Desapariciones LFC

30 de diciembre de 2006

Publicado en diario El universo el 30 de diciembre de 2006.

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Rubén Blades compuso una canción que versa sobre este doloroso tema de una manera conmovedora. Una a una, su canción desgrana historias mínimas, de personas que pierden a su esposo, hermana, hijo o madre y que en pocas palabras traduce la angustia de quienes no pueden comprender por qué. La hipotética biografía de Altagracia o de Clara Quiñónez nos enfrenta, si tenemos un ápice de sensibilidad, con la frase de Cioran de que la historia no es sino una masacre y con el horrendo testimonio de lo inefable. La canción de Blades se llama Desapariciones y su mejor versión, para mi gusto, la cantan Los Fabulosos Cadillacs.

Blades escribió esta canción en 1984; pensaba, es probable, en los desaparecidos del Cono Sur. Pero su canción, por desgracia y porque como dijera Borges, la historia de un hombre es la cifra de la historia de todos los hombres, puede referirse a los que con posterioridad a esa fecha fueron desaparecidos en otros ámbitos: digamos, en Perú, en Guatemala o en El Salvador. También en Ecuador. El mismo año que Blades compuso su canción, inició su gobierno León Febres-Cordero (LFC); en el libro de Mariana Neira intitulado ¿Dónde están? Los Desaparecidos en el Ecuador se describe con no escasa minucia los actos de terrorismo de Estado que se ejecutaron en su periodo presidencial.

Desde ese entonces LFC se irguió como la figura política más importante de esta penosa democracia. Acumuló mucho poder y tengo la convicción de que no contribuyó con este al bien común: la miseria de institucionalidad que padecemos es tributaria de su época de dominio. Las recientes elecciones son la prueba de su desgaste y su fracaso; él lo sabe. Cuarto él, líder del PSC, por debajo de una animadora de TV; quinta su candidata, con la votación más baja de la historia de su partido en las últimas dos décadas. Nadie duda, ni sus acérrimos partidarios, que vive el término de su carrera política: somos los espectadores de su despedida. La nueva derecha, o lo que pueda merecer el calificativo de nueva, tiene la obligación de darle la espalda a este caudillo. Ellos lo saben. Tengo la certeza de que la única razón de peso para la diputación de LFC es la inmunidad parlamentaria que esta condición le otorga. Nada más.

Es así, porque a pesar de las nulas acciones iniciadas para investigar estos hechos que constató en su libro Mariana Neira, y que para cualquier persona consciente constituyen no otra cosa que actos de terrorismo de Estado, nada obsta a que se inicien las causas judiciales, en principio, en sede local, y si estas no fueran efectivas, en sede internacional, para conocer la verdad sobre estos hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y juzgarlos en consecuencia, sancionando con el rigor de la ley a los responsables de los mismos. Sería una suerte de salutación judicial que detenga la despedida impune.

Es curioso: el disco doble de quienes supieron cantar mejor Desapariciones, Los Fabulosos Cadillacs, y que por cierto significó su despedida de la música, lleva en el título una invocación a sus iniciales: "Hola LFC" y "Chau LFC", se llamó. Yo no sé de coincidencias. Pero sí sé que la sociedad civil tiene el derecho de iniciar los procesos conducentes a conocer la verdad sobre los hechos criminales de su periodo de gobierno, en aras de cesar la impunidad, de reconstruir nuestra institucionalidad y nuestra identidad a partir de la discusión crítica de nuestra historia reciente y de que finalmente se haga justicia. Que sea esta una reflexión para el año venidero, son mis sinceros deseos para usted y su familia.

Denunciemos a Colombia

23 de diciembre de 2006

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Publicado en diario El universo el 23 de diciembre de 2006.

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Tengo la convicción de que la política de Ecuador con relación a Colombia ha sido endeble: nos ha faltado actitud, contenido y definición. Me atrevo a sugerir un camino para empezar a enderezarla. Esta página se la dedico a Cancillería y a las autoridades del Gobierno que inicia el 15 de enero, para que tomen las medidas efectivas en defensa de los intereses del país.

El artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos autoriza la presentación de denuncias por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre Estados de América que sean parte de ese instrumento jurídico. Tanto Ecuador como Colombia lo son. El único requisito para la competencia de la CIDH es la declaración de ambos estados parte de que la CIDH es competente para recibir y examinar denuncias interestatales. Ecuador la hizo el 13 de agosto de 1984 y Colombia el 21 de junio de 1985.

El fundamento de la denuncia ecuatoriana sería que la aspersión de glifosato que Colombia realiza en la frontera norte viola el derecho a la vida de los habitantes de la región y el “principio de precaución” en materia de derecho internacional ambiental; la denuncia se acompañaría de una solicitud de medidas cautelares que obligue a Colombia, por disposición de la CIDH, a cesar las aspersiones en la frontera norte. En este caso no se requiere prueba del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna porque de conformidad con la práctica internacional (Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Irlanda c. Reino Unido, sentencia del 18 de enero de 1978) lo único que se debe establecer es la existencia de medidas legislativas o prácticas administrativas que autorizan las aspersiones. Ni siquiera se requiere la existencia de una víctima concreta.

Imagino ciertas prevenciones en Cancillería para la presentación de esta denuncia. Puedo reducirlas a tres: la condición de “delicada” de la relación con Colombia, la “hermandad” entre nuestros países (que tanto le llena la boca al presidente Uribe) y la “comprensión” que solicita la canciller colombiana Araújo. Pamplinas. México inició un exitoso proceso de defensa de sus migrantes en Estados Unidos con la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Opiniones Consultivas acerca del derecho a la información sobre la asistencia consular y de la condición jurídica de los migrantes indocumentados. Con los pareceres jurídicos que obtuvo fundamentó su demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el célebre caso Avena y otros, con cuya sentencia México consiguió que se obligue a Estados Unidos a reconsiderar los procesos materia de ese contencioso. En fecha tan reciente, como el lunes y martes de esta semana, se celebraron en La Haya las audiencias en la CIJ relativas a la solicitud de medidas provisionales que presentó Uruguay en el litigio que Argentina le inició por la construcción de dos papeleras que aquel autoriza a funcionar en su margen del río Uruguay, con supuesto daño al medio ambiente.

Seamos claros: no existen dos países de América con más “delicados” intereses en juego que México y Estados Unidos, como tampoco existen dos países más “hermanos” en Sudamérica que Argentina y Uruguay; presentar una denuncia ante un órgano internacional no constituye una falta de “comprensión” hacia el país denunciado sino una legítima manera de defender los intereses de un Estado. Seamos más claros todavía: denunciar a Colombia ante la CIDH se constituye como un mecanismo idóneo para la discusión imparcial y racional de este incidente, una manera efectiva de defender con argumentos y pruebas a los habitantes y al medio ambiente de la frontera norte y un punto de partida para la construcción de una política sólida y soberana con relación a Colombia. Solo espero, entonces, que el Gobierno que entra actúe en consecuencia. Que así sea.

Muerto malo

16 de diciembre de 2006


Publicado en diario El universo el 16 de diciembre de 2006.

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Los seres humanos tenemos el hábito de decirnos mentiras piadosas para tornar más llevaderas las cargas de la realidad. Una de esas muchas mentiras es la clásica frase "no hay novia fea, ni muerto malo" cuya condición falaz es, por supuesto, muy evidente. Que las novias feas existen es cuestión de darse una vuelta por las oficinas del Registro Civil y acreditarlo con los propios ojos; y sobre que los muertos malos existen tenemos un notorio ejemplo reciente: el domingo 10 de diciembre falleció en Santiago de Chile el dictador Augusto Pinochet.

En enero de 1978, el policía italiano Eugenio D'Alberto recibió una condena porque profirió a sus superiores una "ofensa imperdonable": osó llamarlos "Pinochet". El juez de la causa entendió que semejante mención suponía una "calificación injuriosa" porque implicaba no otra cosa que el ejercicio del mando con "métodos de naturaleza autoritaria y represiva". Las cifras oficiales lo confirman: 3.197 personas muertas o desaparecidas y aproximadamente 30.000 sometidas a torturas a consecuencia de actos represivos de agentes estatales. Así, la asociación de términos que hizo el juez italiano es casi impecable. Le faltó solo añadir a su dictamen la precisión de la palabra "criminal".

A despecho de su vileza, todavía algunos insensatos insisten en defender a Pinochet. Conozco bien sus argumentos; pueden sin pérdida reducirse a dos. El primero supone que las víctimas de la represión que encabezó este dictador fueron necesarias para vencer al enemigo comunista. Este argumento es insostenible. El Informe Rettig probó con suficiencia la existencia de desapariciones, ejecuciones, torturas, usos indebidos de la fuerza y abusos de poder que carecieron de justificación alguna en el contexto de la situación de contienda política. Tales excesos no eran en absoluto necesarios; su ejecución constituyó, para cualquier individuo con un mínimo de conciencia ética, no otra cosa que la puesta en práctica de un execrable terrorismo de Estado.

El segundo de los argumentos le atribuye a la dictadura de Pinochet el desarrollo económico de Chile. Este argumento es vergonzoso y equivocado. Lo primero, porque este cálculo de costo/beneficio es inaceptable cuando el costo para desarrollar la economía lo pagan con sus vidas miles de personas; si alguno llega a consentirlo sin rubor, funde usted la sospecha cierta de que se halla frente a un nazi o un idiota. Lo segundo, porque la estabilidad de la economía chilena se relaciona tanto con las sólidas instituciones y el acendrado respeto a la legalidad que se forjan a lo largo de su historia y desde su independencia de España (en los tiempos de Diego Portales y que constituyen una excepción para la región) como con méritos del modelo económico que, como bien declaró el Ministro de Hacienda chileno con ocasión de la muerte del dictador, no se pueden atribuir en exclusiva a la dictadura de Pinochet. Lo que en materia económica sí puede atribuirse solo a su dictadura es su inmensa fortuna personal, que este infame formó a partir de actos de corrupción y de fraude tributario. Es decir, que además de criminal, Pinochet también fue un vulgar ladrón. Escoja usted su manera de despreciarlo. Yo le recomiendo ambas.

Pinochet murió y no recibió los funerales de Estado que no merecía, porque no los merecen quienes usurpan el poder. Sus simpatizantes acudieron a su velación a despedirse de su cadáver; sus víctimas, familiares de las víctimas y detractores de su dictadura salieron a las calles para festejar con champán su deceso. Sé muy bien dónde yo habría estado: copa de champán en mano, celebrando la muerte de este triste apellido que se asocia con el crimen y el terror y festejando el tránsito a los infiernos de este, sin duda alguna, muerto malo.

Detención en fraude

9 de diciembre de 2006


Publicado en diario El universo el 9 de diciembre de 2006.

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La detención en firme es una institución aberrante y violatoria de los derechos humanos de quienes la padecen. El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en sus conclusiones y recomendaciones al Tercer Informe que presentó el Estado ecuatoriano requirió a este su eliminación (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4503.pdf), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2005 observó con preocupación su existencia (http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap.4b.htm) y saludó, en su Comunicado de Prensa Nº 37/06, la reciente Resolución Nº 002-2005-TC del Tribunal Constitucional (TC) que la declaró inconstitucional (http://www.cidh.org/comunicados/spanish/2006/37-06esp.htm).

En principio, no puedo menos que compartir la satisfacción que expresó la Comisión Interamericana. El TC actuó bien cuando declaró la inconstitucionalidad de la detención en firme, instituto procesal que en su resolución consideró como “un fraude al espíritu constitucional contenido en el numeral 8 del art. 24 de la Carta Magna” con lógico fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos y en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como debe ser. Pero disiento plenamente de la aclaración y ampliación que el TC realizó a la Resolución Nº 002-2005-TC, con la cual borró con el codo lo que había hecho bien con su mano. Vale aclarar que en el contexto de esta página la palabra “codo” significa “con claro sesgo político y escaso criterio jurídico”.

En efecto, sobran razones para no aceptar la interpretación de “irretroactividad” que el TC hace en la aclaración y ampliación de marras. En principio, porque el análisis literal de las normas que regulan la irretroactividad de las declaraciones de inconstitucionalidad del TC autorizan una interpretación contraria. Así, el artículo 278 de la Constitución establece que esa declaratoria “no tendrá efecto retroactivo” lo que concuerda con el artículo 22 de la Ley de Control Constitucional (LCC) que amplía ese postulado y expresa que “no [se] afectar[án] las situaciones jurídicas surgidas al amparo de tales normas y antes de la declaratoria de su inconstitucionalidad”. Una interpretación lógica de esas normas impediría, por supuesto, que a partir de esta Resolución Nº 002-2005-TC se reclame por la pasada aplicación de una detención en firme que haya sucedido en el ínterin entre la vigencia de la Ley Nº 101-2003 que creó la detención en firme y la Resolución del TC que declaró su inconstitucionalidad, porque en ese caso sí se trata de una situación jurídica que aconteció (porque concluyó el proceso con la condena o la absolución) antes de la Resolución en cuestión. Pero no es este, claramente, el caso de las detenciones en firme que se mantienen en vigor, las cuales no se encuadran en el presupuesto del artículo 22 LCC (“y antes”) porque estas se mantienen vigentes durante la declaratoria de inconstitucionalidad del TC y, al borrar este la detención en firme del sistema jurídico ecuatoriano, necesariamente debe invalidar las detenciones de esta mala índole que se mantuvieran en vigor al momento de la Resolución.

Peor aún, el TC soslayó su obligación de “asegurar la eficacia de las normas constitucionales en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas” (art. 1 LCC) porque en su aclaración y ampliación no realizó la necesaria ponderación de los derechos en juego en virtud de que omitió el análisis de los derechos consagrados en el artículo 23 numerales 4 y 27 y artículo 24 numerales 7 y 8 y de los principios de interpretación constantes en los artículos 3 numeral 2, 16 y 18 de la Constitución.

Esta pobreza de análisis del TC solo provoca que, en definitiva, en materia penitenciaria y de garantías individuales, este país marche de mal en peor, pasando de la aberrante detención en firme a la patética detención en fraude: en fraude a la ley, a la Constitución, y al Estado social de Derecho que el TC supone respetar.

Para vivir en democracia

2 de diciembre de 2006


Publicado en diario El universo el 2 de diciembre de 2006.

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No pocas razones justifican la inequívoca derrota de Álvaro Noboa en el reciente balotaje: su inicial triunfalismo, su constante, patética e irritante invocación divina, su aquiescencia a que participen en campaña representantes de los desprestigiados partidos políticos, su paupérrima oratoria de rogativo, impasible y dadivoso discurso, su minimización del incidente de los formularios de vivienda en Manabí y su desmedida aparición televisiva en los días de cierre de campaña por cortesía de sus canales “amigos” que constituyó un claro abuso de la Ley de Elecciones y que evidenció todavía más la extrema pobreza de carisma, lenguaje y propuesta del hombre más rico del Ecuador. Se dice que perder es una cuestión de método; Noboa perfecciona el suyo (las estadísticas lo prueban) con el pasar de las elecciones y los años.

También es justo decir que las razones del triunfo de Rafael Correa son, en buena medida, las razones de la derrota de Álvaro Noboa: muchos de los votos que lo aúpan a Correa en el carro de la victoria fueron votos de rechazo a aquel. Esto, por cierto, no destiñe sus propios méritos de vencedor: sin duda, su plan de gobierno es más sólido y sintoniza de mejor manera con el afán de cambio que es, dicho sea con ciertos matices, el más claro legado de los procesos electorales de octubre y noviembre. En este contexto brilla con fuerte luz propia la propuesta de Correa de instalar una Asamblea Constituyente.

Lo dije en una columna reciente (‘Crítica de la Constitución’, 18 de noviembre del 2006): modificar la Constitución Política es una necesidad urgente. La Asamblea Constituyente tiene la importante misión de eliminar las zonas oscuras de nuestra Constitución, entre otras, su hostilidad a la participación política de la ciudadanía y al debate público, su negación de las necesarias herramientas para exigir la rendición de cuentas a nuestros dirigentes y su concesión de excesivos poderes al presidente y demasiadas facilidades a grupos de interés para que presionen a nuestros representantes; su propósito es acercar el Estado a los ciudadanos y tener nosotros la posibilidad de exigirle en consecuencia. En esa columna expresé también mi desconfianza por las reformas cosméticas que, no abrigo ninguna duda, haría a este respecto el Congreso Nacional. No discuto, por supuesto, la importancia del Congreso como institución en un sistema democrático, así como tampoco me parece discutible que se reconozca que los diputados de este país han deshonrado a esta institución con infame dedicación: la percepción ciudadana de este hecho se reflejó en el elevado porcentaje que obtuvo el voto nulo en los comicios del 15 de octubre.

Tengo la convicción de que el voto nulo es un capital ciudadano y de este gobierno venidero que apostó por él. Su efecto obvio fue restarle legitimidad a los diputados electos; ellos, si tienen un mínimo de perspicacia, lo intuyen o lo saben. Hoy, por eso, me debato entre la risa y la compasión cuando leo o escucho las patadas de ahogado de estos diputados que se autoproclaman legítimos y útiles en aras de salvar su pellejo. No son ni lo uno ni lo otro y es nuestra obligación hacérselo saber. Las reformas que necesita este país no serán consecuencia del solo afán de este gobierno, sino de una movilización ciudadana que de manera pacífica, lúcida y lúdica sepa exigirlas. Fiel a la frase de Gramsci (“soy pesimista desde la intelectualidad y optimista desde la voluntad”) observo no pocas dificultades en el proceso de llevar a término los propósitos enunciados; pero, fiel a esa misma frase, pondré el mayor de mis esfuerzos (espero contar con el de ustedes también) para que en Ecuador se empiece, de una buena vez, a vivir en democracia.

El legado de Spencer

11 de noviembre de 2006


Publicado en diario El universo el 11 de noviembre de 2006.

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A pocos ecuatorianos se los conoce fuera de las fronteras patrias. En los últimos diez años es probable que los más recordados sean estos dos: Abdalá Bucaram (dondequiera que vayas en el mundo, alguno te preguntará: ¿cómo se llamaba ese presidente loco que tenían ustedes?) y Lorena Gallo, mejor conocida como Bobbit, y mejor recordada por tajarle el miembro viril a un marine abusivo. Lo refino, entonces, para hablar con propiedad: a pocos ecuatorianos que no me produzcan vergüenza se los conoce fuera de las fronteras patrias. Uno de ellos, y sin duda del que más orgulloso yo estaba, acaba de fallecer. Se llamaba, todos ustedes lo saben, Alberto Spencer.

En una página intitulada "Un Gentleman del Gol", Jorge Barraza calificó a Spencer con los términos precisos, como un self made man, un hombre hecho a sí mismo, que desde sus orígenes humildes se forjó una magnífica carrera que lo condujo a la gloria de ocho campeonatos uruguayos, tres copas libertadores y dos copas intercontinentales. Y sin embargo, vale decirlo, este país le pagó mal. Su hijo Walter Spencer afirmó tras su deceso que la Federación Ecuatoriana de Fútbol nunca cumplió con sus ofrecimientos. A él le creo. A Luis Chiriboga jamás le he creído ni las taquillas de los amistosos, y no será esta la excepción; como tampoco me merece crédito una Federación que no se preocupó nunca de invitar a Spencer a los mundiales de fútbol a los que clasificó nuestra Selección (dicen, a manera de excusa, que lo invitaron al Mundial del 2006 a última hora y vía correo electrónico. Mejor no se excusen y ahórrense ese bochorno). Nada de lo anterior, por supuesto, empaña de mínima manera la gloria de Spencer; este siempre estuvo a otra altura.

Una altura como aquella a la cual se elevaba para merecer el calificativo que lo acompañó siempre, Cabeza Mágica, y que en un libro conmemorativo de la copa de la cual Spencer es insuperable goleador, lo consagra en los siguientes cabales términos: “… de pronto, como impulsado por un mágico trampolín, salía como un filoso cuchillo de su vaina buscando la inmensidad del cielo, y, cuando estaba en lo más alto, cuando había superado en el salto a todos sus rivales, aplicaba el feroz zarpazo… El final era siempre el mismo. La pelota en el fondo de la red. Los defensas mirándose impotentes mientras él se iba a desparramar su alegría frente a la tribuna”. Ninguna frase define a una persona; ningún verbo roza siquiera ese milagro. Pero si a esta frase se le suma la consideración de Spencer como un gran señor, un cordial caballero y un excelente amigo, las pinceladas de su retrato se tornan casi perfectas.

Y merecidas las tiene, porque se las ganó. Spencer recordaba que los equipos de Ecuador “siempre jugaban bien, pero de repente se acordaban que eran ecuatorianos y ¡zas!, ahí se complicaba”. Tan cierto, y nótese que el término “ecuatorianos” lo podríamos cambiar por “mediocres” y se lee igual. Por eso me gustaba Alberto, porque cuando le preguntaron si a él le sucedía lo mismo, contestó: “A mí no. Nunca me achiqué. Uruguay era una potencia futbolística y, sin embargo, nunca me amilané y le di para adelante”. Spencer es uno de esos hombres que mueren para probarnos que la frase de Horacio (non omnis moriar, no moriré del todo) es cierta: porque vive en la memoria de quienes lo quisieron, de quienes lo admiramos, vive en la leyenda que desde el día de su muerte ingresa a pasos de gacela, como eran los suyos, en la historia del fútbol. Y vive, ojalá, en el ejemplo de humildad y de voluntad de vencer, que es la mejor definición de la grandeza, de su merecida grandeza, y también su legado.

Reflexiones de victoria

28 de octubre de 2006

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Publicado en diario El universo el 28 de octubre de 2006.

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Las finales son ocasiones muy tensas porque todo se resume allí: el esfuerzo previo, el riesgo tomado y el cumplimiento eventual del reto que se asumió. Si la decisión final resulta favorable, se desata la euforia y se siente la enorme satisfacción del deber cumplido y una dicha casi infinita. Así sucedió hace unos pocos días, precisamente la tarde del 20 de octubre del 2006, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá durante la ronda final de la III Edición del Concurso Iberoamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Francisco Suárez S.J. organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, mismo en el que participaron dieciocho equipos de ocho países de América Latina. En esa tarde, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil venció a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desatando con esto la euforia, cumpliendo el deber y sintiendo, entonces, esa dicha casi infinita que les menciono.

Por cierto, el hecho era inédito: no porque Ecuador no hubiera obtenido otros triunfos en concursos de derecho internacional (los dos únicos antecedentes: la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ganó el Concurso Víctor Carlos García Moreno, que organizó el Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado Capítulo México en la ciudad de México D.F. el año 2002 y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el mismo concurso Francisco Suárez S.J. el año pasado) sino porque era la primera ocasión que en la final de un concurso de derecho internacional se enfrentaban (dejando de lado, además, a excelentes universidades del continente como la Francisco Marroquín, de Guatemala, la Javeriana, de Colombia, o la Universidad de Buenos Aires, entre otras) dos universidades del Ecuador. Este hecho, que además de significar que en el país sí existe gente de probado talento a escala internacional (y no solo la escoria política y la medianía intelectual que tanto abunda), me conduce a participarles de dos reflexiones.

La primera de ellas: la importancia de la realización de este tipo de actividades académicas, no solo porque contribuyen a una formación académica de calidad de los estudiantes y profesionales que participan en ellas, sino porque además sirven al propósito de entender la auténtica naturaleza de los derechos humanos. En este país se tiene la distorsionada, errónea y ridícula concepción de que los derechos humanos son “los derechos de los delincuentes” (la pobreza intelectual de cierta derecha lo sostiene con énfasis) como si no fueran, en realidad, un entramado muchísimo más complejo y amplio que abarca, por supuesto, las garantías judiciales de todos (un presupuesto necesario para que exista en rigor aquello que llamamos “sociedad democrática”) como también un elenco de derechos civiles y políticos que suponen obligaciones al Estado para que este se abstenga de ejecutar ciertos actos que interfieran de manera ilegítima en la vida y propiedad de las personas como, además, obligaciones positivas para demandarle al Estado un compromiso activo a favor de generarle a todas las personas las aceptables condiciones materiales de vida que merece. Estos concursos contribuyen a disipar y otorgar herramientas para disipar esta penosa confusión.

La segunda reflexión es la necesidad cierta de incentivar de manera directa la participación en estos acontecimientos académicos. Existe, se sabe, gente de probado talento en el país; no existe, en contraste, salvo muy contadas excepciones, políticas universitarias que los aprovechen para demostrar la supuesta “excelencia académica” a la que toda universidad debe, o debería, aspirar. En muchas universidades (incluida la mía propia, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil) en las que ni siquiera figura en el pénsum la cátedra de ‘Derechos Humanos’, es difícil pensar todavía que se pueda institucionalizar la participación en estos concursos académicos. Y sin embargo, valga como conclusión decirlo sin ambages, el auténtico propósito de la Universidad, su sentido último, va en ello. Ojalá sea momento oportuno para pensárselo.

Villa Grimaldi

21 de octubre de 2006


Publicado en diario El universo el 21 de octubre de 2006.

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Hacia finales del mes de marzo, como parte del grupo de jóvenes profesionales que participó del Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, visité Villa Grimaldi. Luego de intensas jornadas de debates académicos, muchos de ellos estimulantes, otros un tanto abstrusos, pero todos ellos realizados en la comodidad burguesa de un aula de la Universidad de Chile, recibimos quienes participamos de ese Diplomado, la mañana del 31 de marzo del 2006, un poderoso baño de cruda realidad.

Puede que quienes lean esta página no alcancen a entender la naturaleza de la cruda realidad a la que hago referencia. Pero para quienes visitamos Villa Grimaldi y para quienes tuvimos la ocasión de escuchar los testimonios de la brutal represión que Villa Grimaldi significó en el demencial período de los primeros años de gobierno del dictador Pinochet, precisamente de boca de quienes lo vivieron en carne propia, ya es distinto: entendimos, de un solo certero golpe, la frase de Emil Cioran que decía que solo se podía entender la masacre que es la historia a través de las biografías de quienes la vivieron. Juro que se siente una profunda incomodidad de ser ante el testimonio de lo Innombrable.

Villa Grimaldi fue el centro de detención y tortura más importante de la Dirección de Inteligencia Nacional, el órgano más representativo de la represión en la dictadura chilena. En éste, como en tantos otros lugares a lo largo de la geografía chilena, la represión se caracterizó por la práctica masiva y sistemática de fusilamientos y ejecuciones sumarias, torturas (incluida la violación sexual, principalmente de mujeres), privaciones arbitrarias de la libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley y desapariciones forzadas; todos estos actos fueron cometidos por agentes del Estado, asistidos en ocasiones por civiles. Información en particular sobre Villa Grimaldi y, en general, sobre este período oscuro de la historia chilena puede encontrarse en: http://www.memoriaviva.com/Centros/00Metropolitana/villa_grimaldi.htm

En relación con estos hechos, en fecha tan reciente como el 26 de septiembre del 2006, en el contexto del Caso Almonacid Arellano c. Chile que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este alto tribunal sostuvo que el asesinato, en las circunstancias de la represión de la dictadura chilena, constituye un crimen de lesa humanidad “cuya prohibición es una norma de ius cogens [esto es, como una norma que la comunidad internacional reconoce que no admite en ningún caso acuerdo en contrario] y [cuya] penalización es obligatoria conforme al derecho internacional general”. Yo, que me declaro vitalista a carta cabal, suscribo como propia la frase de Joaquín Sabina que dice que “hay que condenar todas las muertes, incluida la natural”. Y con mayor razón creo que esta condena debe existir en los casos en que la responsabilidad de la muerte de una persona le corresponde al Estado.

La condena, en estos casos de lo que merece llamarse sin ambages “terrorismo de Estado”, debe tener un carácter principalmente penal. En este sentido, los atroces hechos de la dictadura del criminal Pinochet y las brutalidades innombrables de la dictadura argentina han merecido condenas tanto de tribunales internacionales como de sus propios tribunales, mismos que han sentenciado a los autores o cómplices de estos hechos. Ecuador, en este rubro, todavía tiene una asignatura pendiente. Durante el gobierno de León Febres-Cordero el Estado ejecutó una política criminal de represión que, salvando las dimensiones, merece, sin atisbo de duda alguna, el mismo reproche: nuestra más firme condena moral y la consecución de la condena penal, sea esta en sede nacional o extranjera. Porque son estas, y no otras, las necesarias demandas en aras de concretar, de una vez por todas, la cesación de la impunidad, la construcción de la institucionalidad e identidad desde la discusión crítica de nuestra historia reciente y, por qué no admitirlo, en aras de que finalmente se haga justicia.

No todo está perdido

14 de octubre de 2006

Publicado en diario El universo el 14 de octubre de 2006.

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Quien fuera el jurista más importante del siglo XX, el austriaco Hans Kelsen, declaró en una ocasión: "El pueblo es una pura creación de la ley: la ley lo convoca para elecciones y una vez cumplido ese acto lo disuelve como tal". Kelsen tiene razón: esta amalgama de individuos que llamamos "pueblo" tan solo existe en esos días en que se lo convoca a elecciones y en la patética retórica de los políticos con pocas o nulas ideas, que en este país no son escasos. Todos los otros días aquello que llamamos "pueblo", disperso y abúlico, suele canalizar su voluntad política en crítica autocomplaciente, insulsos raptos de iracundia o quemeimportismo. En raras ocasiones, una supuesta porción congregada de la ficción "pueblo", digamos por ejemplo, 20.000 insatisfechos quiteños de clase media, se dedican a la puesta en práctica de un incipiente deporte nacional de discutible ropaje cívico-institucional: defenestrar al mediocre presidente de turno.

Es sabido que el término democracia significa etimológicamente "el poder del pueblo"; vale recordar que para Gilbert K. Chesterton, tanto como la aristocracia era el gobierno de los maleducados, la democracia era "el gobierno de los sin educación". De la mezcla de ambas ideas con la citada expresión de Kelsen, obtenemos un diagnóstico de nuestra realidad política: un pueblo sin educación ejerce cada cierto tiempo un poder meramente electivo para luego disolverse en naderías o insurgencias sin proyección futura. Conclusión: como individuos conscientes no podemos confiar en nuestro ficticio formato de "pueblo".

Tampoco podemos confiar en nuestros políticos que, con cita de Borges, "se dedican a una versión latinoamericana de la política: conspirar, mentir e imponerse". Sabemos, o deberíamos saber, que los políticos prometen de acuerdo con sus expectativas y cumplen de acuerdo con sus temores. Lo prueban los dichos de la reciente campaña electoral y también los impunes hechos de nuestra historia republicana. ¿Qué hacer entonces? Nada sucederá si tú no te involucras salvo, por supuesto, la repetición de los rasgos de este disperso y abúlico pueblo que se debate miserablemente entre la crítica autocomplaciente, los insulsos raptos de iracundia o el quemeimportismo ya mencionados. Entre la ignorancia supina del pueblo elector y la sapiencia aleve de los políticos elegidos, sí existe ocasión para que los individuos conscientes participemos de una manera activa en la modificación del status quo. Mecanismos los hay: la conformación de veedurías ciudadanas, la discusión de políticas públicas, la presentación de proyectos de ley, la constitución de células cívicas, el inicio de litigios estratégicos, el ejercicio de la revocatoria del mandato, la protesta de conformidad con los derechos de reunión y de libertad de expresión, la manifestación de nuestro repudio a los políticos que lo merezcan (negándoles el saludo, abandonando el lugar donde comemos cuando entren ellos al mismo, haciéndoles llegar la expresión escrita o verbal de nuestro desprecio), entre otras varias que la imaginación autoriza y la realidad requiere.

Hace dos semanas propuse en esta página (con el título 'No en nuestro nombre') que expresemos nuestro masivo repudio hacia los candidatos a diputados. Un buen comienzo, pero que en sí mismo no significa nada si a este no le otorgan sentido acciones subsiguientes como estas que describo en el párrafo anterior que contribuyan a repudiar lo que hay, un estado semifeudal de caudillaje, y a crear lo que no hay, una democracia real y participativa. Todo lo cual, por cierto, no es trabajo para pusilánimes. Se requiere de nuestra parte un sólido compromiso político que torne difícil a la clase política prometernos ridiculeces que no pueden cumplir y que haga que esta finalmente tema que sus privilegios pueden perderse si nos incumplen o nos fallan. Suena complejo, y en efecto lo es, de cara a la abulia de la mayoría y a la mediocridad institucional de este país. Pero como escribió ese gran cronopio que fue Julio Cortázar: "No todo está perdido, si tenemos el valor de admitir que todo está perdido, y empezarlo de nuevo". Sé que Cortázar consentiría esta frase final: no colabores con la mediocridad y actúa en consecuencia.

Los usos de la libertad (sexual)

7 de octubre de 2006

Publicado en diario El universo el 7 de octubre de 2006.

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Pascual Eugenio del Cioppo, presidente nacional del PSC, consideró a la sociedad ecuatoriana como “religiosa, cristiana [y] conservadora”; manifestó su honda preocupación por la enseñanza del uso de los métodos anticonceptivos, mismos cuya importación prohibía en un proyecto de ley y que fundamenta su condena a los libros Mi Sexualidad y Aprendiendo a Prevenir porque constituyen “una invitación a tener relaciones sexuales” en vista de que vuelve a los jóvenes expertos en su uso; recomendó la abstinencia como “el camino correcto para llevar una vida sexual sana” porque entiende “que es peligroso iniciarse sexualmente antes del matrimonio” e importante para la persona “llegar virgen y santa al matrimonio” y declaró que la educación sexual contradice la voluntad de las familias que prefieren que sus hijos conozcan más tarde sobre esta. En materia de educación sexual, tal es su ideario.

En relación con estas opiniones ofreceré, en principio, solo un par de estadísticas que acaso nos preocupen y obliguen a la reflexión: el 58% de las embarazadas y el 15% de los portadores del virus del sida son adolescentes. Esta realidad se puede enfrentar desde distintas actitudes. Una persona de profundas convicciones católicas puede practicar la abstinencia y, obviamente, no cabe nada que objetarle: la ampara el artículo 23 numeral 11 de la Constitución. Otra puede decidir libremente usar un preservativo para mantener una relación sexual y tampoco cabe hacerle ninguna objeción: la ampara el artículo 23 numeral 25 de la Constitución. Como opciones individuales, ambas son plenamente válidas.

No lo serían, sin embargo, si se refieren a políticas de Estado en cuyo caso, sin duda alguna, debe optarse por una política laica. La Constitución obliga al Estado a garantizarle a toda persona la toma de decisiones responsables acerca de su vida sexual, adoptar políticas de paternidad y maternidad responsables y ofrecer una educación laica en todos sus niveles. En su laicidad, que mantiene desde 1906, el Estado no está obligado a representar la postura moral de religión alguna; sí tiene, en cambio, la obligación de otorgarles a sus habitantes la información adecuada para que de manera libre y responsable decidan sobre tales aspectos de su intimidad.

Esta información adecuada se denomina “educación sexual” e implica una idónea enseñanza para que las personas, desde su adolescencia, sepan cuidarse a sí mismas y a sus eventuales parejas y asuman la libertad y la responsabilidad que implican sus actos, desde un prisma tanto biológico como afectivo. No cabe tenerle prejuiciosos miedos a esta educación: una estudiante de 18 años, Ana Bouting, opinó en uno de los diarios de la ciudad que educar a los jóvenes sobre sexo no hará que estos “salgan corriendo a tener relaciones” sino, por el contrario, “los hará meditar sobre las consecuencias de sus actos” y que “sepan tomar las debidas precauciones”. Ana Bouting sabe (todos lo sabemos, aunque algunos tiendan en ocasiones a olvidarlo) que la ignorancia es una pésima consejera. Es también el único grave defecto que en esta materia un país que se precie de civilizado no puede permitirse.

En razón de lo expuesto, me complace profundamente que el ideario que Pascual Eugenio del Cioppo representa no haya prosperado durante la discusión de la Ley Orgánica Sustitutiva del Código de la Salud y que se haya adoptado el capítulo sobre Salud Sexual y Reproductiva que, en esencia, desarrolla estos postulados que menciono. Así debe mantenerse. Tengo la firme convicción de que esta reforma sirve a los propósitos de la libertad y la responsabilidad de los individuos que, con cita de Manual Azaña, “no sé si hagan más felices a los hombres, pero lo que sí sé es que los hace más hombres”. Que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, sepa garantizarnos el acceso a la libertad sexual; su uso responsable, como no podría ser de otra manera, queda entonces en nuestras manos.

No en nuestro nombre

30 de septiembre de 2006


Publicado en diario El universo el 30 de septiembre de 2006. 

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En Chicago, la mañana del 23 de agosto de 1968, varios miembros del Youth International Party (Partido Internacional de la Juventud, los Yippies) anunciaron con ocasión de la Convención Nacional Demócrata su candidato a la presidencia de los Estados Unidos: el chancho Pigasus. Su participación, según Abbie Hoffman, significaba una reversión de los procesos políticos usuales en los cuales “se elige un Presidente y él se come a la gente; en este caso, nosotros elegimos un Presidente y la gente se lo come a él”.

Años después, en Nueva Jersey, el 26 de abril del 2000, Michael Moore anunció la candidatura de un ficus para el Congreso de los Estados Unidos. Su argumento era sencillo: debería votarse por un candidato que no acepta contribuciones de campaña, solo necesita aire, sol y agua, realiza (cosa que otros no pueden hacer) la fotosíntesis y te obliga, además, a no elegir a esos “babbling idiots and bumbling morons” (balbuceantes idiotas e incompetentes estúpidos) que pueblan, según Moore, el Congreso de su país.

Con estos antecedentes de Pigasus y el ficus, no tengo ningún empacho en manifestar mi sincero apoyo a la iniciativa de votar por el legendario payaso Tiko Tiko para diputado del Congreso Nacional. La manera de concretar este apoyo consta en la ciberpágina http://www.votatikotiko.blogspot.com/ (1); la razón para hacerlo es evidente: a diferencia de otros que corren de candidatos para el Congreso Nacional, Tiko Tiko sí es un payaso con enorme trayectoria. Ya hubiera deseado además que postulasen para el Congreso Nacional esa parlanchina media amarilla llamada Calcetín o acaso alguna de aquellas palmeras que el proceso de regeneración urbana desalojó del centro de Guayaquil: tengo el profundo convencimiento de que en su curul del Congreso harían mucho menos daño que varios diputados que ya conocemos, para pena nuestra, demasiado.

Sin embargo, es un poco tarde ya: no dejan estas de ser propuestas lúdicas meramente. Nos queda, en contraste, la triste realidad, que en certera expresión borgiana se halla “llena de insondable nada”. Porque es penosamente cierto: los mismos carcamales de siempre o los nuevos bochornosos candidatos confluyen peligrosamente en una misma amalgama mediocre de ideas y procedimientos. Ya es hora que aprendamos algo: hemos tenido cantantes, famosillos de la tele y atletas en el Congreso Nacional y, admitámoslo, su contribución a la política de este país como norma solo ha sido el triste incremento de nuestra sensación de vergüenza ajena y de hastío político. Nada hace pensar que estas nuevas elecciones marquen en este sentido ninguna diferencia.

En este contexto, mi sugerencia a la ciudadanía que se presume a sí misma de consciente, es que anulemos el voto. Para los escépticos de esta postura, es evidente que de todas maneras se elegirán diputados y es evidente que el Congreso continuará funcionando. Pero no es su inexistencia lo que se pretende alcanzar. Lo que se quiere expresar no es sino el repudio al estado de cosas de la política ecuatoriana, a la repetición de los mismos mediocres y a la postulación de nuevos mediocres. Que los partidos (las entidades más antidemocráticas de este país: ¿cuándo será el día que, cuando menos, haya elecciones primarias en nuestros partidos políticos?) entiendan que los repudiamos y que pueden intentar mejores cosas para persuadirnos que tratarnos como acémilas.

Yo ya lo decidí: anularé mi voto. Y los animo a ustedes a que hagan lo propio, para que los electos sepan que si hacen las porquerías que suelen hacer, carecen de toda legitimidad para hacerlas y que sus actos no los ejecutan en nuestro nombre. Puede que el país aprenda alguna lección si el voto nulo triunfa en estas elecciones. Ojalá que así sea. Pero tengo que admitir que en mi caso, el solo placer de manifestarle a tanto mediocre mi sincero repudio, ya lo justifica.

(1) El 3 de octubre de 2006 la ciberpágina de apoyo a Tiko Tiko tomó nota del artículo: "Gracias Xavier Flores por tomarnos en cuenta, por hacer ver que esto es algo más que un simple grafitti o una propuesta sin sentido", en: "Ya estamos en la prensa", www.votatiktiko.blogspot.com.  

¿Más ciudad?

22 de julio de 2006


Publicado en diario El universo el 22 de julio de 2006.

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El miércoles 5 de julio se publicó en las Cartas al Director de este Diario una comunicación de Nelson Acosta Dávila, profesor de la Universidad Católica de esta ciudad, en la que refiere que días atrás estacionó su vehículo en el área asignada para tal propósito dentro del Parque Lineal, frente a la mencionada universidad, y que después del dictado de sus clases y de vuelta en el parqueadero, encontró que a los seis vehículos que allí se estacionaron les habían ponchado la llanta delantera izquierda.

La insolente respuesta de la autoridad a cargo ante este hecho fue decir que él solo “cumplía órdenes”.

Cabe destacar, por cierto, que no existe ninguna prohibición expresa acerca del estacionamiento de vehículos dentro del Parque Lineal. No se conoce tampoco de ninguna ordenanza que establezca una prohibición a este respecto ni de alguna otra que prescriba siquiera una sanción análoga a la “ponchada” de una llanta. La orden que se cumplió en este caso fue meramente verbal, esto es, pura y simplemente arbitraria.

Este hecho que describo no constituye, sin embargo, un suceso aislado, Su puesta en práctica forma parte de la continua imposición de una disciplina sobre los usos públicos que se aplica en Guayaquil bajo el amparo del llamado proceso de “Regeneración Urbana” que se manifiesta en una serie de prohibiciones (entre varias otras, de ingreso a áreas públicas –el lugar X “se reserva el derecho de admisión”-, de besarse, sentarse, circular o comportarse de una manera distinta a la ordenada, de vestimenta para el caso de los taxistas –fallida esta última-, de acceso a los desposeídos –vagos y mendigos- y de los vendedores informales a las áreas regeneradas que se traduce en una “limpieza sociológica” del sector y en abusos varios de las autoridades que en general se impone, la eliminación de las bancas en la zona regenerad, la implantación de disfuncionales áreas verdes, etc.) que conducen, en esencia, a una arquitectura urbana que propicia la conversión del ciudadano en turista de su propia ciudad y a un uso del espacio público sujeto a un vigilancia extrema que favorece la comisión de violaciones a las libertades civiles de las personas en nombre de una idea sesgada (o como en ejemplo que abre esta columna, arbitraria) del orden y la seguridad. (Una aproximación muy lúcida a este fenómeno puede encontrarse en los artículos del antropólogo Xavier Andrade en la sección Tubo de ensayos de la ciberpágina “Experimentos Culturales”*.

La instauración de esta política pública de continuas prohibiciones y de apropiación privada de los espacios públicos no es materia de discusión en una ciudad en la que el discurso de las autoridades se acepta casi sin crítica alguna por parte de sus habitantes. Ese aparente consenso, lejos de proveer de una legitimación para estas acciones, sirve para probarnos la autosatisfacción o apatía de las élites y la clase media (beneficiarias directas de las mismas) y el silenciamiento de los excluidos del proceso de “Regeneración Urbana” que, a despecho de aquello que lógicamente implica su lema Más Ciudad, tiene como triste consecuencia la generación de una mínima ciudadanía. Dos preguntas que bien merecen una discusión surgen, precisamente, a partir de este lema: Más Ciudad, sí, pero, ¿para quiénes?, y sobre todo, ciudadanos, ¿a qué precio?

* Hoy, “La Selecta”.

El remedio y la enfermedad

8 de julio de 2006

Publicado en diario El universo el 8 de julio de 2006.

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Hacia las 13h00 del 24 de mayo del 2006 la niña Natalia Fabara Núñez regresaba del jardín de infantes a su casa situada en una ciudadela de la vía a Samborondón. Natalia dormía; no es complicado imaginarla con el cansancio de su infantil alegría a cuestas. El expreso escolar que la transportaba permitió el descenso de un pasajero en las cercanías de la empresa Emelgur, en Entre Ríos. En ese preciso momento siete individuos que asaltaban la empresa cruzaron disparos con un policía. El azar de una bala perdida impactó a Natalia en la espalda. La niña murió a consecuencia de ella.

Hacia las 16h30 del 16 de febrero del 2006, el niño Rubén Darío Guerra recorría las calles cercanas a la Universidad del Pacífico con dos amigos. Esa mañana había salido de su casa en la cooperativa Andrés Quiñónez (Perimetral) para desempeñarse como chambero; con esa humilde tarea contribuía a la economía de su familia. En una travesura, Rubén toma una chompa que pertenecía a un guardia de una empresa de seguridad. Este, en compañía de otros dos, decide castigarlo. Mientras uno de sus cómplices lo golpea en la cabeza, otro lo sostiene por detrás. Las súplicas de Rubén no se escuchan. El guardia le descerraja, entonces, un único alevoso disparo en el pecho. El niño muere de contado.

Ambos casos tienen en común un dolor de sus familiares que excluye la definición: su única coincidencia. La enorme diferencia que surge entre ambos la prueban dos hechos que tienen íntima relación entre sí, a saber: 1) La diferencia del trato mediático. En el caso de Natalia hubo amplia cobertura: noticia de primera plana y páginas interiores, reportajes a los familiares, entrevistas a terceros, opiniones de editorialistas, decenas de cartas de ciudadanos, etcétera. En el caso de Rubén Darío hubo medios de prensa escrita que no cubrieron siquiera los hechos; aquellos que lo hicieron lo confinaron a la sección de crónica roja, con referencias tan espaciadas como escuetas. Durante los diez días que siguieron a su muerte solo una persona (en las Cartas al Director de este Diario) opinó. 2) La reacción de la sociedad. En el caso de Natalia se escuchan los criterios de autoridades públicas y privadas, se moviliza la sociedad civil (que organizó una marcha que ocupó 12 cuadras de la avenida 9 de Octubre), se discuten políticas públicas de seguridad, etcétera. En el caso de Rubén Darío, la sociedad hizo silencio. Solo silencio.

Esas diferencias, por supuesto, no son accidentales. Algunos grupos locales de poder en connivencia con ciertos medios de comunicación son quienes las propician, para consolidar su discurso de mayor represión a la delincuencia. Dos hechos (que analizó con lucidez César Ricaurte en su columna dominical de este Diario los días 4 y 11 de junio) lo confirman. El primero, el maltrato que se le dispensó al ex subsecretario de Seguridad, Lautaro Ojeda, porque su plan de seguridad no comulgaba con el discurso de las élites locales (‘El desconocido territorio del sesgo y la manipulación’, 4 de junio). El segundo, la sesgada cobertura mediática de la marcha que organizó la sociedad civil (‘Aquello que una cuasicadena nacional no vio’, 11 de junio; véase también el excelente trabajo ‘Peces fuera del agua’, de Xavier Andrade, en Vanguardia Nº 38).

Con estos antecedentes, confieso que la política de mayor represión que trata de consolidarse en Guayaquil me provoca serias dudas. Una que comparto la expresó una mujer en uno de los carteles de la marcha, que  silenciaron: “Sr. Alcalde, ¿de qué sirvió poner seguridad privada, si cada día aumenta la delincuencia?”. A la cual agrego esta otra, de mi propia cosecha: ¿no será posible entonces –recordemos, aunque sea por una vez, a Rubén Darío– que sea el remedio peor que la enfermedad?