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El triunfo arrollador de la dictadura inadvertida (a quien varios incautos, o rapaces, todavía celebran), descrita en el artículo anterior, ayuda a comprender la dictadura por venir. Para una mejor comprensión de ésta, es necesario profundizar en una explicación de carácter político.
La elección de Lenín
Moreno como Presidente, en la segunda vuelta celebrada el 2 de abril de 2017,
fue el cuarto triunfo consecutivo del movimiento Alianza País en las elecciones
para la Presidencia de la República. Alianza País fue fundada el año 2006 y
desde entonces triunfó en todas las elecciones presidenciales en las que
participó: Rafael Correa triunfó en las tres primeras (2006, 2009, 2013), y en
los gobiernos del 2006 y 2009, Lenín Moreno fue su Vicepresidente. Fue Rafael
Correa quien lo ungió a Lenín Moreno como su sucesor (los números lo
respaldaban: era el posible sucesor de Correa menos odiado, en unos tiempos de
anti-correísmo feroz). El día que Lenín Moreno aceptó la candidatura, en un
estadio del sur de Quito, él se comprometió a sostener los ideales y programas
del movimiento por el que aceptó participar en la elección: “La deslealtad no es el camino”, afirmó entonces. Ocurrió el 1 de octubre de 2016.
Desde octubre de 2016 a
mayo de 2020 mucho ha pasado, pero la historia debe empezar a contarse con que
la deslealtad sí fue el camino tomado por Lenín Moreno una vez que ocupó la
Presidencia, en mayo de 2017. A menos de cumplirse un año de su aceptación de
la candidatura, el movimiento Alianza País ya se había fracturado y existía una
facción “morenista” que había desplazado a una facción “correísta” de su
dirección y del movimiento mismo, para acto seguido impedir su participación
política en las futuras elecciones seccionales del 2019 mediante argucias
legales perpetradas por los organismos electorales. Así, la facción morenista
se apropió del exitoso movimiento para convertirlo en una organización tan
impopular, que al 2020 casi no hay ni un gil que quiera lanzarse como candidato
por Alianza País. En menos de tres años, se convirtió a la organización cuatro
veces triunfadora de las elecciones presidenciales en una apestada de la
política.
Pero es mayo de 2017 y
trepado en esa ola de anti-correísmo que existió a principios de su gobierno,
el Presidente Moreno convocó y logró que se celebre el referéndum del 4 de
febrero de 2018. Obtuvo la aceptación de sus siete propuestas en el referéndum
(el famoso “sí, siete veces sí”), y entre ellas, como se ha visto en “La dictadura inadvertida”, la creación de aquel desfachatado y devenido en dictatorial
Consejo “en Transición”, que se convirtió en el órgano ad-hoc al uso del feroz anti-correísmo para eliminar (29
destituciones mediante -27 tras evaluaciones, 2 por fuera de ellas) a
autoridades públicas de relevancia que habían sido nombradas durante el
precedente gobierno de Rafael Correa, así como para nombrar a dedo a sus
sucesores.
La razón de ser de este
órgano transitorio, según el decreto ejecutivo del 29 de noviembre de 2017 por
el que se convocó al referéndum y se justificaron las reformas constitucionales
propuestas, era cumplir con unas “funciones transitorias que viabilicen los
cambios que han sido exigidos”. Esos cambios exigidos fueron, principalmente,
el paso de elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social por otras autoridades del Estado, a ser elegidas por
la voluntad popular. Y esto fue presentado como un gran avance para este órgano
de rango constitucional, pues la reforma implicaba una “aplicación del
principio constitucional de progresividad de derechos”, según el citado
decreto.
Sin embargo, cumplidas las
“funciones transitorias” por el Consejo “en Transición”, esta razón de ser de
“viabilizar” unos cambios para progresar en derechos se ha revelado como una
total farsa. Si aquel habría sido el propósito, las autoridades del gobierno
nacional y del Consejo “en Transición” habrían respetado la conformación del
nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por la
voluntad popular, mismo que resultó de las elecciones seccionales celebradas el
24 de marzo de 2019. Pero ocurrió que el feroz anti-correísmo que existía el
2017 y a principios del 2018 ya había menguado considerablemente su fuerza para
inicios del 2019 y el gobierno nacional fue incapaz de evitar que, en las
primeras elecciones celebradas post-referéndum, la voluntad popular lo abofetee
decidiendo que la mayoría de los consejeros sean los que se identificaron como
correístas (a la facción correísta se le proscribió la participación directa
en la elección).
Esta derrota popular, el
gobierno de Lenín Moreno no la podía encajar. Que después del exterminio masivo
de correístas hecho por el Consejo “en Transición” el 2018 en nombre del
pueblo, sea el propio pueblo el que decida el 2019 que vuelvan los correístas a
ocupar espacios de poder y, para peor, en el mismísimo órgano que había sido el
motor del feroz anti-correísmo y cuya reforma constitucional había sido el
objeto mismo de este período llamado “de transición”, era demasiado como para que lo encaje este
gobierno compuesto casi exclusivamente de traidores, advenedizos y
oportunistas.
Un gobierno democrático
habría encajado esta derrota, aceptado lo que el pueblo decidió. No así el
gobierno de Moreno. Primero, a sabiendas de que el pueblo podría elegir a los correístas para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, autoridades electorales y del Consejo “en Transición” buscaron
que se vote nulo en esta elección, pero su idea no prosperó. En este video, en
una actividad que realizó el Consejo Nacional Electoral para buscar apoyo a la
idea de algunos de sus integrantes de incentivar el voto nulo, explico las
razones para considerar a esa idea como descabellada:
Pero, finalmente, el
gobierno de Lenín Moreno se salió con la suya. Actuaron sus entonces aliados en
la Asamblea Nacional, los que apenas posesionado el nuevo Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (con retraso, el 13 de junio de 2019)
buscaron la destitución de los cuatro consejeros asociados con el correísmo y,
en menos de dos meses, la Asamblea Nacional ya les había iniciado un juicio
político y los había destituido.
El principal argumento de
la Asamblea Nacional fue que estos consejeros habían querido impulsar una
revisión de la designación de la nueva Corte Constitucional y que este amago
(pues la resolución nunca fue aprobada) ya violaba el dictamen parcializado de
la Corte Constitucional del 7 de mayo de 2019. En el Ecuador, es brutal la
facilidad con la que unos cuantos deciden torcer y alterar lo que la voluntad
popular (millones de personas) había decidido escasos meses atrás.
Irresponsabilidades como ésta, convierten a nuestras autoridades políticas en
pasto para demandas internacionales.
Por ejemplo, esta
destitución de autoridades elegidas por la voluntad popular es contraria a la
trascendencia que, a los derechos políticos, le ha concedido la Comisión
Interamericana:
“En un
caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular,
debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo
mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona
en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a
través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de
los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida
popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos
de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión
colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir
significativamente en el juego democrático.” (Caso Petro, Párr. 117)
Por esta trascendencia, se
ha deducido por la Comisión IDH que las restricciones a los derechos políticos
“deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que
deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Ibíd.).
Pero para nuestra zafia Asamblea Nacional, unas consideraciones de esta
naturaleza, sobre la trascendencia de los derechos políticos y el tipo de
análisis y escrutinio requeridos para validar sus posibles restricciones, es
cosa de ciencia ficción… Porque nuestra democracia es cosa de ciencia ficción.
El gobierno de Lenín Moreno
se asentó en la voluntad popular (el “sí, siete veces sí” del referéndum) para
supuestamente servir mejor a las masas a través de las reformas
constitucionales que se aprobaron. Pero ocurrió que el efecto de estas reformas
fue que se votó para componer una mayoría “correísta” en la institución
reformada y, entonces, el gobierno de Moreno demostró que la voluntad del
pueblo le parecía muy loable y muy respetable, pero siempre que sirva a sus
intereses de eliminación del correísmo. Si contrariaba esto, era el anti-correísmo el que debía prevalecer. Nunca se trató de servir a la gente,
sino de que un grupo prevalezca por sobre otro. Por eso, nuestra democracia es
ciencia ficción.
Y aquí reside la parte
toral de mi argumento: este desprecio a la voluntad popular y esta eliminación
de un grupo político por otro es la continuación de una inveterada tradición de
la política ecuatoriana desde su malhadada fundación en 1830, el “canibalismo”,
tan propio y característico de nuestros (cada vez más zafios) políticos. En
este país, son muy raras las ocasiones en las que los políticos han confiado
unos en otros; lo suyo, según una antigua sentencia de Jorge Luis Borges sobre
los políticos sudamericanos, es “conspirar, mentir, e imponerse” (en el siglo XIX
ocurría con pistolas, en el siglo XXI con trolls,
pero siempre imponerse). Esta práctica caníbal explica los misérrimos niveles
de aprobación ciudadana de los partidos políticos (sólo un 3% de los
ecuatorianos confía en estas instituciones) y los altísimos niveles de
corrupción que se registran en nuestra administración pública.
En el gobierno de Lenín
Moreno, este canibalismo político ha tomado la forma de buscar empecinadamente la
eliminación de Rafael Correa y de los políticos asociados a él (que no quiere
decir, los políticos que hayan estado en su administración: la gran mayoría de
las autoridades del gobierno actual fueron parte de ella, empezando por el
Presidente Moreno). Y se ha utilizado en contra de ellos, como se estila en
estos casos, todo el poder del Estado: juicios por un tribunal ad-hoc (el llamado Consejo “en
Transición”), destituciones por la Asamblea Nacional, persecuciones
administrativas y penales… Siendo todo tan arbitrario como lo fue lo actuado
por el Consejo “en Transición” el 2018, todos estos procesos apestan a
violación de garantías judiciales, pero el canibalismo no para mientes (y por
ello, es pasto para demandas internacionales).
Al 2020, esta práctica de
canibalismo ha debilitado mucho al gobierno de Lenín Moreno. Cuatro de cada
cinco ecuatorianos ya no le cree a su Presidente. Su gobierno se ha definido
por su oposición al “correísmo”, pero ha fracasado en eliminarlo; todo lo
contrario, bien se podría decir que lo ha terminado por fortalecer y que en
unas próximas elecciones la persecución sufrida podría rendirle dividendos. En
este experimento de tres años de abusos contra el “correísmo”, el tiro les ha
salido por la culata.
Ahora, el detalle es que
Lenín Moreno nunca fue un Presidente en serio, siempre fue una marioneta.
Primero, como su sucesor designado, iba a ser una marioneta de Rafael Correa;
después, pasó a ser una marioneta de los grupos de poder detrás del anti-correísmo (que, en realidad, están en pro de sus propios bolsillos, hay
cero ideología). Moreno, un tipo fundamentalmente débil, decidió pasarse al
grupo que en los cuatro años de su Presidencia le ofrecía mayores seguridades,
porque eso de aguantar cuatro años las embestidas contra el “correísmo” que se
veían venir fuertes por el vínculo entre los anti-correístas y los grandes
medios de comunicación, no era lo suyo. Es así apenas lógico que un tipo débil
y sin ideales haya optado por el escenario que le brindaba mayores garantías,
aunque ello implique la traición al grupo político del que él emergió y con el
que compartió gobierno por diez años. Moreno es un tipo débil, sin ideales y
taimado.
Y el costo social de
que el Presidente Moreno haya sido capturado por el anti-correísmo, ha sido muy alto para el país. Su gobierno es uno que se ha
empeñado en favorecer a sus élites económicas, teniendo como contracara el
perjuicio a los más desfavorecidos, puesto de manifiesto en una reducción
constante, en su período, de los presupuestos asignados a la salud y la
educación.
Y durante este gobierno,
ha ocurrido lo que me orienta a pensar que una nueva dictadura podría suceder:
la pandemia del COVID-19. Ni bien empezada, la pandemia certificó de manera dolorosa que este
gobierno es una marioneta de las élites: prefirió el pago a los tenedores de
bonos de más de 320 millones de dólares, en vez de conservar ese dinero para
enfrentar la pandemia que ya amenazaba extenderse por el país.
El desmantelamiento del
sistema de salud y la política gubernamental de favorecer a las élites, además
de la inveterada ineficacia y corrupción de nuestra administración pública,
hicieron su parte en esta crisis que ha causado el COVID-19. La pequeña y
usualmente ignorada República del Ecuador se convirtió en noticia a nivel
internacional, en particular, por la situación de su ciudad más poblada,
Guayaquil. En este puerto tropical, todo los males nacionales descritos, más
las miserias de su propio modelo “exitoso” de desarrollo, confluyeron para un
abandono del Estado (nacional y seccional) que condujo a muertos en las calles,
pérdida de los cadáveres, corrupción generalizada y diseminación del contagio
del COVID-19 sin control, causando con ello una espantosa cantidad de muertos
que una administración que merezca llamarse “exitosa” habría podido evitar.
Esta excepcionalidad de
Guayaquil no ocurrió, como dice ese epítome de la ineficacia que ha resultado
ser su Alcaldesa, porque de repente nos ha caído una bomba… Es por años de
hacer las cosas mal, que se pinchó la burbuja de nuestra malsana y estúpida
idea de desarrollo de ciudad (más sobre esto en: “Guayaquil y el modelo que tocó fin”)
En los 190 años de vida
republicana del Ecuador, iniciados en 1830 con la unión de las tres antiguas
provincias españolas de Guayaquil, Quito y Cuenca, tal vez nunca el país haya
estado tan mal. Su gobierno malvive, empeñado a las élites económicas y sin
capacidad de acción… ¿Para qué sirve un Presidente que, en más de seis meses,
de Octubre a la fecha, no puede concretar casi nada de lo que se propone? ¿A
quién puede dirigir alguien a quien ya casi nadie le cree? ¿De qué vale alguien
que está mucho, pero mucho más cerca de inspirar lástima o asco, que algún tipo
de entusiasmo?
Por todos estos
antecedentes, esto es lo que creo: hay una dictadura por venir. Moreno está
inerte y las élites económicas rapaces para las que él gobierna no pueden
permitir que se descalabre el sistema viciado que se ha creado desde el 2018.
La Corte Constitucional es un objeto decorativo y la sociedad ecuatoriana
admitiría sin chistar una dictadura, pues como se ha visto con el caso de “La dictadura inadvertida” descrito en el artículo anterior, ni se entera. Y si se entera,
poco cambiaría, pues mientras le sirva mejor que Moreno, a una gran mayoría no
le importa. La del Ecuador es una democracia de membrete, sin reales demócratas,
ni entre los políticos ni en la mayoría que participa del circo que los elige.
Tal es nuestra siniestra realidad. Y es por eso que estamos en el fango en el
que nos hallamos, a mayo del 2020.
Ahora, lo que propicia el
advenimiento dictatorial es que se cuenta con una coartada y con un apoyo
esencial. La pandemia del COVID-19 ofrece una coartada ideal para una salida
dictatorial, en cualquiera de sus dos formatos: el legal o el militar. Para el
primer caso, ese objeto decorativo llamado Corte Constitucional podría redactar
un documento de apoyo, a la usanza de su dictamen de mayo de 2019 y se seguiría
algún tipo de interpretación y praxis constitucional que se ajuste a los
intereses de quienes triunfen en la disputa interna que se tiene entre los traidores,
advenedizos y oportunistas que integran el gobierno actual. Esta sería una
salida con un barniz legal, “a la trujillana”.
Pero también está el
formato militar, “a la boliviana”, es decir, un golpe de fuerza de los milicos
y que se coloque a un civil de fachada. En este caso, resulta irrelevante lo
que diga (o no) la Corte Constitucional. En ambos casos el apoyo de los Estados
Unidos de América, esencial para cualquier experimento local, se lo tiene
asegurado, porque para la administración de Donald Trump ninguna de estas
decisiones representaría un problema: se toma nota de lo ocurrido y se pasa
enseguida a otra cosa (la insignificancia del Ecuador es proverbial). Y por
supuesto, nadie lo va a extrañar al monumental inútil de Moreno.
Sea con el formato “a la
trujillana” o “a la boliviana”, el panorama del Ecuador resulta sombrío. ¿Mi
pronóstico? Cuando la gente, por hambre, empiece a salir a las calles a buscar
comida por las buenas o por las malas, triunfará el formato “a la boliviana”,
porque así se reprime mejor.
Tenemos
una dictadura al caer. Y realmente quisiera tener esperanzas de algo distinto,
pero el Ecuador no me deja.
