniatado a la demagogia y ambición política” (tomo I, p. 54).

* Sobre la caída de Velasco Ibarra en 1935 y sus dos Presidencias nombrado por una Asamblea Constitucional en 1944 y 1946, v. Norris, Robert, “El gran ausente” (2004), pp. 227-245 del primer tomo, para su caída en 1935, y pp. 9-109 del segundo tomo, para sus dos Presidencias entre 1944 y 1947 (i.e., el Capítulo VI “El gobierno revolucionario, 1944-1947”).

* Sobre la Constitución de 1938 y su falta de eficacia, v. Gómez López, David, “La Constitución perdida. Una aproximación al proyecto constituyente de 1938 y su derogatoria” (2012), pp. 158-159. De acuerdo con el autor del artículo: “El problema es que el texto constituyente no estaba redactado del todo, y no se publicó en el Registro Oficial” (p. 159). En la práctica, nadie se sintió obligado a respetar lo ordenado por la Constitución. El propio Mosquera diría que “él juró como Presidente en base a la Constitución, vigente según él, de 1906, y no de 1938” (p. 158).

* Un buen resumen del “Manchenazo” y su gobierno inane, disponible en línea: “Carlos Mancheno”, publicada por Ecured.

* Para una semblanza biográfica del Presidente Arosemena disponible en línea, v. “Carlos Julio Arosemena Tola”, escrita por Rodolfo Pérez Pimentel. Agradezco a Guillermo Arosemena por el envío de varias notas de prensa de época para la redacción de esta columna.

Nivel cavernícola

9 de septiembre de 2022

            Publicado en diario Expreso el 9 de septiembre de 2022.



El 7 de septiembre de 2004 (antier se cumplieron 18 años) el Estado del Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Tibi. En la sentencia de condena, el Estado fue responsabilizado por la permanencia de Daniel Tibi en la Penitenciaría del Litoral entre septiembre de 1995 y enero de 1998. Tibi la calificó “un infierno” y la Corte IDH, por el hacinamiento, la insalubridad y las torturas por agentes del Estado, consideró que la permanencia allí era un trato indigno a toda persona.

 

Una vez que la Corte IDH responsabilizó al Estado del Ecuador por esta vulneración del derecho a la integridad personal de Tibi, le ordenó que adopte medidas para garantizar la no repetición de hechos como los que le ocurrieron a Tibi. En el apartado de reparaciones de la sentencia, la Corte IDH le ordenó al Estado la creación de “un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de reclusos”, así como “crear un comité interinstitucional con el fin de decidir y ejecutar los programas de capacitación en derechos humanos y tratamiento de reclusos”.

 

El Estado del Ecuador, por supuesto, ha incumplido con estas reparaciones ordenadas. La Corte IDH las ha reiterado en otra sentencia condenatoria (Caso Herrera Espinoza y otros, del año 2016) pero para el Estado es como si ello no le atañe. En un sistema penitenciario tan corrupto como el ecuatoriano, el programa y el comité ordenados por la Corte IDH son material de ciencia ficción.

 

Porque si algo ha pasado es todo lo contrario a lo que quiso la Corte IDH, pues el sistema penitenciario ha empeorado desde los noventas. El sistema ha sido ‘privatizado’: el Estado ha resignado su dominio del territorio para que impongan su ley (es decir, la muy tribal ley del más fuerte) los propios presos. En el informe ‘Personas privadas de libertad en Ecuador’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sacado en marzo de este año, se constató que las cárceles del Ecuador están dominadas por grupos del crimen organizado (en ‘autogobierno’, dice la CIDH) y que, por ello, ‘los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios’. Por hechos atribuibles a las disputas entre estos grupos, el año pasado (la cifra es un récord) fueron asesinados 329 presos. Frente a esto, el Estado del Ecuador está lejano, resignado, como ausente. Y la violencia de las prisiones, este 2022, se ha desbordado a las calles.

 

De Dostoyevski es la frase: “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus prisiones”. Dados los hechos descritos por los organismos internacionales sobre la vulneración de derechos en las cárceles y el desarrollo del crimen organizado en el país (con un narcotráfico brutal y boyante, que cuenta con mejores equipos, armas y logística que la Fuerza Pública), el resultado es que el “grado de civilización” del Ecuador ha descendido a un sofisticado nivel cavernícola.

 

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Fuentes:

* Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Para la consideración por Tibi de la Penitenciaría como un “infierno”, v. Párr. 76 (“Declaración testimonial de Daniel Tibi, presunta víctima”). Para la vulneración del derecho a la integridad personal de Tibi, v. Párr. 142-163 (“Consideraciones de la Corte, Violación del artículo 5 de la Convención Americana”). Para las reparaciones ordenadas al Estado, v. Párr. 13 (“Puntos resolutivos”).

* Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador. 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. Para la reiteración de la obligación de cumplir con lo ordenado en Tibi, v. Párr. 232 (“D. Otras medidas”).

* Comisión IDH. Personas privadas de libertad en Ecuador. 21 de febrero de 2022. El concepto de “privatización” de este espacio estatal aparece en varias partes del informe, v. Párr. 9 (“Violencia intracarcelaria y sus causas”), Párr. 29 (“Introducción”) y Párr. 61-65 (“Ausencia de control efectivo y autogobierno”).

* La cifra de 329 muertes violentas en las cárceles del Ecuador corresponde a (artículo de Sara España), v. Sara España, El País. “Masacres carcelarias y 2.330 asesinatos en el año más sangriento de la década en Ecuador”, 30 de diciembre de 2021.

* La frase del ruso Fiodor Dostoyevski fue citada por el juez brasileño de la Corte Interamericana, Antônio Augusto Cançado Trindade, en su voto razonado en el Caso Tibi, v. Voto Razonado del Juez A. A. Cançado Trindade, Párr. 7. La cita pertenece a la obra de Dostoyevski “Recuerdos de la casa de los muertos”, publicada en 1862.

La revolución de hojarasca

2 de septiembre de 2022

 

Publicado en diario Expreso el 2 de septiembre de 2022.

 

Una consigna de la revolución ‘Gloriosa’ de 1944 fue ‘Todo el poder a Velasco’. (La devoción a un caudillo es una de las señas particulares de la política ecuatoriana.) El resultado de la ‘Gloriosa’ fue un continuo ejercicio del poder por José María Velasco Ibarra que empezó por aclamación, continuó con su designación de Presidente por una Asamblea Constitucional y devino en una dictadura, hasta que lo volvió a designar Presidente otra Asamblea Constitucional para concluir en un golpe de Estado. Todo esto, entre 1944 y 1947. Y en el medio, dos Constituciones.

 

Tras la revolución se organizó una Asamblea Constitucional, que entró en funciones el 10 de agosto de 1944. Velasco venía ejerciendo, desde el 31 de mayo y por aclamación popular, un gobierno de facto. La Asamblea Constitucional, el mismo día que entró en funciones, lo convirtió a Velasco en Presidente de la República para el período 1944-1948. Esa misma Asamblea trabajó por una Constitución liberal, que entró en vigor el 6 de marzo de 1945 (fue la décimo tercera de la República). Un digno fruto jurídico de la revolución ‘Gloriosa’, al que Velasco descalificó por producir una ‘pesadillesca institucionalidad’.

 

José María Velasco Ibarra, el aclamado en consigna por los gestores de la revolución ‘Gloriosa’, fue el encargado de destruir la obra jurídica de la revolución. Desde su promulgación el 6 de marzo de 1945 hasta que el Presidente Velasco se declaró dictador el 30 de marzo de 1946, la Constitución estuvo en vigencia apenas por 389 días. En seguida, Velasco convocó a una Asamblea Constitucional que se compuso, en su mayoría, por representantes de cuño conservador. Esta Asamblea lo designó Presidente a Velasco el 10 de agosto de 1946 y produjo una Constitución conservadora y a gusto de Velasco (era tan a su medida, que introdujo el voto obligatorio). Esta Constitución entró en vigor el 31 de diciembre de 1946.   

 

Entre los cambios que introdujo la Constitución de 1946 estuvo el retorno de la figura del Vicepresidente de la República. La Asamblea Constitucional designó para este cargo al otavaleño Mariano Suárez Veintimilla, miembro del Partido Conservador. Cuando el 23 de agosto de 1947 ocurrió el golpe de Estado que lo tumbó a Velasco (el ‘Manchenazo’), el Vicepresidente Suárez no renunció a su cargo. Él era quien, constitucionalmente, debía reemplazar a Velasco.

 

El golpe que organizó el coronel Mancheno fracasó en tomar el poder, pero sirvió como cierre del momento que a Velasco le abrió la revolución ‘Gloriosa’ para ejercer el poder. (Volvería a ejercer la Presidencia en 1952 y otras dos veces más, todas por elección popular.)

 

Tras el fracaso del ‘Manchenazo’, Suárez asumió la Presidencia de la República el 3 de septiembre de 1947. Era la primera vez, desde el triunfo de la revolución liberal en 1895, que un conservador la ejercía. Duró poco, apenas 13 días, porque se reunió un Congreso Extraordinario y, como parte de un acuerdo y tras la designación por este Congreso de un nuevo Vicepresidente, Suárez renunció para que el nuevo Vicepresidente lo reemplace en el ejercicio de la Presidencia.

 

A esta hora, la política ecuatoriana abría una nueva etapa. De la revolución ‘Gloriosa’ quedaba ya hojarasca.