¿Por qué no soy religioso?

Publicado en GkillCity el 18 de noviembre de 2011.

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Este artículo es un recuento de las tres principales razones por las cuales no soy una persona “religiosa”. O, puesto de otra manera, un recuento de las tres principales razones por las cuales me convertí en una persona cuyas creencias provienen de razones comprobables de forma empírica. El concepto de “religión”, en este artículo, se refiere a la religión mayoritaria de la sociedad en la que vivo, en la que fui criado y por la que fui bautizado: la religión de la iglesia Católica, Apostólica y Romana.

La primera razón: el desprecio a la inteligencia.

La Biblia empieza con la creación de la Tierra y la historia de la primera pareja que la habita (Adán y Eva) que viven en el jardín del Edén. Dios le advirtió a Adán: “Puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la Ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás” (Gn. 2, 16-17). Una serpiente desmiente a Dios y le dice a Eva: “No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos; entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es” (Gn. 3, 4-5). Eva comió de ese árbol “que era tan excelente para alcanzar el conocimiento” (Gn. 3, 6) y le dio de comer a Adán. De resultas, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza: se hicieron unos taparrabos con hojas de higuera y se escondieron. Dios, “que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde” (Gn. 3, 8) se enteró del asunto y los sentenció: a la mujer la condenó en los siguientes términos: “Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él te dominará” (Gn. 3, 16); al hombre, en estos: “Por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que Yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida” (Gn. 3, 17). Acto seguido, los expulsó del jardín del Edén.

Este texto bíblico es una fábula (no hay quien la tome en serio como “reconstrucción histórica de hechos”) de cuyo texto se desprende que si Adán y Eva decidían, por sí mismos, desafiar la prohibición de Dios de comer “del árbol de la Ciencia del bien y del mal” es porque habrían optado por el conocimiento frente a la obediencia. Pero no lo hicieron porque ni Adán ni Eva abrigaron por sí la intención de desafiar la prohibición de Dios: lo hicieron a instancias del Diablo representado en esta fábula por la serpiente. Del texto se desprende también que Dios les ha mentido a Adán y Eva con el cuento de que morirán si comen del árbol prohibido. La serpiente dice la verdad cuando lo desmiente a Dios y le dice a Eva “que no morirán” y además le dice que, de comer de dicho árbol, los dos serían “como dioses” y conocerían “lo que es bueno y lo que no lo es”. Adán y Eva comieron y pagaron las consecuencias: Dios, que “paseaba por el jardín” se enteró y los castigó de manera severa, con dolores y cargas difíciles de soportar: tales fueron las terribles consecuencias de querer saber.

La fábula es terrible. Dios les miente a Adán y Eva sobre las consecuencias de comer del “árbol de la Ciencia del bien y del mal” y luego, por haberse atrevido a desafiar su mentira, los castiga de manera severa: a Dios se lo asocia con el “bien”. El Diablo dice la verdad y propone el saber: lo desmiente a Dios y persuade a Eva de que ella y Adán sean “como dioses” y que conozcan por sí mismos “lo que es bueno y lo que no lo es”: al Diablo se lo asocia con el “mal”.  El mensaje es todo lo contrario del sapere aude inscrito por Kant en este texto y es clarísimo: el conocimiento (el pensar por cuenta propia, que es la base para procurarlo) es malo (¡no en vano es el Diablo el que lo promueve!) y desafiarlo solo le hace daño al hombre (de ahí que Adán y Eva, tras comer el fruto, sientan vergüenza y miedo –Gn. 3, 7 y 3, 10) y comporta castigo divino y maldición eterna. De refilón, el texto sirve para justificar la inferioridad de la mujer en el pensamiento católico: “te hará falta un hombre, y él te dominará”. En pocas palabras, el kit completo.

No habría mayor problema si esta fábula para enseñar el desprecio al conocimiento y la conveniencia de obedecer se redujera a una de las posibles interpretaciones de este relato. Lo grave es que este desprecio al conocimiento se tradujo en hechos: baste recordar, por ejemplo, el “Índice de libros prohibidos” (“Index librorum prohibitorum”) impuesto en 1559 por la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, que prohibió toda la filosofía relevante “desde Montaigne hasta Sartre, pasando por Pascal, Descartes, Kant, Malebranche, Spinoza, Locke, Hume, Berkeley, Rousseau, Bergson y tantos otros –sin mencionar a los materialistas, socialistas y freudianos- […]. La Biblia, con el pretexto de contenerlo todo, impide el acceso a lo que no contiene. Durante siglos, el daño fue considerable” (Michael Onfray, Tratado de ateología, Pág. 95).  Como dato curioso, Onfray cuenta que en el año de 1924 ingresaron al Índice los nombres de “Pierre Larousse, culpable del Grand Dictionnaire universel (!), Henri Bergson, André Gide, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre” y que ese mismo año Adolf Hitler publicó Mi lucha: dicho autor, sin embargo, nunca se incluyó en el Índice (Ibíd., Pág. 193). O puede recordarse su aversión a la ciencia de la mano de su proceso contra Galileo (¡recién “rehabilitado” en 1992!) o su repulsa de los ideales de libertad e igualdad postulados por la revolución francesa, de manifiesto en la breve encíclica Quod Aliquantum publicada en 1791, de autoría del Papa Pío VI:

 

“Este derecho monstruoso [de pensar, hablar y escribir e incluso de imprimir cualquier cosa que uno desee en materias religiosas] la Asamblea [francesa] lo reclama, sin embargo, como resultado de la igualdad y libertad natural de los hombres.

[…]

Después de haber creado al hombre en un lugar de delicias, ¿acaso Dios no lo amenaza de muerte si come de la fruta del árbol del bien y del mal? Con esta primera prohibición, ¿no le estableció Él límites a su libertad? […] Y a pesar de dejar al hombre libre voluntad de escoger entre el bien y el mal, ¿no le proporciona Dios los preceptos y mandamientos que lo salvarían ‘si él los observa’?

[…]

El hombre debe usar su razón antes que todo para reconocer a su Soberano Creador, en honrarlo y admirarlo, y someter su persona en todo a Él. Por lo tanto, desde su niñez, el hombre debe ser sumiso a quienes le son superiores en edad, debe regirse por sus instrucciones y sus enseñanzas, ordenar su vida de acuerdo a las leyes de la razón, de la sociedad y de la religión. Esta exaltación de la igualdad y la libertad, por lo tanto, son para él, desde el momento en que nace, no más que sueños imaginarios y palabras sin sentido”.

 

La prohibición de acceder al conocimiento por sí mismo, el rechazo de los avances científicos que no se corresponden con su doctrina, la oposición a los ideales que desafían su autoridad, ejemplificados con los hechos descritos, no son extraños a la historia de la iglesia. Dicho lo cual, no sostengo que no haya existido ningún aporte de dicha institución a la historia intelectual de la humanidad. Pero sí que sostengo que, más allá de algún aporte, sus fábulas teóricas y sus prácticas concretas revelan una clara orientación de dicha iglesia para “administrar el conocimiento” y esperar obediencia de sus creyentes. Cuando una religión organizada se propone pensar por ti los aspectos fundamentales de tu vida y esperar tu obediencia a lo que sus jerarcas decidan es porque desprecia tu capacidad para resolver los aspectos fundamentales de tu propia vida por ti mismo: desprecia, en definitiva, tu inteligencia. Por cierto, que una persona se resigne a no pensar por sí mismo es, sin dudarlo, una opción legítima. Simplemente, no es la mía.

La segunda razón: el rechazo al cuerpo.-

La Biblia contiene numerosas prohibiciones referidas a actos (o imposiciones, como en el caso de la circuncisión) relacionados con el propio cuerpo. En el Antiguo Testamento, en el Levítico (capítulo 15) se enumeran las prohibiciones de Yavé en materia de “impurezas” sexuales; en el Nuevo Testamento, la prédica del apóstol San Pablo es la mejor evidencia del rechazo al cuerpo como doctrina de la iglesia. Así, dicho apóstol recomienda a sus fieles que “[h]uyan de las relaciones sexuales prohibidas [porque] el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que están en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos” (1 Cor. 6, 18-19) y les recuerda que Cristo “cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter a sí el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria” (Fil. 3, 21).

Tal es el telón de fondo. Las disposiciones modernas de rechazo al cuerpo elaboradas por la iglesia se desarrollan en la Carta de los agentes sanitarios elaborada por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios (aprobada y confirmada íntegramente por la Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora de la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición). En dicha carta se contienen disposiciones que son expresamente contrarias a algunos postulados liberales básicos tales como la legalización de las drogas (Párr. 94), el aborto (Párr. 139) y la eutanasia (Párr. 150). Para peor, existe una práctica religiosa a la que se suele endosarle (desde la perspectiva de un católico) el atributo de ser “paradigma de bondad”, en la cual se estima que la no intervención para paliar el sufrimiento corporal de un moribundo es un don de Dios: en palabras de esa “facilitadora de la muerte” (como la llamó Martín Caparrós) que fue la Madre Teresa de Calcuta: “hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Jesucristo. El mundo gana con su sufrimiento”. This is sick.

El rechazo al cuerpo tiene, además, consecuencias específicas para la situación de la mujer en el pensamiento católico. Como se ha visto, en el libro de Génesis se coloca a la mujer bajo el dominio del hombre; el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, considera que la mujer soltera y la virgen deben preocuparse “de ser santas en su cuerpo y en su espíritu” (1 Cor, 7, 34) y ordena a la mujer casada que “no se separe de su marido”  (1 Cor, 7, 10)  porque “está ligada a su marido mientras éste vive” (1 Cor, 7, 39). En realidad, al pensamiento católico le interesa la mujer en cuanto esté sujeta a cumplir el propósito de la procreación (porque Dios dijo: “Sean fecundos y multiplíquense” –Gn. 1, 28) y sometida al imperio de lo masculino (las leyes civiles de este país, con disposiciones tales como la prohibición a las mujeres de administrar sus bienes por sí mismas o la obligación de seguir al marido adonde éste decida residir, constituían hasta hace poco fiel reflejo de esta consideración de inferioridad). Este propósito de la procreación, tal como lo entiende la iglesia, le provoca aversiones: contra el matrimonio o la unión homosexual (cuya condena, por este motivo y por considerarla “contraria a la recta razón” (?) -Párr. 6-, le corresponde a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el documento Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones de personas homosexuales) y contra el uso de los anticonceptivos, postura que (a guisa de ejemplo) defendió en un reciente viaje a África Benedicto XVI.

La postura de la iglesia Católica, Apostólica y Romana es contraria a postulados básicos de la autonomía individual en materia de actos sobre el propio cuerpo. Es, por supuesto, legítimo defender la postura de la iglesia. Yo me he situado, con razones (como varios enlaces de este artículo lo prueban) en una orilla opuesta a dicha postura.

La tercera razón: la propensión a la violencia.-

La Biblia es un libro violento.  En Los pésimos ejemplos de Dios, Pepe Rodríguez desmenuza el contenido de dicho texto (que es “palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo”, según el Catecismo de la Iglesia Católica, Párr. 81) y relata la existencia de “versículos que relatan conductas y hechos violentos negativos y absolutamente opuestos a cualquier cultura religiosa, perpetrados por Dios y su pueblo” que se relacionan con “matar/dar muerte violenta” en el número de 1106 (la forma favorita de matar es la lapidación, con 90 casos), que se relacionan con “relatos de guerra” en el número de 964, que se relacionan con “exterminios masivos” en el número de 515 (la expresión “no dejar sobrevivientes” consta en 233 casos), que se relacionan con “armamentos de guerra” en el número de 509, que se relacionan con “expolio de bienes ajenos” en el número de 128, que se relacionan con “esclavos (sometimiento y/o compraventa”), en el número de 144, que se relacionan con “sentimientos y hechos violentos contra el prójimo” en el número de 787 y que se relacionan con violencia contra las mujeres, en el número de 96. En total, existen al menos, según Rodríguez, unos 4339 versículos, “una cantidad de texto enorme, equivalente a algo más de la mitad del Nuevo Testamento- que, asumiendo la forma de leyes divinas y/o sucesos promovidos y/o protagonizados por el mismísimo Dios, resultan totalmente rechazables por su contenido, sentido y ejemplo de conducta dejado a la posteridad” (Rodríguez, Pág. 30-31).

El propio Cristo, a quien se supone modelo de virtudes, también es persona violenta, que profiere maldiciones contra los fariseos y los escribas hipócritas (Lc. 11, 42-52), que condena al infierno a quienes no creen en él (Lc. 10, 15 y 12, 10), que anuncia la ruina de Jerusalén y la destrucción del templo (Mc. 13), que declara que quien no está con él está contra él (Lc. 11, 23) y que enseña que no ha venido a traer la paz, sino la espada (Mt. 10, 34).  Creo, como Bertrand Russell en ¿Por qué no soy cristiano?, que “ninguna persona profundamente humana pued[e] creer en el castigo eterno” (Pág. 34) y que “ninguna persona un poco misericordiosa siembr[a] en el mundo miedos y terrores” (Pág. 35) como los que se describen en estos versículos de los evangelios.  Ni qué decir, como lo destaca Russell, de los puercos de Gadar (Mc. 5, 1-14), “donde ciertamente no fue compasivo para con los puercos el meter diablos en sus cuerpos y precipitarlos colina abajo hasta el mar. Hay que recordar que Él era omnipotente, y pudo hacer fácilmente que los demonios se fueran; pero eligió meterlos en los cuerpos de los cerdos” (Pág. 36), o de la historia de la higuera que Cristo maldijo (“Nunca jamás coma ya nadie fruto de ti” le dijo a una higuera que no producía frutos (?) –Mc. 11, 14) que es “muy curiosa, porque aquélla no era temporada de higos, y en realidad no se podía culpar al árbol” (Pág. 36). En cualquier barrio de este mundo, a estas dos historias se las consideraría “maldad gratuita”. Ni Cristo se libera de cometer ruindades.

Ni Dios ni Cristo podrían considerarse, en consecuencia, como no propensos a la violencia. No se diga, entonces, de las barbaridades que a lo largo de los siglos han cometido sus intérpretes (por fiel interpretación, ignorancia o mala fe) como supo ponerlo de relieve José Saramago en este conciso artículo. Visto lo visto no es difícil querer situarse, entonces, lo más lejos posible de semejantes predicadores.

Estas son, expuestas en breve, mis tres principales razones. Todas están documentadas (principalmente, en fuentes religiosas) y todas y cada de las afirmaciones de este escrito pueden discutirse: no son dogmas de fe. Pero por lo pronto, para mí, constituyen razones suficientes para ejercer mi libertad de solicitarle, de manera tan comedida como bien fundada (en su motivación y en el derecho que la ampara) a la iglesia Católica, Apostólica y Romana que elimine mis datos de sus registros, que no me cuente entre “los suyos”, porque no lo soy. Porque, en definitiva, una institución que desprecia a la inteligencia, rechaza el cuerpo y propende a la violencia, es una institución a la que no tengo interés de pertenecer.

Estas son mis razones para firmar esta Solicitud al Arzobispado que se postula en esta edición de la página.

De criminalizar a proteger

Hasta el 27 de noviembre de 1997 la homosexualidad se reprimía como delito en este país.  Ese día se publicó en el Registro Oficial la Resolución 106-1-97 del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal que establecía la “reclusión mayor de cuatro a ocho años” a quien cometía “actos de homosexualismo”.  Casi doce años después, el 24 de marzo de 2009, se publicó en el Registro Oficial la reforma al Código Penal que aprobó la Asamblea Nacional con la que se reemplazó el viejo capítulo relativo a la discriminación racial (vigente desde 1979) con un capítulo que consagra normas antidiscriminatorias.  Este nuevo capítulo contiene un artículo que sanciona los discursos de odio, otro que sanciona la discriminación de quien “cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio”, sanción que se agrava en los casos de heridas o muerte, y dos artículos que sancionan la discriminación en la prestación de servicios privados y públicos, respectivamente.  La norma está redactada en términos amplios y sanciona la discriminación contra las personas en razón de su piel, raza, religión, origen nacional o étnico, edad, estado civil o discapacidad; también, contra la discriminación por orientación sexual y por identidad sexual.

Así, en relación con la homosexualidad, en una docena de años (1997-2009) mucho se avanzó en la protección de los valores que subyacen al respeto de la autonomía individual (la libertad y la tolerancia) y en la consecuente garantía y respeto de esta conducta.  De su criminalización (hasta el 27 de noviembre de 1997), a garantizarla en el orden constitucional (artículo 23 numeral 25 de la Constitución de 1998) y a garantizar en específico la unión de hecho de las parejas homosexuales (artículo 68 de la Constitución de 2008 –queda en el debe la garantía del matrimonio de parejas homosexuales: la institución civil no tiene ninguna razón válida para sujetarse a las restricciones propias de la institución eclesiástica), a protegerla de la discriminación con esta norma que se aprobó el 24 de marzo de 2009: ese es el registro de un enorme avance en materia de garantías al respeto y las libertades a los homosexuales.

Ahora, a este capítulo que contiene normas antidiscriminatorias conviene formularle algunos reproches, de acuerdo con esa misma lógica de derecho penal mínimo que fundamentó la reforma penal que aprobó la Asamblea Nacional en materia de delitos de escasa cuantía.  En ese sentido vale discutir, entonces, la proporcionalidad (e incluso, la pertinencia) de la sanción penal como respuesta a las conductas que discriminan y la implementación de posibles medidas alternativas para esas reprochables conductas.  La idea que subyace a esta necesaria discusión que propongo, es la que sostiene que una sociedad de sólido contenido democrático y acentuado respeto a los valores liberales sólo puede construirse con fundamento en el reconocimiento del otro, en el diálogo y los consensos, escenarios donde las normas penales sobran (o deberían reducirse al mínimo) y donde deberían alentarse los espacios para propiciar esas conductas democráticas: colectiva tarea pendiente.

Democracia corinthiana

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, conocido simplemente como Sócrates, o como O Doutor, en virtud de la profesión cuyo estudio alternó con sus 404 goles, tenía según escribió Eduardo Galeano en El fútbol a sol y sombra, “cuerpo de garza, altas piernas flaquísimas y pies pequeños que se cansaban fácil, pero era un maestro del taquito, y se daba el lujo de convertir penaltis con el talón”. Jugó en la selección brasileña de los mundiales de España 82 y México 86, pero yo lo recuerdo solamente en aquel mítico Mundial del 86 (el mundial del Diego) como aquel barbado centrocampista de la única selección de Brasil que ha despertado mis simpatías.

No me enteré sino hasta mucho después, mediante la lectura de un preciso artículo que publicó la revista Diners y la investigación que realicé para colgar un artículo en mi bitácora de internet que este sujeto de cortazariano aspecto es persona de profundo ideario democrático, cuyo ejemplo me interesa mucho porque defiende dos premisas que yo entiendo básicas para un concepto de buen gobierno: el respeto a la autonomía individual y la promoción del autogobierno colectivo. O Doutor Sócrates lideró una experiencia futbolera y política llamada democracia corinthiana, cuyo lema era “liberdade com responsabilidade” y que se puso en práctica en el equipo paulista Corinthians en tiempos de la dictadura militar brasileña (años 82 y 83).

La experiencia, en resumidas cuentas, es la que sigue: en el Corinthians de aquel entonces todo se decidía por consenso: la comida, la alineación, las contrataciones, las dimisiones, los momentos para entrenar; se eliminaron las concentraciones y se defendió con pasión futbolera el irrestricto respeto a todo aquello que los jugadores hicieran fuera de las canchas. Y lo mismo, para tomar todas estas decisiones, votaba el peor de los suplentes como el más linajudo de los directivos: la democracia corinthiana es un diáfano ejemplo de autogobierno colectivo y de respeto a la autonomía individual que, para probarnos que esos atributos no se riñen con la victoria, participó de la consecución del Corinthians de los campeonatos de los años 82 y 83 y de la elección de Sócrates como mejor jugador sudamericano de 1983.

Además, otros datos no menores: la economía del club era solvente (un superávit de 3’000.000 de cruzeiros, cosa inédita) y su contribución al debate sobre la democratización del régimen militar (mediante el uso de lemas en sus blancas camisetas como “Democracia”, “Direitas-Ja” o “Eu quero votar para Presidente”) fue notoria y es notable.

Resumiendo, no conozco palabras mejores para definir la democracia que las palabras del jugador de Corinthians Biro-Biro: “La democracia me hace aprender a respetar la diferencia sin jamás aceptar las desigualdades”. Como tampoco conozco mejores palabras para cerrar esta columna que celebra la democracia corinthiana que las palabras con las que Sócrates finaliza su libro Democracia Corinthiana: A Utopia em Jogo, escrito en conjunto con el periodista Ricardo Gozzi: “Conseguimos probarle al público que cualquier sociedad puede y debe ser igualitaria.Que podemos desprendernos de nuestros poderes y privilegios en procura del bien común. Que debemos estimular que todos se cohesionen y que pueda participar activamente de los designios de sus vidas. Que la opresión no es imbatible. Que la unión es fundamental para superar los obstáculos difíciles. Que una comunidad solo puede fructificar si respeta la voluntad de la mayoría de sus integrantes. Que es posible darse las manos”.

¡Grande O Doutor! Que así sea.

Constitución, drogas y autonomía

Se critica que el artículo 364 del proyecto de nueva Constitución despenaliza el consumo de las drogas: lo cito y consigno mis observaciones (que sustento con citas de la sentencia de constitucionalidad C-221 de 1994 de la Corte de Constitucionalidad de Colombia, que despenalizó el consumo de drogas en ese país).
Artículo 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.
1) El Estado tiene la obligación constitucional de respetar al máximo la autonomía individual (Constitución de 1998, artículo 23 numeral 5; proyecto de nueva Constitución, artículo 66, numeral 5). Este respeto implica que “el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con los otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie” y tiene como radical consecuencia que “cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia […] Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector de una sociedad…”. En definitiva, el consumo personal de drogas no merece criminalizarse. Bien el artículo 364.
2) De la observación anterior no se sigue que no impongan sanciones a los consumidores de drogas que cometan crímenes porque es evidente que en estos casos la conducta del consumidor sí interfiere con la órbita de acción de otras personas. Para decirlo con palabras de Thomas Szasz, “en una sociedad de hombres libres, cada uno debe ser responsable de sus actos y sancionado como tal. Si el drogadicto comete un crimen, debe ser castigado por ese crimen, no por ser drogadicto”. En adición, un mínimo de sentido común obliga a la lógica distinción entre consumo privado y público, consumo no problemático y consumo indebido, consumo per se y consumo asociado a delitos, y a regular cada caso en consecuencia.
3) De la obligación constitucional de respetar la autonomía individual sí se sigue que el Estado tiene la obligación de orientar a los ciudadanos en las consecuencias del consumo de drogas. Pero el Estado no puede imponer el tratamiento y la rehabilitación a los consumidores sino solo ofrecérselos, porque “bajo el tratamiento de ciertas conductas que se juzgan desviadas, como enfermedades, se esconde el más feroz poder represivo, tanto más censurable cuanto más se presenta como una actitud paternal –casi amorosa– frente al disidente”.
En conclusión, el artículo 364 concreta el respeto a la autonomía individual que este proyecto de nueva Constitución (como también la de 1998) establece y al que todos –autoridades y ciudadanos– estamos obligados.

A contramano

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A fines del año pasado participé de un encuentro en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el que se discutió, entre otras cosas, el uso de la libertad (como retórica y como práctica) en esta ciudad (y ojalá se multiplicaran y se recopilaran en publicaciones los debates de esta índole que se realizan en Guayaquil y que no solo participemos en ellos quienes somos críticos con la administración del Municipio local sino también sus autoridades y los pensadores de derechas que sintonizan con sus prácticas, para que rindan cuentas y las justifiquen). En esta columna quiero, a contramano del pensamiento homogéneo que impera en tiempos de fiestas julianas, incordiarlos un poco para que meditemos el contenido de la palabra “libertad” en el contexto local.

En principio, ¿realmente creen ustedes que Guayaquil merece representar la libertad? Yo no creo. Yo tengo la convicción, forjada en el análisis y el contraste, de que Guayaquil es una de las ciudades de América Latina en la que se restringen en mucha mayor medida los usos de la libertad: a guisa de ejemplo, los espacios públicos (esto es, el ámbito por excelencia de deliberación pública y de expresión) son escasos y controlados, la ciudadanía es pasiva y la posibilidad de discusión de las políticas públicas (que se nos impone sin consulta) es nula. Podríamos (sería lo justo y necesario) discutir todos estos hechos en función de los principios democráticos que mejor definen la libertad en un contexto político, esto es, la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Pero lo afirmo enfático: no creo, de verdad, que estas características en materia de espacios públicos, ciudadanía y participación merezcan el nombre de “libertad”.

En realidad, la retórica de la libertad en Guayaquil se refiere, en esencia, al ámbito económico. Guayaquil, a lo largo de su historia, ha sentido que el Estado le queda lejos y que depende de su esfuerzo emprendedor. Pero ante este discurso me asaltan dos dudas: 1) a pesar del antecedente histórico, no creo que la libertad merezca reducirse solamente al ámbito de la libertad: no creo que la letra del himno a Guayaquil, cuando canta “Libertad, Libertad” merezca complementárselo solo con las palabras “de comercio, de comercio”. La libertad, si nos tomamos en serio la palabra, implica las más amplias libertades individuales y de desarrollo de la personalidad de cada uno y la mayor libertad de intervención en la gestión de los asuntos públicos; 2) a pesar de lo hermosa que suena la palabra, la libertad parece que fuera exclusiva de quienes tienen la cultura suficiente para ejercerla. La respuesta fácil ante la falta de cultura ciudadana para ejercer la libertad suele ser la exclusión de aquellos a quienes se considera “incultos” para ejercerla (que suelen ser siempre, en definitiva, los más pobres), en vez de tener un genuino interés en la inclusión de ellos mediante mecanismos de participación y de educación, para honrar, en debida y cabal forma, el ejercicio individual y colectivo de la libertad.

Solo son dos observaciones de las varias posibles, para discutir la retórica y la práctica de la libertad en el contexto local.

Defensa (en serio) de la libertad individual

Hace algunos meses, mi colega columnista Gabriela Calderón publicó un editorial titulado “En defensa de los desempleados y subempleados”. El enlace al artículo, acá. A mí, en general, el artículo me causó mucho ruido, pero en particular el ruido me lo provocó la idea de libertad individual que Gabriela expuso. Al respecto, le remití a ella un correo electrónico; fue el siguiente:

Gabriela:

No concuerdo con tu último artículo por varias razones. En realidad, la mayoría de mis razones podrían resumirse en que tu "defensa de los desempleados y subempleados" es, en verdad, una defensa (sea dicho con algunos matices que siempre es saludable introducir en las discusiones críticas) del egoísmo empresarial disfrazado de determinismo económico. (En realidad resumir solo en este corolario mis críticas no solo es obviar algunos necesarios matices sino omitir otras críticas pertinentes a tu artículo, pero las dejaré para que eventualmente se desarrollen y discutan en el curso del intercambio -siempre que éste suceda- epistolar.) Lo que más me preocupa de tu artículo es que terminas tu presunta "defensa..." con una referencia a la libertad individual: "si yo quiero trabajar por menos de 200 dólares al mes, y alguien me quiere contratar por ese precio, ¿por qué me lo debería prohibir alguien? Peor aún cuando prohibírmelo muy probablemente resulte en que me quede sin pan ni pedazo". No creo que esa situación de precariedad para decidir merezca el nombre de "libertad". Escoger entre dos situaciones indeseables como ganar, digamos, 100 dólares o nada (porque ganar 100 dólares para mantener una familia de cuatro personas -dos adultos y dos niños- por debajo de la línea de miseria -menos de un dólar diario por persona- merece una mejor respuesta, creo yo, que "pero podría no ganar nada"). Este tipo de argumento, que en lo particular, me parece tan crudo como repugnante, es el mismo que justifica las maquilas en Filipinas, Tailandia y China (supongo que conocerás de la situación social de las personas que allí trabajan, que no la maquilla las cifras macroeconómicas de esos países y menos las pingües ganancias de las transnacionales que se aprovechan de la debilidad institucional de esos países -no podrían hacerlo en los suyos propios- y que, en el necesario contraste, te hace conocer el profundo egoísmo del capitalismo rampante que esas transnacionales practican). Pero para volver al punto inicial, no puedo concebir que tengas en tan poca estima el concepto de libertad para que se lo atribuyas a una situación en la que precisamente lo más evidente es la carencia de la misma y lo que impera es el sometimiento de las personas a reglas crueles del capitalismo de mercado que, precisamente por ser como son, deben atemperarse de una manera inteligente (fruto de una concertación, en la medida de lo posible, de las partes involucradas) por el Estado.

Recibe mis mejores saludos,

Xavier

Por cierto, Gabriela Calderón nunca acusó recibo. Ummm, mal, eh.

Falso dilema

Una réplica que algunos lectores me remiten a mi bandeja de correo electrónico cuando formulo críticas a la administración municipal de Jaime Nebot es la “acusación” de suscribir la ideología o apoyar los actos del Gobierno de Rafael Correa. Mi constante contrarréplica es señalarles lo evidente: su pretendido argumento es, en realidad, una falacia de falso dilema. Esta falacia supone la reducción de los posibles argumentos a tan solo dos posturas cuando en realidad existe una amplia variedad de argumentos que se pueden introducir al debate. En el caso concreto de la ciudad de Guayaquil es común el uso de esta falacia (como lo prueban algunos de mis lectores) para suponer que quienes somos críticos de la administración municipal de Nebot aprobamos la ideología y los actos del Gobierno de Correa, y viceversa. En esta columna, me permito el desarrollo de mi constante contrarréplica mediante tres afirmaciones:

Primero, una afirmación de carácter general: incurrir en la falacia de falso dilema (que es la falacia que caracteriza a los fanáticos: “o están conmigo o están contra mí”) es tendencioso, oculta los matices propios de toda discusión sensata y acalla las críticas independientes. O sea, es un criterio torpe y antidemocrático (porque impide el pluralismo, esencial a toda sociedad democrática). Segundo, una afirmación de Perogrullo para el caso concreto de Guayaquil: es evidente que más allá de las posturas del Municipio de Guayaquil y del Gobierno Nacional existe una amplia variedad de argumentos que se pueden formular y se formulan desde la sociedad civil para criticar los actos y los dichos, ora, del Municipio local, ora, del Gobierno Nacional… o de ambos. Es evidente también (pero, ¿es que cabe alguna duda?) que toda autoridad lealmente interesada en propiciar una sociedad de auténtica democracia demostrará genuino interés en escuchar esos argumentos y en fomentar un debate público robusto e inclusivo (esto es, que incluya a las minorías y a quienes usualmente no tienen la posibilidad de hacerse escuchar –o sea, los pobres)… como es evidente también que este ideal de auténtica democracia todavía no se cumple, ni en la ciudad ni en el país. Tercero, una afirmación de carácter personal: cualquier lector usual de mis columnas puede intuir con facilidad mi itinerario intelectual en materia de “buen gobierno”, el mismo que procedo a resumirles (sin pérdida de sus necesarios matices y profundizaciones) en dos conceptos: el “buen gobierno” es aquel que demuestra una genuina preocupación en la defensa de la autonomía individual (esto es, la más amplia libertad de toda persona para desarrollar su personalidad siempre que no afecte los derechos de otras personas) y en la promoción del autogobierno colectivo (esto es, la creación y puesta en práctica de mecanismos que fomenten la participación activa de la ciudadanía en la elaboración y la aplicación de las políticas y obras públicas). Si los juzgamos a partir de estos parámetros de “buen gobierno” tenemos que concluir que tanto el Municipio de Guayaquil (sin desconocer la superación de la idiocia roldosista y la construcción de obra pública) como el Gobierno Nacional (sin desconocer su voluntad de reconstruir el marco institucional del Estado) mantienen todavía una enorme y grave deuda que saldar para con todos nosotros, los ciudadanos. Y es a nosotros a quienes nos corresponde (porque si no lo hacemos, no tenemos derecho de quejarnos) exigírselas… Porque como canta Joaquín Sabina en un álbum memorable, a todos nosotros, nos sobran los motivos.

Razones para legalizar las drogas

“…cuando la policía haya encarcelado al último gran narcotraficante, el Hombre se verá libre de la amenaza de la Droga” ironiza el filósofo español Fernando Savater al inicio de su célebre Tesis Sociopolíticas sobre las Drogas en el que se refiere con mucha lucidez y no escaso sarcasmo al socorrido mito del “problema de las drogas”. En esta columna, ofreceré razones para criticar la actual política de prohibición y promover su legalización como la mejor manera de enfrentar este “terrible problema” (ahora el que ironiza soy yo). Dividiré mi crítica en dos partes: 1) razones de costo/beneficio; 2) violaciones a la libertad personal. Cerraré con una breve exposición de razones para su legalización.

1) Razones de costo/beneficio: la llamada “Guerra a las Drogas” es un fracaso, por ineficaz y perversa. Ineficaz, porque el aumento de recursos y de intensidad en la represión no ha conseguido (las estadísticas lo prueban) sino aumentar la oferta de las drogas y son las propias autoridades quienes admiten que, pese a todos sus esfuerzos, solo interceptan del 5% al 10% de esta oferta. Perversa, por sus efectos: fomenta una poderosa economía ilegal e internacional (con sus consecuencias de violencia y corrupción), sobrecarga el aparato judicial y penitenciario, promueve la comisión de conductas delictivas para obtener un producto encarecido artificialmente y la aplicación de una justicia penal que restringe las garantías individuales. En adición, la prohibición estigmatiza y margina al consumidor y lo expone al consumo de sustancias adulteradas y el énfasis en reprimir desvía los necesarios recursos para prevenir y ayudar a los consumidores.

2) Violaciones a la libertad personal: en su Sentencia de Constitucionalidad C-221 de 1994 la Corte Constitucional de Colombia reconoció que sancionar a un consumidor de drogas por un consumo que no trascienda su órbita íntima “sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica”. En sus Tesis… Savater cita las palabras más sensatas y hermosas que yo haya leído sobre este tema, de autoría de Gabriel Matzneff: “El hachís, el amor y el vino pueden dar lugar a lo mejor o a lo peor. Todo depende del uso que hagamos de ellos. De modo que no es la abstinencia lo que debemos enseñar, sino el autodominio”. Cabe destacar las necesarias diferencias entre consumo privado y público, consumos no problemáticos e indebidos, consumo per se y consumo asociado a delitos: diferencias que, por supuesto, abonan a los argumentos que desarrolló la Corte Constitucional colombiana.

Por su parte, la legalización y regulación de las drogas debe realizarse con sujeción a su nivel de dependencia y toxicidad: debe generarse una política de “mercado pasivo”, en que el Estado tolere y controle la producción y la distribución de las drogas sin estimular su consumo y sino disuadiéndolo sin prohibirlo. Los beneficios de esta política: integra al consumidor y evita la comisión de delitos, aplaca la economía ilegal e internacional y reduce los casos de prisión… Por supuesto, la legalización no puede ser nacional o regional; su efectividad depende de ser lo más internacional posible. Esto depende, a su vez, de un cambio de corriente ideológica en Estados Unidos sobre este tema. Pero si se lo piensa bien, la legalización es la solución más adecuada. Y, parafraseando a Savater en el cierre de sus Tesis… lo mejor será empezarla cuanto antes, a lo cual ha querido contribuir la redacción de esta columna.

Autonomía individual

Lo he dicho en varias columnas con las precisas palabras de Roberto Gargarella: tengo la firme convicción de que una auténtica sociedad democrática demanda el “fortalecimiento de nuestra autonomía individual y nuestro autogobierno colectivo”. Me ocuparé, en esta columna, de la primera de esas demandas.

La autonomía individual puede definirse como la libertad de toda persona de desarrollar su personalidad siempre que no afecte los derechos de otras personas (en palabras de John Rawls, en su célebre Teoría de la Justicia: “Cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compatible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los demás”). Esta autonomía individual supone la existencia de comportamientos sobre los cuales cada persona (y, entiéndase, solo ella) puede decidir. El necesario respeto a tales comportamientos implica que el Estado debe proteger las libertades que permiten a cada persona vivir su vida moral plena y que, por ende, el Estado no puede imponer (ni ninguna otra persona exigirle que imponga) a una persona lo que otra u otras viven como su obligación moral (porque como sostiene el filósofo Ernst Tugendhat, “un concepto de la moralidad que no deje abierta la posibilidad de concepciones variadas de lo moral tiene que parecernos hoy inaceptable”). Suena lógico, pero muchos no lo entienden (o no quieren entenderlo).

Entre esos, unos utilizan como argumentos términos tales como “bien común”, “buenas costumbres” u “orden público” para justificar las violaciones a la autonomía individual: la vaguedad e imprecisión de tales términos lo permite. Ante tal vaguedad e imprecisión corresponde, en una auténtica sociedad democrática, que las libertades de la autonomía individual (y los derechos que las protegen) se entiendan como “cartas de triunfo” (la expresión es de Ronald Dworkin) frente a tales términos.

Otros utilizan el argumento “mayoritario”: suponen que la democracia es una “democracia de mayorías” (sea la mayoría de católicos o de coristas de ‘Patria, Tierra Sagrada’). Esta concepción “estadística” de la democracia suele violar la autonomía individual de las minorías marginadas o sobre las que la mayoría tiene prejuicios. Para propiciar el desarrollo sin discriminación de la autonomía individual se necesita de una “democracia constitucional” (de nuevo Dworkin) que, tanto en lo legislativo como en lo judicial, defienda los derechos que protegen (a pesar de las pretensiones de la mayoría) la autonomía individual de todos, incluidas las minorías.

Algunos otros (que se supone que defienden la autonomía individual) tienen una visión sesgada de la misma porque, en su opinión, la autonomía individual solo se viola cuando quien la agrede es el Estado (que para el caso guayaquileño, lo representa tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Seccional –léase, Municipio local) pero nunca cuando quienes violan la autonomía individual son las empresas privadas que (en connivencia con Estados débiles, como el nuestro) suelen someter a los individuos menos favorecidos a condiciones de extrema precariedad. O, en esa misma línea de análisis, algunos que se suponen defensores de la autonomía individual en todos sus extremos se ocupan solo de sus aspectos económicos: hace ocho meses exactos publiqué el editorial ¿Libertarios? , para indagar si este movimiento defiende algo distinto a otros grupos de derecha (como el agónico y patético PSC, pongamos por caso) y la respuesta es no. El nombre “libertarios”, a ese movimiento, le queda ancho.

No pocos prejuicios, cobardías y malentendidos acechan a la autonomía individual. Precisamente de allí la importancia de entender su significado y de propiciar su justa defensa, tal como lo reclama la filosofía liberal ilustrada y corresponde en una auténtica sociedad democrática.

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Razones para la unión homosexual

Mi argumento de esta columna apela a la filosofía liberal; quien mejor la formula es el ex Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Carlos Gaviria Díaz. Él nos enseña que “lo que cada persona puede hacer es reclamar del Estado un ámbito de libertad que le permita vivir su vida moral plena, pero no exigirle que imponga a todos como deber jurídico lo que una persona vive como obligación moral” cuyo lógico corolario es la evidente constatación de que “hay comportamientos que solo al individuo atañen y sobre los cuales cada persona es dueña de decidir”. Con fundamento en tales antecedentes se construyen sólidos argumentos para admitir, en el seno de una sociedad democrática y en nombre de las libertades individuales, la unión de parejas homosexuales. (Sugiero la consulta, para ilustrarse con la lucidez de su filosofía liberal, del libro Sentencias. Herejías Constitucionales, de autoría de Carlos Gaviria Díaz.)

Desde una postura conservadora puede contraargumentarse que la homosexualidad es inmoral y atenta contra la religión dominante (Católica, Apostólica y Romana) y otras confesiones. Varias personas, desde su fe y su moral, repudian la homosexualidad. La tolerancia (valor fundamental de toda sociedad democrática) obliga a respetar esta particular creencia. Pero cabe argumentar en contrario de esa postura que lo que una sociedad democrática no puede permitirse es mezclar el ámbito privado de las creencias personales con el ámbito de las políticas públicas: el derecho a profesar una religión es distinto a la pretensión de convertir esa religión en una política pública (recuérdese a Gaviria: no puede exigírsele al Estado que imponga a todos como deber jurídico lo que una persona –en este caso, desde su moral religiosa- vive como su obligación moral). Una sociedad democrática tampoco puede permitirse un único concepto de moralidad: como sugiere el filósofo checo Ernst Tugendhat “un concepto de la moralidad que no deja abierta la posibilidad de concepciones variadas de lo moral tiene que parecernos hoy inaceptable”.

Muy bueno para el argumento liberal es contar con curiosos apoyos (matiz verbal mediante): el Arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, en una entrevista que realizó Rubén Darío Buitrón y que se publicó en Diario Expreso el lunes 5 de noviembre declaró que a la unión de parejas homosexuales la pueden llamar “de cualquier forma, menos matrimonio”, y recalcó: “Que arreglen con alguna fórmula legal el problema de la convivencia, la unión libre, por ejemplo, pero no cabe que se institucionalice con el sacramento matrimonial”. Por esa misma fecha, en una entrevista televisiva que María Josefa Coronel realizó al Presidente de la República éste sostuvo un criterio análogo: que se regule la convivencia de la pareja homosexual, sin llamarla matrimonio.

No creo que exista problema, porque el membrete de la unión homosexual es irrelevante: lo importante es garantizar que no se les discrimine el acceso a los beneficios propios de una convivencia en pareja. Por lo demás, satisface saber que las más altas autoridades eclesiásticas y civiles concuerdan en la posibilidad de regularlas y adhieren a una tendencia de respeto e inclusión de enorme predicamento: hoy, en territorios de distintas latitudes (Canadá, España, Holanda, Bélgica, Sudáfrica, y puede sumarse una decena más) y también en clave regional y cercana (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2002 y la provincia argentina de Río Negro; la Ciudad de México D.F. desde 2006 y el Estado mexicano de Coahuila) se reconoce la unión de parejas homosexuales. Ecuador tiene la ocasión, en este proceso constituyente, de hacerse cargo de este reclamo que se formula desde la no discriminación y el respeto a la libertad de los otros y desde la filosofía liberal más ilustrada.

Reflexiones (urgentes) de Gargarella

La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) invitó al jurista argentino Roberto Gargarella para que dicte una conferencia magistral en la ceremonia de su cuadragésimo noveno aniversario. Gargarella desarrolló el propicio tema “El juego de la democracia. Los límites de la coerción”. Me permitiré, en esta columna, resumir sus urgentes y sensatas ideas.

Para hablar de democracia, Gargarella nos propone revisar la historia: sugiere que pensemos la coyuntura actual a partir de las tradiciones políticas que han imperado desde la fundación de la República. Gargarella destaca los efectos de las tres tradiciones que, con distinto énfasis, han ejercido el poder en la región: las tradiciones conservadora, liberal y radical. (Vale decirlo: en Ecuador, en general y en el siglo XIX en particular, predomina la tradición conservadora: de hecho, acaso nadie en América latina represente de manera más perfecta -y atroz- que García Moreno la fanática unión de la espada y la cruz.) La tradición conservadora suprime la libertad (valor característico de la tradición liberal) y la igualdad (valor característico de la tradición radical) en nombre de sus dioses y de sus arcanos. Las tradiciones liberal y radical, de su parte, de imperio menos estable y más efímero, han sacrificado en nombre de la imposición de su valor característico, el valor de la otra tradición en disputa.

Es ante este escenario histórico que Gargarella nos invita a reflexionar sobre la propuesta de una tradición distinta, que respete tanto la libertad como la igualdad, defienda la solidez de la democracia y los derechos de los individuos y sirva, en definitiva, para fortalecer “nuestra autonomía individual y nuestro autogobierno colectivo”. Esta tradición puede precisarse en el respeto de los siguientes cuatro compromisos: 1) la resistencia a la imposición del presidencialismo y sus maniqueas consecuencias (“o están conmigo o están contra mí”): el Presidente debe aceptar las críticas que se le formulen, aunque le pesen; 2) la separación del ámbito privado de las creencias personales del ámbito de la vida pública: el derecho de profesar una religión es distinto (muy distinto) a la pretensión de convertir esa religión en una doctrina pública; 3) el entendimiento de que un gobierno democrático debe apoyarse en la expresión de la mayoría de los miembros de su sociedad pero tomando en muy debida cuenta que esa expresión mayoritaria no debe manejarse mediante encuestas (¡Vinicio Alvarado!) sino mediante discusiones críticas y, en particular y dicho sea con énfasis, escuchando la voz de los disidentes: en este ejercicio reside la esencia de la auténtica democracia participativa; 4) el énfasis en la concreción del valor igualdad (tan cercano en nuestra retórica, tan lejano en nuestra práctica) guardando, eso sí, el debido respeto hacia los derechos de los individuos.

Gargarella concluye con una reflexión que proviene del “Padre de la Constitución” norteamericana, James Madison, quien afirmó que para la creación de sólidas instituciones no se debe pensar que éstas serán ocupadas por ángeles sino por demonios: la pregunta a responder, entonces, es “¿estamos preparados para resistir que en nuestras instituciones quien ocupe el puesto sea nuestro enemigo?” Gargarella nos entrega las claves para una serie de reflexiones hechas a partir de la historia, desde la teoría política y para la solidez democrática de nuestra sociedad, cuya necesidad de discusión es evidente y cuya urgencia está en su contraste con los actos de este Gobierno de numerosos rasgos conservadores y autoritarios. Cierro satisfecho: en esta columna solo quise ser el modesto salieri de un gran maestro y transmitirles algunas de sus interesantes ideas para propiciar esta necesaria discusión.

Razones para la eutanasia

El Diccionario de la Real Academia Española define eutanasia como la “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él” y desahuciar que, en su médica acepción, significa “admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación”.

Propondré en esta columna razones para que la eutanasia se legalice en el Ecuador. Primera, la vida no es intangible de manera absoluta: la clásica excepción es la legítima defensa (y podrían invocarse también los reprochables casos de los conflictos bélicos y de la pena de muerte). No toda muerte, entonces, que una persona le provoque a otra viola el principio de intangibilidad de la vida, y la eutanasia muy bien podría considerarse como una excepción adicional a este principio.Segunda, en el estado de desahucio de un paciente puede llegarse a la comprensión de que carece de sentido que permanezca en este estado alguien de quien ya no puede esperarse razonablemente que se recupere y solo produzca en otros sentimientos de compasión o de piedad. La carga, en un sentido no solo económico sino emocional, de padecer el paciente este estado o de atestiguarlo sus familiares en una persona querida, puede que sea tal que no justifique el beneficio acaso imposible de su recuperación.Tercera, la legalización de la eutanasia debería regularse de manera precisa y detallada para que se eviten los abusos: es mucho mejor su regulación, por supuesto, que su eventual práctica clandestina o sujeta a las interpretaciones equívocas de personas no competentes. Puede tomarse como referencia la legislación de los Países Bajos, vigente desde el 1 de abril del 2002, en la que el médico que practica la eutanasia debe cumplir con los siguientes requisitos: “haber llegado al convencimiento de que la solicitud del paciente es voluntaria y ha sido bien pensada; haber llegado al convencimiento de que el sufrimiento del paciente es insoportable y que no tiene perspectivas de mejora; haber informado al paciente sobre la situación en que se encuentra y sus perspectivas de futuro; haber llegado al convencimiento junto con el paciente de que en la situación en que se encuentra no existe otra solución razonable; haber consultado al menos con otro médico independiente que también haya visto al paciente y haya emitido un dictamen sobre los requisitos mencionados en los cuatro primeros puntos; haber terminado la vida del paciente o haber ayudado a su suicidio, con la máxima diligencia médica”. Para el caso de quienes ya no pueden expresar su voluntad pero que cuando podían hacerlo realizaron una valoración razonable de sus intereses a este respecto y redactaron una petición escrita de que se les practique la eutanasia, la ley establece que se les apliquen de manera análoga los requisitos en cita.

En conclusión, para la legalización de la eutanasia en el Ecuador deben analizarse de manera profunda los deseos del paciente desahuciado y las circunstancias propias de la insoportabilidad de su sufrimiento y de la irreversibilidad de su daño. La legalización de la eutanasia implica una discusión en torno a varios valores fundamentales de la persona humana en el contexto de una sociedad democrática: la vida, la libertad, la autonomía, el respeto y la tolerancia a las decisiones de los otros. En todo caso, esta es una discusión que no debe hacerse nunca desde las falacias y los prejuicios de común uso y sí desde las razones y los valores que suponen los límites lógicos de su regulación.

¿Libertarios?

El término libertario es un equívoco: puede utilizarse como sinónimo de anarquista (así lo reconoce, desde 1927 y casi sin variación, el Diccionario de la Real Academia: “Que defiende la libertad absoluta, la supresión de todo gobierno y toda ley”) o puede ser la traducción de la voz inglesa libertarian y significar una doctrina política que sostiene que todas las personas son dueñas de sus vidas y que, en consecuencia, tienen la libertad de utilizar sus cuerpos y propiedades como deseen con el solo límite del respeto a la libertad de los otros. En Ecuador, se supone que un movimiento representa esta ideología. Se llama, precisamente, Movimiento Libertario.

Me tomé la molestia de leer íntegra la ciberpágina del Movimiento Libertario y encontré muchas referencias que censuran la injerencia del Estado en la actividad económica de los individuos (en materia de impuestos, de regulación de contratos, de libertad de empresa), pero pocas referencias a la libertad individual (del tipo, “ningún gobierno, grupo organizado o persona puede violar los derechos fundamentales del individuo” o “los derechos individuales giran alrededor de tres conceptos: vida, propiedad y libres acuerdos entre los individuos”, para cuya suscripción es innecesaria la denominación de “libertario”) y ninguna propuesta específica, ninguna, en torno a cuestiones que sí conciernen a los auténticos libertarians, tales como la eutanasia, el matrimonio homosexual o el derecho al aborto. Jorge Hanníbal Zavala formuló esta observación en el artículo ‘¿Y dónde están… que no se ven?’, de su excelente ciberbitácora en la que criticó el silencio del Movimiento Libertario ante la presentación de las propuestas de la Conferencia Episcopal en la Comisión de Juristas del Conesup, porque él supone que los libertarios deben ser “personas convencidas de que las intromisiones del Estado en la vida social son inaceptables y deben ser combatidas” y porque “un ideal libertario afín con el objetivismo de Rand o coherente con Nozick no puede dejar de reconocer que la intervención de cualquier Iglesia en la legislación es poco menos que atentatoria contra la libre determinación, la libertad de conciencia y el respeto a la voluntad del vecino”, dicho lo cual, concluye Zavala: “Si la ideología del Movimiento Libertario guarda cualquier parecido con lo que el calificativo de libertario significa en el mundo, estarán de acuerdo con lo que afirmo y deberían tener el valor de decirlo. Si no, son un movimiento de derecha neoliberal para los cuales la libertad individual es sagrada excepto contra la opinión de la Conferencia Episcopal, en nada diferentes del PSC, por ejemplo, y deberían tener el valor de admitirlo”. Zavala les dirigió sendos correos electrónicos a dos autoridades del Movimiento Libertario preguntándoles sobre estos tópicos. Hasta la fecha, no tiene respuesta.

Un aliado de la causa libertaria, Friedrick von Hayek, afirmó: “Si pretendemos el triunfo en la gran contienda ideológica de esta época, es preciso sobre todo que nos percatemos exactamente de cuál es nuestro credo”. Yo quisiera suponer que los libertarios locales conocen bien su credo; parecería, eso sí, que carecen de las agallas suficientes para asumirlo. Para disipar esta duda sería oportuno que nos revelen si el nombre “libertario” es solo un membrete de corte oportunista (o sea, si son simples neoliberales) o si están dispuestos a asumir como propios los ideales de la libertad hasta sus últimas y radicales (no económicas) consecuencias. Ojalá no nos suceda como a Zavala, y tengamos respuesta.