Publicado en diario Expreso el viernes 15 de mayo de 2026.
El año 2011, el Presidente Rafael Correa decidió demandar a diario El Universo por una columna de opinión. Ese mismo año, con algunos amigos y (en retrospectiva) un canalla, fundé un medio de comunicación digital que se llamó Gkillcity.
En Gkillcity escribí un artículo que se tituló “El papelón”: una sólida argumentación, basada en normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para concluir que este asunto se iba a resolver en el Sistema Interamericano (Comisión o Corte) en contra del Estado del Ecuador. Es lo que suele suceder, en un Ecuador en el que hablar de “sistema de justicia” es una broma de mal gusto.
El tiempo me dio la razón. El caso de Correa vs. El Universo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, el año 2021, este tribunal condenó al Estado del Ecuador.
La persecución a un medio de comunicación el año 2011 utilizó el sistema judicial. Quince años después, las herramientas que usa el Poder Ejecutivo para perseguir a un medio de comunicación son otras, pero las consecuencias serán las mismas.
El año 2026, el Poder Ejecutivo opera de una forma opaca y utiliza órganos administrativos, obscenamente sometidos y dispuestos a complacer los caprichos del Poder Ejecutivo. Con esta fórmula ladina y artera, a través de los abusos de una Superintendencia, se quiere tomar el control societario de la empresa Granasa, casa editorial de los diarios Expreso y Extra.
Será un nuevo papelón. En su artículo 13 numeral 3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe las restricciones de la libertad de expresión por vías o medios indirectos. Entonces, de persistir en su retahíla de abusos, la consecuencia de estas actuaciones del Poder Ejecutivo será otra condena internacional para el Estado ecuatoriano.
Para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, en el marco de la OEA se adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, cuyo principio 13 deja en claro que, “la utilización del poder del Estado (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. (…) Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Es decir, esta vez es Noboa vs. Granasa. Es el Estado tropezando una vez más con la misma piedra de abusos contra los medios de comunicación.
En lo que hay de distinto: por el proceder opaco y artero del Poder Ejecutivo, hay miedo. El año 2011, la sociedad ecuatoriana protestó por Correa vs. El Universo. Quince años después, la sociedad ecuatoriana guarda un ominoso silencio frente a Noboa vs. Granasa.
El mismo abuso, similares papelones ante la justicia internacional, pero ahora se ha instalado el miedo en la sociedad y hoy se guarda un “silencio bastante parecido a la estupidez” (frase inscrita en la proclama de la Junta Tuitiva de la Paz del 16 de julio de 1809, frente a los abusos de los españoles). Enmudecernos: ese es uno de los pilares para asentar una autocracia.
