Melvin hace caca

Esta entrevista es asombrosa.

Melvin Hoyos tiene más de un cuarto de siglo en el mismo cargo. Según dice Hoyos en la entrevista que le hizo Jessica Zambrano para diario El Telégrafo, “nadie ha hecho más por la cultura en el país que esta dirección y Alcaldía”. Tras veintiséis años de fatigar la infamia en la dirección de cultura del cantón Guayaquil, Hoyos teme que el relevo de su empleo podría “dejar a Guayaquil a la deriva” y afirma, textual: “A mí me da pena por mi ciudad porque me encantaría tener discípulos”.

Hoyos ensalza el trabajo de la dirección de cultura a su cargo, pero si ese trabajo fuera tan exitoso como él dice, ¿cómo se explica que la ausencia de una persona en un cargo implique el peligro de “dejar a Guayaquil a la deriva”? ¿Tan importante resulta Hoyos? Como si él fuera imprescindible, como si la cultura fuera a decaer en Guayaquil sin su augusta presencia. Si ese fuera el caso, entonces la administración de la cultura ha sido un fracaso, pues si toda la gestión cultural de una urbe de más de 2 millones de habitantes depende de la presencia de un único individuo (y de un mequetrefe como Hoyos, además) entonces no existe institucionalidad, ni políticas públicas, ni norte al cual referirse.

Pero es aún peor esta frase: “A mí me da pena por mi ciudad porque me encantaría tener discípulos”. Su explicación a esto ilustra cuán lamentable es Hoyos: “Miles de personas vienen a preguntar cosas. Cientos –baja la voz y agrega- pero ¿sabes cuánta gente se sostiene para preguntar cosas? Nadie”. Es decir que la exitosa gestión cultural de Guayaquil, en 26 años, no ha producido ni un discípulo, ni nadie que pueda “sostener” una pregunta. Y es así que este pelmazo, en vez de ser autocrítico y pensar que si en más de un cuarto de siglo en la dirección a su cargo no ha logrado ni un relevo, ni tan siquiera un discípulo, debería sentir pena por sí mismo (como el fracasado gestor cultural que es) y no por la “ciudad” a la que dice servir. Con una dosis pareja de prepotencia y cursilería, valga precisarlo.      

Melvin en su gagging mental: el pobre hace una afirmación que él mismo demuestra falsa en los dichos subsiguientes. Porque no puede nunca ser exitosa una gestión carente de institucionalidad y de políticas públicas, que no podría sobrevivir a la ausencia de un único funcionario y que no tiene discípulo alguno, ni tan siquiera un único ciudadano que pueda “sostener” una pregunta. Un pinche desastre.

Es así que en el tren de ideas de Melvin Hoyos expresado en esta entrevista, su explicación niega su afirmación. Pero él ni se da por enterado: es inocente, como un perro que se hace caca en la acera, y se aleja moviendo la colita.

"Amiwis"

Hubo un tiempo confrontativo en el que la información y opinión de los medios privados de comunicación encontraba un contrapeso en la información y opinión de los medios públicos de comunicación. Era una lógica turra: las posturas políticas de los medios privados se respondían con las posturas políticas de los medios públicos. Pero con todo y turra de esta lógica, tenía una clara ventaja: permitía, dentro del berenjenal de bajezas y de mentiras, formarse un criterio por exploración y contraste.

Este escenario resultaba preferible a la sostenida imbecilización de la ciudadanía en Guayaquil puesta en práctica por los medios de comunicación privados, cuando carecían de todo asomo de contrapeso.

Pero esta lógica del contrapeso parece que se ha terminado. La renovación que se ha hecho en los medios públicos parece orientada a anularlo, en nombre de un mejor periodismo. Buena suerte en ese empeño. Pero el primer sacrificado, hasta ahora, ha sido el periodismo.

Para muestra un botón: antes, diario El Telégrafo desmentía las cifras que decía la Alcaldía sobre áreas verdes en Guayaquil. Cuando la Alcaldía de Guayaquil, supuestamente basada en un informe del INEC, declaraba que había más de 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, El Telégrafo demostraba que las cifras del INEC apenas le atribuían un magro 1.13 metros cuadrados de áreas verdes por habitante (1). Dígase lo que se quiera, ese es el propósito del periodismo: pillar a las autoridades en sus mentiras.

Y esa de las áreas verdes es una mentira gigante (2).

Pero ahora diario El Telégrafo no desmiente sino que acepta unos “diez metros cuadrados, aproximadamente” de áreas verdes en Guayaquil, según le cuenta la Alcaldía que lo avala el INEC (3). Ni contraste de información, ni nada que se le parezca. En esta renovación del periodismo, tal parece que si lo dice la Alcaldía, El Telégrafo lo dará por bueno.

Es lo más El Universo que se ha comportado El Telégrafo en los últimos años. Pero es que si Moreno y Nebot son “amiwis”, ¿por qué no ellos?

Y esto, al final, comportaría una grave pérdida en el periodismo de Guayaquil: sin contrapeso, es probable que la imbecilización de la ciudadanía vuelva, ahora a cargo de un tándem público-privado presto a seguir dibujando una ciudad ideal para que sigamos en Guayaquil sin discutir a la ciudad real que habitamos, ineficaz y excluyente.

Si esto es así, la derecha habrá marcado con su banderita un nuevo territorio conquistado. Y los derrotados serán el periodismo, y su parte débil y olvidada de siempre en el Ecuador: los ciudadanos que lo consumimos.

(1) ‘Los guayaquileños, entre los que menos deporte hacen en el país’.

(2) ‘El alcalde y las áreas verdes’, ‘La posibilidad de una ciudad verde’ y ‘La derrota del urbanismo verde (en dos imágenes)’.

(3) ‘Guayaquil, 482 años sin detener su crecimiento urbanístico y económico’.

Gato encerrado

Una versión parcial de este artículo se publicó en diario El telégrafo el 2 de agosto de 2016. 

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El colapso de un paso a desnivel es un hecho inusual. Por supuesto, en el marco de un terremoto sí es posible que una estructura de este volumen colapse. Pero su colapso no lo causaría cualquier terremoto: los daños que causan los terremotos se corresponden con su intensidad.

Un terremoto capaz de causar este tipo de daño tendría que ser uno “destructivo”, esto es, uno de grado 9 de intensidad en la escala EMS-98, como aquel que se sintió en Pedernales y en San José de Chamanga el 16 de abril de 2016, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Un terremoto “destructivo” en Guayaquil podría causar el colapso de una construcción como el paso a desnivel de la avenida De las Américas.

Pero el terremoto que ese 16 de abril se sintió en Guayaquil no fue uno de esa naturaleza. Según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el terremoto que se sintió en Guayaquil, una ciudad localizada a casi 300 kilómetros del epicentro, fue de apenas grado 5 de intensidad en la escala EMS-98, lo que permite caracterizarlo como un terremoto “fuerte” pero muy lejos en sus efectos de un terremoto “destructivo”.

En la descripción de la escala EMS-98 (utilizada por el Instituto Geofísico), un terremoto “fuerte” apenas podría echar abajo “objetos pequeños, inestables y/o mal apoyados” o romper “cristales de las ventanas”. El saldo del terremoto en Guayaquil, por fuera de los daños que ocasionó el desplome del paso a desnivel (dos muertes y una persona herida de gravedad, además del incremento sustancial del tráfico y las pérdidas económicas a sectores aledaños) confirmó su levedad en comparación con los daños en Pedernales o San José de Chamanga: apenas se registraron seis heridos (ninguno de gravedad) y 30 edificaciones con daños estructurales, de las cuales, sólo una se desplomó: era el único edificio de cemento de los 30 afectados y el único de todos cuya construcción aprobó la administración municipal de Jaime Nebot.

Un terremoto de intensidad 5 en la escala EMS-98 como el que se registró en Guayaquil el 16 de abril no está en capacidad de echar abajo una construcción como el paso a desnivel de la avenida De las Américas. En este hecho inusual, entonces, hay gato encerrado.

La expresión “gato encerrado” se la utiliza para indicar que en un cierto asunto existe una razón “oculta o secreta” en palabras del diccionario de la RAE. En este caso, indica que debe haber una explicación adicional a la que ha ofrecido el alcalde y en la que muchos conciudadanos creen, quienes atribuyen el colapso del paso a desnivel exclusivamente a los efectos del terremoto. En otras palabras, ellos consideran que fue un “caso fortuito”.

Esta explicación de “caso fortuito” es muy conveniente para el Municipio de Guayaquil, sin duda, porque lo salva de eventuales pagos millonarios por concepto de indemnizaciones. Pero sabemos que esta explicación es falsa porque (esto es un dato científico) un terremoto de la intensidad del que se sintió en Guayaquil el 16 de abril no pudo realmente causar su colapso.

El paso a desnivel de la avenida De las Américas que se desplomó el 16 de abril se había construido en 1982, durante la alcaldía de Bolívar Cali Bajaña. Se desplomó a los 34 años de su construcción, menos de la mitad de su vida útil estimada de 75 años. El terremoto no pudo hacerlo caer, por su escasa intensidad: debió existir, entonces, una razón “oculta o secreta” para el colapso de este paso a desnivel.

Hay algunas evidencias de esta razón “oculta o secreta”. Justo una semana antes del terremoto, el sábado 9 de abril, diario Expreso publicó una noticia a la que tituló ‘Pasos a desnivel, una evaluación necesaria’. En ella, se citaba la opinión de expertos que advertían que los 45 pasos a desnivel de la ciudad presentaban “desgaste en las juntas, el pavimento y daños en las barandas”, y que algunos pocos de ellos mostraban “deformaciones en sus vigas, según especialistas en este tipo de estructuras”.

Otra evidencia de esta razón “oculta y secreta” que explica el colapso del paso a desnivel: el Municipio de Guayaquil es ineficaz para hacer cumplir la obligación legal de controlar las edificaciones en la ciudad. Tiene una indudable obligación legal, establecida en el artículo 134 del Reglamento Orgánica Funcional del Cantón Guayaquil y atribuida al Departamento de Control de Edificaciones: “Emitir certificados de inspecciones finales, una vez recibidos los informes respectivos y que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal”. 

  

Pero el Municipio no hace ese tipo de controles. De hecho, únicamente contabiliza que los metros cuadrados reportados por los constructores sean los correctos. Esta es la realidad en Guayaquil, descrita por el Presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Ing. Enrique Pita, para un programa de la TV local: “El Municipio, lamentablemente, no teniendo el personal suficiente, no realiza los controles de los procesos constructivos, más allá de al final de la obra establecer si los metros cuadrados que se reportaron son los correctos”.

La consecuencia de esta falta de control es que, de acuerdo con expertos en construcción, “el 70% de las viviendas de la ciudad ha sido construido de manera informal, sin un plano o estudio de por medio. Y del otro 30%, en la mayoría de los casos no se ejecutaron los planos presentados”. O sea, es casi un 100% de ineficacia de la Alcaldía de Guayaquil en el control de las edificaciones en Guayaquil.

A pesar de estos antecedentes, las autoridades de la Alcaldía de Guayaquil afirman que al paso a desnivel que se desplomó durante el terremoto le habían hecho los “necesarios mantenimientos”, consistentes en controles preventivos, correctivos y especializados. Esta afirmación es muy sospechosa porque los 45 pasos a desnivel en Guayaquil presentan deficiencias (incluso “deformaciones en las vigas”) y, además, porque la ineficacia en los controles que la Alcaldía de Guayaquil realiza a otras construcciones autorizan a suponer que esta ineficacia se la extiende a los controles en los pasos a desnivel.

En esta historia, el gato encerrado es desentrañar cuál es la auténtica razón del desplome del paso a desnivel de la avenida De las Américas. La causa eficiente de su desplome no pudo ser el terremoto; dadas las circunstancias, la falta de controles en su mantenimiento por parte del Municipio debió ser lo que causó su desplome.

La única manera de saberlo es conociendo los informes que se supone que el Municipio de Guayaquil realizó sobre el paso a desnivel que se desplomó. Una alternativa para conocerlos es a través de la presentación de una acción de acceso a la información pública; otra, más justa, sería que los familiares de las víctimas y las víctimas causadas por el colapso del paso a desnivel exijan, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual (al amparo del artículo 11 numeral 9 de la Constitución), indagar sobre la actuación del Municipio de Guayaquil para saber si es responsable de indemnizarlos por las omisiones en sus controles al paso a desnivel que se desplomó. 

Así, el gato encerrado todavía continúa encerrado; pero existe una sospecha, muy fuerte, de que es un gato municipal. De responsabilidad municipal.

El ecologismo histérico-opositor

Hay algunos “ecologistas” en Guayaquil (en esencia, un elenco de papanatas con acceso a Internet) que únicamente defiende causas ecologistas cuando (¡oh, sorpresa!) coincide que son causas de la oposición. A estos papanatas, por ejemplo, el que los esteros que rodean a Guayaquil (que, por cierto, no es únicamente el estero Salado: están también el estero Santa Ana, Mogollón, del Muerto, Palanqueado, Las Ranas, Puerto Lisa, etc.) se encuentren podridos desde hace décadas y que ninguna autoridad de la Alcaldía se haga responsable de ello, no le molesta en lo más mínimo a su cómodo “ecologismo” (1).

Fuente: Diario El telégrafo.

 

Ojalá que en el futuro este elenco de papanatas guayacos haga sus reclamos sumergido en las aguas del estero Las Ranas, con consecuencias tan predecibles como merecidas (2).

(1) Jimmy Tapia, ‘Las descargas de aguas residuales aún envenenan el estero Salado’, Diario El telégrafo, 20 de marzo de 2016.

(2) Jimmy Tapia, ‘Áreas contaminadas del brazo de mar’, Diario El telégrafo, 20 de marzo de 2016.

Feminazi

En la última edición de ‘Cartón Piedra’ se publicó un artículo que critica el uso de la palabra ‘feminazi’. En lo esencial, el argumento de este artículo se puede reconducir a que las personas que usan el término ‘feminazi’ persiguen el propósito de rechazar de forma generalizada a las feministas. Y esto, según somos informados, “está de moda”.

La siguiente frase cifra lo dicho en el párrafo anterior:

 

“Se acabaron las divisiones (cuestionables) entre feministas radicales y feministas moderadas: toda feminista es radical, es decir, feminazi” (1). 

Visto esto, creo que el artículo contiene un error fundamental, revelado en la cita hecha: la autora presupone que todos los que usamos la palabra ‘feminazi’ utilizamos dicho término para discutir tanto al feminismo radical como al feminismo moderado. Esta presuposición es falsa, porque sí es posible distinguir entre uno y otro grupo. Muchos usuarios de esta palabra (no todos, por supuesto) hacemos tales distinciones. O mejor dicho, distinguimos entre unos y otros por sus actos. Por ejemplo, un acto feminazi es querer imponerle a los demás esa forma de hablar esperpéntica conocida como “lenguaje de género” (2). Este es un anhelo absurdo de ciertas feministas radicales que se merecen el calificativo de ‘feminazis’.

En resumen, el fundamento de esta pretensión de corrección política es una generalización equivocada. Pero más importante: ‘feminazi’ es simplemente una palabra y como tal, cada uno es responsable de su uso. Si llega a interpretarse su uso como una posible expresión de odio deberían aplicarse los criterios internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión para determinar si se trata de un uso violatorio de los derechos de otras personas (un análisis no sujeto a las hiper-sensibilidades de algunas, sino a criterios rigurosos) o se trata de un uso protegido por el derecho (3). Y sanseacabó.

(1) Rocío Carpio, ‘La conveniencia de llamarlas feminazis’, Cartón Piedra, 6 de marzo de 2016, pp. 16-19. El artículo tiene un error histórico, pues menciona a Matilde Hidalgo de Procel como la primera mujer que ejerció el derecho al voto en América latina, pero eso es falso. Antes que Hidalgo de Procel vote en 1924, la ítalo-argentina Julieta Lanteri votó en Buenos Aires en 1911, v. ‘Julieta Lanteri, luchadora pionera por los derechos de la mujer’, unpl.edu.ar, 19 de septiembre de 2012.   

(2) ‘El sufragio femenino en el Ecuador’, Xavier Flores Aguirre, 16 de febrero de 2016. El artículo relata la paradoja de que el mismo argumento que hoy condenan las defensoras del ‘lenguaje de género’ es el que le concedió el derecho a votar a su prenda de orgullo, Matilde Hidalgo de Procel.

(3) Una guía para orientarse: ‘Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos’, en: ‘Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos', Washington, D.C., 2004.

Inundaciones en Guayaquil: asumir las responsabilidades ciudadanas para enfrentar los riesgos inminentes

Publicado en diario El telégrafo el 12 de enero de 2016 bajo el título 'Guayaquil perdería en 2050 $2.813 millones por inundaciones'. 

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El riesgo de graves pérdidas económicas por causa de las inundaciones debería ser motivo de alarma en Guayaquil. Una investigación que se publicó en la revista Nature Climate Change en agosto de 2013 titulada ‘Futuras pérdidas por inundación en las grandes ciudades costeras’ (1) obliga a replantearnos lo que hemos hecho en la ciudad para mitigar el impacto de las inundaciones.

Esta investigación publicada en la revista Nature Climate Change fue auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y liderada por el economista del Banco Mundial Stéphane Hallegatte. La investigación consideró a todas las ciudades costeras que en el mundo tienen más de un millón de habitantes: fueron 136 ciudades y Guayaquil fue una de ellas. Su objetivo fue cuantificar “las pérdidas por inundación presentes y futuras en las 136 ciudades costeras más grandes”. Lo preocupante de esta investigación es constatar el que, para Guayaquil, esas pérdidas podrían resultar inaceptablemente altas.

La investigación liderada por Hallegatte estudió dos posibles escenarios para el año 2050: un escenario de solo “cambios socio-económicos” y un escenario (optimista, porque podría ser mucho peor) de variación del nivel del mar en 20 centímetros, como consecuencia del cambio climático. En el primer escenario, el promedio estimado de pérdidas anuales que se proyecta para Guayaquil en el año 2050 es de US$2.813 millones, que es la cuarta estimación de pérdidas económicas más alta entre las 136 ciudades costeras sometidas a análisis. En el segundo escenario, el promedio estimado de pérdidas anuales que se proyecta para Guayaquil en el año 2050 es de US$3.189 millones que es, nuevamente, la cuarta estimación de pérdidas económicas más alta entre las 136 ciudades analizadas.

Pero lo más grave es que estas proyecciones de pérdidas económicas se las hace asumiendo que la Alcaldía de Guayaquil se ha preocupado de tomar las medidas de mitigación idóneas para enfrentar el impacto de las inundaciones. Porque, como se explica en la investigación, estas proyecciones “no deben considerárselas como predicciones, pero sí como demostración de la necesidad de adaptación, porque la inacción resultaría en pérdidas inaceptablemente altas”.  Y esto sí es realmente grave, porque hasta ahora la Alcaldía de Guayaquil ha actuado de manera irresponsable frente a los riesgos de inundaciones y la consecuencia de esa irresponsabilidad sería, precisamente, esas “pérdidas inaceptablemente altas” a las que alude la investigación.

Como sociedad, lo que debería preocuparnos es que el modelo de desarrollo de la Alcaldía de Guayaquil camina en dirección a las “pérdidas inaceptablemente altas”. La evidencia de esto la ofreció la propia Alcaldía de Guayaquil, pues en el año 2013 ella solicitó una cooperación técnica no reembolsable a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para que un equipo de expertos analicen las inundaciones en Guayaquil y presenten un informe técnico especializado (2). En este informe técnico, elaborado por expertos internacionales, se advirtió claramente que el ‘Plan Maestro de Drenaje Urbano’ que aplica la Alcaldía de Guayaquil tiene un enfoque para la gestión de inundaciones urbanas que es “muy costoso y poco sustentable a lo largo del tiempo”.

Conviene analizar en mayor detalle este informe técnico especializado que solicitó la Alcaldía de Guayaquil. Sus autores diseñaron una estrategia ecológica e inclusiva a partir de la cual propusieron la ejecución de políticas públicas para convertir a Guayaquil en “una ciudad líder en la gestión verde, inclusiva y sustentable en América latina”. El informe encontró, sin embargo, que un gran obstáculo para el cumplimiento de este propósito es la propia Alcaldía de Guayaquil, por dos razones: su estrategia de ocupación urbana y su planificación del drenaje urbano. Lo primero, porque la estrategia de ocupación urbana en Guayaquil es desastrosa: “lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano”; lo segundo, porque la planificación para el drenaje urbano consiste de “infraestructuras de conducción que aumentan la capacidad de los cauces mediante obras de canalización” (lo que se conoce como “end of pipe”).

Las consecuencias de la estrategia de ocupación urbana y de la planificación del drenaje urbano de la Alcaldía de Guayaquil son nefastas para la mitigación de los impactos de las inundaciones. La estrategia de ocupación urbana, por ejemplo, “aumenta notablemente la temperatura de la ciudad, incrementa significativamente los picos y la velocidad del escurrimiento durante las corridas de la escorrentía superficial, produce erosión y aumenta la contaminación de las aguas pluviales”. Peor aún resultan las consecuencias de la planificación para el drenaje urbano: “La experiencia en otros países de América latina evidencian que soluciones basadas en el aumento de la capacidad de conductos en el macro drenaje (end of pipe) pueden alcanzar un costo de US$7 millones por kilómetro cuadrado, cuando soluciones basadas en amortiguar el escurrimiento están en el orden de US$1 millón por kilómetro cuadrado”. No solo es una solución muy costosa, sino que es, en palabras de los expertos, “poco sustentable”.

En resumen: las acciones que ha emprendido la Alcaldía de Guayaquil que se relacionan con las inundaciones encaminan a la ciudad a sufrir pérdidas inaceptablemente altas, son contrarias a las buenas prácticas ambientales e implican un despilfarro de los recursos públicos para aplicar una solución no sustentable. Gastar siete veces más por kilómetro cuadrado en una solución ineficaz es un vivo ejemplo de mala administración pública.

El informe técnico especializado planteó una serie de medidas que la Alcaldía de Guayaquil podría adoptar para una efectiva mitigación de los impactos de las inundaciones, entre ellas, medidas estructurales que consisten de obras de ingeniería, como diques, canalización del escurrimiento y embalses, así como medidas no estructurales, que consisten de medidas de prevención y de reducción de la vulnerabilidad económica y social de la población. Según el informe técnico especializado, “Guayaquil ofrece condiciones inmejorables para desarrollar soluciones integradas en el diseño urbano que combine programas de vivienda, transporte, agua potable, alcantarillado, drenaje, residuos sólidos y medio ambiente [para] diseñar soluciones sustentables en el largo plazo”. Esta es una buena noticia.

Sin embargo, es improbable que la Alcaldía de Guayaquil cambie su estrategia, porque ese despilfarro de los recursos públicos es querido, pues allí está el negocio de su administración pública. En todo caso, lo más preocupante es que como sociedad no exijamos todavía el cambio de estrategia de la Alcaldía. La sociedad civil guayaquileña es aún temerosa de criticar a las autoridades de su gobierno local: por ello, el alcalde todavía puede argumentar que si coinciden una fuerte lluvia y la marea alta, hay que simplemente resignarse y soportar los rigores de la naturaleza. Esa idea podía resultar de recibo en el año 1900, pero ya entrado el siglo veintiuno, en una época en la que existen tantas alternativas para enfrentar los efectos de las inundaciones (ejemplificadas en el informe técnico especializado, solicitado por el alcalde y a él entregado) resulta totalmente inaceptable.

 

Visto lo visto, la situación es alarmante. Guayaquil es una de las ciudades en el mundo (la cuarta de 136) para la que en el año 2050 se proyectan altísimas pérdidas económicas por causa de las inundaciones (de alrededor de US$3.000 millones, con la posibilidad real de que sea incluso peor) y cuyo gobierno local toma medidas costosas e ineficaces para mitigar el impacto de las inundaciones, que sólo contribuyen a empeorar la situación de la ciudad en el futuro inmediato. Es un buen momento para pensar, de manera crítica y propositiva, el futuro de nuestra ciudad.

(1) Hallegate, Stéphane, Green, Colin, Nicholls, Robert J & Corfee-Morlot, Jan 2013, Future flood losses in major coastal cities, Nature Climate Change, Vol. 3, pp. 802-806. 

(2) Mejía Betancourt, Abel, Morelli Tucci, Carlos Eduardo, Bertoni, Juan Carlos, Cabezas Vélez, Gabriel 2013, La inundación de Guayaquil en marzo 2013. Opinión de expertos internacionales, Cooperación Técnica de CAF, Informe gerencial [17 de junio de 2013].

El azar de un nombre

Publicado en diario El telégrafo el 3 de noviembre de 2015 como "En la urbe prevaleció el nombre indígena, Guayaquil, antes que el hispánico Santiago".

El interés de las autoridades políticas (nacionales y locales) por el pasado indígena de Guayaquil se reduce casi de manera exclusiva a su uso como recurso para la oratoria pomposa.  Por esta razón, lo que se conoce de los pueblos aborígenes que poblaron los territorios en los que se asentó la ciudad de Santiago (durante sus varios traslados por la cuenca del Guayas) ha tenido más de invención fabulosa que de rigor histórico.

Tres son los pueblos aborígenes que tuvieron parte en la fundación de Guayaquil: los huancavilcas, los chonos y los punáes.  Para el guayaquileño en general, sin embargo, esta participación resulta desconocida o, peor aún, infantilizada por fábulas como la de ‘Guayas y Quil’ (a la que el municipio hoy le construye un nuevo monumento) (1).  Ello, a pesar de existir evidencia sobre esta participación en crónicas y documentos del período de conquista, así como en modernos estudios históricos sobre la fundación de la ciudad.  De hecho, en la evidencia del período de conquista se demuestra que los huancavilcas eran “indios de paz” (así fueron descritos por el capitán Diego de Urbina, uno de los primeros alcaldes de la ciudad, en su carta al Rey de España fechada en mayo de 1543) mientras que los chonos eran considerados belicosos y guerreros.  Pero para la fábula oficial y útil a la retórica política, los huancavilcas son el pueblo aguerrido y los chonos, un pueblo olvidado.

Los modernos estudios históricos sobre la fundación de Guayaquil han permitido aclarar la confusión sobre su “proceso fundacional” empezado en 1534 y culminado en 1547, el año de su asentamiento definitivo.  Es importante que estos estudios se reconozcan y valoren, pues es el rigor histórico el que debe prevalecer por sobre las fábulas convenientes a los políticos, por mucho que a éstos les pese.  A partir de esta idea, el presente artículo busca satisfacer dos propósitos: el primero, destacar la curiosa paradoja de que a pesar del desconocimiento generalizado de su pasado indígena, haya sido un nombre indígena el que terminó por identificar a la ciudad; el segundo, resaltar la obra de Miguel Aspiazu Carbo (1905-1991) cuyo libro Las fundaciones de Guayaquil, publicado en 1955, fue el punto de partida para pensar la fundación de Guayaquil con seriedad documental.  Los trabajos posteriores de Dora León Borja de Szászdi y Adam Szászdi y de Julio Estrada Ycaza completaron y profundizaron el camino que Aspiazu señaló.      

Para los propósitos de este artículo es necesario comprender cómo construyó Miguel Aspiazu Carbo su argumentación.  En el prólogo escrito para el ‘Acta de Fundación de la Ciudad de Santiago de Guayaquil (Santiago de la Provincia de Quito) 15 de agosto de 1534’, publicada en los Cuadernos de Historia y Arqueología de la Casa de la Cultura en julio de 1970, este autor explicó de una manera sucinta las razones por las que él entendió que existía identidad entre la ciudad de Santiago de Quito fundada en 1534 y la ciudad de Santiago de Guayaquil que en 1547 se asentó de manera definitiva en el Cerrito Verde (hoy Cerro Santa Ana).

En resumen, el razonamiento de Aspiazu se originó en documentos que constan en el tomo I del Libro Primero de Cabildos (conocido como “Libro Verde”) que publicó el Archivo Municipal de la ciudad capital con ocasión de los cuatrocientos años de su fundación.  Aspiazu hizo una atenta lectura del acta de fundación de la ciudad de Santiago de Quito (hecha por el capitán Diego de Almagro el 15 de agosto de 1534 en Cicalpa, cerca de la actual Riobamba) así como de la provisión de Francisco Pizarro del 22 de enero de 1535 en la que esta autoridad confirmó los cargos de aquellos a los que Almagro había designado como alcaldes y regidores tanto de la ciudad de Santiago de Quito como de la villa de San Francisco de Quito (fundada el 28 de agosto de 1534 por el mismo Almagro, en el mismo asiento de la ciudad de Santiago).  De esta lectura, Aspiazu concluyó que “no por haberse fundado el Cabildo de la villa de San Francisco de Quito había dejado de existir el de la ciudad de Santiago de Quito”, pues es obvio que si esto fuera así, no tendría sentido el que Pizarro confirmase alcaldes y regidores para ambos lugares, la ciudad de Santiago de Quito y la villa de San Francisco de Quito.  En ambos casos, el término “Quito” se refiere a la región, no a la ciudad que hoy es la capital del Ecuador.

A partir de esta idea, Aspiazu intuyó que el Santiago de Guayaquil que creció en la ribera del Guayas era la continuación del Santiago de Quito que se fundó en las montañas serranas.  Para confirmar esta intuición, Aspiazu necesitaba, primero, la evidencia de la facultad para trasladar la ciudad de un sitio a otro y, segundo, la evidencia del uso de Santiago de Quito para identificar a la ciudad que se ubicó en la ribera del Guayas.  Aspiazu consiguió lo primero en el libro Cedulario del Perú publicado por el historiador peruano Raúl Porras Barrenechea en 1944, “en cuya página 163 del primer tomo consta la Cédula Real hecha en Toledo el 4 de mayo de 1534, por la que, a solicitud de Pizarro, expresamente se lo autoriza para que cada y cuando le pareciera que un pueblo fundado o que fundare se deba mudar de sitio lo pudiese mudar al sitio que le pareciese, con su nombre” (el libro se lo envió el propio Porras desde el Perú). 

Lo segundo, Aspiazu lo consiguió en el documento 451 de la colección Harkness (una colección de documentos relativos a la conquista del Perú que el millonario y filántropo estadounidense Edward Stephen Harkness donó a la Librería del Congreso de su país) en el que se publicó la copia de una provisión del Rey de España fechada en septiembre de 1540, en la que constaba el nombre de Santiago de Quito para identificar a la ciudad asentada en la ribera del Guayas.  El original reposaba en los archivos del Cabildo de la ciudad (años después perdidos por los incendios) y hasta allá viajó el escribano Sebastián Sánchez de Merlo para hacer la copia fiel de la provisión y asentó claramente en ella la fecha (29 de setiembre de 1541) y el lugar donde la realizó: la ciudad de Santiago de Quito, pues “era la ciudad de Santiago en la provincia de Quito, no en la de Chile o de Cuba o de Guatemala o de Compostela”, como bien precisa Aspiazu.

Es así que la ciudad que fue fundada con el nombre de Santiago en la provincia de Quito tuvo diversos nombres en sus primeros años, según el sitio de su asiento.  Aspiazu recordó los nombres de Santiago en Estero de Dimas, Santiago del río de Amay, Santiago de la Culata, hasta llegar a Santiago de Guayaquil.  Este autor atribuye el desuso del nombre Santiago a una razón práctica e imprevisible al momento de su fundación en 1534: “seguramente para evitar confusiones al haber surgido ya, más al sur del Pacífico, Santiago de Chile”.  Al día de hoy y desde hace siglos, nadie en Guayaquil se refiere a sí mismo como “santiaguino”, como sí lo hacen quienes habitan Santiago de Chile o de Cuba o del Estero.

Así, es obra del azar y curiosa paradoja el que una ciudad con tan escasa memoria de su pasado indígena haya perdido su nombre hispánico y haya terminado por ser conocida universalmente por un nombre indígena: el nombre de aquel que era cacique de estos territorios (Guayaquile) antes de que lleguen los españoles a ocuparlos por la fuerza.  Y es de justicia rendirle homenaje a Miguel Aspiazu Carbo, quien en una ciudad devota a las fábulas para explicarse su origen, se dedicó a obtener con esfuerzo, ingenio y rigor una explicación histórica razonable para dilucidar aquello que durante siglos se desconoció: la fundación de Santiago, la ciudad que se asentó en los territorios del cacique chono Guayaquile, de quien finalmente tomó su nombre.

(1) Sobre este monumento "a una fábula, con una ejecución tardía y pobre", v. El monumento a Guayas y Quil, Xavier Flores Aguirre, 11 de diciembre de 2015.

Quango

Publicado en diario El Telégrafo el 22 de octubre del 2014 como "Las 'quangos', entidades casi autónomas".

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En administración pública “quango” significa “quasi-autonomous non-governmental organisation”, esto es, una organización no regulada por el derecho público pero cuyo financiamiento y cuya elección de sus autoridades principales tiene origen gubernamental. Esta forma de administración se popularizó en el Reino Unido a partir de los años setenta. La particular situación de las “organizaciones casi-autónomas no-gubernamentales” de no hallarse reguladas por el derecho público, a pesar de recibir sus fondos del erario público, las ha hecho acreedoras a numerosas críticas en materia de transparencia, clientelismo político y derroche de fondos.

¿Por qué es relevante hablar de “quangos” en la administración pública de Guayaquil? Pues porque es el uso de “quangos” la forma administrativa que la M. I. Municipalidad de Guayaquil ha escogido para realizar obras públicas y prestar servicios públicos en la ciudad. Las llamadas “fundaciones” son, en realidad, lo que en teoría de la administración pública se conoce como “quangos”. La M. I. Municipalidad de Guayaquil ha creado varias de éstas para la realización de obras públicas y para la prestación de servicios públicos. Las autoridades municipales justifican su creación por razones de desconcentración y de eficiencia.

Ahora bien, esta forma de administración de los recursos públicos ha recibido casi nula atención de la sociedad civil en Guayaquil. Los medios de comunicación y la academia han guardado silencio sobre su desempeño. Muy pocas voces han sido críticas de esta forma de administrar los recursos públicos, que en otros países (como el caso del Reino Unido) ha generado polémica. Sin duda, uno de los críticos más relevantes fue el mentor político del actual alcalde y su predecesor en el cargo, León Febres-Cordero. Para Febres-Cordero, quien creó una única fundación en su administración municipal (la Fundación Malecón 2000) las fundaciones municipales en la administración de Jaime Nebot eran demasiadas, duplicaban personal y habían terminado por convertirse en un “municipio paralelo”. Duras palabras de Febres-Cordero hacia la forma de trabajo de su delfín político.

Dentro de los críticos del uso de “quangos” por la M. I. Municipalidad de Guayaquil se encuentra Jaime Damerval, un abogado guayaquileño que en un artículo de prensa titulado “¿Fundaciones infundadas?” criticó su uso desde lo legal. Para Damerval, el “efecto jurídico” de las fundaciones municipales “ha sido incuestionablemente librar a la administración de rentas municipales de la fiscalización del Contralor del Estado y del propio Concejo Cantonal, dineros que pasaron a ser manejados por personas no elegidas por el pueblo ni dependientes de él y hasta extrañas a él, circunstancia que por sí sola alienta la corrupción”. Damerval también criticó, con los ejemplos de la sustitución del pavimento en las avenidas de Urdesa y la construcción un teatro en el malecón  “a un costo de millones de dólares, para proyectar anualmente media docena de películas”, lo que denominó un “derroche de dineros públicos” para realizar obras superfluas.

Otras críticas al uso de las “quangos” por la M. I. Municipalidad de Guayaquil han provenido de la antropología. Para Chris Garcés, antropólogo con un doctorado por la Universidad de Princeton, las fundaciones municipales son “organizaciones pantalla”. En un artículo publicado en la edición No 20 de la revista Íconos, titulado “Exclusión constitutiva: las organizaciones pantalla y lo anti-social en la renovación urbana de Guayaquil”, Garcés criticó que las fundaciones municipales (en particular, el rol que ha desempeñado la Fundación Guayaquil Siglo XXI) han servido como un mecanismo para la creación “de nuevas ONGs, con unidades paramilitares y organizaciones tercerizadoras, las cuales han asumido responsabilidades asociadas tales como mantener el orden y/o administrar las áreas renovadas en Guayaquil, mientras suelen típicamente acarrear menos responsabilidad por los actos reales y simbólicos de violencia contra el ciudadano común”. En su investigación, Garcés destaca que el orden que se impone en los sectores regenerados afecta principalmente a quienes hacen teatro callejero, a los trabajadores y jubilados que se sentaban en los portales a lo largo de las avenidas, a los homosexuales, a los jóvenes pobres con vestimenta no apropiada y, con particular dureza, a los vendedores informales que llegan incluso a ser “golpeados y detenidos”. Sin embargo, en Guayaquil es mejor no hablar de ciertas cosas. En palabras de Garcés, las colaboraciones “entre la política y los medios han promovido un silencio cómplice y peligroso en Guayaquil, de cara a las ordinarias y radicales formas de legitimar la violencia”.

Otro antropólogo que ha estudiado el funcionamiento de las “quangos” en Guayaquil es Xavier Andrade. Andrade, con un doctorado por la New School of Social Research de Nueva York, en un artículo titulado “‘Más ciudad’, menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil”, criticó la creación de las fundaciones municipales porque “una perversa tendencia hacia la anulación gradual del espacio y la esfera públicos ha sido efectiva, para no mencionar que las propias prácticas laborales de dichas fundaciones han sido cuestionadas”. En particular, las críticas de Andrade a la administración de los espacios públicos en Guayaquil se podría resumir en que la mayoría de los proyectos arquitectónicos realizados apuntan a la creación de formas patrimoniales genéricas, semejantes a paseos comerciales, con una ecología ornamental y una reglamentación vigilante y represora llevada a cabo por parte de compañías privadas de seguridad. Esta lógica de privatización y de vigilancia de los espacios públicos regenerados tiene consecuencias que en Guayaquil no se discuten. En palabras de Xavier Andrade: “De hecho, no existe un debate público sobre los efectos perversos de la renovación urbana, ni de la limpieza sociológica que ha ocurrido, ni del exterminio masivo de gatos y perros que habitaban en el antiguo centro, ni de los abusos cotidianos de los guardias privados en los mismos espacios renovados, ni del despilfarro de energía eléctrica en postes sobreiluminados, ni de la distribución restringida de quioscos de comida que favorece a medianos comerciantes y cadenas de comida rápida establecidas en detrimento del patrimonio arquitectónico de la ciudad por negligencia institucional, ni del carácter inconsulto de los proyectos masivos tales como el Puerto Santa Ana, ni de la agenda autoritaria que se encuentra detrás de todos los dispositivos de control y vigilancia hasta ahora establecidos”.  

Como puede observarse, hay mucho para discutir, pero el análisis de la gestión de las “quangos” en Guayaquil ha sido escaso. Frente al tono celebratorio de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la mayoría de quienes hacen opinión pública (sea en medios de comunicación o en la incipiente academia) acompañan dicho tono o guardan silencio, pero rara vez se animan a elaborar una crítica. El nivel de hegemonía es tal, que muchos prefieren criticar a cualquier voz que señale alguna deficiencia del modelo de gestión municipal, antes que formular una crítica a la gestión de las autoridades locales. Sin embargo, las críticas que se han reseñado en este artículo, hechas por Febres-Cordero, Damerval, Garcés y Andrade apuntan a confirmar las deficiencias con las que usualmente se ha asociado a las “quangos” en la experiencia británica: falta de transparencia, clientelismo político y derroche de fondos, además de sumarle críticas propias de la gestión de las “quangos” locales, especialmente a las que son administradoras de los espacios públicos, por sus niveles de discriminación y de violencia legitimada, estudiados en detalle en los trabajos de Chris Garcés y de Xavier Andrade. 

En el Reino Unido, el país donde esta forma de administración de los recursos públicos se popularizó en los años setenta, hoy existe una revisión crítica de las “quangos”. El año 2010, el gobierno de ese país lanzó un programa para reducir los “quangos”, motivado por su alegada falta de transparencia, dispendio económico y clientelismo político. Por esas mismas razones y por otras presentadas a lo largo de este escrito (críticas hechas por gente tan diversa como los antropólogos Xavier Andrade y Chris Garcés, el abogado Jaime Damerval y el mentor político del actual alcalde, León Febres-Cordero) es que debería iniciarse un debate a profundidad sobre las “quangos” y su administración de recursos públicos en Guayaquil. Aunque en una sociedad como la guayaquileña, tan acrítica y tan complaciente con el trabajo de las autoridades que la administran, un debate de este tipo no es sino una posibilidad remota.